Divulgación Científica

Matías Franchini es doctor en Relaciones Internacionales, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y miembro del Grupo Mutis. Franchini nos dice que “cada tantos años pasamos por lo que se llama coloquialmente un ‘momento climático’ (o climate momentum). “Pasó en Copenhague en 2009, en París en 2015 y parece que ahora estamos en un nuevo momento climático, donde se inflan las expectativas que muchas veces resultan poco realistas”.

“A veces se cree que lo más relevante para la lucha contra el cambio climático se da en las convenciones y acuerdos, cuando la lógica general de la política internacional es más relevante”, continúa. “Tener un país como Estados Unidos comprometido con el clima, y que la presidencia actual de la Comisión Europea, que ya estaba interesada desde hace años en luchar contra el cambio climático, tenga como bandera principal reducir sus emisiones de GEI en un 55 por ciento respecto a los niveles de 1990, crea un escenario más favorable para la cooperación frente a la crisis climática”. Por otro lado, la creciente tensión económica y geopolítica entre Occidente y China (el mayor emisor de GEI), opera en sentido contrario: poniendo obstáculos a la cooperación.

Puede que no ocurran grandes cambios, pero el hecho de que un país de ese calibre “vuelva a la cancha” es algo que por lo menos debe alegrarnos. Pocos meses después de comenzar su mandato, el 22 de abril pasado, el gobierno de Joe Biden organizó la Cumbre de Líderes sobre el Clima para discutir cómo combatir el cambio climático. En dicho evento Estados Unidos anunció que para 2030 iba a recortar a la mitad sus emisiones de GEI con respecto a los niveles existentes en 2005 (casi el doble de lo prometido en París en 2015), y que en 2050 alcanzaría la neutralidad en sus emisiones de carbono. Después de China, Estados Unidos es el segundo emisor de GEI del mundo.

En el mismo escenario el presidente Iván Duque anunció las nuevas Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por su sigla en inglés), un compromiso que cada país propone para enfrentar el cambio climático y que ya había anunciado en noviembre de 2020: la de reducir el 51 por ciento de las emisiones de GEI proyectadas para 2030 en Colombia. Según la iniciativa Climate Action Tracker (CAT), esta propuesta es entre un 6 y un 22 por ciento más ambiciosa que los primeros NDC anunciados, que presentaban una reducción de solo el 20 por ciento para ese año.

“Esto sorprendió a muchos, se esperaba una meta mucho menos ambiciosa y desde luego es algo muy positivo”, explica Franchini. La CAT analiza la “ambición” de las NDC de cada país y si estas van a ayudar a cumplir la meta fijada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC): que el aumento de la temperatura a finales del siglo XXI no sea mayor a 2°C y que en lo posible se acerque a los 1,5°C.

En el contexto de la economía política del cambio climático en América Latina, una de las áreas de especialidad de Franchini, el panorama no luce tan oscuro para el país. Hoy en día, en comparación con los grandes emisores de Latinoamérica (Brasil, México y Argentina), Colombia es el que está mejor en términos del cumplimiento de objetivos.

“La foto no es tan mala en este sentido, al menos no en los últimos cinco años, desde París 2015 hasta Glasgow 2021 (COP26) en noviembre”, agrega. “Colombia no es un gran emisor en términos globales, debido seguramente a que su economía tiene poca base industrial y su matriz eléctrica está basada en hidroelectricidad, una fuente de energía relativamente limpia”.

Es cierto que las emisiones per cápita del país no son muy altas, que están por debajo de la media global y que son bastante menores en comparación con los grandes emisores de Latinoamérica. Según datos del Banco Mundial, el país emitió 1.601 ton/m3 de CO2 per cápita en 2018, mientras que la media en Latinoamérica y el Caribe se situó alrededor de las 2.637 ton/m3.

Las políticas son otro elemento que incita al optimismo, al menos en comparación con los vecinos latinoamericanos. “Colombia entró tarde al juego, solamente hasta el 2015 lanzó la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC). Brasil ya tenía desde 2010 una ley similar y México, desde el 2012. Pero, a pesar de ello, no ha tenido grandes retrocesos. Todos los otros grandes países pararon o modificaron sus planes, mientras que el país ha tenido continuidad, y eso es positivo”, explica Franchini.

Colombia propuso sus primeros NDC, con la meta de mayor reducción de toda la región, y su estrategia de bajo carbono en 2015. Siguieron la creación del Sistema Nacional de Cambio Climático (Sisclima) en 2016, la Ley del Cambio Climático de 2018 y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que se basa en gran medida en nuevas políticas sostenibles.

“El país so lo representa el 0,46 por ciento de todas las emisiones de GEI del planeta: si el día de mañana se parara todo en el país, el impacto sería de ese tamaño. No obstante, es riesgoso decir que Colombia puede ser un líder en cambio climático”. Franchini se refiere a las declaraciones en abril de este año del enviado especial del presidente estadounidense para el Cambio Climático John Kerry, quien sostuvo que los Estados Unidos consideraban a Colombia como un líder del cambio climático durante una videoconferencia con el presidente Iván Duque.

“En la década de 2010 México y Brasil también fueron considerados líderes climáticos y luego, sobre todo desde la llegada al poder de los presidentes Jair Bolsonaro, en Brasil, y de Andrés Manuel López Obrador, en México, han mostrado incluso un retroceso en lo que a políticas y acciones se refiere. “Quizás podamos ser un ejemplo para los demás, un ejemplo de que un país en desarrollo puede tener una estrategia de bajo carbono sin perder crecimiento económico”, reflexiona Franchini. “Pero no podemos ser considerados como una gran potencia climática con impacto decisivo sobre la crisis climática –como China, Estados Unidos y la Unión Europea– por nuestro tamaño en comparación con estos grandes . Al mismo tiempo, pese a que el liderazgo demanda propuestas, leyes y acciones para un desarrollo de bajo carbono, más allá de ello, el gran interrogante es si Colombia será capaz de implementar eficazmente sus políticas para lograr las ambiciosas metas a las que se comprometió".

Como ejemplo Franchini se hace esta pregunta: “¿De qué sirve promover el carro eléctrico en un país cuya matriz de energía esta basada aún en los combustibles fósiles?” “Hay que prestar atención tanto a la tecnología como a la fuente”, comenta. “El ritmo de sustitución de las energías fósiles es muy lento como para garantizar que cumplimos ese objetivo. Por eso hay que acelerar el paso y esto solo se logra si los grandes países participan”.

La pregunta es fundamental en la medida en que en el 2018 solo el 1% del total de la matriz energética del país provenía de fuentes renovables (hídrica, eólica, solar, biomasa, geotérmica). Para 2022 el país espera que el porcentaje sea alrededor del 12 al 14 por ciento del total y ya se están dando pasos en esa dirección como la subasta de energías renovables a largo plazo que comenzó el Ministerio de Minas y Energía en 2019 y ya va por su tercera edición. “Esto tiene que acelerarse mucho y se puede hacer, pero debe hacerse bien, se debe hacer un reemplazo paulatino por energías renovables, preferiblemente las no convencionales, y olvidarse definitivamente del fracking (una técnica de extracción de hidrocarburos que consiste en fracturar el suelo con un fluido hidráulico para aprovechar los yacimientos que se encuentran atrapados en él). Si promovemos el fracking estamos “borrando con el codo lo que hacemos con las manos”, comenta Franchini.

La importancia de la disminución del uso de combustibles fósiles está muy documentada y expertos en el tema ya han avisado que, para limitar el calentamiento global a 2° C, desde 2010 hasta 2050 deberían permanecer sin utilizar un tercio de las reservas actuales de petróleo, la mitad de las reservas de gas y más del 80 por ciento de las reservas actuales de carbón. De esta manera, cualquier aumento en la producción de hidrocarburos va en contravía de todos los esfuerzos y acuerdos sobre el cambio climático.

No basta con un marco legislativo fuerte. Uno de los problemas del país es la dificultad para llevar una ley a su cumplimiento, no solo por problemas endémicos en el ejercicio de la política, que comparten todos los países del mundo, sino también por la adaptación a nuevas realidades o a la lucha contra los poderes que se ejercen.

Cada país tiene su propia realidad que atender y sobre la cual basarse para construir su estrategia de lucha contra el cambio climático. Los obstáculos son, por ende, particulares a cada región, y todos los investigadores entrevistados en esta pieza concuerdan en que el problema más grande que tiene el país en este momento es el de la deforestación.
 

Policies y Politics

En la construcción y el desarrollo de cualquier iniciativa política, los expertos hablan de dos términos en inglés: policies y politics. En español no existe una diferencia entre los dos términos. Matías Franchini nos da algunas pistas para poder entenderlos mejor:

“Con policies nos referimos a las políticas (en este caso políticas públicas) como, por ejemplo, la Ley del Cambio Climático de 2018, o la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC).

“Lo que llamamos politics tiene que ver con toda la estructura de poderes económicos y políticos que eventualmente pueden hacer viable o inviable una política pública, tanto en su creación como en su implementación”.

“Al emitir una policy, como las nuevas NDC de Colombia para 2030, se está enviando un mensaje a todos de que la cosa va por ahí, de que hay que caminar mucho para lograrlo, pero que no sabemos bien cómo será ese camino. Esta policy es muy genérica y debe crear unas políticas más específicas: los compromisos sobre deforestación, transición energética, transporte, etc. Esos nuevos objetivos van a ser enfrentados, combatidos por muchos estamentos civiles y públicos, por los sectores económicos que se vean afectados, incluso verán el rechazo de algunos ministerios públicos con los que las nuevas disposiciones van en contra, y también, desafortunadamente, con la acción e interés de grupos ilegales”.