Revista Nova et Vetera

En medio de una enorme polarización regional, y tal vez en el momento más crítico de la historia económica latinoamericana, Colombia recibe la presidencia pro témpore de la Comunidad Andina, un reto para la política exterior de Iván Duque a la vez que una oportunidad para enderezar el camino diplomático.

No hay una coyuntura más compleja para la Comunidad Andina en el pasado, ni siquiera cuando Chile, bajo el mando del gobierno militar de Augusto Pinochet Ugarte decidió su salida en 1976 transcurridos 7 años de su fundación. Tampoco en el estrepitoso abandono de Venezuela en 2006, en medio de denuncias por parte de Hugo Chávez en contra de los gobiernos de Álvaro Uribe y Alan García por adelantar esquemas de libre comercio con Estados Unidos, nocivos para las relaciones comerciales andinas. Cuando se produjo la salida venezolana se especulaba acerca de un desmonte de la CAN. Rafael Correa llegaba al poder en Ecuador y habida cuenta de su cercanía con el líder venezolano, desde que fuera ministro de economía, se creía que podía imitar el gesto, lo que hubiese significado una herida de muerte para el bloque andino. No obstante, Ecuador uno de los más beneficiados desde la creación del proyecto, permaneció y aunque con dificultades, la CAN ha mantenido su rumbo. 

¿Por qué la coyuntura es tan dramática para dicha institución? La aparición del Covid-19 ha sido devastadora para todos los países de la región latinoamericana, con las excepciones de Uruguay y Paraguay, que no han visto las cifras que en algunos países como Brasil podrían considerarse catastróficas. Aun así, el Covid-19 ha sido una oportunidad para que los andinos estrechen lazos y a diferencia de lo que algunos analistas han planteado respecto a un debilitamiento de las instituciones en favor de los nacionalismos, la pandemia significa una oportunidad para que los regionalismos recuperen un lugar. La CAN no solo cuenta con el Consejo de Presidentes que ha sido convocado a propósito de la crisis, sino que el Convenio Hipólito Unanue ha servido de espacio para que ministros de salud concreten políticas para encarar la pandemia. Ahora bien, sus efectos son limitados, y acá se observa un segundo factor que afecta seriamente la viabilidad de la CAN: las contradicciones insostenibles en el discurso político regional de sus miembros.

 

Los andinos, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia optaron por aislar a Venezuela en un asomo de unidad subregional que parecería, si no se lee el contexto, favorecer el discurso político del bloque. Incluso el gobierno golpista de Jeannine Áñez -originalmente destinado a la interinidad- sobrepasó sus funciones esenciales para romper relaciones con el oficialismo venezolano, con lo cual la CAN participa de las sanciones contra el llamado “régimen de Nicolás Maduro”.  Pero mantener esta estrategia en medio de la crisis sanitaria comporta al menos dos problemas graves para la legitimad andina. De un lado, si las razones para desconocer al gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) radican en su carácter autoritario ¿cómo entender que ningún andino haya insinuado siquiera la posibilidad de hacer lo mismo respecto del interinato marcadamente represivo y violatorio del orden constitucional en Bolivia? Para nadie es un secreto que, desde noviembre de 2019, antes de la aparición de virus, la independencia de poderes y el Estado de derecho fueron sacrificados a merced de un establecimiento incómodo con Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS), su partido político.

A esto se suma, que, Colombia ha sido único país de la CAN que ha tenido algo de éxito en la contención de la pandemia mientras el resto constituye un conjunto de fracasos que se agravan con el paso de los días. ¿Cuál es la experiencia ecuatoriana o boliviana en la gestión de la crisis sanitaria de la que podría aprender Colombia o Perú? Ecuador ha sido uno de los ejemplos más renombrados de la pésima gestión y lo sucedido en Guayaquil debería abrir las puertas para que superada la emergencia, el gobierno de Lenin Moreno (también comprometido en serias amenazas a la independencia del poder judicial) se someta a un estricto ejercicio de rendición de cuentas por la muerte evitable de cientos de personas en la capital económica del país. En Bolivia, a la persecución constante de militantes del MAS, se suman las cifras incontenibles de contagios, mientras el gobierno desnudó su poca o nula capacidad en gestión sanitaria y aprovechó la coyuntura para afianzarse en el poder a expensas de la democracia.

Desde sus inicios con el Acuerdo de Cartagena en 1969 que dio vida al entonces Pacto Andino, Colombia ha sido uno de sus líderes más activos. Su compromiso con la integración regional siempre fue dinámico en gobiernos de distintas vertientes ideológicas, liberal o conservador, y ante las dificultades antepuso los intereses de Estado a los del gobierno de turno. Vale recordar que en abril de 2006 cuando Chávez se retiraba de la CAN en un claro error que le cuesta hoy a toda la región, Álvaro Uribe buscaba la forma de negociar un esquema bilateral que mantuviera las condiciones de intercambio. Es decir, a pesar de las pronunciadas diferencias ideológicas, Uribe no dejó de estimular un acercamiento a Caracas. Pocos lo recuerdan, pero los gestos de aprecio no fueron pocos. 

 

El gobierno colombiano ha decidido poner todos sus intereses regionales en el Grupo de Lima, una iniciativa construida a las carreras para atender una coyuntura y cuya composición cambiante atenta contra su viabilidad. Con esta injustificada decisión, Colombia arriesga peligrosamente una tradición diplomacia de protagonismo en espacios de integración o concertación política regional como la OEA, la CAN, y los de más reciente creación como la Alianza del Pacífico (paradójicamente de iniciativa colombiana), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El abandono de estos espacios solo contribuye a la fragmentación regional, a la exaltación de nacionalismos que jamás han prosperado en la zona y a la repetición del testarudo del error que supone asumir que a través de sanciones se pueda promover una transición política y económica en Venezuela.  Mientras eso ocurre, la CAN que debería servir para el diálogo en medio de la diversidad -pues de nada sirve un intercambio entre Estados que defiendan exactamente las mismas posturas- se condena a la irrelevancia.