Abriendo los libros del Archivo puede hallarse cualquier cosa: en una guarda se habla de Santafé, al lado de Mérida, Venezuela... De don Joseph Ruesta y Aznar solo hemos podido hallar una mención: “En 1759, Román Cancino tuvo un pleito con José Ruesta Aznar por un reconocimiento médico[1]”. Fue todo lo que supimos, encomendándonos a Google.
Cuatro centurias se cumplen de la desaparición del primer mestizo americano. En efecto, al decir Inca Garcilaso de la Vega se reúnen lo americano y lo peninsular, en una de las primeras figuras intelectuales del Nuevo Mundo.
Título: Caroli Neapolis anaptyxis ad Fastos P. Ovidii Nasonis. [Comentarios de Carlos Napoli al libro de los Fastos, de Publio Ovidio Nasón].
Laura Guzmán Díaz
guzmand.laura@urosario.edu.co
En el año 2012 hubo un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de la delimitación marítima sobre la propiedad de los Cayos del Archipiélago de San Andrés entre Colombia y Nicaragua. En este fallo, la CIJ señaló que, ni el límite que había solicitado Colombia ante la corte –meridiano 82° W- ni el límite de que había solicitado Nicaragua ante la corte -una línea media trazada entre la Isla de San Andrés y la Costa Atlántica colombiana-, eran válidos y que procedería a hacer la delimitación que considerara pertinente.
En cuanto a la soberanía sobre los Cayos del Archipiélago, en contra de lo que decía Nicaragua, la Corte consideró que los siete cayos del Archipiélago de San Andrés eran de Colombia.
Posterior al fallo de 2012, el Gobierno de Colombia resolvió denunciar el Pacto de Bogotá, que establece la competencia obligatoria de la CIJ para las controversias de orden jurídico que le sometan los Estados Partes, porque se preveía que el Gobierno de Nicaragua formularía una nueva demanda contra Colombia
De todas maneras, el Gobierno de Nicaragua, después de la denuncia del Pacto de Bogotá, interpuso dos demandas diferentes en contra de Colombia. La primera fue por el incumplimiento del tratado por parte de Colombia, y la segunda, se trató de la plataforma continental extendida, en la que señaló que la Corte no había cerrado el caso de la delimitación marítima. La razón por la que la Corte rechazó la delimitación propuesta por Nicaragua, se debió al no cumplimiento de un requisito establecido en la Convención sobre el Derecho del Mar.
Este requisito consistía en mandar a la comisión de límites de la plataforma continental de las Naciones Unidas, un estudio sobre la plataforma continental extendida. Nicaragua señaló que había cumplido con esto y, por lo tanto, la CIJ debía establecer el límite como Nicaragua había solicitado.
Ante esto, Colombia presentó excepciones basada en que la denuncia del Pacto de Bogotá tenía efecto de carácter inmediato y la Corte ya no tenía competencia, y no como alegaba Nicaragua, que la entrada en vigor de la denuncia era de un año –el mismo periodo en el que Nicaragua había formulado la denuncia-.
Igualmente, el Gobierno de Colombia alegó que la materia era cosa juzgada, es decir que la Corte ya se había pronunciado sobre la delimitación marítima y entrar nuevamente a abrir el asunto iba en contra de uno de los principios del Derecho internacional, que es el principio de cosa juzgada.
Por unanimidad, la CIJ declaró que ya estableció términos de tiempo para que Colombia presente sus alegatos. Ante esto, el Gobierno ha anunciado que no estará presente en las deliberaciones sobre este caso.
De acuerdo a Julio Londoño, agente especial de Colombia en el litigio con Nicaragua, de conformidad con el artículo 53 del estatuto de la Corte, el hecho de que un Estado no comparezca en un caso determinado, le permite al otro Estado solicitar a la Corte que falle a su favor.
Aunque esta sea la posición de Colombia, de igual forma el juicio sigue. Según expertos en el tema, la Corte tendrá que decidir el fondo de las cosas después de cerciorarse de su propia competencia, y finalmente, tendrá que tomar una decisión después de haberle dado la oportunidad a Nicaragua de presentar sus puntos de vista. Eso seguramente lo hará en un término de un año aproximadamente.
Los fallos de la Corte Internacional de Justicia son obligatorios, por ende, en principio Colombia estará obligada a cumplir el futuro fallo. Expertos en el tema consideran que el no comparecer solo puede acarrearle consecuencias negativas a Colombia y es solo una decisión de carácter político por parte del Gobierno, en el sentido que su no presencia es un elemento para mostrar que Colombia de ninguna manera estaría dispuesta a cumplir un fallo de la CIJ que vaya en su contra.
Ante este fallo, el Gobierno propuso que los diálogos continúen de manera directa sin mediación de un tercero. Para los expertos, es probable que el Gobierno busque la forma de denunciar con Nicaragua un tratado internacional que incluya aspectos del fallo de la Corte en 2012 y eventualmente el fallo de la corte con ocasión de la nueva demanda de Nicaragua, pero es difícil que Nicaragua acepte continuar el proceso de esta forma.
En cuanto a lo económico, la única consecuencia que tiene que Nicaragua tenga una plataforma extendida, es la explotación de recursos que existen en el subsuelo del mar. Pero hasta este momento, no hay evidencia de que en el área de la plataforma continental alargada haya recursos petroleros explotables. Por lo anterior, los expertos en el tema creen que, en este momento, Nicaragua quiere es extender su jurisdicción marítima más allá de la línea establecida por la Corte, y ver respaldado de alguna forma el argumento que planteó a la Corte en un primer momento.
Frente a lo que dice la opinión pública, respecto a que el Gobierno debería tomar la decisión de defender el territorio por la fuerza, expertos consideran que es absurdo. “No es algo que se arregla por las armas. Es un asunto de otras características. Nicaragua no ha invadido el territorio y todos los Cayos y el Archipiélago son de Colombia y tiene derecho a 140 mil kilómetros del mar, equivalentes a siete departamentos de Colombia.”
Laura Muñoz Sarmiento
laura.musarmiento@gmail.com
A lo largo de los últimos dos años, cuatro poblaciones autóctonas de la Sierra Nevada han estado conversando con el gobierno para llegar a acuerdos sobre salvaguardar el territorio en una consulta previa. Sucede que estos diálogos están en peligro, puesto que existe una lucha entre los megaproyectos que quiere construir el Estado y los acuerdos con los locales, pero sobre todo entre los derechos de los indígenas y el proceder del gobierno.
Los kankuamos, koguis, wiwas y arhuacos han convivido en los territorios de la Sierra Nevada milenariamente y viven del equilibrio con la naturaleza. Sin embargo, han existido problemas con la consulta previa, pues entidades mineras, ambientales y energéticas quieren intervenir el territorio y el gobierno está otorgando licencias sin antes llegar a un acuerdo común con las comunidades residentes.
Por su parte, los indígenas están trabajando en tres textos como parte de la reivindicación de sus derechos: el primero es un “documento madre” que condensa su cosmovisión sobre el territorio y el mundo, el segundo un texto acerca del patrimonio inmaterial y el tercero un documento de cómo debería ser la consulta previa en la Sierra Nevada de Santa Marta. Aunque estos deberían servir para legitimar los derechos indígenas, se siguen otorgando licencias sin consulta de los pueblos.
En una entrevista hecha por El Tiempo a Rogelio Mejía, líder de los arhuacos, “esta es una postura política de los pueblos de la Sierra porque la consulta que se ha podido adelantar no tiene efecto positivo ni para la cultura ni para la Sierra Nevada. Bajo ese marco de qué sirve, si no pasa nada”.
Al respecto, Gloria Amparo Rodríguez, directora de la Especialización en Derecho Ambiental de la Facultad de Jurisprudencia, afirma que no se ha llegado a acuerdos porque hacer un enlace entre los indígenas, los más de 14 pueblos adicionales que habitan en la Sierra y los intereses del gobierno resulta complejo, pero sobretodo porque no existe coordinación entre las entidades estatales que adelantan el tema.
Sin embargo, y a pesar del tema legal que implica, este problema trasciende a lo espiritual, pues la razón de que los indígenas estén exaltados es básicamente por la intervención de “la línea negra”, es decir una serie de montañas dentro de la Sierra que son sagradas para estas comunidades: “el centro del mundo”.
A pesar de que se han emitido dos resoluciones y la sentencia T849 que traza específicamente las áreas de no intervención, de acuerdo a los mamos en un encuentro realizado con el Ministerio de Interior en Chemesquemena (uno de los municipio de Valledupar), hay alrededor de 400 licencias otorgadas por el gobierno para trabajar el territorio. Sin embargo, Álvaro Echeverry, portavoz del Ministerio de Interior en las conversaciones, aseguró que son 21.
“No sabemos de dónde salen 400, puede ser de una preocupación frente al futuro, porque demandaron acciones del Gobierno, vía tutela, y la Corte Constitucional en la sentencia 849 dio la orden que todo proyecto, obra o actividad que se desarrolle dentro de la Línea Negra debe ser objeto de consulta previa”, agrega Echeverry.
Si toda obra en el territorio debe ser objeto de la consulta previa, ¿por qué los pueblos están en desacuerdo con las licencias en desarrollo y también parecen ignorar las que vendrán después? Es claro que existe una discrepancia entre lo que el gobierno afirma y los que los indígenas también. Mientras personajes como Londoño atestiguan que se respeta el derecho indígena y todo se hace por acuerdo común, Mejía sigue en pie con la afirmación de que el gobierno no ha respetado muchos acuerdos y que por ejemplo ha llegado al límite de construir puertos donde se había acordado una reserva.
Rodríguez, quien es enfática en la importancia cultural y patrimonial del territorio para los indígenas, asegura que “la principal tarea de estas etnias es cuidar y velar para que el territorio ancestral permanezca. Para lograrlo, hacen sus pagamentos y acuden a la jurisdicción ordinaria en busca de soluciones a conflictos ambientales como cultivos ilícitos, proyectos turísticos, desarrollo de puertos y represas y extracción de recursos naturales no renovables, específicamente minería”.
A nivel del gobierno, las instituciones involucradas son el Ministerio del Interior bajo la dirección de Pueblos Indígenas y Consulta Previa. También la Procuraduría, Defensoría y a nivel ambiental el Ministerio de Ambiente con sus correspondientes corporaciones autónomas, que han generado varias de las mencionadas licencias: CorpoGuajira, CorpoCesar y CorpoMagdalena.
Por un lado hay una presunción de diálogos, pero por el otro se están tomando decisiones sin antes acordar completamente con las comunidades indígenas. No hay coordinación entre las instituciones y aunque existe un discurso de protección muy fuerte, a la hora de la verdad se están rompiendo los acuerdos.
Uno no tiene conciencia de muchas palabras que nos vengan del campo jurídico, aparte de los latinajos. Hoy les presentamos una, que va en franco retroceso: hagan el ensayo de averiguar cuántos amigos saben qué son bártulos...
Tiende a restringirse la obra de España en América a fundación de ciudades y evangelización de naturales. Dejando de lado los capítulos oscuros de la Conquista
