Proceso de constitucionalidad contra la Ley 336 de 1996 “Estatuto General de Transporte”, sobre el transporte como servicio público escencial.
Ver Sentencia C-391-19 aquí
La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta por un ciudadano, que consideraba que los artículos señalados eran contrarios al derecho a la huelga, al prohibir que la misma sea realizada en el sector transporte. Para el ciudadano, la facultad del legislador de definir los servicios públicos esenciales no conlleva a que éste pueda prohibir o restringir la huelga.
Proceso de constitucionalidad contra la Ley 1861 de 2017, sobre la igualdad en el servicio de reclutamiento militar para las personas trans, a favor de la diversidad de identidades de género.
Ver Sentencia C-356-19 aquí
La demanda se pronunció en contra de que según la norma las mujeres transgénero se encuentren exoneradas del servicio militar obligatorio, excluyendo a los hombres transgénero de la disposición, lo que sostiene es una omisión legislativa relativa.
Proceso de constitucionalidad contra la Ley 84 de 1989 Estatuto Nacional de Protección de los Animales, sobre efectos de la pesca y caza deportiva en el ambiente (sentencia C-070/19)
Ver Sentencia C-070-19 aquí
La demanda sostiene que el exceptuar la caza y la pesca deportivas de las conductas que causan daño a los animales o que pueden considerarse como crueles y el reconocer la propiedad de particulares sobre la fauna silvestre que se encuentra en cotos de caza o propiedad particular es incompatible con la Constitución Ecológica.
Proceso de constitucionalidad contra el Código Civil y el uso de la expresión “demente”.
Ver Sentencia C-046A-1 aquí
La demanda se dirige contra un artículo del código Civil, que establece la inhabilidad para ser testigo de un matrimonio el tener “demencia”, alegando que el uso de este término, usado para identificar a las personas con discapacidad mental -como sucede en la ley demandada- es discriminatorio y atenta contra la dignidad humana.
Proceso de constitucionalidad contra la Ley 1341 de 2009, ley de las TIC, sobre la aplicación de regímenes públicos y privados a las empresas TIC.
Proceso de constitucionalidad contra el Código Penal, en relación con los delitos de propagación del VIH o la hepatitis y la defensa de los derechos a l no discrimianción.
Ver Sentencia C-248 de 2019 aquí
La demanda está dirigida contra la norma que dispone el delito propagación del virus de inmunodeficiencia humana o la hepatitis, alegando que este vulnera el principio de igualdad y no discriminación, y afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Proceso de constitucionalidad contra la Ley 1801 de 2016, que regula el servicio militar, en contra de exigirla a los militares colombianos defender a Colombia a costa de su vida.
Ver Sentencia C-430-19 aquí
Los accionantes demandaron el que dentro de los deberes fundamentales del militar esté el de defender a Colombia, incluso con su propia vida, por considerar que vulnera el derecho a la vida.
Proceso de constitucionalidad contra la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia, sobre consumo de sustancias psicoactivas o alcohólicas en espacios públicos.
Proceso de constitucionalidad contra las leyes 25 de 1981 y 21 de 1982, sobre las facultades de la Superintendencia del Subsidio familiar.
Ver Sentencia C-429 de 2019 aquí
Las normas demandadas dispone que la Superintendencia podrá aprobar o improbar toda clase de negociaciones de bienes inmuebles de propiedad de las Cajas de Compensación, controlar los planes de inversiones de las Cajas y otras actuaciones. La demanda señala que la norma extralimita las funciones de inspección, vigilancia y control de las superintendencias.