Revista Nova et Vetera

La historia de cruces entre algunas agencias de Naciones Unidas y los gobiernos de Colombia no supone novedad alguna y revive desacuerdos que en su momento la administración de Álvaro Uribe Vélez sostuvo.

De igual forma, estas controversias innecesarias revelan la necesidad de que el Estado colombiano adopte, sin distingo de color político, una postura más coherente con el ideal proyectado desde varias décadas y que consiste en un país comprometido con los sistema regionales e internacionales de promoción y defensa de los derechos humanos.

Durante los ocho años de Álvaro Uribe Vélez se presentaron incidentes por cuenta de la postura de funcionarios que promovían los derechos humanos y que, en ese momento, el gobierno sentía que contradecían las iniciativas especialmente en materia de defensa. La historia se repite por cuenta de la publicación del informe de la oficina de la Alta Comisionada de las Derechos Humanos de Naciones Unidas, esta vez en una nueva era del Centro Democrático.

La historia de desencuentros entre el sistema de promoción de los derechos humanos de Naciones Unidas y el CD es de vieja data. En abril de 2002, cuando Uribe era candidato a la presidencia y tenía amplias opciones de ganar los comicios, la Alta Comisionado para los Derechos Humanos, en ese entonces, Mary Robinson, expresó sus preocupaciones por algunas de las propuestas sobre seguridad del entones aspirante. La campaña de Uribe respondió argumentando que probablemente la Alta Comisionado no estaba bien informada y contemplando la posibilidad de que hubiese sido asaltada en su buena fe, como lo dijo en su momento Luis Carlos Restrepo, uno de los asesores más cercano al candidato y que luego sería su comisionado de paz.

La controversia continuó cuando a los pocos días del inicio del mandato de Uribe, Robinson mandó una carta en la que expresaba inquietud por algunas iniciativas en materia de orden público:

[…] me permito expresarle mi inquietud sobre algunas de las medidas que en los últimos días ha anunciado el Gobierno colombiano en materia de orden público y seguridad ciudadana, ya que ellas podrían ser incompatibles con la normativa internacional de derechos humanos y de derecho humanitario. Mecanismos como el de la constitución de redes de informantes y el del empleo domiciliario de armas por los reclutas campesinos pueden contribuir, dentro del contexto de la violencia generalizada y degradación del conflicto, a que la población civil quede involucrada en el desarrollo de operaciones bélicas o expuesta a situaciones de riesgo provocadas por el desvanecimiento de principio de distinción.

 

Las exigencias de la oficina de la Alta Comisionada generaron una tensión durante la mayor parte del mandato de Uribe. Los cruces con el representante de esa oficina Anders Kompass fueron constantes, y uno de los agravantes apareció con la polémica tesis del gobierno de que no había conflicto sino amenaza terrorista. Una afirmación central del discurso uribista desarrollada por el asesor José Obdulio Gaviria y que el gobierno en pleno defendió y promovió desde todos los frentes.  En 2003, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publicó el informe de Desarrollo Humano sobre Colombia “El conflicto, callejón con salida” y en el que como el propio título indicaba, sugería la existencia de un conflicto armado.

En 2008 se produjo la Operación Jaque en la que se consiguió el rescate de Ingrid Betancourt, excandidata presidencial, los militares Raimundo Malagón, José Ricardo Marulanda, los contratistas norteamericanos Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes y los policías Amaón Flórez Pantoja, Julio Cesar Buitrago y Armando Castellanos entre otros. En total se lograron 15 liberaciones que dispararon la popularidad del presidente Uribe y de su entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos. Pasada la euforia y conocidos alguno de los videos del cinematográfico rescate, trascendió la imagen del uso de algunos símbolos del Comité Internacional de la Cruz Roja por parte de los militares durante la operación. Esto produjo un rechazo inmediato por parte del CICR quien sentenció que el “uso del emblema de la cruz roja está específicamente reglamentado por los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. El emblema de la cruz roja tiene que ser respetado en todas circunstancias y no puede ser usado de manera abusiva”.

El enfrentamiento entre el gobierno de Duque y el sistema de protección de derechos y de cooperación de Naciones Unidas, tiene este trasfondo específico, por eso no es de extrañar la desproporcionada e injustificada reacción de la administración colombiana frente a algunas de las cifras del informe como el aumento de masacres y especialmente por la formulación de recomendaciones como el traslado de la Policía Nacional al Ministerio del Interior.  Entre algunas de las respuestas del oficialismo, sobresalieron las del propio presidente quien aseguró que se trataba de un ataque en contra de la soberanía colombiana, así como la del senador Ernesto Macías del Centro Democrático, quien fue más allá y propuso la salida de todas las agencias de Naciones Unidas del país como ONU Mujer, PNUD, UNODC, OCHA y ACNUR entre otras.

 

La reacción, aunque se entiende, por la atropellada historia de desencuentros con Naciones Unidas a propósito del tema de los derechos humanos desde el gobierno de Uribe, no se justifica y parte del completo desconocimiento respecto del funcionamiento del sistema de monitoreo sobre garantías que constantemente se violan en el país. En la precipitada respuesta en la que se habló de la soberanía, se omitió que la función de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos está regulada por un mandato aceptado y negociado por el Estado colombiano desde 1996, cuando se firmó dicho acuerdo que buscaba promover los DDHH y el DIH en Colombia.

Se ha tratado desde ese entonces, de una profunda trasformación para incorporar a la legislación colombiana instrumentos para ponerle márgenes al conflicto. Y en cuanto al pedido de Macías resulta también desacertado, pues equipararía a Colombia con aquellos Estados que prefieren adoptar la negación como política de distracción. Resulta típico de regímenes autoritarios acudir a la soberanía para desconocer críticas y sugerencias de política pública para mejorar la promoción y defensa de los derechos humanos.  En caso de no modificar la postura pendenciera frente a organismos que promueven los derechos humanos, Colombia comete un craso error y retrocede en un camino en el que los avances, aunque modestos habían sido sustanciales.