Por: Yann Basset – Profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos
Colombia empieza a salir de una violenta ola de inflación partidaria que nos llevó a tener más de 35 partidos con personerías jurídicas reconocidas, es decir, a todos fines prácticos, con derecho a avalar candidatos en todas las elecciones que se organicen en el país. El Consejo de Estado que, para hilar la metáfora, asumió para el caso el papel del Banco de la República, empezó a imponer orden y a tumbar las personerías jurídicas de muchas de las formaciones que las habían recibido irregularmente desde las pasadas elecciones nacionales. Sucesivamente, Todos Somos Colombia (el partido de Clara López), Creemos (el partido de Federico Gutiérrez), En Marcha (el partido de Juan Fernando Cristo), y desde la semana pasada, Independientes (el partido de Daniel Quintero) perdieron sus personerías y sus derechos a avalar candidatos por decisión de esta alta corte. Las precisiones entre paréntesis subrayan bien que dichas formaciones no eran reconocidas por sus siglas sino por ser el vehículo personal de un político particular, y de nadie más conocido o con un papel relevante en la política nacional o regional. Un partido de uno solo, en suma, un oxímoron.
El reversazo emprendido por el Consejo de Estado se da en relación a una serie de decisiones del Consejo Nacional Electoral que se puso desde las pasadas elecciones nacionales a reconocer personerías jurídicas a diestras y siniestras con los pretextos más variados, como el hecho de llegar de segundo en cualquier elección o consulta (se evoca entonces el estatuto de la oposición), el hecho de haber sido parte de una coalición que en conjunto llegó al umbral necesario para que un partido obtenga o mantenga la personería jurídica (3% del voto válido nacional en el Senado o la Cámara), o el hecho de presentarse como víctima de persecuciones políticas en el pasado que hubieran obligado a interrumpir la trayectoria del partido (extendiendo más allá de toda interpretación razonable el antecedente de la Unión Patriótica). Estas decisiones del Consejo Nacional Electoral muestran una vez más lo disfuncional que resulta tener un órgano integrado por políticos para decidir sobre las reglas en materia electoral. No es tanto que el consejo sea parcial a favor de un bando y trate de perseguir al otro como se piensa a veces. El verdadero problema es que el Consejo no le niega nada a los políticos de cualquier bando.
¿Por qué estas decisiones del Consejo de Estado son importantes y positivas para la democracia colombiana? Podríamos pensar que cuántos más partidos, más pluralismo, lo que sería mejor para la democracia. Esto es un error. Para el ciudadano elector, elegir entre 2, 3 o hasta 5 candidatos o listas es sano. Más allá, se vuelve difícil hacer una elección informada entre muchas opciones que introducen más ruido que oportunidades. A 35 formulas, la decisión se diluye entre tantas consideraciones que los resultados son muy difíciles de interpretar. Como en la inflación entendida como fenómeno monetario (si hay demasiado moneda en circulación, pierde su valor), cuántos más partidos hay, menos cumplen sus funciones de agregar la oferta política. El resultado es una extrema fragmentación de la vida política que dificulta la cooperación entre políticos y daña la “gobernabilidad” como dice la jerga politológica, es decir, la posibilidad de entablar relaciones sanas y transparentes entre Gobierno y Congreso.
En este sentido cabe esperar que el Consejo de Estado siga con la tarea de racionalizar la oferta para evitar que lleguemos a las legislativas de 2026 con un tarjetón ilegible (con toda la dificultad que implica para el conteo, el control del financiamiento de campañas, etc.) hecho de más de 35 logos con todas las coaliciones posibles entre ellos. Esto nos llevaría a un Congreso desorganizado e incapaz de actuar colectivamente que sería un interlocutor muy difícil para el próximo presidente o la próxima presidente, sea quien sea.
