Las implicaciones de la deforestación en Colombia, o en otros países de la región con características de biodiversidad alta y cubiertos con grandes extensiones de bosque, son diferentes de las de otros países”, explica Benjamin Quesada. “Al destruir nuestros bosques, no solo estamos destruyendo la biodiversidad, sino que también estamos eliminando nuestras mejores armas para luchar contra el cambio climático: los bosques”.
Un estudio publicado en la revista Nature en julio de 2021, coordinado por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, encontró que entre 2010 y 2018 la Amazonía liberó más CO2 del que absorbió, y que el suroeste de esta región, una zona que ha sufrido importantes procesos de deforestación en los últimos 40 años, actúa ya como una fuente neta de carbono (flujo total de carbono menos las emisiones de los incendios) a la atmósfera.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que en el año 2018 se perdieron aproximadamente 1.971,6 km2 de bosque y en 2019 se redujo esa pérdida a unos 1.588,9 km2 . Esta reducción se vio interrumpida a comienzos de 2020, justo cuando comenzó la pandemia.
Los boletines de alertas tempranas para 2020 muestran un aumento de la deforestación en los departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, entre otros.
Las razones para el incremento de la pérdida de bosques en esos primeros meses de 2020 son varias. Hubo una intensificación de los incendios de casi tres veces con respecto a los sucedidos en 2019, algo nunca visto en ese periodo del año. Así también, la cuarentena conllevó una pausa de la intervención del Estado en el monitoreo de las zonas, hecho que aprovecharon los actores ilegales del conflicto (tales como el ELN, las disidencias de las Farc y grupos de autodefensa como Los Urabeños y el Clan del Golfo) para deforestar en masa. Durante el periodo mencionado se abrieron más de 280 km de carreteras nuevas donde antes había bosques.
En un informe de julio de 2021 del Ministerio de Minas y Energía, la Embajada de Estados Unidos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se confirma que el 57 por ciento de la explotación de oro de aluvión (Evoa) con maquinaria en tierra en el país es considerada “explotación ilícita” al no tener ningún título minero. Además, descubrieron que el 52 por ciento de este tipo de actividad minera, que corresponde a un total de 52.263 ha, se realiza en “zonas excluibles de minería o protegidas ambientalmente”. Sobre el resto, el 35 por ciento se practica en “áreas permitidas para la explotación” y el 13 por ciento se encuentra en “zonas de minería restringida”. Y solo dos departamentos, Antioquia y Chocó, concentran el 78 por ciento de toda la extracción de oro.
Pero las fuentes de deforestación no solo provienen de actores ilegales, sino también de instancias legales. Un estudio publicado en mayo de 2021 en la revista Environmental Research Letters, coordinado por los profesores de la Universidad del Rosario Nicola Clerici, Andrés González y Benjamin Quesada, muestra que entre 2001 y 2018 la minería legal contribuyó a la destrucción de 121.819 ha de bosque, de un total de 400.000 ha deforestadas en total, legal e ilegalmente. En términos generales, las concesiones legales de minería han contribuido al 3,4 por ciento del total de bosques perdidos en ese periodo de 17 años, con un pico de 5,6 por ciento de la deforestación total del país en el año 2017.
“Por primera vez estamos en capacidad de hacer estimaciones muy precisas de la dinámica espacio-temporal de deforestación dentro de las concesiones mineras legales en Colombia, durante estas últimas dos décadas”, aclara Clerici en su artículo.
Por qué son importantes estos datos? Porque perder bosques nos impide luchar efectivamente contra la emisión de GEI. En los resultados del estudio, los autores confirman que la deforestación “es un culpable importante de la pérdida de biodiversidad terrestre y de los servicios de los ecosistemas, lo que a su vez tiene posibles impactos negativos en los sistemas socioeconómicos y en el bienestar humano”. El estudio también muestra que las emisiones debidas a la deforestación en polígonos mineros legales aportarían casi un tercio del total de emisiones del sector durante el periodo 2001-2018.
“El problema del control de la deforestación en Colombia es algo profundamente complejo porque en gran parte se trata del control del territorio. Las cifras de asesinatos de líderes sociales en el país no hacen sino mostrarlo”, explica Franchini.
Mapa de las concesiones mineras otorgadas en Colombia (en azúl) y las zonas deforestadas dentro de esos polígonos (en rojo). Fuente: Andrés González González et al 2021 Environ. Res. Lett. 16 064046.
