A pesar de contar con elementos jurídicos para defender los derechos de las mujeres, Colombia es uno de los países que presenta más casos de violencia de género. Entonces ¿qué hace falta?
Ya sea física, psicológica, económica o simbólica, la violencia de género es una realidad de la sociedad colombiana. Las herramientas jurídicas que condenan estos actos violentos, ya sean basados en odio o para establecer la superioridad jerárquica de hombres sobre mujeres, han ido creciendo en los últimos años.
Samuel Escobar, abogado especialista en Derecho Penal de la Universidad del Rosario con Maestría en Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Edimburgo y director del Consultorio Jurídico del Rosario, explica que “el derecho penal desde sus inicios ha sido un mecanismo para establecer órdenes sociales; es decir, que ha sido igual de discriminatorio hacia las mujeres que lo ha sido la sociedad. Cuando detectamos que el derecho penal ha sido una herramienta de opresión hacia las mujeres, nos damos cuenta que no debe ser estático y que también puede ser una herramienta de reivindicación de los derechos de las mujeres”.
Sin embargo, -afirma Escobar- el derecho penal no debe ser la única respuesta, ni siquiera debe ser la primera; antes que castigar, los gobiernos deben hacer todo lo posible por prevenir este tipo de conductas, y la prevención está en desmantelar los prejuicios que existen hacia las mujeres para que pueda existir igualdad real.
Así, el experto puntualiza: “lo que se ha dicho por parte de varios expertos y organizaciones, es que no importa tanto la pena como sí la censura social que emitan los tribunales. Lo que importa es que el Estado haga un reconocimiento de esta problemática. El derecho penal tiene una función, además de ser una herramienta para mantener o reestablecer relaciones de poder, también reafirma los límites morales de la colectividad. El reconocimiento judicial de la violencia basada en género es una forma de reafirmar que como sociedad no estamos dispuestos a tolerar la violencia contra las mujeres”.
Con esto, se rescata que desde lo penal ya están las herramientas suficientes para poder proteger adecuadamente a las víctimas. Es decir, según Escobar, “lo que hay que cambiar es la mentalidad tanto de la sociedad como de los mismos funcionarios judiciales y litigantes. Los prejuicios se derrotan reconociendo que los tenemos y haciendo, a partir de allí, un acto consciente por superarlos. La educación es la única herramienta que permitirá superar los prejuicios, los cuales son la raíz de este tipo de delitos”.
Sin embargo, como docente concibe un panorama esperanzador. “Es interesante ver cómo en las aulas del Rosario se ve primero esa sensación de injusticia y de desazón que produce saber cómo el derecho penal y la sociedad han contribuido a semejante problemática, primero justificándola y luego minimizándola. Y luego uno ve cómo los estudiantes aprenden desde una perspectiva crítica, con ganas de usar ese conocimiento para cambiar esta situación. Yo creo que eso nos da esperanzas de que, en un futuro ojalá no muy lejano, sea posible decir que verdaderamente la igualdad es una realidad”.
