Revista Nova et Vetera

La reelección de Luis Almagro a la cabeza de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) significa un duro revés para la legitimidad de dicha institución.

Hasta hace algunos años, la OEA se había caracterizado por haber desempeñado un papel digno y muy efectivo para promover el diálogo político en las Américas y había hecho de la defensa de la democracia uno de sus valores más coherentes.

Para entender el papel de relevancia de la OEA es necesario recordar que tras el periodo de democratización iniciado a finales de los 70, en el esquema que Samuel Huntington denominó la tercera ola democrática, se produjeron varias crisis presidenciales que terminaron abruptamente con dichos mandatos. En la década de los noventa, América Latina se convirtió en la zona con un mayor número de crisis de ese tipo a escala global.  La globalización debutó en la región con la caída en Haití de Jean Bertrand Aristide a manos del golpe militar perpetrado por Raoul Cádras y a partir de ese entonces se multiplicaron las coyunturas de ese tipo.  En respuesta, la OEA que en el nuevo contexto de liberalización buscaba espacios distintos adaptados a la realidad post Guerra Fría, encontró en la democratización un valor cuya defensa era cada vez más urgente. De esta forma, surgieron los mecanismos conocidos bajo la etiqueta de cláusulas democráticas, que consisten en la puesta en marcha de una postura regional cuando se produce una interrupción del orden democrático o constitucional. En 1991 nació la Resolución 1080 y un año después el Protocolo de Washington como complemento y para robustecer dicho mecanismo a través de las sanciones.
 
En 2001, la OEA daba a conocer la Carta Democrática Interamericana que agilizaba la gestión de crisis democráticas e instruía al Secretario General para convocar al Consejo Permanente y adoptar sanciones o acciones para el restablecimiento democrático ante una ruptura.  En abril de 2002, la Carta se estrenó sin éxito pues ante el intento de golpe de Estado en Venezuela, la incapacidad de la OEA para ponerse de acuerdo quedó en evidencia. Se trató de una movida claramente identificable como una interrupción del orden constitucional pues la primera medida ordenada por el presidente de facto Pedro Carmona consistió en derogar la Constitución de 1999.  No obstante, las clausulas democráticas siguieron siendo consideradas como mecanismos válidos para la defensa y promoción de la democracia, y la OEA era una prueba de que la región había abandonado definitivamente la vocación golpista que tanta mella causó en la segunda mitad del siglo XX.

 

Desde la agudización de la crisis en Venezuela, en especial desde 2017, el rol de la OEA ha sido particularmente más relevante. La situación crítica del país caribeño y andino fue revisada por Mercosur que, aplicando el Protocolo de Ushuaia, es decir su cláusula democrática, decidió su suspensión del bloque. La OEA no pudo avanzar en ese mismo sentido por la falta de consensos por lo que su Secretario General, Luis Almagro, decidió dedicarse personalmente al tema para hacer presión y que se lograra una transición a la democracia. En el pasado, la institucionalidad regional había insistido en la necesidad de establecer un diálogo entre gobierno y oposición.,En 2016 bajo el auspicio de UNASUR, se produjo una negociación infructuosa que no derivó en una transición.  Ante el fracaso de los diferentes intentos de diálogo, la decisión remotamente explicable e injustificable de Almagro ha sido la de abandonar cualquier apoyo al mismo, y en cambio apostar por la caída de Nicolás Maduro como la única solución a la crisis. Causa extrañeza que la cabeza de una organización regional descarte la negociación y apoye las salidas de facto algo que no tiene antecedentes en la OEA y le ha causado un enorme perjuicio a su imagen y credibilidad. Almagro desde ese entonces, ha sido uno de los responsables porque cualquier asomo de apoyo al diálogo político en Venezuela sea considerado como una muestra de simpatía por el régimen, una posición tan sesgada como poco práctica.  
 
Como si aquello fuera poco, en octubre de 2019 tuvo lugar en Bolivia un polémico proceso electoral en el que Evo Morales habría obtenido diez puntos de ventaja sobre su inmediato rival Carlos Mesa por lo cual accedería a una segunda reelección. Es importante recordar que, en febrero de 2016, Bolivia se manifestó en las urnas en contra de una segunda reelección de Morales votando negativamente una propuesta de reforma constitucional. En medio de una situación de extrema polarización y ante la amenaza de los militares, Morales terminó saliendo del país por lo que el poder recayó en la figura de Jeannine Ánez diputada que tenía a su cargo, en condición de interina, la sola responsabilidad de mantener el orden hasta la nueva elección.  El resto de la historia es conocida, Áñez se ha dedicado a la postergación indefinida del proceso y la mayoría de sus acciones no tiene nada que ver con el carácter transitorio de su mandato.<7P>

 

La OEA y, de forma concreta su Secretario General, tuvieron mucho que ver en el golpe de Estado contra Morales, pues los informes de la misión de observación electoral in situ llegaron a la conclusión no soportada en evidencia empírica de irregularidades y sospecha de fraude. A mediados de junio, Anatoly Kurmanaev y María Silvia Trigo del New York Times, desnudaron las serias deficiencias estadísticas del informe de la OEA. Según el artículo del Times una vez los expertos corrigieron los problemas metodológicos de la organización hemisférica “la evidencia de fraude desaparece” para lo cual se cita a Francisco Rodríguez investigador de la Universidad de Tulane y quien participó del estudio independiente.
 
Contra toda lógica, Almagro acaba de ser reelegido en buena medida por el boicot a la candidatura de la ecuatoriana María Fernanda Espinoza. El saboteo a Espinoza fue promovido de manera paradójica por el gobierno de Lenín Moreno, interesado en torpedear la carrera de cualquier figura política con pasado en el gobierno de Rafael Correa, su antecesor y quien se convirtiera en su enemigo político. Espinoza fue ministra de relaciones exteriores y de defensa de Correa, una cercanía que parece haber hecho inviable su postura. Esta nueva designación no solo supone un retroceso para la OEA, sino la demostración fehaciente del carácter selectivo de la defensa democrática por parte de la institución hemisférica.  Almagro tendrá en este nuevo mandato un margen de acción reducido y llevará a cuestas las contradicciones insalvables de su discurso. 

Mauricio Jaramillo Jassir (Profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario)  @mauricio181212