Revista Nova et Vetera

El tiempo se agota para la oposición y las posibilidades de convocatoria a elecciones para un referendo revocatorio se esfuman. Para la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se perdió una oportunidad inmejorable para empujar el proceso cuando en octubre del año pasado un juez ordenó la suspensión de la recolección de firmas, con las que la oposición pretendía llevar a cabo la consulta a mediados de diciembre.  Cuando se dio tal anuncio, muchos vaticinaron una explosión social como resultado de lo que sería la conformación de una injerencia del ejecutivo en las decisiones judiciales. A esto se sumaba, la presión regional que ha sido cada vez más asfixiante, pues los espacios se le han cerrado al régimen de Nicolás Maduro. La suspensión del Mercado Común del Sur (Mercosur), y la insistencia del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para aplicar la Carta Interamericana Democrática, demuestran una región cada vez con mayor voluntad de intervenir.

No obstante, no hubo explosión social como lo anunció Carlos Vecchio líder de Voluntad Popular, partido de Leopoldo López. Tampoco la presión regional ha surtido efectos.  Contrariamente a lo que se esperaba, el régimen se ha radicalizado, lo que se observa con el nombramiento de Tareck El Aissami como vicepresidente. El gobierno, a pesar de todas las debilidades que se le atribuyen, sigue teniendo el control de la situación y ha esterilizado el poder que en algún momento llegó a acumular la oposición. Además, ha conseguido neutralizar la presión regional.

Con este panorama se va despejando la política venezolana y las opciones de la oposición y gobierno se decantan cada vez más hacia las elecciones presidenciales de 2018. Difícilmente habrá una transición política antes de que culmine el periodo de Maduro. Cuando se dio el triunfo de la oposición en las urnas el 6 de diciembre de 2015, que le permitió llegar a la Asamblea Nacional –aparato legislativo-  con mayoría calificada, era lógico esperar que se diera una transición en 2016.  La MUD accedió a semejante mayoría, con una histórica votación de más del 70%, cuando normalmente las elecciones legislativas se caracterizan por niveles de abstención muy altos.  Por ello, no era raro predecir que, en 2016, la oposición tendría todo a su favor para convocar un referendo revocatorio y que la mayoría de la población votaría por el SÍ –para la destitución de Maduro-. Asimismo, contra todo pronóstico el PSUV reconoció la derrota y públicamente asumió errores en la campaña previa al llamado 6D.

Se esperaba, por tanto, que, con tal mayoría en la Asamblea, la oposición pudiera conseguir tres objetivos. Seguir cohesionada persiguiendo el ideal de debilitar a Maduro, aprobar una ley de amnistía para presos políticos, y lanzar un calendario electoral con miras al referendo revocatorio. No había mejor panorama para la disidencia venezolana, que, además, contaba con el apoyo externo del gobierno argentino que sorpresivamente quedaba en manos de Mauricio Macri, muy activo en la previa electoral con el tema venezolano. De allí que no resultara insignificante la presencia de Liliana Tintori en al anuncio de victoria de la contienda contra el candidato de la izquierda Daniel Scioli al que muchos daban por ganador.  Macri se había comprometido con la situación en Venezuela, e incluso habló de aplicar la cláusula democrática de Mercosur (Protocolo de Ushuaia) para sancionar a ese país.

¿Por qué en tal escenario no prosperaron las pretensiones de la oposición venezolana? Esto se explica a la luz de 3 factores: las divisiones que se fueron gestando en el seno de la MUD sobre la posición a asumir, respecto del diálogo con el gobierno, el control sobre la Constitución del Tribunal Supremo de Justicia por parte del PSUV – especialmente de la Sala Constitucional-, y el apoyo de los militares al establecimiento.

Lo primero era previsible en la medida en que el gobierno fue ganando tiempo, y la oposición se fue dividiendo y, por ende, debilitando. El triunfo del 6D perdió valor, y la MUD se vio en una encrucijada al tener una de las ramas del poder público sin posibilidades de incidencia. La tentativa de deshacerse de Maduro, apelando al artículo 333 de la Constitución bolivariana se entendió como un instrumento que podía servir. Por esa época, el Congreso de Brasil había hecho algo similar, que consistía en apelar a la Carta Magna para destituir a la Presidenta. El citado artículo estipula que la “[…] Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.” Según se entendía, Maduro había quebrantado el orden constitucional, y cualquier autoridad o ciudadano podía reestablecerla, y se entendía que éste debía ser destituido para recuperar el Estado de derecho.  Sin embargo, la iniciativa fue atajada por la rama judicial.

Además, el control de la justicia le ha permitido al oficialismo bloquear cualquier iniciativa de liberaciones o el lanzamiento de un referendo revocatorio. Por más polémico que sea, la justicia se ha convertido en un instrumento de la revolución, y ha tenido un protagonismo en el proceso como nunca antes.

Finalmente, los militares acompañan al establecimiento, en buena medida porque el gobierno ha conseguido darles una importancia capital en el proceso. Mientras el aparato castrense en otras partes del continente, busca desesperadamente una misión que les otorgue la importancia que merecen, en Venezuela no existe tal cuestionamiento existencial. Se sabe que los militares cumplen con una función esencial en la coyuntura actual: la eficiencia en los canales de distribución de alimentos y en general bienes que escasean. 

En medio de todo, las inquietudes sobre la futura transición se multiplican, pues nada se sabe sobre el futuro de Venezuela después de 2019. Las elecciones de 2018, no resolverán nada y serán una contienda política atiborrada de dilemas para cada uno de los actores (PSUV, MUD, militares, sociedad, medios, etc.), pues pocos confían en las reglas de juego, cada vez más flexibles a los intereses del oficialismo.