Ver Sentencia C-251 de 2002 aquí

En esta Acción Pública de Inconstitucionalidad, se demandan de manera separada varios artículos de la Ley 684 de 2001, sobre la seguridad y defensa nacional. Los artículos demandados regulan temas varios, el funcionamiento de la seguridad y defensa nacional durante los estados de excepción, obligaciones y limitaciones a derechos de los ciudadanos, funciones de la Fiscalía General de la Nación, obligaciones de los entes territoriales en lo que respecta a las apropiaciones, el poder nacional, el teatro de operaciones, el proceso disciplinario que se le hace a las fuerzas militares y  funciones de policía judicial.
 
En las demandas se desarrollan once cargos, de los que se resaltan cinco a continuación. Primero, la ley viola la constitución por regular asuntos que son propios de las leyes estatutarias (leyes de categoría especial que son las únicas que puede regular ciertos temas). Segundo, viola la Constitución porque diluye la separación de poderes.  Tercero, viola la Constitución porque modifica que la ley estatutaria que regula los estados de excepción y no respeta la unidad de materia. Cuarto, viola la Constitución porque le otorga funciones de policía judicial a las fuerzas militares. Quinto, viola la Constitución porque modifica las competencias de la Procuraduría, sin haber hecho una reforma constitucional.
 
En su intervención el GAP se pronuncia sobre dos cargos. En primer coadyuva la argumentación sobre la violación a la reserva de ley estatutaria, al regular asuntos como:  los estados de excepción y asuntos estrechamente ligados a la administración de justicia. En segundo lugar, de la intervención versaba sobre el cargo relativo a las apropiaciones de los municipios y departamentos. Siendo estas apropiaciones cargas que afectan el presupuesto de municipios y departamentos, son vulneradoras de la Constitución por ir en contra de la autonomía territorial la norma suprema reconoce a su favor.
 
En las consideraciones, los razonamientos presentados por el GAP en la intervención son retomados por la Corte. Sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, la Corte reitera que en un Estado democrático, que se rige por el principio de legalidad, las limitaciones a esos derechos solo pueden venir de leyes estatutarias. Por ende, el primer cargo prospera. En lo relativo a la autonomía presupuestal de municipios y departamentos, la Corte no se pronunció de manera particular, sin embargo, el artículo respectivo se declaró inexequible junto con el resto de la ley.