Revista Nova et Vetera

Colombia no es la misma de hace 30 años, cuando los temas internacionales eran secundarios, pocos visibles y despertaban un tímido interés de la opinión pública.

En los últimos años y a propósito de una coyuntura muy crítica y sensible, la política exterior como tema de gobierno tiende a atraer el interés cada vez más amplio de los colombianos, que han asumido posturas críticas como tradicionalmente ha ocurrido en asuntos como la salud, la educación y los impuestos, sin dudas aquéllos que tienden a centrar la atención por razones obvias. Aun así la atracción por el exterior es notoria.  Por ende, transcurrido un periodo de tiempo prudente luego de su posesión como presidente, conviene hacer un análisis de los principales retos que en materia de política exterior ha enfrentado el gobierno de Iván Duque.
 
En la década de los noventa, Colombia vivió la apertura económica, con efectos que todavía hoy en día despiertan un polarizada discusión por los efectos sobre el sistema productivo nacional. Pero más allá de tal polémica, se puede decir que desde ese entonces, el país despertó al mundo y a la región y atrás quedaron muchas de las lógicas de la Guerra Fría que como nación nos ensimismaron y aislaron de dinámicas globales. También en esa época, se produjeron dos procesos esenciales para la visibilidad de la política exterior, concretamente en la administración de Ernesto Samper.

En primer lugar, tuvo lugar la internacionalización del conflicto por la vía de la búsqueda de su humanización incorporando instrumentos del Derechos Internacional Humanitarito a la legislación nacional (Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolo II adicional de 1977).  En segundo lugar, ese gobierno lanzó una agresiva campaña para insistir en la corresponsabilidad en el tema de la droga, para recordar la desproporcionada función a la que se obligó a los llamados países productos, en contraste con la cómoda posición “de jueces” de algunos de las naciones consideradas en esa época como consumidoras.  Se trató de un antes y un después en cuanto a la política exterior colombiana y a la manera como se gestionó exteriormente el tema de la droga.
 
A comienzos de siglo, la Revolución Bolivariana y el denominado giro a la izquierda que dio un grupo representativo de países latinoamericanos ocurridos más allá de la frontera pero con efectos inocultables en Colombia, terminaron por convencernos de que resultaba indispensable seguir y entender las dinámicas políticas del vecindario y que ninguna nación pude vivir de espaldas a su zona natural. En ese tiempo, las relaciones con los vecinos llamaron un inusitado interés general.
 
Y finalmente, la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la delimitación con Nicaragua, ha sido sin duda uno de los eventos más recientes para seguir aumentando el peso de la política exterior. En ese contexto de aumento paulatino del interés por lo internacional, Iván Duque ha debido sortear varios retos entre los que se destacan el mantenimiento del discurso de paz frente a una inquieta comunidad internacional,  la crisis en Venezuela, y la gestión de la difícil relación con Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump.
 
Una de las principales desventajas con las que arrancó Duque tiene que ver con que uno de los puntos más destacadas del gobierno que lo antecedió tiene que ver precisamente con la política exterior. Esta administración ha mantenido el compromiso de la paz pactada en La Habana no sin hacer puntualmente algunos reparos a la Jurisdiccional Especial para la Paz (JEP). A su favor tiene que hasta el momento ningún gobierno europeo o regional ha puesta en tela de juicio, su voluntad para respetar tales compromisos depositados ente la Secretaría General de las Naciones Unidas y cuyas modificaciones prometidas causaban una enorme preocupación internacional.  Ahora deberá conseguir algo más difícil que consiste en conseguir apoyo internacional para presionar al ELN, para aceptar las condiciones a una negociación urgente en cuanto al orden público y al diálogo social en zonas  donde la ausencia del Estado ha sido evidente (especialmente el Catatumbo y el Pacífico).

Otro gran desafío consiste en entender en toda su complejidad la posición de Estados Unidos frente a América Latina para seguir obteniendo provecho de dicha alianza.  En ello será vital toma en cuenta la nueva correlación de fuerzas entre el gobierno y la Cámara de Representantes con una débil, pero al fin y al cabo, mayoría demócrata. En ese punto se debe recordar la postura de ese partido frente a Colombia, muy sensible al tema de los derechos humanos. En la administración de Álvaro Uribe la posición demócrata frenó y retrasó la ratificación del tratado de libre comercio, tema prioritario para dicho gobierno. Cualquier descuido en la política de protección de derechos humanos puede tener repercusiones  en la posición de Washington.   
 
Y finalmente, el más complejo de los desafíos pasa por Venezuela. En efecto, Colombia es el país donde más se siente la crisis que desde hace ya varios años, arrastra ese país seducido en el pasado por la retórica populista de Hugo Chávez, pero enfrentado a un severo aislamiento. Duque ha insistido en que no reconocerá o negociará con el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, pero en algún momento, se deberá contemplar la posibilidad que Colombia vuelva a incidir en condiciones para un proceso de diálogo oposición / gobierno. No hacerlo resulta costoso no solo para Colombia, sino para todos los venezolanos que cada vez tienen menos esperanzas en una transición política que solo puede surgir del diálogo, un proceso denostado en los últimos años, pero urgente de todos modos.