El evento organizado por el Laboratorio de Innovación de Sistemas de Salud de la Universidad de Harvard (Health Systems Innovation Lab - HSIL), y universidades de Latinoamérica se desarrollará el 20 y 21 de abril.

En esta oportunidad, la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario es anfitriona del hackatón en la sede de Quinta de Mutis.

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El hackatón 2023 se enfoca en dos grandes temas o categorías: cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Los equipos de  participantes están integrados por creadores de startups, estudiantes universitarios de pregrado y posgrado, posgraduados e investigadores de múltiples disciplinas de Colombia, América Latina, el Caribe y Estados Unidos, para desarrollar soluciones innovadoras que aborden las prioridades de cada uno de sus países.

¿Cuál es el objetivo del hackatón?

Reunir equipos multidisciplinarios de estudiantes universitarios para colaborar y desarrollar soluciones digitales innovadoras, que aborden las prioridades de cada uno de sus países.

Además, mostrar el potencial de las soluciones digitales propuestas, para mejorar la atención médica en América Latina y apoyar la transición de los sistemas de salud a sistemas de alto valor.

Programa de Incubación HSIL

Los equipos ganadores podrán unirse al Programa de Incubación HSIL de Harvard por un período de seis meses, tiempo en el que los equipos recibirán oportunidades de trabajo en red, apoyo para desarrollar un plan de empresa y una estrategia de implementación, de acuerdo con el país donde se llevará a cabo la idea, con el apoyo de nuestras organizaciones asociadas y las instituciones coanfitrionas.

El hackatón "Soluciones digitales para la Construcción de Sistemas de Salud de Alto Valor en América Latina" representa una oportunidad única para la comunidad de estudiantes de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud desarrolle soluciones innovadoras, que puedan mejorar los sistemas de salud en Colombia, centrándose en las prioridades del país.

Bogotá, abril 18 de 2023. Aunque el aumento del nivel de precios de los productos y servicios moderó su velocidad al alza en marzo pasado en 6 puntos básicos frente al mes de febrero, la inflación mantiene el comportamiento ascendente que acompaña a los colombianos desde hace 23 meses.

Si se compara la inflación de marzo de 2021, que era de 1.51 %, con la de marzo de 2023, equivalente al 13.34 %, se puede concluir que ha tenido un aumento de 883 % en el referido período de tiempo, lo que lanza una alerta a las autoridades económicas para detener el incremento del IPC.

La inflación no solo se ataca con el aumento de la tasa de intervención, como de forma sostenida lo viene haciendo la Junta Directiva del Banco de la República, sino con una política macroeconómica consistente en la que las instituciones del Estado colaboren armónicamente, dijo Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

“Llevamos doce meses continuos de aumento en la tasa de intervención sin que se haya logrado reducir la inflación y se ha producido el resultado exactamente contrario. El Estado debe asumir el reto de bajar la inflación con un adecuado control de la tasa de cambio, la tasa de usura, la tasa de intervención, los precios de los servicios públicos -especialmente los relacionados con la electricidad- y el trámite de las reformas estructurales acordes con la realidad fiscal del país”, explicó.

Para controlar la inflación se requiere superar la confianza ciega en el uso de la tasa de interés como única medida para combatirla, pues el abuso de esta medida está cerca de provocar un agudo choque de disminución de demanda agregada que podría afectar los sectores de vivienda, emprendimiento empresarial, alimentos, bebidas, restaurantes, turismo, arrendamientos, importaciones, entre otros, señaló.

Según el experto, “hay vientos de reducción del consumo per cápita. Si seguimos con esta descontrolada senda inflacionista sin que se den medidas que verdaderamente adopten un papel activo de libertad vigilada de precios por parte de los distintos órganos de inspección, vigilancia y control, no lograremos la meta de tener el pico más alto de crecimiento de la inflación a finales de mayo de 2023”.

Se debe cumplir el mandato constitucional, legal y jurisprudencial que obliga a mirar la economía desde la perspectiva de la estabilización económica, sin que por ello se descuiden los niveles de empleo, crecimiento y coherencia macroeconómica, que propenden por la armonización de las variables fiscales y monetarias necesarias para avanzar en la superación de los déficits fiscal y de balanza de pagos.

Falta protagonismo de entes de control y gremios

Amorocho indicó que es palpable la exigua actividad de los órganos de control del Estado para hacer frente a la inflación. “Las superintendencias Financiera, de Industria y Comercio y de Servicios Públicos, así como la Contraloría General de la República pasan sin pena ni gloria en esta coyuntura, en un contexto en el que los precios en muchos sectores parecen no ser asignados por las fuerzas del mercado ni por una objetiva contabilidad de costos, sino por lo que a cada sector se le ocurre”.

El Gobierno ha invitado a los gremios a concientizar a los empresarios para que ayuden a moderar la inflación de productos industriales y de servicios. Sin embargo, esto no servirá de mucho sino se atacan las razones de fondo, pues es necesario que las empresas se formalicen para que tengan contabilidad normal y de costos y no estén asignando al ojímetro y a la conveniencia de cada sector el aumento de precios en detrimento del bienestar de la población, anotó.

Efectiva gestión y ejecución de la inversión pública para bajar la inflación

El llamado al Gobierno y al Emisor es reducir la inflación con gerencia pública integral y a desactivar la desaceleración de la economía con una efectiva gestión y ejecución de la inversión pública, que permitan salir de los pronósticos de un crecimiento entre 0.8 % y 1.1 % del PIB para 2023.

“Colombia puede lograr un crecimiento entre 2.0 % y 2.5 % del PIB y una inflación entre el 8.5 % y el 9 % a diciembre de 2023, si logramos tener en cuenta que la administración de la hacienda pública, la economía, la política, la historia y la sociología están estrechamente relacionadas con el cumplimiento de los principios de reserva de ley, la eficiencia y eficacia de la administración de lo público y el bienestar general de la colectividad, bajo la égida del Estado Social de Derecho”, afirmó el académico.

Para alcanzar estos objetivos se requieren acuerdos entre Gobierno, Congreso y gremios en las reformas de ley de salud, pensiones y laboral. Además, la información que aporta la rama ejecutiva hasta ahora no es completa, ni definitiva. “Esta forma de presentar los proyectos e impulsar las negociaciones ha terminado por fomentar la incertidumbre, el nerviosismo financiero y la especulación en el mercado”, agregó Amorocho.

De ser aprobada la licencia menstrual en el país, el empleador podría otorgar una licencia remunerada por un periodo más largo siempre y cuando la persona menstruante presente un certificado médico que justifique esta necesidad.

La propuesta fue construida con base en las estadísticas actuales del país en materia de enfermedades y condiciones, tanto físicas, como psicológicas, relacionadas con la menstruación y los ovarios. Este proyecto, promueve la sensibilización y la ejecución de acciones en pro de los derechos menstruales.

Para la doctora Lina Céspedes Báez, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, este proyecto de ley ha generado controversias, ya que, particularmente se ha dicho que la licencia menstrual puede reforzar estereotipos de género e incluso refuerza la idea de que las mujeres son costosas y que tienen una tendencia más alta al ausentismo laboral.  “Considero que estas críticas deben ser abordadas de manera seria. Por ejemplo, se debe especificar quién va a asumir los costos de la licencia menstrual y también se debe tener muy claro como el Ministerio del Trabajo no solo va a ser su labor de inspección, vigilancia y control, sino también como va a evitar que esta distancia menstrual se convierta en una herramienta de discriminación en contra de un grupo poblacional particular, por ejemplo, las mujeres”.

Por su parte, el doctor Leonardo Gómez Polania, profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, y, jefe de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital Universitario Méderi, se permite aclarar que, “la dismenorrea se define como la presencia de dolores menstruales de origen uterino y representan una de las causas más comunes de dolor pélvico, generan gran morbilidad en mujeres de edad reproductiva, y resulta, en una importante pérdida de productividad y calidad de vida”.

El doctor Gómez Polania señala que la dismenorrea se ha clasificado en:

Dismenorrea primaria, la cual hace referencia a la presencia de dolor pélvico recurrente asociado a la menstruación, en ausencia de patología pélvica subyacente. Usualmente inicia en la adolescencia, ocurre cerca del inicio o durante la menstruación, y, tiene un claro patrón temporal. Puede acompañarse de síntomas sistémicos como náuseas, vómitos, diarrea, fatiga e insomnio.

Dismenorrea secundaria, la cual hace referencia a la presencia de dolor pélvico que es causado por una patología orgánica, como la endometriosis, la adenomiosis, los fibromas y pólipos uterinos, o la enfermedad inflamatoria pélvica.

El Dr. Gómez Polania a su vez, comenta que, “el principal objetivo del tratamiento de la dismenorrea es la reducción del dolor y los síntomas asociados, así como mejorar la funcionalidad de las pacientes y disminuir los días de productividad perdidos en trabajo, estudio o actividades extracurriculares. Se debe iniciar de forma empírica el tratamiento con anti inflamatorios no esteroideos, tratamiento hormonal y medios locales como calor, ejercicio, y suplementos dietarios. Y, por supuesto, realizar seguimiento con el medico ginecólogo”.

Por otra parte, la profesora Lina Céspedes resalta que la licencia menstrual puede convertirse en una herramienta adecuada para enfrentar los tabúes que rodean la menstruación y también puede ser una iniciativa que propicie el diagnostico a tiempo de las enfermedades relacionadas con la menstruación y de esta manera, enfrentar de manera acertada los dolores e incomodidades que puede generar el ciclo menstrual. Para la experta en derecho y género de la Universidad del Rosario, la licencia menstrual debe estar enmarcada en políticas públicas integrales, así como en políticas empresariales. “La licencia como está planteada, debemos tener en cuenta que solo beneficia a una parte de la población y es la población que tiene un trabajo formal, de ahí que sea importante que exista una política pública integral también que llegue a las personas que no tienen trabajos formales. En conclusión, la licencia menstrual puede ser una herramienta poderosa, puede ser una herramienta efectiva para lograr los objetivos de deshacer tabúes para poder realmente proteger los derechos de las personas que enfrentan los ciclos menstruales, siempre y cuando estén enmarcadas en políticas públicas y empresariales integrales”.

El doctor Leonardo Gómez Polania concluye que, en términos generales, “lo fundamental es basarse en la recomendación y direccionamiento del médico tratante, quien, basado en un completo estudio, dictamine si se requiere generar la licencia menstrual, y, no buscarlo como una excusa para justificar el ausentismo laboral y/o escolar”.