Revista Nova et Vetera

Debo confesar que cada vez que leo que la aspersión aérea con glifosato (AAG) sigue siendo un tema de discusión en el país, siento algo de desasosiego. Hace apenas dos meses, por ejemplo, Dejusticia informó que “la ANLA insiste en aprobar las fumigaciones con glifosato en Norte de Santander”. Entonces, me pregunto, ¿cuánta más evidencia científica, cuántos estudios y cuántos relatos más de campesinos, indígenas o afrodescendientes necesitamos para convencernos de los perjuicios y la ineficacia de emplear este componente químico, luego de que numerosas voces se han elevado en contra de su uso? ¿Deberíamos seguir considerando las AAG como una medida viable en el control de cultivos ilícitos?

Un poco de contexto. Colombia tiene una larguísima historia de uso y de aspersión aérea para el control de cultivos ilícitos. Esta historia está mediada, en gran medida, por la presión de los Estados Unidos. Para finales de los años 70, el consumo de drogas había advertido de manera considerable en dicho país, y la marihuana y la cocaína colombianas jugaban un papel importante. Esto llevó a que EE. UU. pidiera al gobierno colombiano iniciar una lucha frontal contra el tráfico ilegal de estupefacientes y, como contrapartida, la administración norteamericana se comprometía a financiar programas de erradicación. Fue así como en 1978, se lanzó la “Operación Fulminante” bajo el gobierno de Julio César Turbay, cuyo objetivo era erradicar la marihuana que se sembraba en la Sierra Nevada de Santa Marta. En aquel ejercicio piloto se fumigó con paraquat, mejor conocido como el Agente Naranja, un químico altamente tóxico utilizado en la guerra de Vietnam. Muchos pobladores de la Sierra Nevada se quejaron de los daños del Agente Naranja en la salud humana, en los cultivos no ilícitos y en las aguas, debido a la contaminación que ocasionaba. Sin embargo, esos llamados de atención no se atendieron. Lo que sí se tuvo en cuenta fue una noticia internacional sobre la toxicidad del paraquat y los estragos que había causado en Vietnam. Entonces dejó de usar y, en 1984, durante el gobierno de Belisario Betancur, se descubrió otro químico para la aspersión aérea de la marihuana: el glifosato. Ocho años después, se acabó su uso para el control de cultivos de amapola y, en 1994, para erradicar los cultivos de coca. un quimico altamente toxico utilizado en la guerra de vietnam. Muchos pobladores de la Sierra Nevada se quejaron de los daños del Agente Naranja en la salud humana, en los cultivos no ilícitos y en las aguas, debido a la contaminación que ocasionaba. Sin embargo, esos llamados de atención no se atendieron. Lo que sí se tuvo en cuenta fue una noticia internacional sobre la toxicidad del paraquat y los estragos que había causado en Vietnam. Entonces dejó de usar y, en 1984, durante el gobierno de Belisario Betancur, se descubrió otro químico para la aspersión aérea de la marihuana: el glifosato. Ocho años después, se acabó su uso para el control de cultivos de amapola y, en 1994, para erradicar los cultivos de coca. un quimico altamente toxico utilizado en la guerra de vietnam. Muchos pobladores de la Sierra Nevada se quejaron de los daños del Agente Naranja en la salud humana, en los cultivos no ilícitos y en las aguas, debido a la contaminación que ocasionaba. Sin embargo, esos llamados de atención no se atendieron. Lo que sí se tuvo en cuenta fue una noticia internacional sobre la toxicidad del paraquat y los estragos que había causado en Vietnam. Entonces dejó de usar y, en 1984, durante el gobierno de Belisario Betancur, se descubrió otro químico para la aspersión aérea de la marihuana: el glifosato. Ocho años después, se acabó su uso para el control de cultivos de amapola y, en 1994, para erradicar los cultivos de coca. en los cultivos no ilícitos y en las aguas, debido a la contaminación que ocasionaba. Sin embargo, esos llamados de atención no se atendieron. Lo que sí se tuvo en cuenta fue una noticia internacional sobre la toxicidad del paraquat y los estragos que había causado en Vietnam. Entonces dejó de usar y, en 1984, durante el gobierno de Belisario Betancur, se descubrió otro químico para la aspersión aérea de la marihuana: el glifosato. Ocho años después, se acabó su uso para el control de cultivos de amapola y, en 1994, para erradicar los cultivos de coca. en los cultivos no ilícitos y en las aguas, debido a la contaminación que ocasionaba. Sin embargo, esos llamados de atención no se atendieron. Lo que sí se tuvo en cuenta fue una noticia internacional sobre la toxicidad del paraquat y los estragos que había causado en Vietnam. Entonces dejó de usar y, en 1984, durante el gobierno de Belisario Betancur, se descubrió otro químico para la aspersión aérea de la marihuana: el glifosato. Ocho años después, se acabó su uso para el control de cultivos de amapola y, en 1994, para erradicar los cultivos de coca. durante el gobierno de Belisario Betancur, se sufrió otro químico para la aspersión aérea de la marihuana: el glifosato. Ocho años después, se acabó su uso para el control de cultivos de amapola y, en 1994, para erradicar los cultivos de coca. durante el gobierno de Belisario Betancur, se sufrió otro químico para la aspersión aérea de la marihuana: el glifosato. Ocho años después, se acabó su uso para el control de cultivos de amapola y, en 1994, para erradicar los cultivos de coca.
 

Aspersión aérea de químicos - De Stefan Krause, Germany - Trabajo propio, FAL

Así pues, hemos utilizado el herbicida a base de glifosato desde los años 80 (es decir, más de 30 años), con escasas treguas: desde 2015, por ejemplo, no se emplea en las aspersiones aéreas para el control de cultivos ilícitos. De ahí la importancia de recordar que, aunque el glifosato se utiliza ampliamente en la agricultura nacional (lo cual es otro tema de discusión), la concentración del herbicida en las aspersiones aéreas es al menos 110% mayor que en los cultivos legales. También sabemos que en la aspersión aérea se utilizan otros químicos como sufractantes y coadyuvantes más fuertes que los usados ​​en la agricultura. Sin embargo, no conocemos la identidad de la gran mayoría de los químicos que componen el herbicida, ya que son secretos de industria, a pesar de que podrían ser los principales causantes de los daños en la salud humana,

Pese a que aún hay quienes aseguran que el uso de AAG no ha tenido impacto sobre la vida de quienes habitan territorios fumigados, comunidades de distintos lugares del país han protestado contra las AAG desde hace décadas. En 1986, la Universidad Tecnológica del Magdalena, cuestionó la decisión del gobierno Betancur sobre el uso de AAG y solicitó que se hicieran previamente estudios de impacto ambiental. En 1996 hubo marchas de campesinos e indígenas en Magdalena, Putumayo, Nariño, Caquetá y Bolívar, entre otros departamentos, con el fin de denunciar las afectaciones causadas por el herbicida en sus territorios. Aunque el descontento social respecto a sus efectos sobre la salud humana no ha cedido desde los años 80, en 2015, finalmente, el glifosato se reconoció como sustancia probablemente carcinogénica humana y la Corte Constitucional suspendió su uso, apelando al principio de precaución. Así las cosas, ¿por qué todavía se habla de AAG como si no fuera una discusión superada? En gran medida porque, en 2017, el alto tribunal dejó abierta la puerta para autorizar la aspersión con glifosato (Sentencia T-236/17), puesto que no está prohibido su uso en agricultura ni jardinería. Sin embargo, se establecieron seis exigencias para poder realizar AAG.

El gobierno del presidente Iván Duque ha intentado varias veces reanudar las aspersiones, principalmente, como respuesta al aumento de la presión internacional. No obstante, hasta el final de su mandato ninguno de sus intentos ha sido aprobado, pues en ningún caso se ha cumplido con las exigencias de la Corte Constitucional.

Como país enfrentamos una situación compleja, debido en parte a la presión procedente del gobierno estadounidense, que insiste en hacernos copartícipes del control y de la gestión punitiva de un problema de consumo de drogas interno que no para de aumentar en la sociedad norteamericana. Se puede entender por qué EE.UU. ha invertido en un programa de erradicación fuera de su país. Según los cálculos de Mejía y colaboradores (2015), el costo marginal de reducir la oferta de 1 Kg de cocaína en sus calles es de cerca de 1.6 millones de dólares. Eso contrasta de manera radical con el costo marginal de 0.175 millones de dólares que implica mantener combatir ese mismo kilogramo de cocaína a través del control de las rutas de narcotráfico y de la erradicación en otros países. Aun así, en Colombia ha primado el cumplimiento (siempre en la medida de lo posible) de las exigencias de EE.UU. por encima del daño que han causado las AAG en el país. Por tal razón, desde varias instancias se ha criticado al gobierno, porque ha fallado a la hora de proteger a sus comunidades asegurando derechos fundamentales como el derecho a la vida ya un ambiente sano (p.ej., Bernal, 2019; García Pachón y Alfonso R., 2022). Incluso, autores como Bernal (2019) y Santaella Cuberos (2022) aseguran que puede venirse una ola de demandas contra el Estado colombiano. ej., Bernal, 2019; García Pachón y Alfonso R., 2022). Incluso, autores como Bernal (2019) y Santaella Cuberos (2022) aseguran que puede venirse una ola de demandas contra el Estado colombiano. ej., Bernal, 2019; García Pachón y Alfonso R., 2022). Incluso, autores como Bernal (2019) y Santaella Cuberos (2022) aseguran que puede venirse una ola de demandas contra el Estado colombiano.

Resulta fácil justificar la necesidad de más AAG en Colombia cuando no son nuestros familiares, nuestra salud, nuestras aguas o alimentos los que se ven directamente afectados. ¿Qué sabemos, que vivimos en la comodidad y en las ciudades, lo que es sufrir en los campos de las aspersiones aéreas con un herbicida tan tóxico como el glifosato? A través de las AGG, la llamada “guerra contra las drogas” sigue marginando a los ya marginados, como si “ellos” resultaron parte de “la otra Colombia”, no de la que vivimos todos los días en nuestra cotidianidad. Aquella es una Colombia ajena, donde hay problemas de violencia, de narcotráfico y de cultivos ilícitos, realmente devastadores. Además, los chances de que vayamos a territorios donde se vive la guerra son muy bajos, pues muchos de esos lugares son peligrosos, remotos, con malas vías de acceso, sin centros de salud, ni presencia del Estado (aparte de, tal vez, las fuerzas militares). Sin embargo, en esa otra Colombia también habitan compatriotas que no están implicados directamente en los cultivos prohibidos. No olvidemos que esas zonas remotas suelen ser también lugares donde están muchos resguardos indígenas y afros, y forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). A muchos de esos territorios han migrado campesinos en busca de lo que no han encontrado en otros lugares: oportunidad de tierra y sustento. No olvidemos que esas zonas remotas suelen ser también lugares donde están muchos resguardos indígenas y afros, y forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). A muchos de esos territorios han migrado campesinos en busca de lo que no han encontrado en otros lugares: oportunidad de tierra y sustento. No olvidemos que esas zonas remotas suelen ser también lugares donde están muchos resguardos indígenas y afros, y forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). A muchos de esos territorios han migrado campesinos en busca de lo que no han encontrado en otros lugares: oportunidad de tierra y sustento.

Es clave recalcar que, según cálculos de UNODC de 2018 y 2019, la cocaína representa el 2,3% del PIB de la agricultura y cerca del 0,2% del PIB nacional. La coca para producción de cocaína es un cultivo rentable, y se ha demostrado que responde muy bien a las leyes de oferta y demanda, y que está sujeta a mejoras, uso de tecnologías, innovación y competencia, como cualquier otro cultivo. En 2020 se reportó que, a pesar de que el área de cultivo de coca en Colombia ha disminuido, se está produciendo más cocaína (UNODC, World Drug Report 2022).

Entonces, ¿por qué seguimos usando AGG en esta guerra contra las drogas, cuando la evidencia muestra que se ha convertido en una guerra contra nosotros mismos? Cuando digo “nosotros mismos” no solo me refiero a los seres humanos, sino también a las plantas, los animales, las aguas, los suelos y los ecosistemas que forman parte de nuestro país (para más información sobre los efectos del glifosato en la naturaleza , ver Sánchez, 2022).

Aunque creo firmemente que el problema de drogas ilícitas es grave y debemos hacer algo al respecto, considero que las AGG no son el camino. Y no solo por las múltiples evidencias alrededor de los efectos en la salud humana (pienso, por ejemplo, en las denuncias sobre el incremento de abortos espontáneos; Camacho y Mejía, 2017; Aparicio Zamora, 2022), sino también por su falta de efectividad . Ningún otro país considera el uso de AAG en su lucha contra los cultivos ilícitos, dado los riesgos que conlleva. Además, sabemos que para erradicar una hectárea se necesita fumigar 30 hectáreas (Camacho y Mejía, 2017). Por otro lado, en una entrevista para El Espectador, Mejía aseguró que existe un sinnúmero de estrategias que utilizan los productores de la coca para que su cultivo, destinado a la cocaína, no resulte afectado por las AAG. adicionalmente,

Tal vez estemos en un momento en el que se pueden replantear las corresponsabilidades, y que los países con mayores índices de consumo asuman cada vez más el problema de salud pública que tienen y no contribuyenyan a seguir generando violencia, enfermedades y daños al medioambiente en países productores como Colombia.

Referencias

• Aparicio Zamora, ES 2022. Salid reproductiva y biocidas: acerca de la relación entre los abortos espontáneos y la aspersión aérea con glifosato. En: OA Alfonso R. y H. Santaella Quintero (Eds.). 60 años bajo el signo de la prohibición: balances críticos de la política de drogas e iniciativas de cambio. Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
• Bernal, K, 2019. Fumigación con glifosato en Colombia: política antidrogas vs. Derecho a la salud y al medio ambiente. Universidad Católica de Colombia, Bogotá.
• Camacho, A. y D. Mejía. 2017. The health consequences of aerial spraying illicit crops: The case of Colombia. Journal of Health Economics, 54: 147-160.
• Dejusticia. 2022. Recuperado de: https://www.dejusticia.org/la-anla-insiste-en-aprobar-las-fumigaciones-con-glifosato-esta-vez-en-el-catatumbo/ Consultado: julio 25, 2022.
• García Pachón, M.d.P. y O.A. Alfonso R. 2022. La hora de la prevención, evidencias y más evidencias. En: O.A. Alfonso R. y H. Santaella Quintero (Eds.). 60 años bajo el signo de la prohibición: balances críticos de la política de drogas e iniciativas de cambio. Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
• Mejía, D. 2013. Recuperado de: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/colombia-es-el-unico-pais-del-mundo-que-usa-glifosato-article-452277/
• Mejía, D., P. Restrepo y S.V. Rozo. 2015. On the effects of enforcement on illegal markets: Evidence from a quasi-experiment in Colombia. World Bank Economic Review, 31: 570-590.
• Rozo, S. 2010. On the unintended consequences of anti-drug eradication programs in producer countries. Los Ángeles, California Center for Population Research y University of California. 2010
• Sánchez, A. 2022. Impactos ambientales del glifosato y los coadyuvantes. En: O.A. Alfonso R. y H. Santaella Quintero (Eds.). 60 años bajo el signo de la prohibición: balances críticos de la política de drogas e iniciativas de cambio. Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
• Santaella Cuberos, MJ 2022. La propiedad y sus afectaciones por la fumigación aérea con glifosato: entre la reparación administrativa y la reparación judicial. En: OA Alfonso R. y H. Santaella Quintero (Eds.). 60 años bajo el signo de la prohibición: balances críticos de la política de drogas e iniciativas de cambio. Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
• UNODC, Informe Mundial sobre las Drogas 2022 (publicación de las Naciones Unidas, 2022)