- En los últimos años, se ha presentado aumento en los casos de violencia doméstica, en contra de la mujer y de los niños.
- En medio de un panorama de desafíos y esperanzas, persisten las preocupaciones sobre la protección de los derechos fundamentales de los colombianos.
En Colombia cada 9 de septiembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, en honor a San Pedro Claver, quien murió en esta fecha en 1654. Este día es una conmemoración para proteger y promover la dignidad y el valor inherente de cada individuo, sin importar su origen étnico, nacionalidad, religión, género, orientación sexual, discapacidad u otras características personales, y recordar los desafíos que como sociedad tenemos para ser más equitativos y ecuánimes.
Los derechos humanos, se basan en la idea de que todas las personas merecen un trato justo, igualitario y respetuoso, y que tienen derechos y libertades fundamentales que deben ser garantizados y protegidos por parte de los gobiernos y la sociedad en general.
Durante los últimos años, Colombia ha tenido avances en el tema para garantizar y proteger los derechos humanos, pero la violación de estos sigue siendo un problema. La doctora María Teresa Palacios, directora del Grupo de Derechos Humanos de nuestra Facultad de Jurisprudencia realiza un análisis sobre los derechos que más se vulneran en el país.
De acuerdo con la directora, para hablar de este tema es importante remitirse a los informes de monitoreo que realiza la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras organizaciones no gubernamentales que actúan a nivel internacional como Amnistía Internacional.
“Estos informes señalan la situación actual que está viviendo nuestro país, creo que tenemos varios frentes de trabajo y varias preocupaciones”, indica María Teresa Palacios.
Los 5 principales frentes de trabajo en Colombia en materia de derechos humanos
El primero de ellos, es la persecución a líderes, defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas, ambientalistas y periodistas. Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, hasta principios de agosto del 2023 el registro era de 100 líderes sociales y defensores de DDHH asesinados en Colombia.
Este tipo de actuaciones de persecución, de amenazas, de afectaciones a su vida y a su integridad personal es uno de los temas más preocupantes en el país. Es una situación que persiste, es común y es un eje transversal en todos estos informes”, agrega la doctora Palacios.
Otro tema, es el desplazamiento interno de poblaciones: comunidades indígenas y afrodescendientes; y poblaciones raizales. Estas poblaciones, se siguen sintiendo perseguidas, amenazadas y otras confinadas en diferentes territorios del país.
El tercer punto, está relacionado con amenazas en contra de los integrantes de los acuerdos de paz en el año 2016. En estos informes, se presentan algunas líneas rojas y alertas de que estas personas siguen siendo perseguidas.
De acuerdo con Ana Guglielmucci, profesora de nuestra Escuela de Ciencias Humanas: “La persistencia de amenazas y asesinatos a líderes sociales, ambientales y ex firmantes de paz, además de ser un grave crimen que debe ser investigado y juzgado, es un atentado al sistema político democrático. Pues, socava la confianza en las instituciones y en las garantías de seguridad que puede proveer un estado de derecho a sus ciudadanos, al momento de defender sus derechos sociales, políticos, económicos y culturales”.
Uno de los aspectos más preocupantes es el de movilidad humana, específicamente, todo lo que está relacionado con migrantes en tránsito y de ingreso al territorio colombiano, quienes, por no ser nacionales del Estado, tienen más invisibilizadas sus afectaciones a los derechos humanos. “En los informes nos hablan que entre el año 2022 y el 2023, cerca de 5000 niños atravesaron la selva del Darién. Una situación que es muy compleja, ya que, estas personas sufren múltiples afectaciones, no solamente porque no tienen derecho a la alimentación, a la salud, a una nacionalidad o un reconocimiento jurídico dentro del territorio, sino que incluso pueden ser víctimas de abuso, de trata de personas, de tráfico de migrantes y múltiples problemáticas”, señala la directora del Grupo de Derechos Humanos.
El aumento de los casos de violencia doméstica, en contra de la mujer y de los niños, es preocupante. De acuerdo con un informe de la Procuraduría, en el año 2022 se registraron 47.771 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, cifra que en comparación con el año 2021, presentó un aumento de 7.713 casos; a principios del 2023, se habían registrado 3.483 casos.
Adicional a esto, también se resaltan los temas de hacinamiento carcelario y el uso abusivo de la fuerza pública en el ejercicio del derecho a la manifestación.
“Mencionamos solo algunas de las vulneraciones a los derechos más recurrentes, pero también hay derechos económicos, sociales y culturales que igualmente están siendo afectados. Nosotros ya veníamos con problemas profundos frente a ello, falta de acceso a salud, educación, a vivienda; también, los efectos negativos que causó el COVID-19, lo cual generó un agudizamiento en temas de desempleo y equidad. Hay un escenario que realmente no parece ser esperanzador, pero creo que es un motivo muy importante para seguir trabajando por los derechos humanos”, finaliza la doctora María Teresa Palacios.
