Universidad Ciencia y Desarrollo

Las estadísticas se han vuelto fundamentales a la hora de dictar normas en torno a temas polémicos como las vacunas o el precio de los medicamentos. Su poder radica en que, como sociedad, consideramos que son un argumento irrefutable, pues ofrecen una lectura objetiva de una situación; pero, ¿son realmente objetivos los números? ¿Cuál es su papel en un Estado?

Han pasado 13 años desde que la Corte Constitucional Colombiana despenalizó el aborto mediante la Sentencia C 355 de 2006, en tres casos: cuando el embarazo constituye peligro para la salud o la vida de la mujer, si existe grave malformación del feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo es producto de una violación o incesto.
 
Y aunque ha transcurrido más de una década, la tensión sobre el tema continúa. Algunos siguen luchando para volverlo a penalizar, mientras, desde la orilla contraria, otros buscan que sea despenalizado totalmente. La discusión hoy está enfocada en los números: ¿valió la pena despenalizar el aborto?, ¿realmente es un asunto de salud pública? y, sobre todo: ¿cuáles son las cifras que lo sustentan?
 
Aunque el debate sigue siendo profundamente religioso, la discusión en términos de políticas se ha movido a temas como la salud pública. Fue así como dejó de discutirse, por ejemplo, en qué momento se podía considerar que iniciaba la vida humana. El cambio radical en la discusión ocurrió cuando en los argumentos jurídicos entraron las estadísticas, entre las cuales hubo una en particular que generó remezón: se estimó que en Colombia se practicaban 400.000 abortos ilegales al año.
 
Apalancadas en este dato, las organizaciones sociales de mujeres a favor de la despenalización ‘ganaron la pelea’ en un litigio que lideró Mónica Roa, representante de la organización Womens Link Worldwide. 
 
Para comprender cómo en un país de tradición religiosa ocurrió este intercambio de argumentos y cifras que terminó en la despenalización del aborto, Óscar Javier Maldonado Castañeda, doctor en sociología y profesor de la Universidad del Rosario, utilizó la sociología de la cuantificación y analizó cómo los datos cobran un papel central a la hora de construir políticas públicas. Aquí sus declaraciones para Universidad, Ciencia y Desarrollo, estrategia de divulgación científica de la Universidad del Rosario.

Universidad, Ciencia y Desarrollo (UCD): ¿Por qué este dato de los 400.000 abortos ilegales interpeló de manera tan fuerte al Estado?
 
Óscar Javier Maldonado Castañeda (OJMC): Al tener un número tan grande el Estado empieza a tener un deber de protección, de modo que este número convierte el tema en un asunto de salud pública. ¿Por qué? Porque 400.000 abortos ilegales son 400.000 mujeres en riesgo, son 400.000 citas adicionales para el sistema de salud, de las cuales se pueden derivar el mismo número de tratamientos ocasionados por un aborto mal practicado. Las repercusiones son para la salud de la mujer y también para el sistema de salud. Por eso empieza a ser un tema en el que el Estado debe pronunciarse.
 
 
UCD: El Instituto Alan Guttmacher (AGI), que es una fundación líder en el análisis epidemiológico y demográfico del aborto, prestó su apoyo a las organizaciones de mujeres que buscaban la despenalización. Quizá su aporte más contundente y, a la vez polémico, fue la cifra estimada de los 400.000 abortos ilegales en el país. ¿Cómo construyeron esta cifra?
 
OJMC: Los investigadores del AGI cruzaron las cifras de embarazos con las de nacimientos y detectaron que había un desfase, entonces asumieron que esos embarazos que no llegaron a término daban una pista de muerte de neonatos. La segunda cosa que revisaron fueron las historias clínicas de eventos adversos que podrían estar relacionados con abortos, como mujeres que llegaron con perforación en el útero o mujeres con sangrado permanente. Esto hacía referencia a que había una alta probabilidad de abortos ilegales.

Adicionalmente, construyeron otro índice a partir de entrevistas con ginecólogos y otros profesionales de la salud que tratan estos casos. Por ejemplo, una mujer llega con un sangrado y el profesional sabe que se trata de un aborto, pero lo reporta como un sangrado, aunque desde su conocimiento experto sabe que es un aborto ilegal. Entonces AGI tomó estos tres elementos, los combinó y esto les permitió construir la cifra.
 
UCD: Diez años después de la despenalización del aborto en Colombia, en Chile tomaron como ejemplo el litigio llevado a cabo en nuestro país para avanzar en su propia discusión. Fue así como quienes estaban en contra de la despenalización identificaron que el debate en Colombia había girado hacia la salud pública y los derechos, hecho que fue clave en la despenalización. En respuesta a esto, en Chile usaron otro argumento, ¿de qué se trató la estrategia de los que estaban en contra de la despenalización?
 
OJMC: Lo que más les interesaba demostrar es que la despenalización del aborto no influye en la reducción de la mortalidad materna. Con esto evidenciaban que el debate no era un asunto de salud pública y, en vez de esto, lo que habría que esgrimir es cuándo empieza la vida humana, cuál es la moralidad del aborto y demás.
 
Este movimiento empezó a intentar interpelar al Estado con un lenguaje más técnico, no únicamente desde lo religioso o desde las consideraciones de cuándo inicia la vida humana. Sus representantes comenzaron a hablar sobre formas de política poblacional alternativas a la de Naciones Unidas y defendieron una visión mucho más conservadora y a favor de la familia, una visión que critica la forma en que el aborto se ha puesto como tema prioritario en las políticas poblacionales.
 
UCD: Desde la orilla de las posturas antiaborto, el epidemiólogo chileno Elard Koch cuestionó la metodología usada por AGI para estimar el aborto inseguro. Él identificó algo clave en la manera en que se había construido la cifra de los 400.000 abortos ilegales y que, además, es una pista clave sobre por qué las cifras no son objetivas. ¿De qué se trata esta pista y qué revela sobre la falsa objetividad de los números?

Koch atacaba la encuesta que se hacía a los expertos, pues supone una opinión que, si bien es muy fundamentada y tiene autoridad clínica, no es lo mismo que un dato recogido de eventos vitales. Fue así como señaló que encuestar expertos no es objetivo porque depende mucho de la opinión de las personas.

Lo interesante es que, finalmente, lo que él desconoce es que cualquier producción de datos es subjetiva. Los datos tienden a presentarse como objetivos, pero, la producción numérica siempre involucra elecciones subjetivas. Por ejemplo, elegir el índice, decidir cuánto peso se asigna a ciertos elementos, cuáles fuentes se escogen y cuáles se descartan. Y eso pasa en todo: desde la economía hasta en datos mucho más duros que usan los científicos. Los estudios sociales de la ciencia han venido mostrando esto de forma sistemática.

UCD: Luego de la despenalización, el tema sesudo ha sido saber qué ha pasado tras su implementación, para lo cual se requiere de las estadísticas, las cuales son supuestas. ¿Qué es lo que no ha permitido consolidar las cifras de abortos legalmente practicados en Colombia?
 
OJMC: Antes de la sentencia buena parte de la producción numérica no la hizo el Estado, sino estos grupos de interés que querían volver el aborto un asunto de salud pública. El problema fue que luego de lograr su objetivo ellos perdieron el interés en la producción de esos números porque no es su responsabilidad, es del Ministerio de Salud.
 

Luego de la despenalización, este Ministerio necesitaba regular y producir normatividad para hacer operativa la sentencia, pero eso no sucedió. Inicialmente hubo un intento de regulación: se creó, por ejemplo, el Decreto 4444 de 2006 y se produjeron unas guías de atención en hospitales. Luego vino una contrarreforma durante los años en que tuvimos como procurador a Alejandro Ordóñez y se pusieron muchos obstáculos. Finalmente, la regulación que hacía operativa la ley del aborto legal se cayó.

Empezó a haber mucha desconfianza hacia practicar el aborto porque había un ambiente muy hostil en la provisión de estos servicios y los hospitales empezaron a sentir un riesgo a la hora de llevar estos registros. Esto ha hecho que exista un subregistro, de manera que no se han producido números contundentes que muestren el impacto de la despenalización.
 
UCD: En la práctica, ¿cómo se ha aplicado la sentencia?
 
OJMC: No hay una regulación clara y unificada, pero sí un conjunto de tutelas y de jurisprudencia, aunque no logran traducirse en aspectos prácticos para los hospitales ni para los médicos. Esto ha hecho que la zona de aplicación de la sentencia sea mucho más amplia pero también más gris. Por ejemplo, para algunas Entidades Prestadoras de Salud (EPS) los problemas psicológicos -como estrés o depresión profunda- pueden volverse una causal que legitima el aborto bajo la interpretación de ‘la salud’ de la mujer.
 
Pero otros prestadores han hecho una lectura mucho más conservadora. Esto es lo que se ve en las tutelas, que han sido interpuestas por mujeres que cabían claramente dentro de las circunstancias de despenalización del aborto y, pese a esto, les ha sido negado el servicio. Casos en los que, por ejemplo, hay un diagnóstico de malformación fetal severa, pero la EPS no practica el aborto, o los médicos y Comités Científicos empiezan a dilatar, al final, termina habiendo un nacimiento.
 
UCD: ¿Qué significa que no tengamos una lectura estadística confiable de la aplicación de la sentencia?
 
OJMC: El Estado debería ser muy juicioso en reportar los números de aborto legal e ilegal, porque los números que produce el Estado tienen una autoridad política y epistémica importante. Las estadísticas son una de las formas en las que el Estado puede monitorear y hacer un seguimiento a las políticas que genera y esto le permite tomar decisiones. Así que una infraestructura de producción de datos es un indicador de cómo funcionan otras infraestructuras en la política pública; de manera que si nuestros datos son buenos uno pensaría que lo que está detrás de eso está funcionando.
 
UCD: Desde el punto de vista de la sociedad civil, ¿cómo se están usando los datos?
 
OJMC: Los números son un instrumento de movilización social. Últimamente se habla mucho del activismo estadístico, es decir, de cómo grupos sociales están visibilizando agendas de interés público mediante la producción de números o de la crítica a la producción de números del Estado. Y proponen números alternativos, índices alternativos o formas alternativas de cálculo.
 
UCD: ¿En qué otros casos de política pública es importante analizar el papel de los números?
OJMC: Hay muchos ejemplos, personalmente me he concentrado en aquellos en los que la salud es un tema importante. Uno de ellos sería la política de vacunación contra el virus del papiloma humano, que fue un caso emblemático en la introducción de medicina basada en la evidencia. También está el caso de los precios de los medicamentos, un tema muy polémico. Alejandro Gaviria, cuando fue ministro de Salud, libró una gran batalla para establecer un control de precios para medicamentos de alto costo.

Ese es un caso interesante porque toda la estrategia de calcular el precio justo para el medicamento nos cuenta mucho sobre la tensión entre el Gobierno, como garante de la salud como derecho fundamental, las farmacéuticas y demás actores que ven la salud como un mercado y un negocio. Entonces esos tres casos (aborto, vacunas y precios) nos permiten entender cómo funciona el Estado.