En el marco del posacuerdo de Paz, el país ha experimentado importantes cambios que han derivado en un aumento significativo de empleos informales, muchos de ellos ubicados en las denominadas economías populares, sobre todo en pequeñas y micro empresas de menos de 10 trabajadores que representan más del 80 % del empleo informal.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), durante el primer trimestre de 2024, la tasa de informalidad laboral alcanzó aproximadamente el 60 %, reflejando una situación persistente y compleja en el mercado laboral colombiano.
“La situación de informalidad laboral en el país está estrechamente vinculada a las dinámicas del conflicto armado y el desplazamiento forzado. La migración interna de familias enteras altera la oferta laboral, ejerce una presión sobre las políticas sociales y afecta sustancialmente las dinámicas de los mercados laborales locales, tanto en ciudades pequeñas como en grandes”, afirma Jairo Baquero, profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario en su ponencia en el evento Mesa redonda: Informalidad en América Latina, organizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Costa Rica y la red PRESILIENT.
Entre las principales problemáticas del mercado laboral informal se evidencian conflictos en la distribución de recursos esenciales como el acceso al crédito, la vivienda y la seguridad social para muchos trabajadores. Además, las economías populares no son reconocidas ni contabilizadas adecuadamente en el Producto Interno Bruto (PIB), lo que invisibiliza su aporte económico real.
“Es importante mencionar que la mayoría de trabajadoras y trabajadores informales son migrantes internacionales, desplazados internos, mujeres y personas de la tercera edad, lo que añade varias capas de interseccionalidad a la problemática”, agrega el académico.
Para disminuir y comprender las dinámicas del trabajo informal en Colombia, es necesario trabajar en la inclusión financiera, facilitando el acceso al crédito para aquellos que actualmente dependen de sistemas informales como el "gota a gota".
Baquero añade: “Además, se deben crear mecanismos que permitan a los trabajadores informales contribuir a sistemas de salud y pensiones, medir y reconocer los aportes de las economías informales al PIB, e implementar políticas públicas que consideren las particularidades geográficas y culturales de las diferentes regiones del país. También es crucial invertir en educación y tecnología para mejorar las capacidades y oportunidades de los trabajadores informales”.
Los acuerdos de cooperación y comercio juegan un papel crucial en las dinámicas regionales. Las políticas públicas deben estar orientadas a apoyar las actividades económicas en las áreas más apartadas del país de manera inclusiva. Además, es fundamental el reconocimiento de derechos laborales y sociales en plataformas de cooperación política, no solo a nivel Sur-Norte sino en la cooperación Sur-Sur en América Latina, ampliando los derechos sociales para diversas poblaciones como afrocolombianos, indígenas y campesinos.
La situación laboral en Colombia requiere un enfoque integral que considere la inclusión financiera, la seguridad social, el reconocimiento de las economías populares y la adaptación a los desafíos del cambio climático. Solo así se podrá construir un mercado laboral más justo y sostenible en el contexto del posacuerdo de paz.
