Revista Nova et Vetera

“Aquí la violencia intrafamiliar es también un virus. Esto es también una pandemia que afecta al mundo entero y así como Colombia está en este momento con el compromiso de aplanar la curva del virus, tenemos que aplanar y acabar esta curva de la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, la violencia contra nuestros niños y niñas y el acoso porque esta es una sociedad que después de este aislamiento tiene que salir cambiada” (Ramírez, 2020).

Esto fue lo que dijo la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, en la rueda de prensa que otorgó el 6 de abril de 2020, en compañía de otras entidades del Estado, entre ellas, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, el ICBF, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Sociedad de Activos Especiales y el viceministerio de Salud. En dicha rueda de prensa, se revelaron nuevos datos e información recogida en estas semanas de cuarentena, ordenada por el presidente de Colombia, Iván Duque, el pasado 22 de marzo. Allí también se habló sobre los medios que implementarán las instituciones para buscar una posible solución para aplicar en esta cuarentena. 
 
El panorama es desconsolador tanto a nivel nacional, como global. Según las cifras que entregó la vicefiscal general Martha Janeth Mancera, en la rueda de prensa de la vicepresidenta, desde el inicio del confinamiento obligatorio hasta el pasado 4 de abril, se han registrado 132 llamadas de denuncias sobre violencia intrafamiliar, y 55 relacionadas con violencia sexual. Asimismo, la vicefiscal señaló que, en el mismo periodo de tiempo, se han registrado 12 feminicidios. El anterior dato también fue corroborado por el director de la Policía Nacional, el general Óscar Atehortúa, quien agregó que la institución ha atendido la misma cifra de casos (Ramírez, 2020).  
 
Por otro lado, la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, de la adolescencia, la familia y las mujeres, Adriana Herrera, quien también participó en la rueda de prensa, informó que en las últimas semanas la Procuraduría empezó a implementar la activación de planes de trabajo directamente con los distintos funcionarios regionales de las 1.263 Comisarías de Familia en todo el país. A ellos les enviaron un cuestionario para entender en qué situaciones están trabajando en medio del confinamiento. Sin embargo, de esas 1.263 comisarías, la Procuraduría sólo ha recibido respuestas de 635 de ellas, por lo que se evidencia una falta de reacción inmediata por casi la mitad de estos centros para actuar conjuntamente con el Estado para solucionar el problema (Ramírez, 2020).
 
Asimismo, la consejera Presidencial para la equidad de la mujer, Gheidy Marsiela Gallo, advirtió en la rueda de prensa, que la entidad ha recibido a lo largo del confinamiento 912 llamadas, dirigidas al denuncio de algún tipo de violencia intrafamiliar, duplicando así 434 llamadas que se recibieron el año pasado en el mismo periodo de tiempo (Ramírez, 2020).
 
En lo que tiene que ver con las cifras y datos a nivel internacional sobre la violencia intrafamiliar y de género, la Organización de las Naciones Unidas, mediante un comunicado de su Secretario General António Guterres del pasado 5 de abril, hizo varias advertencias y recomendaciones para tomar acción frente a este tipo de violencia. El Secretario General recalcó que, desde el inicio de la pandemia, se han duplicado el número de llamadas a las líneas de atención de violencia intrafamiliar y de género en países como Líbano y Malasia, y en China se han triplicado (página web onu) (Noticias ONU, 2020). 
 
El secretario Guterres, también hizo un llamado de atención, advirtiendo que, “los proveedores de salud y la policía están desbordados y el personal escasea. Los grupos locales de apoyo están paralizados o carecen de fondos. Algunos centros para víctimas de violencia de género están cerrados; otros están llenos” (Noticias ONU, 2020). 
 
Dentro de las medidas que está implementando el Gobierno Duque para mitigar la violencia intrafamiliar y de género, encontramos que en el decreto 460 del 2020 elaborado por el Ministerio de Justicia, se dictaron varias medidas necesarias para que las Comisarías de Familia garanticen la prestación de servicio a las víctimas. Dicho decreto también estableció el deber de las Comisarías de utilizar medios tecnológicos, para atender a quienes lo requieran de manera inmediata. 
 
Además, en el documento se estipuló que las Comisarías deberán priorizar el servicio, mediante atención especializada, a la persona que esté en riesgo de ser víctima de un feminicidio, violencia o acoso sexual, o de cualquier tipo de violencia ejercida contra un menor de edad. Por otro lado, la defensora delegada de los derechos de las mujeres y asuntos de género, Diana Rodríguez, quién también participó en la rueda de prensa dirigida por la vicepresidenta, recalcó que la Defensoría ha llevado a cabo grupos de trabajo junto a las demás entidades del Estado, con el objetivo de comunicar preocupaciones y experiencias durante la cuarentena (Ramírez, 2020).
 
Además, Rodríguez hizo énfasis sobre las campañas de comunicación que la Defensoría ha implementado con el objetivo de erradicar la violencia contra la mujer, al igual que inculcar conciencia sobre el autocuidado de todas las mujeres. Es importante destacar también la intervención que realizó la directora de la Sociedad de Activos Especiales, Virginia Torres, quien anunció la destinación de 65 bienes inmuebles en 15 departamentos de todo el país, con el fin de habilitar casas refugio para las mujeres y menores víctimas de violencia intrafamiliar en esta cuarentena. De igual manera, se pusieron a disposición de dichas víctimas, 108 vehículos destinados para su transporte y protección de sus derechos durante el aislamiento (Ramírez, 2020).

 

En lo que tiene que ver con las medidas y recomendaciones para el manejo o contención de la violencia doméstica y de género, la Organización Mundial de las Naciones Unidas también hizo recomendaciones, entre ellas:                                                    

• “Aumentar la inversión en servicios de ayuda en línea y en organizaciones de la sociedad civil.
• Garantizar que los sistemas judiciales sigan procesando a los abusadores.
• Establecer sistemas de alerta de emergencia en farmacias y tiendas de comestibles.
• Crear formas seguras para que las mujeres busquen apoyo, sin alertar a sus abusadores.
• Evitar la liberación de prisioneros condenados por cualquier tipo de violencia contra la mujer.
• Ampliar las campañas de concienciación pública, en particular las dirigidas a hombres y niños” (Noticias ONU, 2020)

Sobre las anteriores recomendaciones, cabe resaltar en primer lugar, que el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, informó en la rueda de prensa del pasado 6 de abril, que la resolución 595 del 3 de abril de 2020 va encaminada a destinar $14.000 millones de pesos a las entidades territoriales que podrán ser utilizados para la implementación y prestación de las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia (Ramírez, 2020). Por lo anterior, es claro que el Estado si ha cumplido con las inversiones recomendadas por la ONU, y las cuales podrán contrarrestar los efectos de la violencia generada a lo largo de esta cuarentena.
 
En un segundo lugar, cabe recalcar que mediante el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, del 15 de marzo de este año, se ordenó la suspensión de términos por un término inicial de cinco días, el cual se extendió hasta el próximo 26 de abril, lo que quiere decir que los juzgados y demás tribunales en todo el país se les exime del deber de asistir a las audiencias programadas para este periodo (Consejo Superior de la Judicatura, 2020).
 
Sin embargo, es de suma importancia señalar que, dentro de ese acuerdo de la Judicatura, se exceptúan de esta medida todos los juzgados con función de control de garantías y los penales de conocimiento. Por lo anterior, es menester establecer que el gobierno cumple con la segunda recomendación de la Organización de las Naciones Unidas, según la cual se garantiza el procesamiento de los agresores.
 
Sobre la tercera recomendación, que se refiere al manejo de la violencia intrafamiliar durante la cuarentena, es importante establecer que actualmente ni el gobierno, ni las farmacias, ni las tiendas de mercado, han implementado esta medida, la cual sería de suma importancia pues podría convertirse en un escape fácil y seguro para las víctimas de violencia. Sin embargo, esta medida no debe ser descartada, y en la medida de lo posible, debe ser incentivada principalmente por estos centros de comercio, generando también así campañas de concientización del problema para que las víctimas acudan a esta posible herramienta. 
 
En lo que tiene que ver con la cuarta recomendación de la ONU, se puede decir que se han creado a lo largo de esta cuarentena líneas inmediatas de atención a los casos de violencia intrafamiliar y de género, como la línea 155 de orientación a Mujeres, o el correo electrónico, tutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, habilitada por la Rama Judicial, para tutelas de manera urgente.
 
La Secretaría Distrital de la Mujer, también habilitó múltiples canales de atención a casos de violencia intrafamiliar, los cuales, además, han sido divulgadas por redes sociales y medios de comunicación. Por lo anterior, es importante establecer que el gobierno y la ciudadanía si han implementado redes de apoyo seguras para las víctimas, la cuales también ayudan a evitar la alerta del agresor. 
 
Acogiéndonos a la siguiente recomendación de la ONU, y llevando a cabo un análisis de su aplicación a nivel nacional, es realmente preocupante que, a lo largo de esta cuarentena, el gobierno esté considerando la expedición de un decreto, mediante el cual se pretenda la excarcelación de los prisioneros que sean vulnerables al virus, como las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, o personas que sufran de una enfermedad terminal. 
 
Aunque se ha especulado que dentro de estas medidas no se podrán beneficiar los presos que hayan cometido delitos sobre menores, delitos sexuales o de lesa humanidad, es de suma preocupación que no se considere los agresores involucrados en delitos de violencia intrafamiliar o de género, sino que se limite únicamente a cobijar los delitos sexuales.

 

Esto, desde mi punto de vista, debe ser evaluado con gran detenimiento para no incurrir en el error de liberar a estos agresores, medida que además es realmente perjudicial para las víctimas, ya que podrían volver a reencontrarse con sus victimarios, y se puede volver a perpetrar la violencia, generando además una inevitable revictimización. Algo que el Estado está en la obligación de evitar.  
 
Finalmente, al revisar la última recomendación que propone la ONU, sobre la ampliación de campañas de concientización en hombres y niños sobre la violencia intrafamiliar y de género, cabe recalcar que en el decreto 460 presentado por el Ministerio de Justicia, incluyó en su artículo primero el deber de las Comisarías de Familia de generar campañas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Así mismo, el deber de crear estrategias para informar a la ciudadanía sobre los servicios que ofrecen. 
 
En conclusión, me atrevo a decir que el Gobierno Nacional, como se expuso anteriormente, ha reaccionado al problema de la violencia intrafamiliar y de género de manera urgente, activando mediante sus autoridades y entidades territoriales, planes de trabajo y distintas medidas alternativas de atención a las víctimas, durante la cuarentena nacional. El decreto 460, la resolución 595 y la implementación de las distintas líneas de atención habilitadas a nivel nacional, son medidas que van encaminadas a garantizar los derechos de las víctimas y pueden ser las herramientas adecuadas para el manejo de este tipo de agresiones. 
 
Sin embargo, no sobra advertir que la Procuraduría General de la Nación debe hoy, más que nunca, encargarse de vigilar el cumplimiento de estas medidas impuestas por el Gobierno y entes territoriales. Cualquier falta o inaplicación por parte de las Comisarías de Familia a nivel nacional, puede llegar a tener efectos fatales para las personas que hoy están en riesgo de ser violentadas dentro de sus hogares.
 
La Procuraduría General de la Nación debe ser la encargada de velar por las acciones u omisiones de las Comisarías y entes territoriales, o de lo contrario y en el peor de los casos, las víctimas estarían sujetas a ser violentadas institucionalmente en caso de no ser atendidas de manera urgente e integral.
 
De nada sirve que se implementen y se creen nuevos decretos que busquen asegurar las garantías de las víctimas de violencia intrafamiliar y de género, si estas medidas no son cumplidas por las Comisarías o las autoridades que tengan el deber de hacerlo. El Gobierno Nacional, junto a la Procuraduría General, tienen hoy la responsabilidad de que la pandemia y el confinamiento no se conviertan en una tragedia mayor de lo que actualmente es, al no implementar las medidas que respalden a las víctimas dentro de sus hogares. 

Bibliografía
Noticias ONU. (5 de abril de 2020). Obtenido de Ante el aumento de la violencia doméstica por el coronavius, Guterres llama a la paz en los hogares: https://news.un.org/es/story/2020/04/1472392
Noticias ONU. (5 de abril de 2020). António Guterres (Secretario - general) sobre la violencia de género y el COVID-19.
Ramírez, M. L. (6 de abril de 2020). En los últimos quince días se han presentado 12 feminicidios en Colombia, según la Fiscalía.
Consejo Superior de la Judicatura. (2020). Acuerdo PCSJA20-11532.