Los inventarios son documentos que nos ayudan a rastrear la existencia de un objeto en cierta institución. Hoy, les proponemos estudiar el uso de tres palabras empleadas para significar el grado de deterioro de un objeto: “algo”, “bastante” y “muy”. El documento es el inventario de la capilla del Colegio del Rosario, años 1793, ya publicado en este blog.

La Puerta Falsa es un establecimiento reconocido no solo por su oferta gastronómica de comida típica capitalina, que incluyen su especialidad: los tamales más famosos de la ciudad, sino por sus 204 años como un referente en la memoria histórica del país. Sus bases se han mantenido firmes frente a innumerables sucesos, como el Bogotazo, pero este año trajo consigo lo que tal vez ha sido su mayor reto hasta el momento. A raíz de la pandemia del COVID-19 y al aislamiento obligatorio y preventivo, Carlos Sabogal, actual propietario de La Puerta Falsa, tomó la decisión de cerrar sus puertas y sus servicios al público. 

Reconociendo la importancia de este lugar para la narrativa colectiva de los colombianos, la Universidad del Rosario lanza su “Ideatón”, en el que cualquier interesado puede participar con sus ideas para apoyar al resurgimiento de La Puerta Falsa. Para inscribirse, se debe ingresar en el portal de la institución, en donde se puede encontrar el formulario que debe ser completado, así como la información sobre los pasos a seguir: https://urosario.edu.co/ideaton-Ur/Inicio/.  

Para participar los interesados deben realizar un video en donde expliquen brevemente de qué se trata la iniciativa que proponen para apoyar al restaurante. Esta propuesta debe estar enmarcada en tres escenarios de acción posibles: ¿cómo llevar la experiencia del restaurante al hogar?, ¿cómo repensar la Puerta Falsa en el futuro? y ¿cómo identificar y conocer a sus clientes? 

El 26 de junio, día de cierre del evento, un panel de expertos que incluyen al rector de la institución universitaria, Alejandro Cheyne, el propietario de la Puerta Falsa, Carlos Sabogal, a la reconocida chef Leonor Espinosa y al director de la Revista Semana, Alejandro Santos, entre otros, decidirán cuáles son las ideas ganadoras. Estas serán incluidas en la estrategia que se utilizará para apoyar al restaurante en la actual coyuntura. Para decidir, los jueces considerarán las ideas con mayor creatividad, pertinencia, viabilidad, sostenibilidad en el tiempo e impacto.  

“Queremos que muchas personas participen en este espacio, es una oportunidad para unirnos como comunidad y trabajar juntos para un mismo objetivo común, generar ideas creativas para apoyar a un lugar insigne de la historia de nuestro país y que hoy es reflejo de la tenacidad que nos caracteriza como colombianos”, comentó Andrea Ávila Tinoco, directora de UR Emprende. 

Los participantes recibirán capacitaciones y webinars dictados por empresarios y expertos de diferentes sectores, como la gerente general de Buffalo Wings. Adicionalmente, el equipo docente de la institución proveerá a los participantes con cápsulas digitales de tips y recomendaciones para orientar a los interesados en la estructuración de su idea. Finalmente, y entendiendo que hoy más que nunca el sector empresarial debe estar unido, el evento tendrá un espacio de networking de solidaridad, pensado para crear redes de apoyo entre los diferentes negocios.  

 

UR Steam y UR Emprende 

UR Steam es un espacio de convergencia de diversos saberes para construir relacionamiento entre la academia y las organizaciones para co-pensar y co-construir por medio de la ideación y experimentación de soluciones a problemáticas que incorporen formación, investigación, ciencia, tecnología, emprendimiento, en tendencia y prospectiva con conocimiento de vanguardia al servicio del bien común. 

El Centro de Emprendimiento UR Emprende promueve la cultura de la innovación y el emprendimiento, el trabajo colaborativo e interdisciplinario, el conocimiento, la investigación y el talento para emprender, así como el desarrollo de iniciativas innovadoras que tengan impacto y generen valor a la sociedad. 

Es reprochable que lo legal o ilegal se adjudique a un sujeto ya que permite calificarlo o estigmatizarlo conforme a su posibilidad de satisfacer los ritos estatales para ser entendido como “legal”. El derecho en nuestro país posee una especial fijación con la obtención de permisos, autorizaciones administrativas, concesiones y licencias que presuntamente logran realizar algún fin diseñado por el “estado”. Por ejemplo, el derecho ambiental fue esbozado para entender que quienes obtienen o tienen licencias son quienes cuidan, protegen o manejan el ambiente conforme a los deseos ideológicos del país. Algo así como pensar que “quienes tienen permiso cuidan el ambiente”.

Pero parece discutible que esto sea real porque no hay sustento empírico que muestre que quienes tienen permisos protejan el ambiente: no necesariamente una persona que tenga licencia ambiental atiende las prerrogativas jurídicas de cuidado, “protección” o “conservación” que este acto exige. De igual manera, la construcción legal invita a pensar que quienes no cumplen los requisitos no cuidan el ambiente, sino que lo destruyen, lo cual también es discutible. Es probable que muchos de aquellos que no tienen licencia ambiental y hacen minería -por ejemplo-, poseen dinámicas de cuidado del entorno más cercanas a los mandatos legales que quienes la tienen y se limitan a la obtención del permiso. Por ejemplo, pueden tener una mejor disposición de residuos líquidos (vertimientos) o sólidos, o manejo del material particulado al aire o utilizar el agua con visiones de ahorro.

Pero las múltiples dinámicas del país hacen que existan barreras que impiden la posibilidad de satisfacer los caprichos del derecho para “el cuidado ambiental”, lo cual impide que se obtengan estas autorizaciones. Así, son reprochados los ilegales, pero entre ellos hay muchos matices como los artesanales, los de subsistencia, los informales y otros invisibilizados, que en algunas ocasiones tienen un mejor relacionamiento con el ambiente que quienes tiene la posibilidad de acceso a estos permisos.

Ahora, los que tienen estos permisos (los legales), a veces no cumplen con las obligaciones contenidas en las autorizaciones obtenidas y esta situación no los retorna a la ilegalidad. Solo la obtención me configura como legal, sin importar su sujeción a las reglas que dé con su posterior comportamiento. Mejor dicho, no es ilegal el que tiene permiso aunque lo incumple. Digamos hay proyectos que poseen licencia pero su manejo de residuos peligrosos está lejos de cumplir con las obligaciones derivadas, sin embargo continúa “siendo legal”.

Ahora, la visión legal usualmente excluye diferentes formas tradicionales de diálogo, saberes para el cuidado ambiental y relacionamiento con el entorno. Así, estas dinámicas sociales no se incluyen en los análisis ni en las autorizaciones estatales, lo cual puede derivar en el uso de la ley para quebrantar dinámicas sociales, afectaciones sin reparación, exclusión y olvido de saberes locales. Con esto solo se quiere presentar que “lo legal” no es necesariamente deseable y lo único aplaudible, sino que puede plantear una serie de invisibilizaciones sociales. No estoy invitando a incluirlas en la racionalidad jurídica porque puede ser peor, pero si resalto que son variables que pudiesen tener mayor atención y diálogos más amplios.

Consta en este blog que los primeros intentos biográficos de fray Cristóbal de Torres datan de 1784, cuando Joaquín Darechea y Urrutia comunicaba un interesante documento que le copiaban del propio convento de San Pablo de Burgos.

El pasado 17 de junio, el Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario participó en una audiencia virtual que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la que se abordó el caso de la opinión consultiva presentada por el Estado colombiano el 6 de mayo de 2019, sobre las consecuencias que tiene la salida de un Estado de la jurisdicción de la Corte.

Daniela Yepes García y Ana María Sánchez Quintero, supervisoras del GAP, fueron las encargadas de representar a esta clínica jurídica, la cual hace parte de la Universidad del Rosario desde 1999, siendo la primera clínica jurídica del país y líder en América Latina. Desde ese entonces el GAP trabaja en la defensa de los derechos humanos y el interés público, a nivel nacional e internacional.

El proceso en el que participaron busca responder preguntas frente a las consecuencias prácticas que tiene la salida de países americanos de la OEA y la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, los efectos de que un Estado se niegue a aceptar la competencia de la Corte Interamericana para juzgarlo por sus violaciones a derechos humanos. Este proceso consultivo fue iniciado por el Estado colombiano, en un contexto donde el estado de Venezuela decidió en los últimos años retirarse de la OEA.

El GAP participó en la audiencia con el fin de presentarle a la Corte una guía sobre cómo resolver los planteamientos que esta y futuras salidas puedan generar. En particular, su intervención se centró en las consecuencias que la decisión tiene para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país, haciendo hincapié en el rol que los demás Estados americanos tienen en la protección de sus derechos, postura que ya había sido planteada a la Corte en un escrito remitido en diciembre del año pasado y que es la razón por la cual fue invitada a participar.

El GAP, actuando siempre en pro del interés público, es la materialización de la visión de la Universidad del Rosario y de su Facultad de Jurisprudencia y de su preocupación por ser parte de debates académicos de alto impacto, con una postura en defensa de derechos humanos, no solo en nuestro país, si no también en la región latinoamericana.

Consulte la intervención completa del GAP durante la audiencia en este enlace.

Su invitación a este espacio se enmarca en el desarrollo del Semestre de Canadá en la UR y a la generosa donación de 35,000 dólares canadienses de la Embajada de Canadá a la Universidad del Rosario para enfrentar el COVID-19.

Durante su presentación el Embajador resaltó que el COVID-19 es una pandemia que tenemos que enfrentar de forma local y señaló tres razones por las que se han hecho esta alianza entre la embajada y nuestra universidad:

1. Este es un proyecto de envergadura nacional con el propósito de llegar a las poblaciones que están fuera de Bogotá, es decir, se podrán hacer pruebas diagnósticas a personas del Chocó o Putumayo, zonas que no tienen acceso a una infraestructura en salud muy fuerte.
2. Es un importante triángulo: Sector privado, mundo académico y los fondos de cooperación de la embajada.
3. Canadá ha sido país invitado del Semestre de Canadá en la UR, es una forma de destacar esta invitación.

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