La irrupción de las plataformas digitales ha transformado las grandes ciudades colombianas. En cada barrio, los trabajadores por aplicaciones se mueven a diario y han compuesto un paisaje rutinario. Sin embargo, en medio de esa nueva normalidad urbana, quienes buscan su sustento con estas herramientas tecnológicas personifican las desigualdades históricas del mercado laboral.
Luis Molina* tiene 55 años y es conductor de Uber desde 2021. Antes de la pandemia, trabajó como taxista durante 16 años, pero el avance de las plataformas digitales diezmó sus ingresos y, en estas aplicaciones vio la oportunidad para no quedar relegado de las dinámicas laborales actuales. Hoy, con su Chevrolet Aveo azul cobalto, trabaja entre nueve y doce horas al día, y cuando tiene pico y placa, también trabaja en las noches
Aunque se trata de una labor exigente y con grandes desafíos del tráfico, Molina dice estar satisfecho con su trabajo, porque en algunas temporadas sus ingresos superan el salario mínimo. Le complace manejar el tiempo a su antojo, no rendirle cuentas a un patrón y poder realizar actividades familiares y de goce personal.
Se siente conforme con su actividad, pero le inquietan ciertos asuntos. Está cerca de la edad de jubilación (62 años para hombres en Colombia) y no tiene certeza de poder retirarse. En trabajos anteriores no le pagaron las contribuciones de ley a pensión y seguridad social y, según dice, “esas semanas se perdieron”. Además, si destina parte de sus ingresos actuales a estos rubros, su situación económica se vería afectada. También le preocupa que, debido al aumento del 23 % en el salario mínimo, decretado en diciembre de 2025 por el Gobierno, los precios de la canasta familiar hayan aumentado.
Las incertidumbres de Luis son similares a las de miles de trabajadores de aplicaciones digitales en Colombia, que afrontan un mercado con escasas oportunidades de empleo formal, alto desamparo laboral, deshumanización, inseguridad urbana y una precarización disfrazada de flexibilización.
Las plataformas digitales tienen un rol importante dentro de la “economía gig” (trabajos flexibles y temporales), y se han convertido en una vía accesible de empleo para personas que han sido marginadas del mercado formal como, por ejemplo: la población migrante y algunos sectores vulnerables del tejido social.
ue concentra las empresas de aplicación más grandes del país, hay cerca de 1.8 millones de cuentas activas de Rappi, Uber, Didi y Cabify (entre otras) en Colombia. No obstante, una estimación más conservadora de Fedesarrollo (2021), indica que existe un piso mínimo de 200.000 personas que trabajan a tiempo completo como conductores o repartidores de comida a domicilio, por medio de estas aplicaciones.
Tales cifras permiten dimensionar cuántas familias basan su sustento en estas plataformas, y, además, ayudan a entender cómo dichas compañías tecnológicas contribuyen a incrementar la informalidad en el país, que, según el último reporte del DANE, ha llegado al 55,4 %
El estudio expone cómo las plataformas promueven la juventud y cuerpos saludables capaces de resistir una carga de alto rendimiento, una consigna que no solo margina, sino que desconoce las realidades de la población.
Desde 2020, el sociólogo y profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, Óscar Javier Maldonado, ha rastreado las condiciones de trabajo de las plataformas digitales en el país. Sus indagaciones lo llevaron a integrar el proyecto Fairwork, una iniciativa coordinada desde la Universidad de Oxford que mapea la economía gig a escala global y ha permitido construir un repositorio de información sobre el impacto social de este sector.
Junto con Derly Sánchez, investigadora principal de Fairwork Colombia, Maldonado elaboró el artículo Los desafíos del trabajo justo en las plataformas digitales en Colombia: una exploración crítica de la justicia encarnada y la responsabilidad, que se publicó en 2024, como parte del libro Humanistic Management in the Gig Economy.
El objetivo del estudio fue caracterizar las condiciones de trabajo en las plataformas digitales en Colombia y, crear una base de datos de perfiles en tres ramas de la economía gig:
- conductores por aplicación,
- repartidores de comida a domicilio
- y trabajadoras domésticas remuneradas
Para lograrlo, se realizaron cerca de 340 entrevistas a profundidad. Entre los hallazgos se identificó que las plataformas digitales prosperan en escenarios de desigualdades históricas y materiales, capitalizan la informalidad y fomentan la precarización: salarios inferiores al mínimo, altos riesgos laborales, jornadas interminables, vigilancia algorítmica, sanciones y desprotección en seguridad social
Los datos de Fedesarrollo (2021), indican que, un repartidor de comida a domicilio por plataforma tenía un promedio de ingresos mensuales de $867.000, laborando 35 horas semanales, mientras que los conductores de aplicación alcanzaban el $1’200.000 por 44,6 horas durante el mismo tiempo. Incluso, se reportaron testimonios de colaboradores de Rappi y Picap que trabajaron más de 70 horas semanales sin percibir un salario mínimo, que por entonces era de $908.526.
Aunque dedicaron más tiempo al trabajo por plataformas, las ganancias y la capacidad adquisitiva de estas personas decrecieron como consecuencia de la crisis global del costo de vida, una secuela económica de la pandemia que incrementó los precios de recursos esenciales (alimentos y combustible). Todo ello impactó en un país en donde, según el DANE, el 48,9 % (11,3 millones) de la población tiene ingresos inferiores al salario mínimo y la inflación llegó al 13,1 % durante 2023, el mayor nivel en 23 años.
Otra paradoja que se advierte en el estudio es que, para crear riqueza, las plataformas digitales (empresas rentables que integran la economía formal), se nutren del trabajo informal, de instituciones frágiles y de infraestructuras urbanas pobres. Una práctica que los investigadores consideran viciada, pero que se solapa bajo el argumento de que dichas compañías son necesarias, puesto que generan empleo.
Para crear riqueza, las plataformas digitales se nutren del trabajo informal, de instituciones frágiles y de infraestructuras urbanas pobres. Una práctica que los investigadores consideran viciada, pero que se solapa bajo el argumento de que dichas compañías son necesarias, puesto que generan empleo.
Para Maldonado, este modelo de negocio es prolífico, porque existe una fracción enorme de posibles desempleados o de personas que tienen unas condiciones precarias. Las plataformas aprovechan esos elementos estructurales del sur global y potencian sus beneficios.
Todo lo cual, según el investigador, “es propio del capitalismo, al que le interesa la producción del capital, mientras los medios de su reproducción son secundarios. Las empresas de tecnología tienen una mentalidad colonial y son un poco más agresivas a la hora de reconfigurar sectores”.
Por su parte, Andrés García Suaza, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, considera que las formas de trabajo han cambiado de manera apresurada y la normativa laboral no se ha actualizado al mismo ritmo. “Es posible hallar un equilibrio en el cual las empresas de plataforma generen empleos que no sean completamente informales”. A su juicio, Colombia se encuentra en un punto de “mal equilibrio” que obstruye la inclusión de estos trabajadores en esquemas de protección social.
La seguridad social ha sido uno de los ejes del debate político. Desde sectores que buscan fortalecer las regulaciones de la economía gig, se ha señalado el desdén de algunas compañías por proteger a sus trabajadores en términos de salud, pensión y riesgos laborales. La investigación evidencia que la mayoría de las empresas rehúyen asumir estos costos, con el argumento de que no existe una relación laboral, porque quienes trabajan en sus aplicaciones lo hacen como colaboradores independientes y autónomos.
Según Fedesarrollo, hay cerca de 120.000 trabajadores de reparto a domicilio por plataformas digitales.
Sin embargo, como explica Maldonado, en la vida real estas personas desempeñan dichas actividades a tiempo completo y son su fuente primaria de ingreso. En tal escenario de desprotección, la reforma laboral liderada por el Gobierno (ya ley de la República), dibuja un nuevo panorama, porque busca brindar garantías mínimas de seguridad social, pensión y riesgos laborales a los trabajadores de este sector.
Adultos mayores y seguridad social: una grieta en el sistema
El caso de Luis Molina es paradigmático porque permite cuestionar la responsabilidad de las plataformas en el bienestar de los trabajadores, su sostenibilidad a largo plazo y su futuro pensional, pero también, revela que existe una grieta en la protección laboral de la vejez.
e la vejez. Tal y como se describe en el estudio, el promedio de edad de los repartidores de comida a domicilio en Colombia es de 35 años; el de los conductores, 38; y el de las trabajadoras domésticas, 40. Cerca del 10 % de los colaboradores de plataformas está cerca de la etapa de jubilación. El problema es que, entre esta población cercana a alcanzar la edad de pensión, son diversos los casos en los cuales nunca se ha cotizado a seguridad social o se ha hecho de forma tardía.
Así, estos trabajadores enfrentan un panorama mucho más incierto: la imposibilidad de alcanzar una vejez digna y la necesidad de seguir desarrollando labores que son demandantes desde el punto de vista físico, muchas veces a merced de la lluvia, el sol, el tráfico y la polución. El estudio expone cómo las plataformas promueven la juventud y cuerpos saludables capaces de resistir una carga de alto rendimiento, una consigna que no solo margina, sino que desconoce las realidades de la población.
García Suaza explica que tal vacío en la protección social de los adultos mayores no solo afecta a quienes hacen parte de la economía digital, sino que es algo estructural en Colombia. Un trabajador que llega a una empresa con una edad a punto del retiro nunca alcanzará el nivel de cotización al sistema de pensiones, que es de 1.300 semanas (cerca 20 años de contribuciones).
La situación es crítica: solo el 40 % de la población cotiza a las pensiones, y el 75 % de los adultos mayores en Colombia no ha contribuido al sistema de seguridad social. “Esto constata el nivel de desprotección de la vejez”, continúa García Suaza. Por esa situación, estas personas deben trabajar en actividades informales y expuestas a diversos riesgos laborales, “un factor crucial en edades avanzadas”, recalca.
Los dos académicos coinciden en que es necesario avanzar hacia una reforma pensional equitativa, comprensiva de las complejidades de la población y que integre el mercado laboral. De lo contrario, en un futuro próximo habrá una masificación de trabajadores de la tercera edad que buscan su sustento en las plataformas digitales, un fenómeno que ya se observa en Estados Unidos, Chile y Argentina
La reforma laboral: un camino de formalización para los trabajadores de reparto; una incógnita para los conductores de plataformas
Luego de múltiples tensiones políticas y debates sociales complejos, el 20 de junio de 2025, el Congreso colombiano aprobó la Ley 2466 de 2025, con la cual se reformó el sistema laboral del país. El texto, al fin, incluye reglamentaciones para el sector de las plataformas digitales, lo cual se había intentado en iniciativas legislativas anteriores y no tuvieron éxito.
El elemento clave de la discusión, en donde participaron sindicatos de repartidores por aplicación, el Ministerio del Trabajo y agremiaciones de la economía gig, fue reconocer que existen diferentes tipos de trabajadores en plataformas: los dependientes y los independientes. En el caso de los independientes, la ley establece que las compañías deben garantizar el pago del 60 % de los aportes a salud y pensión, y cubrir la totalidad de sus riesgos laborales.
De hecho, los riesgos laborales son un aspecto esencial. Los repartidores y conductores viven expuestos a sufrir accidentes de tránsito. Antes de la reforma, las empresas dejaban esa carga de enfermedad o discapacidad al sistema de salud y tampoco exigían a sus trabajadores estar afiliados a seguridad social.
Según Iván Jaramillo Jassir, viceministro de Empleo y Pensiones y profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la cobertura en seguridad social y riesgos laborales es la puerta de ingreso de estos trabajadores en la formalización, lo cual debería minimizar sus condiciones de desprotección social.
“Con la reforma laboral habrá un tránsito de la informalidad a la formalidad. Al ingresar en el sistema de seguridad social, los trabajadores de plataforma tendrán derechos, tutela y protección ante riesgos”, asegura.
Entretanto, García Suaza sostiene que la cobertura en seguridad social, aunque “no es la fórmula mágica”, sí es un mecanismo de inserción de estos trabajadores en un circuito de formalidad. Reconoce que “es muy positivo que estemos discutiendo la legislación laboral de las plataformas”.
Por su parte, Jhonniell Colina, presidente de UNIDAPP, sindicato que nació en 2020 y agrupa los trabajadores de plataformas digitales en Colombia, en particular, los repartidores, sostiene que la reforma laboral es una victoria de la organización que dirige, la cual fue parte activa de los debates políticos. Sin embargo, admite que el texto final no quedó como en principio se planteó, puesto que, se buscaba que este tipo de trabajadores tuviera un contrato especial que incluyera un modelo de subordinación con las compañías gig.
Los conductores de aplicación suelen dedicar más horas de actividad laboral que los trabajadores de otras plataformas digitales
“La mayoría de nosotros trabaja de 12 a 14 horas al día, sin primas ni vacaciones. Cada uno pone la moto, el teléfono y la gasolina. La mitad de lo que ganamos se va en esos gastos. Las cuentas que hicimos mostraron que, para que un repartidor pueda sortear dichos rubros, debe ganar como mínimo $20.000 por hora. Pese a todo, solo obtuvimos unos puntos básicos de seguridad social que sirven para defendernos”, concluye.
Ahora bien, la reforma no comprende todos los sectores de la economía gig (como los conductores por aplicación), que quedaron desatendidos en el articulado. Jaramillo Jassir explica que la ley se enfoca en los repartidores por una decisión consciente y no por omisión, pues sigue en curso un debate sobre la legalidad de las plataformas de conductores y el Ministerio de Transporte debe desarrollar las rutas para una normatividad clara.
En enero de 2026, el Ministerio y la Superintendencia de Transporte radicaron en el Congreso el Proyecto de Ley 347 de 2026, tendiente a vigilar y supervisar el sistema nacional del transporte del país. El documento suscitó una álgida controversia: la agremiación Alianza Inn advirtió que contenía medidas que podrían llevar a la ilegalidad y a la prohibición de las plataformas digitales de movilidad en Colombia, al establecer reglas sancionatorias para conductores, aplicaciones e incluso, usuarios. Dada la polémica, el Gobierno decidió retirar el proyecto de forma temporal, con el propósito de realizar ajustes antes de continuar el trámite legislativo.
Al margen de las interpretaciones, la discusión puso de manifiesto la urgencia de que también se produzca una regulación consistente para las plataformas digitales de conductores, puesto que, más de 80.000 personas subsisten trabajando en ellas, bajo condiciones precarizadas. Al respecto, la reforma laboral ha dejado una incógnita por resolver en un futuro cercano.
Óscar Javier Maldonado, profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, considera que la reforma es “un hito en la protección de derechos laborales” y un avance hacia condiciones más dignas para los trabajadores de plataformas digitales, porque provee unos pisos básicos de seguridad social.
Pese a ese vacío, Maldonado considera que la reforma es “un hito en la protección de derechos laborales” y un avance hacia condiciones más dignas para los trabajadores de plataformas digitales, porque provee unos pisos básicos de seguridad social.
Su perspectiva es que “Colombia se ve lejos de alcanzar condiciones justas, pero está mejor que hace cinco años”. Esto se debe a que la economía gig es “reticente a dialogar con la academia, la sociedad civil y sus propios empleados”. Aun así, resalta que los repartidores y conductores se estén organizando. La reforma es un paso al frente, pero es “necesario movilizarse ante unos modelos que extraen la vida de la gente. A ellos les interesa más la rentabilidad que el bienestar”, subraya
Mientras tanto, Luis Molina es consciente de que deberá ser conductor de aplicaciones al menos una década más. A siete años de alcanzar su edad de pensión, dice sentirse con la fuerza vital suficiente para intentarlo “hasta que el cuerpo lo permita”. Durante sus jornadas, hace una o dos pausas para estirar, caminar, activar su circulación y darle alivio a su espalda, que es la que más sufre con su trajín diario.
Luis anhela que sus condiciones laborales y las de sus colegas mejoren, y que los gobiernos no soslayen que brindan un servicio a la comunidad. “Trabajamos honestamente y ayudamos a la gente. Sería bueno que se nivelaran las cargas y que las plataformas de transporte nos dieran un aporte a la seguridad social porque ellas se benefician con lo que hacemos. Además, subió el mínimo y, también, los gastos de salud y pensión: estamos pagando más de $400.000. Eso es un golpe fuerte al bolsillo. Todos merecemos trabajar de forma digna”.
*La identidad de la fuente se modificó por solicitud de la persona entrevistada
