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Tierra: dualismo de guerra y paz

La concentración de la tierra en Colombia ha marcado la historia del país y constituye uno de los elementos críticos generadores de violencia ante la ausencia del Estado. Como en las batallas épicas de conquistas, la tierra ha sido considerada como el botín de guerra y elemento de control. En las últimas décadas del conflicto armado, los actores ilegales o grandes terratenientes han ocupado extensos territorios del país, desplazando a millones de campesinos que han tenido que abandonar forzosamente sus predios.

La concentración de la tierra en Colombia ha marcado la historia del país y constituye uno de los elementos críticos generadores de violencia ante la ausencia del Estado. Como en las batallas épicas de conquistas, la tierra ha sido considerada como el botín de guerra y elemento de control. En las últimas décadas del conflicto armado, los actores ilegales o grandes terratenientes han ocupado extensos territorios del país, desplazando a millones de campesinos que han tenido que abandonar forzosamente sus predios.

La concentración de la tierra en Colombia ha marcado la historia del país y constituye uno de los elementos críticos generadores de violencia ante la ausencia del Estado. Como en las batallas épicas de conquistas, la tierra ha sido considerada como el botín de guerra y elemento de control. En las últimas décadas del conflicto armado, los actores ilegales o grandes terratenientes han ocupado extensos territorios del país, desplazando a millones de campesinos que han tenido que abandonar forzosamente sus predios.

La concentración de la tierra en Colombia ha marcado la historia del país y constituye uno de los elementos críticos generadores de violencia ante la ausencia del Estado. Como en las batallas épicas de conquistas, la tierra ha sido considerada como el botín de guerra y elemento de control. En las últimas décadas del conflicto armado, los actores ilegales o grandes terratenientes han ocupado extensos territorios del país, desplazando a millones de campesinos que han tenido que abandonar forzosamente sus predios.

Este último proceso de restitución de tierras a gran escala será implementado en diez años, junto con otras medidas para combatir la pobreza, independientemente del resultado de los diálogos de paz. Sin embargo, como figura en la agenda de investigación del Observatorio, ni el acuerdo agrario preliminar entre Estado y FARC ni la política de restitución han sido claramente definidos, y ambos tienen múltiples vacíos y problemas que requieren de mayor clarificación. No es sorpresa que en los últimos años haya una creciente preocupación con relación tanto a la desigualdad extrema de manera general, como a la problemática de la tierra en particular, incluyendo sus posibles vínculos con el conflicto armado.

Fue en este contexto que se planteó la necesidad de crear una red de conocimiento e investigación que tiene como foco principal el seguimiento a la política pública de restitución de tierras, con el objetivo de contribuir teórica y técnicamente a la implementación de dichos procesos. Así nace el “Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria”, el cual reúne un grupo interdisciplinario compuesto por cinco unidades académicas de diversas universidades del país: Universidad Nacional, Universidad del Rosario, Universidad Sergio Arboleda, Universidad del Sinú y Universidad del Norte.

La dirección científica del grupo está a cargo del antropólogo, Doctor en Ciencia Política y docente del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional, Francisco Gutiérrez Sanín. Por su parte, la coordinación está liderada por la abogada, Doctora en Derecho, docente de la Universidad del Rosario y directora del Semillero Inclusión Democrática del Grupo de Investigación de Derecho Público, Rocío del Pilar Peña Huertas. Adicionalmente, el grupo cuenta con reconocidos académicos y analistas nacionales e internacionales.

El Observatorio, financiado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), es un programa de investigación planteado a cuatro años, que busca describir y comprender, desde un punto de vista comparativo, las instituciones que regulan los derechos de propiedad sobre la tierra en Colombia, y su relación con el conflicto armado, la toma de tierras, el sistema político y el Estado; así como identificar los mecanismos sociales, políticos e institucionales que permitieron el despojo e identificar otros análogos que: a) hagan posible una restitución plena y sostenible, b) contribuyan a propiciar la capacidad regulatoria del estado con respecto de los derechos de propiedad rural y c) promuevan la equidad y la productividad en el campo colombiano. Finalmente, se generarán aportes y recomendaciones relevantes para el desarrollo de políticas.

Fortalecimiento del Estado: una necesidad imperante

La restitución está relacionada con la democracia, la paz y la reconciliación. Pero, por otra parte, la alta inequidad rural y la débil capacidad regulatoria del Estado en el campo han sido identificados desde hace décadas, como potenciales factores de violencia.

"Los campesinos no tienen nada que ver con la guerra pero sí son los afectados porque les quitan la tierra", manifestó un campesino en una encuesta de opinión realizada por el Observatorio sobre los problemas agrarios en Colombia. Es así como la restitución está relacionada con la democracia, la paz y la reconciliación. Pero, por otra parte, la alta inequidad rural y la débil capacidad regulatoria del Estado en el campo han sido identificados desde hace décadas, como potenciales factores de violencia.

En este contexto, la Universidad del Rosario desarrolla el proyecto de investigación denominado “Diseños institucionales de la regulación de los derechos de la propiedad agraria en Colombia, una perspectiva comparada”, dirigido por la Doctora en Derecho, Rocío del Pilar Peña Huertas, quien explica: “lo que hacemos es analizar todas las instituciones normativas que regulan la propiedad agraria en Colombia desde una perspectiva comparada, buscando comprender las especificidades del caso colombiano, desde el análisis de otras experiencias internacionales. Colombia, según el índice Gini (método que mide hasta qué punto la distribución se aleja de una distribución perfectamente equitativa), es uno de los países que tiene mayor concentración de la tierra por debajo de Argentina, Brasil y Chile; sin embargo, en estos países la gente no se mata entre sí, de ahí que la concentración no es el único fenómeno que explica el conflicto armado en Colombia, pero sí es un factor de gran importancia”.

En el proceso de estudio y análisis, la directora del grupo de investigación de la Universidad del Rosario manifiesta que el principal problema que han evidenciado es el de un Estado débil, entendido como instituciones débiles no solo Nación, Presidente, Congreso, sino autoridades locales como Alcaldías, Secretarías de Hacienda, notarios, entre otras.

“Es una de las grandes apuestas: ¿qué se debe hacer para que el Estado sea fuerte en lo nacional y en lo local?”, enfatiza la investigadora. Como respuesta a esta pregunta, el Observatorio de Tierras está enfocado en la construcción de un debate sobre cómo y qué se necesita para fortalecer el poder local, y cuáles son los medios para dotar al Estado de una capacidad instalada que le permita responder a las exigencias del ejercicio del poder.

Por otra parte, Peña Huertas indica que el mayor obstáculo que han enfrentado es la renuencia del Estado a dar información: “al funcionario público se le investiga por lo que hace pero no por lo que no hace, se siente el dueño de la información. Un ejemplo de esto es la Unidad de Restitución de Tierras que, so pretexto del habeas data, no da información, además utilizan sistemas de recolección de información que nadie usa. El Estado colombiano está sobre bultos y bultos de información que no suelta y que le da miedo que la gente conozca. Para un investigador social la información es vital, por esta razón muchas de las decisiones se toman a pálpito, porque no hay información”, explicó la docente de la Universidad del Rosario.

El Estado desconoce cuánta tierra tiene disponible

En Colombia el conflicto armado ha creado sus propias dinámicas de toma y acumulaciones masivas de tierras. Según apreciación de la investigadora Peña, “esta es una sociedad capturada por los gamonales, en la que la tierra ha sido un elemento fundamental para el ejercicio del poder.

En Colombia el conflicto armado ha creado sus propias dinámicas de toma y acumulaciones masivas de tierras. Según apreciación de la investigadora Peña, “esta es una sociedad capturada por los gamonales, en la que la tierra ha sido un elemento fundamental para el ejercicio del poder. La tierra, más que un medio de producción es un medio de poder pues quien tiene tierra tiene poder”. Sin importar partido político, religión, estrato social, todos los colombianos queremos que haya una justa distribución de la tierra.

Infortunadamente, el Estado colombiano no sabe cuántos baldíos tiene, dónde los tiene, cuántos son reserva forestal, cuántos reserva minera, cuántos ya no son baldíos, cuántos están ocupados por personas que en la década de los 70 se fueron a los llanos orientales con la promesa del Estado para que hiciera linderos y luego se les titulaba, pero que en este momento le dicen que no le van a titular porque tiene más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), entendida como una medida económica traducida en las hectáreas necesarias para que una familia rural tenga los ingresos necesarios para obtener vida digna y sostenibilidad de su actividad productiva.

Sobre la importancia que reviste la Ley 1448, la directora del grupo de investigación de la Universidad del Rosario explica que “la restitución es fundamental y reviste gran importancia por una razón: a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Estado y la sociedad reconocen que en este país ha existido un conflicto armado interno y que ese conflicto produjo víctimas. Reconocen que hay gente que ha sufrido por un conflicto interno y que tienen derecho a que le reconozcan lo que perdió”.

Con el fin de verificar la buena ejecución de la restitución de tierras, el Observatorio de Tierras seguirá investigando sobre cuáles son las reformas necesarias que debe realizar la sociedad colombiana para implementar el punto uno de La Habana y lograr una paz duradera.

Aporte al proceso de paz

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) evidencia la voluntad de incidir en temas de desarrollo rural y dice que va a haber una autoridad que solo se dedique a la tierra,  a recuperar y distribuir baldíos. 

“En un momento en el que la paz en Colombia se hace cada vez más posible, nosotros como Observatorio y programa de investigación, estamos empeñados en hacer el debate sobre las reformas institucionales incluyentes dentro de la democracia, que son necesarias para una paz sostenible. Para ello estamos haciendo una apuesta por abrir espacios de discusión entre la academia y la política, con el fin de plantear las reformas para que esta paz que estamos a punto de firmar sea sostenible, y la reforma agraria es un punto fundamental”, enfatiza la coordinadora del Observatorio.

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) evidencia la voluntad de incidir en temas de desarrollo rural y dice que va a haber una autoridad que solo se dedique a la tierra, a recuperar y distribuir baldíos. Según manifiesta el Observatorio de Tierras, eso es fundamental, pero esa entidad tiene que estar vigilada, tiene que tener procesos muy claros, procesos simples que sean entendibles por los campesinos para que no tengan que acudir a “abogados sofisticados” para que les hagan sus procesos.

Además, el Plan Nacional de Desarrollo trae dos elementos fundamentales: catastro multipropósito, cuya función primaria es mostrar la realidad sobre la propiedad en el campo y llevar al pago justo del predial; y los programas de formalización de la propiedad privada. Con estas dos herramientas se crean las bases de reforma y políticas agrarias.

Grupo de Investigación

Grupo de Investigación de Derecho Público

El objetivo del grupo de investigación es determinar las políticas, estrategias y acciones para el fortalecimiento de la investigación científica y formativa, y delimitar las líneas prioritarias de investigación mediante un amplio proceso participativo con la comunidad académica.