El objeto de la presente ley es autorizar al Gobierno nacional para incorpore dentro del Presupuesto General de la Nación, durante cinco (5) años consecutivos, las partidas presupuestales necesarias para financiar la dotación tecnológica de las aulas, centros de cómputo, auditorios y laboratorios para la enseñanza y la investigación de la Universidad Nacional de Colombia por valor de cien mil millones de pesos ($100.000.000.000) anualmente.

La presente ley tiene por objeto vincular a la Nación en la celebración del bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819.

La presente ley tiene por objeto crear un sistema de alerta tempranas para que el menor de edad no tenga que ingresar al proceso de restablecimiento de derechos y que el ICBF ponga la mujer cabeza de familia dentro de sus prioridades y le disponga de herramientas para el cuidado de sus hijos.

Así lo indicó Paola Iregui, abogada y supervisora del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario, organismo que fue uno de los coadyuvantes del proceso judicial, al señalar que “luego de 9 años la justicia ha llegado a un veredicto final: el Tribunal de Cundinamarca, con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso, decidió que el San Juan de Dios deberá abrir nuevamente sus puertas”.

En sentencia del pasado 25 de enero del presente año, el tribunal ordenó que en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios se debe asegurar i) la educación universitaria en el área de salud y en el desarrollo de trabajos de investigación, ii) el desarrollo de programas para el fomento de la salud y medicina preventiva y iii) la prestación con preferencia de servicios médico-asistenciales a las personas carentes de recursos económicos en los distintos niveles de atención y estratificación.

La académica de la Universidad del Rosario recordó que el Hospital San Juan de Dios, Patrimonio Cultural de la Nación, había cerrado sus puertas el 29 de septiembre de 2001, pese a ser el hospital público de mayor importancia en el país, el cual aseguraba la prestación del servicio de salud de forma incondicional a todas las personas sin la necesidad de que mediara una afiliación al Sistema General de Salud, es decir, sin que nadie requiriera pertenecer al régimen contributivo o subsidiario para acceder a la atención en salud en garantía de una vida digna.

Esperanza para la salud

En la decisión ha triunfado la protección a los derechos colectivos a la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y la protección del patrimonio histórico y cultural de la Nación.

El fundamento legal fue la Constitución, la Ley 472 de 1998 y la Ley 735 de 2002, pues justamente la misma declaró como monumentos nacionales al Hospital San Juan de Dios y al Instituto Materno Infantil, contemplando el aspecto material (la estructura física, edificios, cuadros, etc.) y lo inmaterial (la forma en que se presta el servicio en lo relacionado con la atención directa a las personas de escasos recursos sin la intermediación del actual servicio de salud, la formación de estudiantes universitarios y la promoción de la medicina preventiva), argumentos reiterados en el recurso de apelación presentado por el GAP de la Universidad del Rosario, un grupo de actores populares y los Procuradores Judiciales Administrativos 87 y 188 en contra de la sentencia del 25 de mayo de 2016 del Juzgado 41 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

Gracias a este fallo histórico será posible asegurar la prestación de servicios de salud para todas aquellas personas que lo necesitan, dijo Iregui. El Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario resalta que “es esencial continuar acompañando el proceso y velar porque las entidades obligadas cumplan con las obligaciones que les asignó la decisión judicial, porque como ciudadanía tenemos un papel preponderante en la defensa de los derechos de todos, materializado en el cumplimiento de lo expresado en la sentencia”.


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Carlos Roberto Reyes
Jefe de Comunicaciones y Prensa Universidad del Rosario
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Como importante para la defensa del medio ambiente del país calificó el Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario la decisión del Ministerio de Ambiente de expedir, el pasado 3 de agosto, la Resolución 1496 de 2018 que crea la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA), que busca la acción integrada del Estado y la promoción de políticas, planes y programas respecto de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales.
 
Con esta Mesa Intersectorial se formaliza una novedosa instancia de diálogo ambiental con la participación de la sociedad civil, de los grupos étnicos, de las entidades territoriales, de las instituciones del Sistema Nacional Ambiental y de los sectores económicos, destacó Lina Muñoz, supervisora del Grupo de Acciones Públicas (GAP) y directora de los programas de Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario.
 
A menos de dos meses de la apertura a firma en la Asamblea General de Naciones Unidas del Acuerdo de Escazú (primer instrumento en Latinoamérica y el Caribe para garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales), Colombia formaliza la creación de una novedosa instancia de diálogo y fortalecimiento de la democracia ambiental en el país.

“La Mesa Intersectorial apoyará, entre otras acciones, el proceso de ratificación e implementación nacional del Acuerdo de Escazú, el cual estará abierto a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe a partir del 27 de septiembre próximo en la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Instalado el nuevo gobierno, Colombia deberá iniciar las gestiones para la firma y ratificación del mismo”, comentó Lina Muñoz.
 
Cabe recordar que desde noviembre de 2016 se conformó la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) por iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la sociedad civil, para promover la implementación de los derechos de acceso en asuntos ambientales, pilares de la democracia ambiental, establecidos en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente de 1992 y el desarrollo y perfeccionados por la Constitución y la normatividad en Colombia.
 
En los últimos dos años, la MIDA se reunió de manera voluntaria con el fin de articular acciones entre los diferentes sectores nacionales para la garantía del Principio 10 en el país y para analizar la posición de Colombia en el proceso de negociación regional del Acuerdo de Escazú, que impulsa la CEPAL, indicó la directora de los programas de Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario.

Acuerdo de Escazú
 
El Acuerdo de Escazú constituye un hito histórico en la construcción de una democracia ambiental en América Latina y el Caribe y establece obligaciones de los países para garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, así como medidas para fortalecer la protección de defensores de derechos ambientales.
 
Este fue adoptado en marzo pasado en Costa Rica durante la Novena Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, en la que participaron 24 países de la región.

La presente ley tiene por objeto establecer la forma de vinculación y las condiciones financieras de matrícula de los profesionales médicos y de otros profesionales de la salud que realizan programas académicos, especialización médica o quirúrgica.

Mediante una carta abierta, ONGs y universidades de la región hacen un llamado a los gobiernos para que firmen el acuerdo y adopten medidas rápidas y eficaces para aplicarlo en los respectivos países. Ha sido firmada por más de 200 actores nacionales, regionales e internacionales que trabajan por toda América Latina y el Caribe en áreas como derechos humanos, medio ambiente y democracia.

Los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales han sido reconocidos como un medio fundamental para la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Estos tres pilares de la democracia ambiental son un canal para que Colombia pueda demostrar mayores y mejores avances en el cumplimiento de sus compromisos internacionales.

“El Grupo de Acciones Públicas ha trabajado por más de 15 años en la protección de los derechos humanos y el ambiente en Colombia. Consideramos que el Acuerdo de Escazú es un instrumento muy importante para el fortalecimiento de la gestión y la política ambiental en nuestro país”, destacó Lina Muñoz, supervisora del GAP y directora de los programas de Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario.

Aprobado el 4 de marzo en San José (Costa Rica) por representantes de 24 países, el Acuerdo de Escazú sería el primer tratado vinculante en la región que establece garantías sobre los derechos de acceso a la información, de participación pública, acceso a la justicia en asuntos medioambientales, y el primero en proclamar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente.

Hace tres años fue entregado al Consorcio Parques de San Andrés el contrato para la reestructuración del parque, reparación de los toboganes, equipos de bombeo, instalaciones hidráulicas y elementos de seguridad en las piscinas, el cual manifestaba que para el mes de febrero de 2016 se entregaría la obra completamente terminada, pero no es sino hasta 2018, y con motivo de celebrar el día del niño, que se hace la apertura del Sunrise Park. Sin embargo, el 20 abril de ese año se evidencia que el parque se encuentra de nuevo con sus puertas cerradas.
 
El GAP de la Universidad del Rosario decidió formular dos derechos de petición a la Gobernación de San Andrés, con el fin de dar continuidad a su labor de protección de los derechos de la comunidad y la defensa del medio ambiente, que ya había trabajando en el marco de una acción popular previa. En el primero, la Gobernación respondió que: “El parque se abriría de martes a viernes en las tardes y los fines de semana en jornadas de 10 de la mañana a 5 de la tarde”. Aun así el lugar no abrió sus puertas de nuevo. Es entonces cuando el GAP instaura un segundo derecho de petición y la respuesta que se obtiene indica que: “El parque se encontraba cerrado totalmente desde el 24 de noviembre de 2018 porque existían deterioros en las losas de la piscina infantil e inconvenientes con los filtros de la piscina grande”.
 
Para María Lucía Torres, Directora del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, “la respuesta de la Gobernación de San Andrés resulta desconcertante teniendo en cuenta que no fue sino hasta el año pasado que el Consorcio Parques de San Andrés entregó el parque supuestamente reparado, dotado y listo para su funcionamiento y en menos de seis meses está presentado fallas en la estructura que ocasionan su cierre”.
 
Según el GAP el parque en este momento está siendo utilizado como depósito de contenedores de basura. A esto se suma que la construcción lleva una millonaria inversión en gastos bimensuales que ascienden a 47 millones de pesos. Se enviaron igualmente unos derechos de petición a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, ambas en su seccional San Andrés y las respuestas son igualmente desconcertantes.

"La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas para la promoción, estímulo y protección del trabajo de los actores y actrices; dignificar el ejercicio de la actuación; fomentar la formación profesional; garantizar los derechos laborales y culturales de los actores y actrices en sus interpretaciones, su realización y su difusión, mediante el establecimiento de Condiciones de trabajo para los actores y actrices, profesionalización, promoción y fomento del trabajo para los actores".

La presente ley tiene por objeto establecer un marco jurídico especial para la minería tradicional y la pequeña minería en materia de legalización y formalización, así como de su financiamiento, bancarización, comercialización y el establecimiento de una normatividad especial en materia ambiental.