Economía y política
Por:Amira Abultaif Kadamani
Foto:Ximena Serrano, Milagro Castro DOI https://doi.org/10.12804/dvcn_10336.36853_num6
Las cifras producen escalofrío: cerca de 768 millones de personas en el mundo sufrieron hambre en 2021, 46 millones más que en 2020 y 103 millones más que en 2019, antes de la irrupción de la COVID-19. De ellas, 56,5 millones viven en América Latina y el Caribe, es decir, el 8,6 por ciento de la población general, según el informe anual El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022 (Sofi, por su sigla en inglés), publicado en julio pasado por cinco agencias de Naciones Unidas (FAO, Fida, Unicef, WFP y OMS).
Las mujeres y los niños son la población más vulnerable al hambre, la inseguridad alimentaria y las distintas formas de malnutrición (ver glosario), y aunque tradicionalmente los más afectados son quienes viven en zonas rurales, algunos grupos sociales asentados en áreas urbanas empiezan a sumarse al listado de víctimas.
Los factores causantes son los fenómenos climáticos extremos, los conflictos sociales y económicos que enfrentan los países y las desigualdades en distintos ámbitos, panorama que por supuesto se agudizó con la pandemia. Y si así el resultado es sombrío, lo será más cuando se midan los efectos de la guerra en Ucrania, no incluidos en los cálculos de este balance y que, sin duda, profundizarán el retroceso al alterar aún más las apaleadas cadenas de suministro mundial, así como el precio de los insumos agropecuarios y la energía.
Soberanía alimentaria se refiere al poder de un Estado para crear y ejecutar políticas para estimular la producción sostenible de alimentos.
“El mundo se está moviendo en la dirección equivocada”, advierte el citado documento, y de seguir esa senda estaríamos muy lejos de cumplir la meta trazada a 2030 de erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, que corresponde al segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de los 17 planteados en 2015.
Aunque los países han diseñado estrategias en distinto grado y alcance para mitigar y acabar esta acuciante situación, el cumplimiento de ese objetivo no se logra por sí solo, y de ahí que las alianzas regionales sean un mecanismo importante para asumir ese reto.
En esa medida, la investigadora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, Alejandra Pulido, junto con un grupo de colegas de otras instituciones académicas (Cesa, Fundación Universitaria Konrad Lorenz y Politécnico Grancolombiano), se dieron a la tarea de evaluar las políticas que sobre seguridad alimentaria han establecido distintos organismos multilaterales de cooperación y desarrollo económico, comercial y social. Su evaluación se enfocó en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; en el Mercado Común del Sur (Mercosur) con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela; y en la Alianza del Pacífico, con Chile, Perú, México y Colombia.
Su trabajo –publicado como un capítulo del libro Integración latinoamericana: retos para la región y Colombia, editado por el Politécnico Grancolombiano (2020)– consistió en revisar la literatura existente acerca del tema y analizar los documentos oficiales de integración.
“Nuestro propósito fue ver cómo se ha abordado la seguridad alimentaria de manera comunitaria y la conclusión es que no se ha trabajado verdaderamente. Lo que más se ha dado en el marco de esas integraciones es compartir experiencias y transferir conocimiento y buenas prácticas de cada país”, asegura Pulido, quien aprovechó su experiencia académica en comercio y negocios internacionales para explorar la integración latinoamericana en torno al Hambre Cero (ODS #2). “Las iniciativas en términos de seguridad alimentaria están dadas por políticas nacionales y no comunitarias. Y aunque la CAN es el organismo que tiene estrategias, tácticas y políticas más estructuradas, una cosa son las propuestas formuladas y otra es la implementación, y para este último habría que hacer un análisis completamente diferente”.
En concepto del representante en Colombia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Alan Jorge Bojanic, es positivo que el tema esté en la agenda de estas y otras entidades de integración regional, pero esa confluencia de voluntades, buenas intenciones y declaraciones no han logrado materializarse ni traducirse en presupuestos ni caminos de acción. “Salvo políticas específicas y determinados acuerdos, ha sido una integración muy débil la que se ha dado con estas instancias, que son importantes aunque muchas veces la retórica no se traduce en acciones”, dice el dirigente de origen boliviano.
La búsqueda bibliográfica realizada por Pulido y sus colegas sobre la seguridad alimentaria en América Latina arrojó un interés prevalente de los investigadores por los temas de salud humana y nutrición, especialmente en mujeres, madres lactantes y niños.
Una de las grandes discusiones que se cierne sobre este asunto es si los países deben propender por la seguridad o la soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria comprende la garantía de acceso, tanto físico como económico, de la población a una alimentación suficiente y adecuada para cubrir sus necesidades diarias. Soberanía alimentaria se refiere al poder de un Estado para crear y ejecutar políticas para estimular la producción sostenible de alimentos –especialmente de pequeña escala en vez de industrial–, acogiendo el conocimiento tradicional de las comunidades y la investigación científica, y privilegiando la construcción local de los eslabones de las cadenas productivas.
Para Pulido no son cuestiones excluyentes porque a través de la soberanía se garantiza también la seguridad. Pero es claro que no todos los países tienen las mismas posibilidades y capacidades productivas ni son competitivos en todo, y en aras de buscar sinergias, ser eficaces y más eficientes en combatir el hambre y la inseguridad alimentaria, hay que buscar un balance entre la autosostenibilidad y el intercambio comercial exterior.
“A través de la soberanía se controlan la producción y las exportaciones, se logra una mejor articulación con proveedores y se generan formas productivas diferentes. Pero eso no quiere decir que tengamos que ser completamente autosuficientes, porque hoy por hoy eso es muy difícil. ¿Qué es lo que sí puede pasar? Que desde la soberanía alimentaria se generen mecanismos para lograr una autosuficiencia para las personas que no tienen acceso a alimentos”, afirma la investigadora, quien recalca el valor de los procesos integracionistas y la complementariedad de las economías nacionales.
“El concepto de soberanía es muy polémico (…) porque hay gente que lo asocia con sustitución de importaciones (…) y hay otros que lo matizan hablando justamente de cómo evitar que haya dumping de producción nacional que afecte la seguridad alimentaria del país”, aclara Bojanic. Él enfatiza que el término que reina en la FAO es seguridad alimentaria con un apellido adicional, ‘nutricional’, porque una cosa es llenar la barriga y otra, estar bien alimentado. En su criterio, ambos conceptos pueden ser complementarios en la medida en que los países trabajen por garantizar la buena alimentación de su población y, a su vez, fortalezcan la producción y los productos nacionales, sin que eso sea una camisa de fuerza para evitar importar alimentos indispensables para sus habitantes.
En América Latina y el Caribe (ALC) hay varios organismos de integración regional, incluidos los mencionados y otros como Celac, Aladi, Alba-TCP. Podría pensarse que tal diversidad de organizaciones le resta peso, contundencia y eficacia al proceso de lograr soluciones efectivas al estar ‘remando’ por distintos caminos hacia una meta común. Sin embargo, Pulido considera que eso no ocurre necesariamente porque estas entidades tienen objetivos distintos y complementarios y ello no impide que se pueda lograr una convergencia entre ellas hacia el fin ulterior de cumplir con el ODS #2. Y como vivimos en un mundo global, la necesidad de la interconexión es, en muchos casos, evidentemente necesaria.
Según un estudio realizado por FAO, OPS, WFP y Unicef sobre la seguridad alimentaria y nutricional en ALC en 2019, “los periodos de mayor crecimiento económico [en la región] durante las últimas décadas coinciden con los periodos más importantes de reducción del hambre. (…) Por lo tanto, la desaceleración económica de los países de la región es uno de los factores que más afecta a la seguridad alimentaria y la nutrición de las personas y hogares, con una repercusión diferente en los diversos grupos de población. Esto es especialmente significativo para una región con altos niveles de desigualdad”.
“Nuestro propósito fue ver cómo se ha abordado la seguridad alimentaria de manera comunitaria y la conclusión es que no se ha trabajado verdaderamente. Lo que más se ha dado en el marco de esas integraciones es compartir experiencias y transferir conocimiento y buenas prácticas de cada país”, asegura la profesora Alejandra Pulido
Colombia puntea como el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor crecimiento económico en la región, con un PIB proyectado de 6,1 por ciento para 2022, por encima de la media de crecimiento mundial de los países miembro. Eso es cosecha de la reactivación económica implementada hasta el momento y es un buen indicador. Pero a juicio de Pulido esto no soluciona la inseguridad alimentaria. “Que este año tengamos un crecimiento superior por un proceso de reactivación no implica que en un periodo de tiempo determinado vayamos a garantizar la seguridad alimentaria, pues hay otras variables que, contrario a impulsar, están limitándola”, advierte refiriéndose principalmente a los sobrecostos de los insumos agroindustriales que se trasladan a la canasta familiar. “El crecimiento puede estar dado, como en nuestro caso, por producción industrial o exportación de hidrocarburos, y la variación del PIB de un año a otro no es lo que determina la seguridad alimentaria”, añade.
El representante de la FAO en Colombia está de acuerdo con que hay una relación entre crecimiento económico y reducción de pobreza, pero puntualiza que eso ocurre solo si existen programas específicos orientados a dicho propósito. “No puede haber un crecimiento económico si no va acompañado de un crecimiento de base ancha, es decir, que son muchos los factores involucrados en tal crecimiento y que, a la vez, buena parte de ese dividendo va orientado hacia programas de erradicación de pobreza”.
Para Pulido, el gobierno entrante de Gustavo Petro ha mostrado unas nuevas políticas de transformación del agro que podrían mejorar el panorama alimentario. Sin embargo, ese proceso no dará en el corto plazo y sus frutos no se verán antes de 10 o 12 años. Adicionalmente, habría que evaluar la disponibilidad de materias primas así como los costos de producción de insumos propios y de la cadena de abastecimiento versus los costos de importación de agroinsumos o productos.
Conforme lo señala el informe Sofi, el mundo destinó casi 630.000 millones de dólares al año en el periodo 2013-2018 a apoyar la alimentación y la agricultura, fundamentalmente a agricultores individuales, a través de políticas sobre el comercio y los mercados, y de subvenciones fiscales. Pero “en gran parte, este apoyo no solo distorsiona el mercado sino que además no está llegando a muchos agricultores, daña el medio ambiente y no promueve la producción de alimentos nutritivos”, advierte el documento. Esto es porque “el apoyo a la producción agrícola se concentra principalmente en los alimentos básicos, los lácteos y otros productos ricos en proteínas de origen animal, especialmente en los países de ingresos altos y medianos altos. El arroz, el azúcar y las carnes de diversos tipos son los que más incentivos reciben a nivel mundial, a diferencia de las frutas y las hortalizas, que reciben menos apoyo en general, o a los que incluso se penalizan en algunos países de ingresos bajos”.
Por esta razón, uno de los mensajes centrales de las entidades multilaterales que desarrollaron este análisis es que las subvenciones fiscales deben dirigirse a los consumidores en lugar de a los productores, pues eso proporciona una mejora ostensible en la asequibilidad a una dieta saludable con un buen efecto secundario: la reducción de los gases de efecto invernadero de la agricultura. Sin embargo, esa no es una fórmula mágica, porque a renglón seguido el informe advierte que es “posible que tenga repercusiones negativas en la reducción de la pobreza, los ingresos agrícolas, la producción agrícola total y la recuperación económica”.
La gran pregunta que dicho panorama deja al descubierto es cómo se pueden usar los recursos públicos destinados a la agricultura para cumplir objetivos múltiples, es decir, cómo incentivar la producción, hacer una transición hacia una agricultura descarbonizada más eficiente, empleadora de menos recursos y protectora de los suelos, y al mismo tiempo combatir necesidades apremiantes como la reducción de la pobreza. “Estos objetivos múltiples a veces son contradictorios y ahí está el tema de la política que, como se dice, es la ciencia de lo posible, no de lo deseable”, señala Bojanic.
Y en medio de este intrincado laberinto faltará ver las implicaciones de una inflación mundial galopante que empieza a tener visos de recesión. Los retos por resolver son enormes y no hay un modelo detallado que pueda ser aplicado a rajatabla por todos los países que sufren hambre o inseguridad alimentaria, dado que en las particularidades de cada una de sus sociedades se desgranan ventajas o limitaciones únicas. No obstante, ante una problemática compartida, los países de esta zona del mundo podrían, al menos, ir más allá de sus experiencias positivas para entablar sinergias que mitiguen esta dolorosa realidad.
-Inseguridad alimentaria: “Situación que existe cuando la gente carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales, y para llevar una vida activa y saludable”.
-Malnutrición: “Condición fisiológica anormal causada por un consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de los macronutrientes que aportan energía alimentaria (hidratos de carbono, proteínas y grasas) y los micronutrientes (vitaminas y minerales), esenciales para el crecimiento y el desarrollo físico y cognitivo. Se manifiesta de muchas formas, entre ellas: subalimentación y desnutrición, deficiencias de micronutrientes y sobrenutrición y obesidad”.
-Subalimentación y desnutrición: “Cuando la ingesta de alimentos es insuficiente para satisfacer las necesidades de energía alimentaria”. En Colombia hay 4,4 millones de personas con desnutrición según datos del Sofi 2021.
-Deficiencia de micronutrientes: cuando hay un faltante de una o más vitaminas y minerales esenciales. Se miden en miligramos o microgramos.
-Sobrenutrición y obesidad: “una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede perjudicar la salud. El sobrepeso es uno de los indicadores de malnutrición en niñas y niños menores de 5 años. Se estima que 4 millones de niñas y niños menores de 5 años presentan sobrepeso en ALC, lo que equivale a 7,5 por ciento de la población infantil de la región.
Fuentes: https://www.fao.org/hunger/es/
FAO, OPS, WFP y UNICEF. (2019). Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2019. Santiago. 135. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
