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Un equipo interdisciplinar de la salud y los derechos humanos devela, con base en un estudio secundario, que la población adolescente por cuenta de la violencia en Colombia se encuentra en situación de vulnerabilidad por aspectos como: pobreza, desescolarización y prevalencia a desarrollar problemas y trastornos en su salud mental. El 63% son mujeres entre 13 y 16 años.

Colombia es el país con el mayor número de desplazados internos del mundo, con ocho millones de personas, según un informe de 2020 del ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados). Se trata de una cifra que ha venido en desaceleración en los últimos años, pero que proviene de un acumulado de décadas de conflicto armado y que aún la posiciona por encima de naciones como Siria.

Además, es el segundo Estado de mayor recepción de personas desplazadas a través de fronteras, después de Turquía. Colombia ha recibido a más de 1,7 millones de venezolanos en los últimos años. Es un país donde fluye el desplazamiento que –según el investigador Luis Sánchez– es un “proceso que trastoca las fibras más profundas de nuestro ser, tal como lo son nuestros proyectos de vida y nuestra identidad”. Mucho más, cuando esa identidad está en formación, y eso ocurre en plena adolescencia.

Según la ACNUR, niñas, niños y adolescentes representan alrededor del 30% de la población mundial, pero son el 42% del total de las personas desplazadas por la fuerza. En el caso de Colombia, el 28% de la población tiene 15 años o menos y, sin embargo, representa el 39% de los desplazados.

Un equipo interdisciplinar de la Universidad del Rosario y la Pontificia Universidad Javeriana, en el que participaron los profesores Andrea Padilla Muñoz, Arturo Marroquín Rivera, Carlos Javier Rincón Rodríguez y Carlos Gómez Restrepo, unió esfuerzos para focalizar su atención en la población adolescente colombiana y entender qué repercusiones tiene o ha tenido el desplazamiento en su salud mental.

La profesora Andrea Padilla Muñoz –de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario– se interesó en esta población de jóvenes desplazados por sus investigaciones relacionadas con los sujetos de especial protección constitucional. Y dentro de este grupo, llamó su atención los adolescentes.

Según advierte la investigadora: “Me interesa la adolescencia porque es un período en el que se presentan cambios no solamente biológicos sino también transiciones sociales. Es una etapa supremamente importante para dar cuenta de la formación, física, mental y social”.

Así, se articularon sus intereses con los de un grupo de especialistas de la salud en términos de lo mental. “Se unieron dos miradas: de la psiquiatría y los derechos humanos. Fue muy interesante para mí aprender de la Salud Mental desde la medicina, y para ellos todo el tema de cómo se ve también desde los Derechos Humanos”, explica Padilla.

De este modo, el equipo –entre los cuales había expertos en Psiquiatría, Epidemiología y Derechos Humanos– que venía realizando aportes a la Encuesta Nacional de Salud Mental (2015) del Ministerio de Salud y Protección Social, decidió en 2019 realizar un análisis secundario  de esta  base de datos para establecer la prevalencia de enfermedades mentales en población adolescente desplazada debido a la violencia en Colombia. Un año después la investigación fue publicada en la revista Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health.

¿Quiénes son estos adolescentes desplazados? edades, zonas, género, escolaridad
La encuesta Nacional de Salud Mental de 2015 contó con la participación de 1.754 adolescentes del país entre los 12 y 17 años, de los cuales el 5% aseguró ser población desplazada y haberse cambiado de lugar de residencia debido a la violencia. Casi un tercio de ellos, el 38%, vive en situación de pobreza.

Ahora bien –según refieren los investigadores– el 72% de esta población desplazada adolescente vive en áreas urbanas, los mayores porcentajes en las regiones central y del pacífico con 34 y 30% respectivamente. La ciudad de Bogotá tiene un lugar específico dentro del estudio como receptora de esta población con un 6,7%.

De otro lado, el 63% de estos adolescentes son mujeres, la mayoría de 13 y 16 años como edades más puntuales y críticas. Esto llamó la atención de los investigadores teniendo en cuenta que, entre los jóvenes no desplazados, la situación de género es casi equivalente al 50% y de todas las edades. Lo anterior coincide con otros contextos de guerra en donde las niñas, adolescentes y mujeres suelen ser mayoría.

Y si bien para el momento, el 76% de esta población adolescente desplazada por el conflicto armado en el país aseguró estar escolarizada, en niveles como primaria o ninguna se encontró un 71% y en secundaria un 29%. También este porcentaje devela su vulnerabilidad frente a la población no desplazada, que manifestó una escolaridad de 87%, de la cual el 62% se refiere a ninguna o educación básica primaria y el 37% a secundaria.

“Cabe mencionar que las personas con bajos niveles de educación también tienen un mayor riesgo de estar expuestos a eventos traumáticos relacionados con la violencia”, advierte el estudio, que evidencia cómo en América Latina las personas que tienen una educación básica o secundaria y han estado expuestas a situaciones traumáticas o violentas, presentan proporciones más altas de enfermedades mentales, en comparación con aquellos con grados de educación más altos.

Cuatro décadas de silencio

¿Y la salud mental?
Nuestro cerebro –aquella máquina perfecta de consistencia gelatinosa, color marfil y aproximadamente un kilo cuatrocientos­– controla y regula la mayoría de nuestras actividades. Lo sabemos… pero muchas veces no le damos la importancia necesaria y cuando nos enfrentamos a situaciones de estrés o trauma, se liberan sustancias que, así como las vivencias del desplazamiento, terminan por afectar este complejo órgano, lo que puede implicar la pérdida de habilidades o a estar más propensos a trastorno mentales. Según Carlos Gómez Restrepo –médico psiquiatra e investigador de la Universidad Javeriana y director del estudio–, en la Encuesta Nacional de Salud 2015 se utilizó la entrevista estructurada CIDI, que “ha sido utilizada mundialmente, deriva en conocer diagnósticos específicos de la persona entrevistada alrededor de depresión o ansiedad”. Y añade que se utilizó una escala de 1993 denominada el SRQ que mide problemas en adolescentes y había sido aplicada en el país.

Los investigadores encontraron que el 11% de todos los encuestados tenía al menos un trastorno de salud mental, el 19% de los adolescentes desplazados presentaron ideas suicidas, 9% realizaron intentos de suicidio y 12% desarrollaron un trastorno potencial por estrés postraumático.

En contraposición, los adolescentes no desplazados por la violencia –que constituyen alrededor del 95% de la muestra– develaron en un 5.8% haber presentado ideas suicidas, 2.1% realizaron algún intento de suicidio y el mismo porcentaje desarrolló un trastorno potencial por estrés postraumático.

“Un adolescente desplazado es parte de una población mucho más vulnerable pero susceptible de sufrir mayores dificultades en su salud mental. Los desórdenes de ansiedad y depresión fueron los más comunes que se encontraron dentro de la población adolescente desplazada”, sostiene la profesora Padilla Muñoz, y añade que ideas o intentos suicidas, por ejemplo, fueron cuatro veces más comunes entre adolescentes desplazados que no desplazados.

Igualmente, los investigadores señalan que entre las mujeres –quienes constituyen la mayoría en la muestra representativa de la encuesta– existe mayor prevalencia también de desarrollar problemas psicológicos y mentales como insomnio, depresión, ansiedad, irritabilidad, baja autoestima, entre otras. También, para ellas se suelen asociar otros problemas de salud pública como el embarazo adolescente, así como el riesgo o abuso sexual.

“En general la depresión y el trastorno depresivo es dos o tres veces mayor en las mujeres que en los hombres. Esto puede obedecer a muchas circunstancias; unas derivadas de la cultura, que tienen que soportar algunas mujeres; aspectos biológicos en las que las hormonas pueden privilegiar ciertos cuadros depresivos por encima de otros, y algunos tipos de relación que se dan a nivel social en las mujeres”, explica el investigador Gómez Restrepo.

A lo anterior, el galeno añade que en relación con trastornos derivados del alcohol, los hombres tienden a tener mayor consumo de estas sustancias al igual que otras psicoactivas. De tal forma que: “En salud mental, hay algunas patologías y problemas que son más frecuentes en mujeres y otros que son más frecuentes en hombres”.

La salud mental y los derechos humanos
“La salud mental es un derecho humano”, recalca la profesora Andrea Padilla Muñoz, y apunta que cualquiera que sea la edad, el género, la etnia, las condiciones socioeconómicas, etcétera, es importante reconocer la salud (física, pero también mental y social) como un bien básico y fundamental. Un asunto que debe ser de preocupación diaria.

La investigadora advierte que, desde esta perspectiva, el estudio es relevante en tanto reflexiona en torno a la interdisciplinariedad de esta salud mental y analiza dos categorías: la población adolescente y el desplazamiento en Colombia, y revela la vulnerabilidad de este grupo, en su mayoría compuesto por mujeres. 

En este sentido –refieren los investigadores– la prevalencia femenina en estas circunstancias exige intervenciones rápidas debido a las desventajas que enfrentan (en su vulneración de derechos), las cuales son resultado de la desigualdad social dentro del contexto colombiano; es decir, maltrato, dificultades económicas, agresiones verbales y físicas, entre muchas otras, lo que puede traducirse en resultados adversos para su salud física, mental y social.

Ahora bien, en general el estudio demuestra que las personas desplazadas presentan mayores dificultades derivadas de la pobreza, tienen más problemas de ideación suicida, depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, y desescolarización. Es decir, la violencia y el desplazamiento los posicionaron en peores condiciones, mayor inequidad.

“Queremos promover estrategias para que se ofrezcan unos servicios a la medida de las necesidades de este colectivo desplazado”, advierte Padilla Muñoz, y explica que si se trabaja la problemática de salud mental con población adolescente se puede prevenir que en el futuro desarrollen ideas suicidas, depresión y ansiedad, entre otros desórdenes, siendo adultos.

Pero no se trata solo de ellos, sino de llegar también a sus cuidadores. “Los adolescentes desplazados que están bajo el cuidado de personas con circunstancias similares, pueden tener mayores dificultades para generar efectos de protección que podrían significar un mayor número de trastornos físicos y mentales. Por lo tanto, los resultados de este estudio resaltan la importancia de brindar atención y ofrecer estrategias en servicios en un contexto de atención colaborativa e incluyente”, concluye el estudio.

Según el profesor Gómez Restrepo, es importante un acompañamiento psicosocial a estas familias de mayor riesgo y apoyar al personal que labora con niños y jóvenes. Al respecto, la profesora Padilla Muñoz advierte: “Actividades religiosas, fomentar interacciones y soporte social, deportes, artes y educación prometen buenos resultados con esta población afectada”.

Se trata de un entramado de atención que contribuiría de manera solidaria a mejorar el derecho de la salud mental de niños, niñas y adolescentes, que son el futuro… una generación de relevo que merece ser atendida e incluida en una sociedad que ya les vulneró, alejada del conflicto y la violencia –así como la indiferencia– que trastocó sus vidas.