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Omnia

Los patrones de persecución a líderes sociales después de la implementación del Acuerdo de Paz en el 2016

Beatriz Mayerly Arango Jiménez

Volumen 7 - No 66

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Las agresiones a líderes sociales han sido un fenómeno que ha existido a lo largo del conflicto armado colombiano, como es el caso de las guerrillas liberales en los años 50, quienes al acogerse a un armisticio perdieron a sus principales líderes, una vez desmovilizados.

 

También sucedió en el caso de los asesinatos masivas contra el movimiento político Unión Patriótica, que nació producto de un pacto de paz entre las FARC y el Gobierno Nacional, y fue prácticamente fulminado tras el asesinato de más de tres mil de sus militantes, donde murieron sus principales dirigentes políticos territoriales y nacionales, dentro de ellos senadores, representantes a la Cámara, concejales, diputados, alcaldes y candidatos presidenciales.[1]

La persecución a líderes sociales sucede en muchas ocasiones dado que estas personas defienden los derechos humanos en medio de circunstancias tan adversas como las que la guerra trae consigo. Aunque, en la actualidad existe la Unidad Nacional de Protección, la cual el gobierno describe como:
Un organismo (que) se encarga de articular, coordinar y ejecutar medidas de protección y apoyo a la prevención (...) de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones puedan tener un riesgo extraordinario o extremo, en el ejercicio de sus funciones.[2]

varias organizaciones, tales como la ONU57, Cumbre Agraria, Marcha Patriótica, Defensoría del Pueblo, CODHES, Pacifista, Somos Defensores[3], entre otras, y especialmente la prensa, han denunciado el incremento alarmante de las agresiones a líderes sociales desde el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC. En efecto, este acuerdo implicó la reorganización de grupos criminales y el surgimiento de las disidencias de las FARC. Según un estudio realizado por Human Rights Data Analysis Group, se estimó que en el año 2016 fueron asesinados 166 líderes sociales en Colombia, mientras que esta cifra fue de 185 para el año 2017.

Las agresiones a líderes sociales representan una triste realidad que se da sobre todo en territorios con patrones particulares, como la presencia de economías ilegales, tales como el narcotráfico, la minería ilegal, grupos armados (guerrilleros, disidencias, organizaciones paramilitares, entre otros), que a la vez también cuentan con otra característica en común: son regiones priorizadas para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), las  cuales surgieron  como resultado de la firma del Acuerdo de Paz.[4] Según El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta julio del año 2019, 623 líderes sociales y defensores de derechos humanos habían sido asesinados[5], aunque somos conscientes que este número puede variar e incluso existe la posibilidad de que sea aún mayor, desafortunadamente. Además, este organismo resaltó que Cauca, Antioquia y Nariño son los departamentos con mayor número de casos.

Toda esta problemática nos hace preguntarnos qué es lo que está sucediendo después de la firma del Acuerdo de Paz y por qué esta situación empeora cada vez más en lugar de mejorar en medio de un escenario de post-acuerdo. Por tanto, este documento tiene como propósito entender cuáles son los patrones de persecución hacia líderes sociales después de la implementación del Acuerdo de Paz y categorizarlos, así como también determinar la labor que ejercen o ejercían los liderazgos sociales en el momento de la agresión, identificar los actores responsables de las persecuciones y esclarecer en lo posible, los móviles de estas agresiones. 

Para ello, la primera parte de este trabajo consistirá en presentar la hipótesis; seguido de esto, se pasará a exponer la problemática que se está viviendo en Colombia frente a esta situación, la cual va a constar de tres partes. Primero se abordará de manera general el panorama al cual los líderes sociales se están enfrentando en Colombia después del acuerdo de paz; luego, con base en diferentes estudios e informes como el de Somos Defensores, la Comisión Colombiana de Juristas, CODHES, Pacifista, entre otras organizaciones, se procederá a describir cuáles han sido los patrones de persecución a líderes después del 2016 y antes del 2019; finalmente, se expondrán los patrones de persecución a líderes que se han dado en el año 2019 con base en la información monitoreada por CODHES y el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (SISDHES), desde el mes de enero hasta octubre delaño 2019.
 
Hipótesis
La firma del acuerdo de paz incentivó el surgimiento de otros grupos armados residuales, lo que atomizó la detención del poder en determinados municipios y regiones de Colombia y a su vez aumentó la disputa entre estos grupos ilegales por el territorio y la tierra. Así, las agresiones a líderes sociales aumentan, ya que los actores armados buscan eliminar del escenario a aquellos opositores que les impiden la consecución de sus objetivos.
 
Problemática

  1. ¿Cuál es el panorama general al que los líderes sociales en Colombia se están enfrentado después de la firma del Acuerdo de Paz (2016)?

La firma del Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el 2016 en Oslo representó un gran avance para mitigar la crudeza del conflicto armado, pero al mismo tiempo trajo consigo bastantes retos post acuerdo para el Estado y para la consolidación del proceso de paz. Después de que se dio la firma sucedió algo interesante: las amenazas y asesinatos hacia los líderes sociales y defensores de derechos humanos aumentaron considerablemente, por lo que diferentes organizaciones, tanto internacionales como nacionales, además de académicos, comenzaron a investigar más a fondo las causas de los asesinatos de estas figuras sociales. Sin embargo, es necesario no solo entender las razones por las cuales esta persecución ha aumentado, sino también saber cómo se dan hoy en día los patrones de persecución hacia los líderes sociales.
Para lograr este objetivo es importante, primero que nada, tener claro lo qué es un líder social. Al respecto, un informe realizado por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) et al. nos brinda este concepto y definen a esta figura como:
…una persona que cuenta con reconocimiento de su comunidad por conducir, coordinar o apoyar procesos o actividades de carácter colectivo que afectan positivamente la vida de su comunidad, mejoran y dignifican sus condiciones de vida o construyen tejido social.[6]

Aunque desde el inicio del conflicto armado los líderes sociales han sido oprimidos, estas nuevas dinámicas que surgieron después de los acuerdos son justamente las que nos llevan a preguntarnos cuáles han sido los patrones de persecución que han cambiado. Desde tiempo atrás, los líderes sociales han sido oprimidos. Jiménez, Corena y Maldonado nos explican en su texto que los líderes sindicales y estudiantiles fueron perseguidos en el Atlántico y el Magdalena, sobre todo por grupos paramilitares que tenían un discurso antisubversivo. Además, durante el período de 1998 y 2006 se persiguió en esta zona del país a aquellas personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos; figuras como sindicalistas, activistas de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios se convirtieron en objetivo militar por ser auxiliadores supuestamente de la subversión. También, los líderes sociales eran tildados de ayudantes de la guerrilla o de miembros pertenecientes a sus redes de apoyo. En este sentido, se daba también una lucha territorial, puesto que un grupo armado se trataba de imponer sobre el otro, luchaba por ganar terreno, acumular poder y vencer ideológicamente a su adversario. [7]

No obstante, hoy por hoy, pese a que un importante número de guerrilleros se ha desmovilizado, sigue habiendo una gran persecución hacia los líderes sociales y podemos ver, con base en los casos de agresiones a líderes que se han dado en los últimos años, que si bien el factor ideológico no ha desaparecido del todo, actualmente existen más razones por la que son hostigados, lo cual hace que surja el interés por saber cuáles son las nuevas dinámicas de persecución y qué es lo que ha cambiado a lo largo de los años.

 

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Desde el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC en 2016 han aumentado las violaciones a los derechos humanos de los líderes; violaciones tales como amenazas, desapariciones y asesinatos. «Entre el 24 de noviembre de 2016, fecha en la que se firmó el Acuerdo de Paz, y julio 31 de 2018 se registraron 257 violaciones al derecho a la vida».[8] Otros departamentos que cuentan con mayor número de asesinatos a líderes son también Chocó y Norte de Santander, según el texto.[9]

Además de todas las medidas que requieren ser puestas en marcha después del acuerdo de paz, Colombia se enfrenta a diferentes desafíos en esta nueva etapa para lograr la consolidación del acuerdo, por lo que es fundamental analizar las problemáticas derivadas de la distribución de tierras, los conflictos que genera el control de las rutas del narcotráfico, la explotación ilegal minera, la presencia de grupos paramilitares y otras guerrillas como el ELN y el EPL, que de una u otra manera acentúan la problemática social que está viviendo el país. Así mismo, la eliminación de los líderes representa la obstrucción a la participación política y la falta de protección por parte del Estado. [10]

De hecho, como lo afirma el informe de Somos Defensores:

La complejidad de lo que ocurre en Colombia llevó al CICR a señalar que en el país es posible hablar de la existencia de cinco conflictos armados, de acuerdo con los actores inmersos en las confrontaciones, estos son los que se libran entre el Estado colombiano y el ELN, el EPL, las AGC y las estructuras de las FARC-EP del antiguo Bloque Oriental que no se acogieron al proceso de paz, y uno más que enfrenta al ELN con el EPL. A este escenario se suman otros actores externos a los grupos armados organizados que tienen también intereses sobre los territorios y que ejercen violencia.[11]

Las dinámicas de los poderes locales, donde tanto los partidos políticos como las élites sociales promueven la persecución de sus enemigos al existir todavía una fuerte polarización política, además de la presencia de grupos armados, aumentan la violación de los DDHH de los líderes sociales.[12] Como muestra de ello, Diana Caro expone que «311 personas, fueron asesinadas en poco más de año y medio; situación que cobró dimensiones dramáticas en departamentos como el Cauca (78 asesinatos), Antioquia (43 asesinatos), Norte de Santander (21 asesinatos), Nariño (18 asesinatos) y Chocó (16 asesinatos)».[13]
Por mencionar solamente como ejemplo la situación de un departamento específico de Colombia, el Centro Nacional De Memoria Histórica nos muestra en su informe las dinámicas políticas, sociales y económicas de una de la zonas más afectadas por el conflicto armado y por las amenazas constantes contras los líderes sociales, como lo es Norte de Santander: un territorio complejo, debido a la presencia de varios grupos armados, la importancia que tienen sus rutas para el narcotráfico y la estratégica frontera que tiene con Venezuela.[14]

Cabe añadir que lo que está sucediendo en Colombia después del Acuerdo de Paz no es un caso aislado. Un ejemplo internacional similar al caso de nuestro país es Guatemala, un caso relevante para este análisis, ya que en 1996 se llevó a cabo un Acuerdo de Paz, el cual dio como resultado un aumento generalizado de la violencia, especialmente contra los líderes sociales, debido a los desafíos que representaba este nuevo escenario post-acuerdo. En este contexto se fortalecieron otros grupos armados como resultado de la corrupción e impunidad.[15] Así que, como vemos, es apenas natural que en contextos posteriores a los conflictos se dé un aumento de violencia generalizada[16] y como lo podemos evidenciar en el caso colombiano, parece ser que la violencia hacia ciertos personajes, como es el caso de los líderes sociales, se ha intensificado. De esta forma, es evidente a partir de esto que el fin de la guerra no ha llegado, pues, aunque ciertas dinámicas han desaparecido, otras nuevas han surgido e incluso aumentado,[17] como lo demuestra el incremento de la violencia casi diaria en contra de líderes sociales en toda Colombia.

Por otra parte, no se debe omitir un enorme problema que, como bien sabemos, es uno de las principales causantes del inicio del conflicto colombiano y que sigue dificultando las cosas para los líderes sociales: el despojo y la usurpación de tierras en nuestro país.[18] Gran parte de los acuerdos se basa justamente en solucionar esta situación, restituir las tierras y reparar las víctimas que han sido gravemente afectadas por el desplazamiento forzado. Por esta razón, en esta nueva etapa muchos líderes sociales se han dedicado a dirigir estos procesos en sus comunidades, así como también a fomentar la restitución de los cultivos ilícitos, procesos que, como es de esperarse, han tenido grandes opositores, especialmente grupos armados que tienen como fuente de financiación o lucro el uso de estas tierras. Todo esto ha generado que las vidas de los líderes sociales en Colombia estén en peligro y que, además, se den nuevos patrones de persecución hacia ellos; por ejemplo, hoy por hoy los líderes pertenecientes a grupos étnicos sufren gran persecución, constantes amenazas, hostigamientos, agresiones y privaciones a la vida por parte de grupos armados.

Como se dijo anteriormente, encontramos que después de la implementación del acuerdo de paz, los líderes étnicos están siendo gravemente agredidos. Autoridades propias, como guardias indígenas, gobernadores de cabildos, entre otros, se han convertido en el blanco de los grupos armados, ya que, al defender a sus comunidades, proteger su territorios de la presencia de delincuentes y de la realización de actividades ilícitas, al erradicar muchas veces cultivos de droga o capturar miembros pertenecientes a estos grupos armados, obstaculizan la consecución de sus objetivos.

Así también vemos cómo muchas de las agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos después de la firma en el 2016 «han estado relacionadas con la oposición a la construcción de paz y la implementación del Acuerdo llevada a cabo por sectores de la sociedad que se han lucrado de la guerra, especialmente en aquellos territorios que han sido afectados por el clientelismo, la corrupción, la ilegalidad y el narcotráfico».[19]  

El informe de la Comisión Colombiana de Juristas et al. de hecho evidencia que las zonas donde más concentración espacial de homicidios de líderes sociales hay en Colombia son justamente aquellas donde se desarrollan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), proyectos que plantean diferentes propuestas, tales como una reforma rural integral, solucionar el problema de drogas ilícitas, mayor participación política, entre otras medidas. Desafortunadamente, las zonas contempladas para este proyecto son justamente territorios donde la presencia del Estado ha sido muy débil a lo largo de la historia, circunstancia que ha facilitado que las estructuras políticas existentes se relacionen con grupos armados al margen de la ley y compartan con estos su poder, así como también ha sido más sencillo que se dé el desarrollo de economías ilegales, como la existencia de cultivos ilícitos, a raíz de la falta de oportunidades que tienen los habitantes de estos lugares, los altos niveles de pobreza y las necesidades básicas que están insatisfechas en estas comunidades.  Esto adicionalmente ha generado que la población y las estructuras políticas territoriales desconfíen de las instituciones estatales, lo cual se convierte en un problema a la hora de implementar las medidas que el acuerdo de Paz propone y las cuales podrían mejorar las condiciones de vida de estas regiones. Además, la llegada de estos proyectos representa una amenaza para los grupos armados que se han establecido en estos lugares.[20] Todo esto nos permite corroborar que en definitiva sí se están dando nuevos patrones de persecución hacia líderes sociales y que son propios de un escenario de post-acuerdo.

No obstante, y pese a los esfuerzos de diversos grupos armados, políticos y sociales por silenciar las voces y oprimir a los líderes sociales en el territorio colombiano mediante el uso de la fuerza y la violencia, la intimidación, las amenazas constantes y la estigmatización, se ha dado una recomposición organizativa de los movimientos sociales en los últimos tiempos; los líderes sociales y los procesos organizativos se han reestructurado y adaptado a estas diversas formas de opresión que han tenido que soportar. Precisamente, las negociaciones de paz han motivado a los líderes a unirse y a cohesionarse incluso más.[21] Los líderes siguen levantado su voz y algunos dirigen los procesos que el acuerdo de Paz tiene como objetivo implementar, lo cual puede llegar a generar una respuesta incluso más violenta por parte de aquellos que buscan acallar sus voces mediante todo tipo de hostigamientos.

Es natural que después de tantos años de violencia y de incapacidad del Estado por hacer presencia en territorios periféricos del país, la sociedad se llegue a fragmentar.[22] A raíz de eso, muchos actores han surgido y luchan constantemente para imponer sus intereses sobre los de los demás en un escenario de post-acuerdo; un escenario donde otros grupos armados ven la oportunidad de llenar esos vacíos de poder que han dejado aquellos que decidieron desmovilizarse. En este escenario los líderes sociales pueden llegar a representar un gran obstáculo para que grupos armados detenten el poder en los diferentes municipios y zonas de Colombia donde no hay suficiente presencia estatal. Es así como en la era de post-acuerdo los patrones de persecución hacia figuras sociales notables dentro de las comunidades cambian y surgen nuevas razones para asediar a estas personas constantemente. Por tanto, es importante no solo visibilizar esta persecución, como ya lo han hecho bastantes medios e investigaciones, sino categorizar los patrones presentes en las agresiones hacia los líderes sociales en la etapa del post-acuerdo, para así generar políticas públicas eficientes que le brinden solución a este fenómeno y sea posible llegar a la raíz de este problema.
 

  1. Los patrones de persecución a líderes sociales después de la firma del Acuerdo de Paz presentes en el 2016-2018

Ahora bien, nos encontramos frente a las preguntas de ¿cuáles son precisamente los patrones que se están dando en la persecución a los líderes sociales después de la implementación del Acuerdo de Paz? ¿a qué responden las nuevas dinámicas de las agresiones? ¿por qué están amenazando, agrediendo y matando a los líderes sociales en Colombia? Para responder estas preguntas, nos basamos en diferentes informes y reportes de organizaciones tales como Somos Defensores, Pacifista, CODHES, Comisión de Juristas et al., Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otras, quienes no solo se encargan de contabilizar las agresiones a líderes sociales, sino que se han tomado el tiempo de estudiar a fondo el fenómeno y categorizar los patrones de persecución que se están dando. No se trata simplemente de inculpar a grupos armados, sino de tener en cuenta muchos más aspectos, los cuales nos permitan entender mejor este problema y así hallar soluciones para que esto no continúe pasando.

En el informe del primer semestre del año 2019 de Somos Defensores se cita que el Comité Internacional de la Cruz Roja señaló que en el año 2019 se fortalecerían las dinámicas del conflicto armado, se daría un reordenamiento de grupos, aumentaría en un 90% de los desplazamientos masivos, se incrementaría el número de víctimas de minas antipersonal y de artefactos explosivos y se llevarían a cabo otras acciones en contra de la población civil.[23] Esto nos permite hacernos a una idea del escenario que Colombia está viviendo y a lo que se están exponiendo a diario los líderes sociales en el país.
 
- ¿A cuántos están agrediendo y cómo?
Según un informe realizado por CODHES, en el 2018 fueron agredidos 378 líderes y lideresas sociales. De estos, 145 fueron asesinados en el ejercicio de su labor, lo que evidencia un aumento de los homicidios en un 51 por ciento con respecto al año anterior (2017), en el que los miembros de las juntas de acción comunal y los líderes y lideresas de comunidades étnicamente diferenciadas fueron receptores de las mayores afectaciones.[24] De acuerdo con lo que analizó esta organización, pese a que se esperaba una disminución de las agresiones en la etapa del post-acuerdo, ha sucedido lo contrario; las amenazas individuales y colectivas, así como los homicidios, han aumentado.
Ahora bien, de los 378 eventos registrados como agresiones a personas que ejercían algún tipo de liderazgo social, el 28% fueron amenazas colectivas, el 26% fueron amenazas individuales y el 38 por ciento homicidios.[25] Cabe anotar que el 2018 fue un año importante para Colombia, pues se dieron las elecciones legislativas y presidenciales. Esto, como vemos, disparó el número de agresiones a líderes sociales y guarda una estrecha relación con las agresiones hacia líderes sociales, ya que, al llegar las épocas de elecciones, muchos de los grupos armados apoyan o rechazan ciertos proyectos políticos dependiendo de los intereses que tengan de por medio. Por tanto, procuran eliminar a aquellas personas, ya sean candidatos políticos de determinados partidos, líderes sociales que apoyan alguna causa, un movimiento o determinado partido o candidato, así como también a algunas personas con visibilidad que hagan público su apoyo a cierta causa.

- ¿A quiénes están agrediendo y por qué?
El 71% de los homicidios fueron contra integrantes de las Juntas de Acción Comunal, el 17% contra autoridades y representantes de comunidades étnicas; un 10% contra familiares de líderes y lideresas y un 2% contra representantes de víctimas. 79 de las agresiones, así como 18 de los homicidios fueron contra lideresas.[26] Como observamos, la mayoría de las víctimas eran miembros de las Juntas de Acción Comunal, luego se encuentran los líderes étnicos y en menor medida, las familias de los líderes sociales.
Recordemos que las Juntas de Acción Comunal (JAC) son una corporación cívica sin ánimo de lucro compuesta por los vecinos de un lugar, que aúnan esfuerzos y recursos para procurar la solución de las necesidades más sentidas de la comunidad.[27] Entre sus funciones se destacan organizar programas que permitan mejorar las condiciones de un sector, resolver y/o eliminar las dificultades que puedan presentarse y plantear los problemas que deban solucionarse; así mismo luchan por mayor cobertura y calidad en los servicios públicos, entre otras funciones.[28] Lo anterior denota, y tal como el informe de CODHES lo constata, un interés por parte de los delincuentes que cometen estos crímenes por los núcleos primarios y de organización social, pues la unidad y la cohesión de estos colectivos representan una amenaza para la consecución de sus objetivos.

De hecho, y en adición a lo anteriormente mencionado, la mayoría de las asociaciones campesinas han nacido de Juntas Comunales y han logrado potenciarse gracias a ellas. De esta forma, los líderes comunitarios resultan convirtiéndose en un obstáculo para poderes mafiosos que se lucran del narcotráfico o del extractivismo, así como también para otros grupos armados. Como ejemplo de lo anterior está el caso de Wilmer Elías Godoy y León Alcaráz, caficultores que fueron asesinados en Antioquia y, quienes habían conformado una asociación de caficultores después de haber sido presidente y vicepresidente respectivamente de la JAC dentro de su comunidad. Aunque el caso aún no ha sido resuelto, se sabe que el homicidio tuvo que ver con su liderazgo y el uso de las tierras para reemplazar cultivos ilícitos. [29]

Otros líderes comunitarios también corren peligro puesto que mediante las JAC han denunciado ante el Estado la presencia de grupos armados en sus territorios y/o las acciones de estos en sus territorios. De esta manera, la denuncia se constituye como una herramienta política contra los actores armados, ya que se activan rutas para la captura y la judicialización de quienes han perpetrado acciones violentas.[30] Por ejemplo, una lideresa entrevistada para la investigación de Barreto afirmó lo siguiente respecto a las denuncias contra integrantes de grupos armados:

“Tú sabes que esa gente no perdona, esa gente no respeta, igual en mi caso, yo también reconozco que a ellos les he dado duro porque el solo hecho de hacer estas jornadas por qué yo les he dicho a las mujeres que, si tienen un alias, díganlo. Hace tres o cuatro años atrás, mucha de esta gente, estaban presos y estaban por salir y algunos que ya estaban en la puerta, ya afuera, para salir, por unas mujeres que dijeron el alias del fulano, los procesos se echaron atrás” (Elena. Lideresa de mujeres víctimas del conflicto armado. Entrevista Bogotá D.C).[31]

         Así mismo, muchos de los líderes han sido agredidos a causa de organizar movilizaciones que buscan proteger a sus comunidades de la opresión estatal. En este sentido, representan una gran amenaza para los líderes políticos de sus regiones. [32]De la misma forma, la movilización social puede llegar a convertirse en un factor de riesgo para los liderazgos sociales. Entre más los líderes sociales luchen por visibilizar sus causas a través de marchas y protestas, más expuestos están a ser agredidos, puesto que se convierten en agentes que lideran procesos sociales, tienen influencia sobre las personas de sus comunidades y están dispuestos a alzar sus voces en contra de lo que consideran debe cambiar y está mal.

Además de ellos, los líderes que desarrollan una actividad relacionada con la tierra y el territorio con enfoques étnicos y poblacionales fueron quienes más se vieron afectados por la violencia (campesinos, indígenas, afrodescendientes), líderes que trabajaban en sus propios municipios en áreas más delimitadas.[33]

Por otra parte, también encontramos que los mismos líderes reconocen que son perseguidos cuando no quieren apoyar ciertas propuestas, ideologías, entre otras causas. Esto se da debido a que al cumplir el papel del Estado en lugares donde la presencia institucional es débil o nula, estas personas con visibilidad se convierten en un blanco para grupos armados cuando estos ven la influencia que tienen dentro de la comunidad. Al no querer apoyar las iniciativas de estos actores armados, se convierten entonces en un obstáculo para ellos y comienzan las amenazas e intimidaciones.[34] Por este motivo, los grupos armados buscan establecer relaciones con los líderes sociales, ya que de esta forma pueden afianzar sus intereses políticos, territoriales y económicos dentro de los territorios. Incluso algunas lideresas que fueron entrevistadas para la investigación de Barreto relataron que recibieron ofrecimientos de grupos paramilitares y de guerrillas para aspirar al concejo en sus respectivos territorios; cuando se negaron, comenzaron a ser amenazadas. Entonces, en muchas ocasiones a mayor reputación entre sus comunidades, mayor riesgo de recibir tanto propuestas, como amenazas.[35]

También otras figuras sociales que fueron perseguidas tienen o tenían que ver con alguno de los cinco puntos que busca implementar el acuerdo (Desarrollo rural, garantías para el ejercicio de la política, fin del conflicto, narcotráfico y derechos de las víctimas).[36] Lo que nos sugiere que entre más tiempo lleve implementar estas medidas, seguramente serán más las vidas de líderes sociales que se perderán en Colombia.
Otro patrón presente en las agresiones muy ligado al anterior es la disputa que hay entre los poderes regionales por la tierra y el territorio -tal como se plantea en la hipótesis-, así como los intereses que existen de por medio en actividades como la minería y la explotación de otros recursos naturales, tráfico de drogas, cultivos de uso ilícito y sustitución de estos.[37]

 

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Por otro lado, otro factor que ha propiciado la persecución de líderes sociales es muchas veces el ambiente polarizado, en el que se persigue a quienes hacen parte de la oposición. Muchas veces hasta se busca aniquilar a aquellos que piensan diferente.[38] Lastimosamente, y para concluir este apartado, tal como lo afirma el informe del 2017 de Somos Defensores, en sí la mera actividad del liderazgo social ya conlleva un gran riesgo para la persona que la ejerce en Colombia, pues es vista como un obstáculo para los grupos armados en los diferentes territorios del país donde estos se han asentado. También es una labor que en ocasiones puede llegar a ser estigmatizada, tanto por instituciones estatales como por otros sectores de la población.[39]

Ahora bien, desde un enfoque de género, observamos que las agresiones en contra de lideresas sociales tienen un patrón diferenciador en años anteriores, puesto que los delincuentes buscaron intimidarlas por medio de amenazas en contra de su familia. Un ejemplo de esto es el testimonio de una de las lideresas entrevistadas para el estudio de Barrero, quien dice: «lo que menos queremos es que nuestra familia sufra las consecuencias de esta violencia, porque nosotras amamos a nuestras familias, o de pronto una amenaza que sea directa para nosotras, ellos son quienes sufren las consecuencias».[40] De hecho, la Corte Constitucional en el año 2013 afirmó que en muchos casos a las lideresas sociales les atacan su condición de maternidad y no las amenazan directamente a ellas, sino a su núcleo familiar, como a sus hijos, por ejemplo.[41]

En el caso de las mujeres que desarrollan un liderazgo social también encontramos que muchas veces ellas son víctimas de violencia sexual por parte de actores armados. Tal como el estudio de Barreto lo relata, en las entrevistas las mujeres decían que ser víctimas de violencia sexual era uno de sus mayores miedos, seguido del homicidio tanto de un familiar como de ellas mismas.[42] De acuerdo a este estudio, por esta misma razón, muchas veces las cifras de asesinatos hacia líderes sociales eran mucho mayores que las cifras representadas por lideresas sociales, puesto que en varias ocasiones la forma de acallar las voces de las lideresas es a través de la violencia sexual y, lamentablemente, esta es una situación de la cual no se habla abiertamente.
 
- ¿En dónde está sucediendo?
En cuanto a la geografía, encontramos que algunos departamentos y municipios de Colombia son más propensos a experimentar esta ola de violencia en contra de los liderazgos sociales. Es el caso del Norte del Cauca, que ha sufrido la llegada de otros grupos armados insurgentes, paramilitares y disidentes, así como los señalamientos permanentes a las autoridades étnicas. Además de esto, los intereses por los territorios ancestrales han derivado en un genocidio de las autoridades Nasa.[43] Es precisamente en esta parte del país donde hay más agresiones a líderes étnicos, puesto que 1. hay gran cantidad de pueblos indígenas (el departamento del Cauca alberga el mayor porcentaje de población indígena del país: 190.069 personas, lo que representa casi el 20% del total departamental y cobija a 8 grupos étnicos reconocidos oficialmente, los cuales están establecidos en 26 de los 39 municipios del Cauca),[44] 2. Existen numerosos territorios indígenas (hay presencia de 115 Cabildos y 11 Asociaciones de Cabildos que están divididos en 9 zonas estratégicas. Legalmente constituidos existen 84 Resguardos de 8 pueblos indígenas del Cauca: Nasa – Paéz, Guambiano Yanaconas, Coconucos, Epiraras – siapiraras (Emberas), Totoroes, Inganos y Guanacos)[45]   y 3. diferentes grupos armados intentan hacerse con el control de sus territorios, puesto que el departamento es considerado como un corredor estratégico y tiene una posición geográfica importante igualmente.

Además de esto, también encontramos un número importante de agresiones a líderes en ciudades que cuentan con puerto, como sucede en Buenaventura, ubicada en el departamento de Valle del Cauca. Esto se debe a que también es un importante corredor estratégico. La situación es un tanto similar en ciudades como Santa Marta, Cartagena y otros puertos del Caribe, donde los grupos armados luchan por el control de los puertos, lo que ha provocado que se ejerza presión armada sobre la población que exige sus derechos.[46] Otros de los territorios donde más se han presentado homicidios a líderes sociales son: Antioquia, Nariño y Norte de Santander, especialmente en zonas rurales donde históricamente han existido grupos armados y se han dado confrontaciones constantes con la Fuerza Pública.[47]
 
- ¿Quiénes los están agrediendo?
Pese a que en la mayoría de los casos se desconoce la autoría de los homicidios, puesto que muchos de ellos son materializados por sicarios, se ha conocido que los autores de estos crímenes son por lo general grupos relacionados con el paramilitarismo y el narcotráfico, como por ejemplo las Autodefensas Campesinas de Colombia. También otros casos son obra de la Fuerza Pública presuntamente.[48]
Según el informe realizado por la Comisión Colombiana de Juristas et al., durante el 2016 y el 2018 hubo un total de 44 violaciones al derecho a la vida de los líderes sociales a manos de grupos paramilitares, de las cuales la mayoría de ellas (20) fueron perpetuadas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y 5 por un grupo armado denominado como Los Chaparros. Este tipo de estructuras operan en muchas ocasiones en forma de pandillas, oficinas de sicariato y otras organizaciones delincuenciales. Por esta razón, la mayoría de las veces es difícil determinar la identidad del o los autores.[49]

En cuanto a grupos disidentes de las FARC, entre 2016 y 2018 se registraron un total de 19 violaciones a líderes; 10 de ellas se registraron en el 2017 y 9 en el 2018. Según el informe, hubo un incremento en los años 2017 y 2018 del número de crímenes cometido por grupos desertores frente al 2016.

Finalmente, encontramos que el mayor número de violaciones por parte de la Fuerza Pública lo cometió el Ejército Nacional, con 11 violaciones en total durante el período de 2016-2018. En cinco de estas violaciones, el Ejército Nacional reportó a las víctimas como un disidente de las FARC-EP, tres miembros del ELN y un ladrón. Referente a esto, diferentes organizaciones sociales desvirtuaron esas versiones diciendo que realmente eran civiles, los cuales pertenecían a procesos organizativos y que las declaraciones del ejército eran difamatorias y estigmatizantes. [51]
 

  1. Los patrones de persecución a líderes sociales en el 2019

Ahora bien, la última parte de este trabajo consta en determinar cuáles fueron los patrones de persecución que las figuras sociales vivieron durante el 2019 (enero-octubre). Esto se va a realizar gracias a las bases de datos de CODHES y del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (SISDHES), obtenidas a lo largo del año a través del monitoreo constante del conflicto armado en Colombia. Así mismo, y con base en los resultados que se obtendrán de este análisis, se hará una breve comparación de los patrones de persecución que se dieron en años anteriores (2016-2018) y que se analizaron en la tercera y última parte de este documento (2019).

Para iniciar, la cifra de líderes sociales agredidos de una u otra manera desde enero hasta octubre del 2019 fue de 357. De esas 357 personas, 268 fueron hombres, lo que equivale al 75%. Entre tanto, el 24% fueron mujeres (87).

En cuanto al tipo de agresiones que se dieron, encontramos que el 36% de las 257 agresiones fueron amenazas colectivas, mientras que el 31% fueron homicidios. El 16% pertenece a la categoría de amenazas individuales y el 12%, a agresiones o ataques hacia los líderes. Finalmente, el 3% equivale a desapariciones forzadas. Pese a que no se reportó ninguna agresión sexual, es importante tener en cuenta que el fenómeno de la violencia y/o abuso sexual continúa siendo en cierta manera visto como un tema tabú en Colombia, por lo que existe la posibilidad de que, si bien hayan ocurrido casos de violencia sexual, las víctimas no lo hayan dicho públicamente. 

En cuanto a la distribución geográfica de las agresiones, se encontró que el mayor número lo concentra el departamento del Cauca con un total de 109 agresiones de 357 agresiones (29%), seguido por Valle del Cauca, con 42 casos (11%), Bogotá D.C., con 36 agresiones (10%), Antioquia, donde se dieron 28 casos (8%), La Guajira, con 20 (5%), Nariño, con 16 (4,29%), Magdalena, con 15 (4%), Caquetá, con 14 (3,7%), Norte de Santander, con 14 (3,7%) y Putumayo, con 10 (3%). Por el contrario, los departamentos donde se registraron de 2 a 1 caso en el año fueron Atlántico, Caldas, Santander, Tolima, Arauca, Cundinamarca, Guaviare y Quindío y aquellos donde no se registró ningún caso fueron Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada.

Respecto al rol de los líderes sociales agredidos, observamos que 127 de ellos eran líderes comunitarios (lo que equivale al 36% de la totalidad), es decir, miembros de la Junta de Acción Comunal o de alguna asociación de su localidad o territorio que se dedicaban a servir a la comunidad. 78 eran líderes o representantes de una comunidad étnica (22%). 56 eran autoridades propias (16%) (Guardias indígenas, gobernadores de cabildos, entre otros cargos de liderazgo dentro de las comunidades indígenas). 56 eran defensores de DDHH (16%). 29 eran líderes sindicales (8%). 7 eran reclamantes de tierras (2%) y 3, reclamantes de derechos territoriales (1%) Ver figura 1.  De los 357 líderes agredidos, 53 estaban vinculados con procesos de restitución (15%), frente a 195, que no (55%). Se desconoce si los 94  líderes restantes lo estaban (26%). Ahora bien, de la totalidad, 123 líderes eran indígenas (34%) y 32 eran afrodescendientes (9%) Ver figura 2. Al momento de la agresión, solo 36 líderes agredidos de los 357 contaban con esquemas de seguridad (10%).
 
Finalmente, encontramos que en 208 casos (58% de la totalidad), los autores del crimen se desconocen; 59 se atribuyen a grupos herederos del paramilitarismo (17%); 54 a la guerrilla (15%) y 12 a la Fuerza Pública (3%). Por otro lado, las Águilas Negras son los presuntos perpetradores de 54 de los 357 casos (15%); luego, le siguen las disidencias de las FARC, a quienes se les atribuye 36 agresiones (10%); otras guerrillas, como el ELN y el ELP, son presuntos culpables de cometer 12 agresiones (3%); a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se les atribuye 8 casos (2%); a la Fuerza Pública, 6; al Cártel de Sinaloa, 4 y al Clan del Golfo, 1 caso. Para finalizar este apartado, haremos una breve comparación entre los patrones de persecución que se dieron en años anteriores (2016-2018) y el año actual. Como podemos observar, los líderes más perseguidos en el 2019 siguen siendo los líderes comunitarios, pero también hay una cifra importante de líderes étnicos perseguidos. En este caso, es importante tener en cuenta que la proporción de los pueblos étnicos es menor al resto de la población colombiana; por tanto, se tendría que hacer un análisis estadístico más exhaustivo para determinar cuál de los dos tipos de líderes están siendo más atacados. También cabría agregar que esto nos deja mucho por pensar y reflexionar.
 
En cuanto a la cantidad, vemos que aunque este año aún no ha terminado y hay dos meses por fuera del análisis (noviembre y diciembre), la cifra no está muy alejada del anterior año. En el 2019 (excluyendo el mes de noviembre y diciembre) hubo 357 casos, mientras que en el año 2018 se reportaron 378 agresiones. Es decir, estamos a tan solo 21 agresiones de igualar las cifras del 2018, lo cual es realmente preocupante, teniendo en cuenta que el año aún no ha finalizado. Respecto a la ubicación geográfica, el departamento del Cauca fue el más afectado tanto en años anteriores como en el 2019. Departamentos como Antioquia y Norte de Santander continuaron presentando en ambos años (2018-2019) una importante cifra de agresiones; en cambio, en departamentos como Nariño, las agresiones disminuyeron, mientras que en el 2019 en Bogotá D.C., La Guajira y Magdalena las cifras de líderes perseguidos aumentaron.
Finalmente, observamos que en los diferentes años, en la mayoría de los casos los autores de los crímenes continúan siendo un misterio; entretanto, los presuntos autores de las agresiones que se conocen siguen siendo en mayor cantidad grupos con tendencias paramilitares, en menor medida grupos guerrilleros y en pocos casos, la Fuerza Pública.
 
 
- ¿Se comprueba nuestra hipótesis?
Si bien es cierto que la firma del acuerdo de paz incentivó a que otros grupos armados surgieran como resultado de la desintegración de las FARC, no ha sido la única razón para que las agresiones contra líderes sociales se hayan disparado en los años recientes. Otros motivos han tenido que ver también con la oposición frente a la implementación del Acuerdo de Paz por parte de grupos armados que ya existían y los cuales se lucran de actividades ilegales, a las que el tratado y el Estado buscan poner fin. También se sigue persiguiendo a los líderes sociales por visibilizar y defender causas sociales, así como también por defender ciertas posiciones y proyectos políticos. Finalmente, también encontramos, aunque en menor medida, que algunas de las agresiones se llevan a cabo a causa de la estigmatización que todavía existe frente a los liderazgos sociales y a la conducta histórica violenta que ha existido en Colombia cuando de diferencias de pensamiento político o ideológico se trata.

Recomendaciones

A lo largo del presente trabajo se ha buscado identificar cuáles han sido los patrones de persecución a líderes sociales que se han dado después del implemento de acuerdo de paz en el 2016. Pese a que hemos logrado reconocer ciertos modelos de agresiones a estas figuras sociales, reconocemos que la complejidad de este fenómeno va más allá de lo que hemos hallado y lo que los datos relatan, lo cual nos invita no solo a seguir estudiando y visibilizando este tema, sino además nos impulsa como sociedad civil a proponer soluciones y políticas públicas para que este fenómeno desaparezca.
 

  • Presencia estatal y desmilitarización

Siguiendo el hilo de lo anterior, hay un aspecto importante que se ha identificado a lo largo de la elaboración de este documento y es el siguiente: si bien la firma del Acuerdo de Paz ha logrado la disminución de la violencia generalizada, esa misma violencia ahora se ha concentrado en otro sector de la sociedad: los líderes sociales. En gran medida, esto obedece a que hay una presencia estatal débil en los diferentes territorios de Colombia.
Ahora con la firma del Acuerdo de Paz y la desmovilización de un importante número de combatientes de las FARC, lo anterior se ha convertido en un problema aún mayor, puesto que esos vacíos de poder han sido aprovechados y llenados por otros actores armados con ascendencia paramilitar, grupos guerrilleros, disidencias de las FARC, narcotraficantes y/o grupos de crimen organizado, entre otros.[52] En respuesta a esta situación, el Gobierno ha tratado de aumentar la presencia de Fuerza Pública en los diferentes territorios, sin embargo, no ha logrado el objetivo de hacer presencia.
Esto último se debe a que más allá del incremento de la Fuerza Pública, las regiones en Colombia necesitan una efectiva presencia del Estado a través de programas de desarrollo y políticas públicas que les permitan a sus habitantes acceder a mejores oportunidades tanto de vida, como de educación y de empleo. Hasta que esto no suceda, hasta que los habitantes de los municipios no tengan realmente acceso a oportunidades que les permitan salir adelante, que les brinden nuevas formas de trabajo y les garantice a los niños, niñas y jóvenes el acceso a la educación, la situación de guerra y conflicto se seguirá acentuando y surgirán más factores que agudicen esta situación, así como también seguirán fortaleciéndose las filas y estructuras de los grupos armados que se lucran del conflicto.
Como ya se introdujo antes, es importante dejar de priorizar la desmilitarización en las regiones, puesto que la tasa de criminalidad en los territorios donde ha habido un aumento de la presencia de Fuerza Pública ni siquiera ha disminuido, sino por el contrario, ha crecido, como es el caso de las comunas en Medellín que han sido militarizadas.[53]
 

  • Priorizar la atención a la situación de los municipios más afectados

Mediante este estudio se ha logrado identificar que algunas de las zonas más azotadas por las agresiones a líderes sociales son: Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia, La Guajira, entre otras. Por tanto, es de suma importancia tener en cuenta que el fenómeno de una u otra forma se ha focalizado en determinadas zonas del país, sobre todo en territorios rurales, lo cual puede estar relacionado a lo que se afirma anteriormente: la débil presencia del Estado en los territorios. Entonces, es muy necesario que las instituciones del Estado trabajen de manera conjunta y articulada para que logren brindarles a los líderes sociales que viven en estas zonas del país y que están más expuestos a ser agredidos, un acompañamiento a su labor, así como también un seguimiento constante, para prevenir posibles agresiones, y además, herramientas y capacitaciones para que ellos sepan  a qué instrumento o instancias pueden recurrir en caso de que estén siendo amenazados.
 

  • Dar cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo de Paz

Para que las violaciones hacia líderes sociales se dejen de dar es supremamente importante que se cumpla lo pactado en el Acuerdo de Paz. Se debe avanzar en la Reforma Rural Integral, pues de esta forma se disminuiría la brecha de la desigualdad y la marginalidad económica, lo cual les permitiría a los colombianos que han sufrido de cara el conflicto tener nuevas oportunidades para el sustento de sus hogares.
Así mismo, se debe dar mayor participación política para que las personas que tradicionalmente se han dejado a un lado en la política puedan participar en espacios seguros donde su voz sea oída y sus propuestas tenidas en cuenta.
 Por supuesto, el punto que propone una solución al problema de drogas ilícitas es fundamental, debido a que se necesita con urgencia que las comunidades rurales, que muchas veces no tienen otra elección sino ingresar en esta clase de economías ilegales, puedan tener otras opciones y al mismo tiempo dejen de fortalecer el esquema de producción de grupos armados ilegales que se lucran de estas actividades. La cabal realización de este punto también es importante en tanto que los campesinos deben dejar de ser señalados y/o estigmatizados por hacer parte de estas economías, ya que esta desacreditación acentúa el conflicto en los territorios al convertir indirectamente a estas personas en enemigos del Estado.
 Finalmente, es importante que se lleve a cabo el punto número cinco, que trata sobre el acuerdo de las víctimas del conflicto y tiene como objetivo que se reconozca, redignifique y repare a los afectados por la violencia.[54]
Se señala el cabal cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz como algo importante a tener en cuenta puesto que, según el informe del primer semestre del presente año del Kroc, hasta febrero de 2019 el avance de la implementación iba así: el 34% de las medidas no habían sido siquiera iniciadas, el 31% solo tenían un avance mínimo, el 23% se encontraban en una etapa intermedia y solo el 12% habían sido completadas.[55] Esto demuestra que aunque han transcurrido casi cuatro años desde la firma del acuerdo de paz, la mayor parte de lo que se pactó no se ha ejecutado siquiera. Al ralentizarse el proceso, puede que la voluntad de diferentes actores (como la de quienes se acogieron al proceso) vaya menguando, así como también la confianza, lo que posiblemente empeoraría el escenario del post-acuerdo, que de por sí ya tiene muchos retos que enfrentar. 
 

  • Tener en cuenta todas las agresiones de las cuales están siendo víctimas los líderes sociales

También es importante anotar que como sociedad debemos tener en cuenta no solo los asesinatos de los líderes, sino todas las agresiones que constantemente las figuras sociales viven. Al respecto, el Gobierno actual ha creado un discurso alrededor del tema y afirma que entre agosto de 2018 y mayo de 2019 la tasa de homicidios de líderes sociales bajó en un 32%, y hace énfasis además en que el 96% del territorio nacional se encuentra libre de asesinatos a defensores focalizándose solamente en 50 municipios.[56] El hecho de que el Gobierno afirme tal cosa reduce el problema y lo hace ver mucho menos importante de lo que realmente es, puesto que deja por fuera todo tipo de agresiones y persecuciones de las cuales los líderes sociales son víctimas a diario en nuestro país, tales como las amenazas individuales, colectivas, atentados, secuestros, detenciones, hostigamiento, difamaciones, robo de información, judicializaciones, entre otras, las cuales en el primer semestre del 2019 aumentaron notablemente.[57]
Por ello, es necesario que como sociedad civil seamos críticos ante esta situación y no permitamos que diferentes discursos nos hagan creer que la problemática es un asunto de menor magnitud, pues no lo es y necesitamos actuar frente a lo que está ocurriendo. No se debe tolerar ni minimizar el hecho de que estén agrediendo y matando defensores y líderes sociales por la labor que realizan.
 

  • Desestigmatización

El Gobierno Nacional y las instituciones del Estado deben cumplir los compromisos de no estigmatizar a las personas defensoras de DDHH y a las organizaciones sociales, puesto que al hacer esto ponen en riesgo sus vidas, pues naturalizan las agresiones contra ellos.[58] Por el contrario, el Gobierno debe reconocer públicamente la labor que los líderes sociales realizan día tras día y enseñar a la sociedad su importancia y su valor. Esto se puede conseguir a través de actos públicos de memoria y reconocimiento a todos aquellos líderes que han sufrido el conflicto armado y a quienes se les ha violado sus derechos fundamentales.
En este sentido, también es necesario que como sociedad dejemos a un lado la polarización, que durante muchos años ha afectado al país y ha sido un catalizador para el conflicto armado. Debemos aprender que aunque tengamos puntos de vista u opiniones políticas diferentes, nunca debe faltar el respeto. Por eso, se necesita buscar espacios para dialogar y escuchar al que piensa distinto a nosotros, sin estigmatizarlo o atacarlo por su visión, sino que por el contrario se encuentre en ello una gran oportunidad para mejorar, entender otras perspectivas, ampliar la visión y hacer políticas inclusivas, que nos beneficien en general y con las que estemos de acuerdo todos y todas. Al hacer esto, nuestra cultura también puede cambiar y dejaremos de atacar a nuestro igual simplemente por querer liderar una causa diferente a la nuestra o de un modo distinto al que preferimos.

  • Fortalecer el accionar de las organizaciones frente a las agresiones de líderes sociales

Del mismo modo, el movimiento de los derechos humanos debe seguir siendo insistente frente al papel de las instituciones estatales como la Fiscalía y la Procuraduría, pues el rol de las organizaciones y procesos sociales es muy importante en la consecución de la justicia frente a los casos de agresiones a líderes mediante la presión, así como también sirve como una medida preventiva para que otras figuras sociales puedan vivir tranquilamente, dignamente y libremente, sin temor a levantar su voz y liderar las causas del pueblo y trabajar en pro de él.
 

  • Mejorar los procesos de investigación sobre las agresiones a líderes y lideresas

Es necesario consolidar la labor de la Unidad Especial de Investigación para que se pueda lograr el desmantelamiento de las organizaciones criminales detrás de los asesinatos, agresiones, amenazas colectivas o individuales a líderes y lideresas, para que de esta forma se haga justicia y se redignifique la labor de las figuras sociales, así como también se le dé final a las estructuras delictivas que siguen manchando de sangre el territorio colombiano.

Bibliografía

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[2] Urna de Cristal, «¿Sabe qué es la Unidad de Protección?», s.f., http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/sabes-qu-es-unidad-nac…

[3] Somos defensores, «Defensores ¿El juego final? Informe semestral enero-junio 2019…»

[4] Somos defensores, «Defensores ¿El juego final? Informe semestral enero-junio 2019…»

[5] Indepaz, «Informe líderes y defensores de DDHH asesinados al 26 de julio de 2019», 2019, http://www.indepaz.org.co/informe-lideres-y-defensores-de-ddhh-asesinad…

[6] Comisión Colombiana de Juristas et al., «¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el Post Acuerdo», 2018, http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/pa….

[7] Muriel Jiménez, Edwin Corena y Christian Maldonado, «La Universidad del Atlántico (Barranquilla, Colombia) en el conflicto armado reciente: modalidades, hechos e impactos (1998-2006)», Revista de Historia Regional y Local HiSTOReLo 11(21) (ene.-jun. 2019), http://www.scielo.org.co/pdf/histo/v11n21/2145-132X-histo-11-21-18.pdf

[8] Comisión Colombiana de Juristas et al., «¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el Post Acuerdo...»

[9] Comisión Colombiana de Juristas et al., «¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el Post Acuerdo...»

[10] Carlos Rincón et al., «Exterminio a líderes sociales en Colombia. Violencia y obstrucción a la participación política», Polisemia 13 (24), (2019), https://doi.org/10.26620/uniminuto.polisemia.13.24.2017.115-117

[11] Somos defensores, «Defensores ¿El juego final? Informe semestral enero-junio 2019…»

[12] Diana Nocua, «Violencia sociopolítica contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el postconflicto: dificultades y retos para la implementación de una paz estable y duradera en Colombia», Revista Latinoamericana de Derechos Humanos 30 (1), (2019), https://doi.org/10.15359/rldh.30-1.6

[13] Diana Nocua, «Violencia sociopolítica contra líderes sociales…»

[14] Centro Nacional de Memoria Histórica, Hacer la guerra y matar la política. Líderes políticos asesinados en Norte de Santander. (Bogotá: CNMH, 2014).

[15] Katherin Aguirre, «Analizando la violencia después del conflicto: el caso de Guatemala en un estudio sub-nacional». Revista mexicana de ciencias políticas y sociales 59 (220), http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v59n220/v59n220a7.pdf

[16] Miguel Morffe, Neida Albronoz-Arias y Rina Mazuera-Arias, «El rostro de la violencia: el posconflicto colombiano y su impacto en la frontera colombo venezolana (Apure-Arauca, Táchira – Norte de Santander)», 2019, https://jesuitas.lat/attachments/article/1438/El%20Rostro%20de%20la%20V…

[17] Morffe, Albronoz-Arias y Mazuera-Arias, «El rostro de la violencia: el posconflicto colombiano y su impacto en la frontera colombo venezolana (Apure-Arauca, Táchira – Norte de Santander)…»

[18] Camilo Ramírez, «Balance de la aplicación de la política pública de restitución de tierras en territorios colectivos: el pacífico colombiano». Ciencia Política, 13(26), (2018), https://doi.org/10.15446/cp.v13n26.72309

[19] Comisión Colombiana de Juristas et al., «¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el Post Acuerdo...»

[20] Comisión Colombiana de Juristas et al., «¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el Post Acuerdo...»

[21] Edwin Cruz, «El ciclo de protesta 2010- 2016 en Colombia. Una explicación». JURÍDICAS CUC 12(1), (2016), https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/1114

[22] Myriam Jimeno, «Violence and Social Life in Colombia». Critique of Anthropology 21(3), (2001), https://doi.org/10.1177/0308275X0102100302

[23] Somos defensores, «Defensores ¿El juego final? Informe semestral enero-junio 2019…»

[24] CODHES, «Lideresas sociales en Colombia: el relato invisible de la crueldad», 2019, https://codhes.files.wordpress.com/2019/03/informe-lideresas-sociales-c…

[25] CODHES, ««Lideresas sociales en Colombia: el relato invisible de la crueldad...»

[26] CODHES, «Lideresas sociales en Colombia: el relato invisible de la crueldad...»

[27] Alcaldía Local de Rafael Uribe, «Juntas de Acción Comunal», s.f., http://www.rafaeluribe.gov.co/mi-localidad/juntas-de-accion-comunal

[28] Registraduría Nacional del Estado Civil, «Diferencias sobre las Juntas Administradoras (JAL) y las Juntas de Acción Comunal (JAC)», s.f., https://wsr.registraduria.gov.co/descargar/jac-jal.pdf

[29] Somos defensores, «Defensores ¿El juego final? Informe semestral enero-junio 2019…»

[30] Sandra Barreto, «Riesgos de los liderazgos sociales de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano: configuración de un problema de política pública», 2017, http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/13761

[31] Barreto, «Riesgos de los liderazgos sociales de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano: configuración de un problema de política pública»…»

[32] Pacifista, «Los asesinatos a líderes comunales aumentaron en los últimos tres años», 2019, https://pacifista.tv/notas/lideres-comunales-somos-defensores-informe-a…

[33] Somos Defensores, «Piedra en el zapato: informe anual 2017. Sistema de Información sobre agresiones contra defensores y defensoras de DD.HH. en Colombia. SIADDHH», 2017, https://www.madridprotege.org/wp-content/uploads/2018/10/colombia-somos…

[34] Barreto, «Riesgos de los liderazgos sociales de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano: configuración de un problema de política pública»…»

[35] Barreto, «Riesgos de los liderazgos sociales de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano: configuración de un problema de política pública»…»

[36] Somos Defensores, «Piedra en el zapato: informe anual 2017. Sistema de Información sobre agresiones contra defensores y defensoras de DD.HH. en Colombia. SIADDHH...»

[37] Somos Defensores, «Piedra en el zapato: informe anual 2017. Sistema de Información sobre agresiones contra defensores y defensoras de DD.HH. en Colombia. SIADDHH...»

[38] Barreto, «Riesgos de los liderazgos sociales de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano: configuración de un problema de política pública»…»

[39] Somos Defensores, «Piedra en el zapato: informe anual 2017. Sistema de Información sobre agresiones contra defensores y defensoras de DD.HH. en Colombia. SIADDHH...»

[40] Barreto, «Riesgos de los liderazgos sociales de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano: configuración de un problema de política pública»…»

[41] Barreto, «Riesgos de los liderazgos sociales de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano: configuración de un problema de política pública»…»

[42] Barreto, «Riesgos de los liderazgos sociales de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano: configuración de un problema de política pública»…»

[43] CODHES, «Lideresas sociales en Colombia: el relato invisible de la crueldad...»

[44] CRIC, «Estructura Organizativa: departamento del Cauca», s.f., https://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/ubicacion-…

[45] CRIC, «Estructura Organizativa: ¿Quiénes somos?», s.f. https://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/

[46] CODHES, «Lideresas sociales en Colombia: el relato invisible de la crueldad...»

[47] Somos Defensores, «Piedra en el zapato: informe anual 2017. Sistema de Información sobre agresiones contra defensores y defensoras de DD.HH. en Colombia. SIADDHH...»

[48] Somos Defensores, «Piedra en el zapato: informe anual 2017. Sistema de Información sobre agresiones contra defensores y defensoras de DD.HH. en Colombia. SIADDHH...»

[49] Comisión Colombiana de Juristas et al., «¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el Post Acuerdo...»

[50] Comisión Colombiana de Juristas et al., « ¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el Post Acuerdo...»

[51] Comisión Colombiana de Juristas et al., « ¿Cuáles son los patrones...»
 

[52] Somos Defensores, «Piedra en el zapato: informe anual 2017. Sistema de Información sobre agresiones contra defensores y defensoras de DD.HH. en Colombia. SIADDHH...»

[53] Comisión Colombiana de Juristas et al., «¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el Post Acuerdo...»
 

[54] Somos defensores, «Defensores ¿El juego final? Informe semestral enero-junio 2019…»

[55] KROC Institute, «Actualización. Informe 3 del Instituto Krok. Hacia una paz de calidad en Colombia», 2019, https://kroc.nd.edu/assets/315919/190408_actualizacio_n_informe_3_insti…

[56] Somos defensores, «Defensores ¿El juego final? Informe semestral enero-junio 2019…»

[57] Somos defensores, «Defensores ¿El juego final? Informe semestral enero-junio 2019…»

[58] Comisión Colombiana de Juristas et al., «¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el Post Acuerdo...»