Proceso de constitucionalidad contra la Ley 1922 de 2018, Ley de Procedimiento de la JEP, sobre extradición.
Proceso de constitucionalidad contra la Ley 769 de 2009, Código Nacional de Tránsito Terrestre, sobre las sanciones de suspensión y cancelación de las licencias de conducción.
Proceso de constitucionalidad contra la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia, sobre la defensa a la intimidad y la posibilidad de negarse a dar información sobre el lugar de residencia, domicilio y actividad.
Proceso de constitucionalidad contra la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia sobre la medida de suspensión temporal de la actividades.
Proceso de constitucionalidad contra la Ley 1816 de 2016, en defensa del valor cultural de las bebidas autónomas de grupos étnicos del pacífico, como el viche.
Proceso de constitucionalidad contra la Ley 336 de 1996 “Estatuto General de Transporte”, sobre el transporte como servicio público escencial.
Ver Sentencia C-391-19 aquí
La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta por un ciudadano, que consideraba que los artículos señalados eran contrarios al derecho a la huelga, al prohibir que la misma sea realizada en el sector transporte. Para el ciudadano, la facultad del legislador de definir los servicios públicos esenciales no conlleva a que éste pueda prohibir o restringir la huelga.
Proceso de constitucionalidad contra la Ley 1861 de 2017, sobre la igualdad en el servicio de reclutamiento militar para las personas trans, a favor de la diversidad de identidades de género.
Ver Sentencia C-356-19 aquí
La demanda se pronunció en contra de que según la norma las mujeres transgénero se encuentren exoneradas del servicio militar obligatorio, excluyendo a los hombres transgénero de la disposición, lo que sostiene es una omisión legislativa relativa.
Proceso de constitucionalidad contra la Ley 84 de 1989 Estatuto Nacional de Protección de los Animales, sobre efectos de la pesca y caza deportiva en el ambiente (sentencia C-070/19)
Ver Sentencia C-070-19 aquí
La demanda sostiene que el exceptuar la caza y la pesca deportivas de las conductas que causan daño a los animales o que pueden considerarse como crueles y el reconocer la propiedad de particulares sobre la fauna silvestre que se encuentra en cotos de caza o propiedad particular es incompatible con la Constitución Ecológica.
Proceso de constitucionalidad contra el Código Civil y el uso de la expresión “demente”.
Ver Sentencia C-046A-1 aquí
La demanda se dirige contra un artículo del código Civil, que establece la inhabilidad para ser testigo de un matrimonio el tener “demencia”, alegando que el uso de este término, usado para identificar a las personas con discapacidad mental -como sucede en la ley demandada- es discriminatorio y atenta contra la dignidad humana.