Aprende español mientras conoces la cultura colombiana y practicas lo aprendido en contextos reales.

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• Curso regular: abril 23 - junio 21
• Curso intensivo: abril 22 - mayo 22

El pasado 18 de febrero se realizó la ceremonia inaugural del Primer curso de español dirigido a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y de la Academia Diplomática de Emiratos Árabes Unidos.

Este curso, que cuenta con 45 participantes, hace parte del Plan de promoción de la cultura colombiana a través de la lengua española impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. El Programa de español para extranjeros de la Universidad del Rosario está a cargo de las clases que tendrán una duración de 3 meses y ayudará a los estudiantes a desarrollar las destrezas de la lengua y su competencia intercultural.
 
En el evento, el Embajador de Colombia ante los Emiratos Árabes Unidos, Faihan Al-Fayez Chalhub, y el Director de América del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, Sultán Al Harbi, se refirieron a la importancia de este tipo de programas que fortalecen las relaciones entre los dos países. La Universidad del Rosario está muy complacida por participar en este tipo de iniciativas tan importantes para Colombia y le desea éxitos a la profesora Liliana Labrador.

A pesar de contar con elementos jurídicos para defender los derechos de las mujeres, Colombia es uno de los países que presenta más casos de violencia de género. Entonces ¿qué hace falta?

Ya sea física, psicológica, económica o simbólica, la violencia de género es una realidad de la sociedad colombiana.  Las herramientas jurídicas que condenan estos actos violentos, ya sean basados en odio o para establecer la superioridad jerárquica de hombres sobre mujeres, han ido creciendo en los últimos años.

Samuel Escobar, abogado especialista en Derecho Penal de la Universidad del Rosario con Maestría en Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Edimburgo y director del Consultorio Jurídico del Rosario, explica que “el derecho penal desde sus inicios ha sido un mecanismo para establecer órdenes sociales; es decir, que ha sido igual de discriminatorio hacia las mujeres que lo ha sido la sociedad. Cuando detectamos que el derecho penal ha sido una herramienta de opresión hacia las mujeres, nos damos cuenta que no debe ser estático y que también puede ser una herramienta de reivindicación de los derechos de las mujeres”.

Sin embargo, -afirma Escobar- el derecho penal no debe ser la única respuesta, ni siquiera debe ser la primera; antes que castigar, los gobiernos deben hacer todo lo posible por prevenir este tipo de conductas, y la prevención está en desmantelar los prejuicios que existen hacia las mujeres para que pueda existir igualdad real.

Así, el experto puntualiza: “lo que se ha dicho por parte de varios expertos y organizaciones, es que no importa tanto la pena como sí la censura social que emitan los tribunales. Lo que importa es que el Estado haga un reconocimiento de esta problemática. El derecho penal tiene una función, además de ser una herramienta para mantener o reestablecer relaciones de poder, también reafirma los límites morales de la colectividad. El reconocimiento judicial de la violencia basada en género es una forma de reafirmar que como sociedad no estamos dispuestos a tolerar la violencia contra las mujeres”.

Con esto, se rescata que desde lo penal ya están las herramientas suficientes para poder proteger adecuadamente a las víctimas. Es decir, según Escobar, “lo que hay que cambiar es la mentalidad tanto de la sociedad como de los mismos funcionarios judiciales y litigantes. Los prejuicios se derrotan reconociendo que los tenemos y haciendo, a partir de allí, un acto consciente por superarlos. La educación es la única herramienta que permitirá superar los prejuicios, los cuales son la raíz de este tipo de delitos”.

Sin embargo, como docente concibe un panorama esperanzador. “Es interesante ver cómo en las aulas del Rosario se ve primero esa sensación de injusticia y de desazón que produce saber cómo el derecho penal y la sociedad han contribuido a semejante problemática, primero justificándola y luego minimizándola. Y luego uno ve cómo los estudiantes aprenden desde una perspectiva crítica, con ganas de usar ese conocimiento para cambiar esta situación. Yo creo que eso nos da esperanzas de que, en un futuro ojalá no muy lejano, sea posible decir que verdaderamente la igualdad es una realidad”.

Por: Paula Lucía Arévalo Mutiz
Asesora externa Clínica de Violencia Intrafamiliar y de género VIG
 

América Latina y el Caribe, presenta cifras alarmantes de violencia y muertes de mujeres en razón de su género; cada día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas y caribeñas por el solo hecho de ser mujer, según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL. Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, entre otros, trabajan a través de sus representantes de derechos humanos, colectivos, estamentos académicos y organizaciones por erradicar la discriminación y violencia contra la mujer, los índices de feminicidios y la impunidad.

En el caso colombiano la muerte de Rosa Elvira Cely, el 28 de mayo de 2012, en circunstancias de extrema violencia, movilizaron al país y suscitaron la necesidad de crear normas para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, convirtiéndose la expedición de esta norma en uno de los instrumentos más importantes con los que cuenta el Estado colombiano para evitar el feminicidio de las mujeres, promover los derechos humanos y fortalecer el sistema de justicia en acciones coordinadas con otras instituciones estatales que trabajan en pro de los derechos de las mujeres en nuestro país.

La Ley Rosa Elvira Cely en su contenido prevé la creación del ‘Feminicidio’ como tipo penal autónomo que se integra al Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000, artículo 104 A, en el que se consagra la comisión de un delito: a quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. O en donde haya concurrido o antecedido cualquier circunstancia como una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima; el ejercicio de actos de instrumentalización de género; la comisión del delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer; o actos previos de terror o humillación a quien se considere enemigo; o antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia en diversos escenarios.
Para el año 2017, más de 500 mujeres fueron víctimas de feminicidio o tentativa de feminicidio en Colombia, buena parte de las agresiones provienen de su compañero sentimental (50%), expareja (30%), novios y esposos (10%); y más de 6219 mujeres reportaron amenazas.

En ese orden de ideas, la clínica de violencia intrafamiliar y de género (VIG), adscrita al área de familia del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, se ha dado a la tarea de realizar atención a mujeres víctimas de violencia de género, como también un seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley Rosa Elvira tras dos años y medio de su expedición, reconociendo los siguientes avances:

1. La creación del Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE), en el cual se identificaron las necesidades de información y variables pertinentes para la generación de indicadores que permitan disponer de información estadística sobre violencias de género.
2. El trabajo de la Secretaría Distrital de la Mujer y la Secretaría Distrital de Salud entidades que han puesto en marcha como estrategia conjunta la implementación de la “Línea Púrpura Distrital”, a fin de prevenir el Feminicidio.
3. El papel de la Defensoría del Pueblo, que cuenta con 33 profesionales en 20 regionales del país, conformadas por una profesional en derecho y una psicóloga que brindan atención y asesoría a mujeres.
4. El Ministerio de Justicia y del Derecho también ha desarrollado algunos programas de capacitación a servidores públicos, a fin de sensibilizar y formar en rutas de prevención, y atención a víctimas de violencia de género.

Nuevos retos: educación y sensibilización

Ahora bien, pese a los esfuerzos realizados en estos dos años, se observa la necesidad de seguir formando profesionales con sensibilidad que participen como representantes de víctimas, lo cual representa una oportunidad de los Consultorios jurídicos del país para promover la educación clínica a nuevas generaciones de abogados. De igual manera, se requiere continuar con el proceso de formación de profesionales, jueces, comisarios de familia en el tema, hecho que garantiza el acceso a una justicia material que proteja a las mujeres de todo tipo de violencias, investigue, sanciones y evite la impunidad.

De otra parte, es clave en este proceso el papel a cargo del Ministerio de Educación en la formación de nuevos colombianos que, desde ciclos escolares básicos, desarrollen una sensibilidad hacia la igualdad y respeto a los derechos humanos con perspectiva de género, donde la escuela sea el primer peldaño hacia la prevención integral de la no violencia.

Por último, resulta prioritario promover el conocimiento de rutas de atención a las mujeres víctimas de violencia, así como también el fortalecimiento y coordinación de actividades conjuntas entre entidades del Estado cuya misión busca garantizar la protección de los derechos humanos en virtud del principio de progresividad que permite avanzar y utilizar el máximo recurso estatal para la atender y proteger la vida de las mujeres colombianas frente a cualquier manifestación de violencia de género.