Fue el primer debate que tuvimos como grupo de investigación. Los trabajadores informales no son un grupo homogéneo de personas vulnerables y aún entre ellas existen las que están en mejores condiciones que otras en la formalidad. Así, la informalidad no debe ser entendida necesariamente como un problema o como un tema que debe abordarse para corregirse”, recuerda Iván Jaramillo, investigador de LaboUR y profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
A pesar de ello, en Colombia este ha sido el manejo que se le ha dado a la informalidad. En palabras de los investigadores, el Derecho la trata como un problema, no como una modalidad de trabajo que debe reconocerse y regularse en busca del mejoramiento de las condiciones laborales y de la protección social. Un asunto de la mayor relevancia, ya que las cifras muestran que la informalidad es la norma, no la excepción, con lo cual se está desplazando de manera progresiva a la formalidad laboral y al reconocimiento consecuente de derechos laborales.
Luis Eslava, profesor de Derecho Internacional y codirector del Centro de Derecho Internacional Crítico (CeCIL) de la Universidad de Kent en el Reino Unido, afirma: “Uno de los cálculos que hicimos en nuestro proyecto nos permitió concluir que, si tomamos los trabajadores informales en Colombia, más o menos el 76,6 por ciento tiene ingresos menores de diez dólares por día. Diez dólares es la base que han utilizado organismos internacionales como el Banco Mundial para determinar cuánto es necesario para vivir una vida digna en el siglo XXI”.
Tenemos un sistema laboral caracterizado por la prevalencia de la informalidad, no de la formalidad. Tener una cifra tan alta de informalidad en Colombia representa, en primer lugar, que tenemos un número alto de hogares vulnerables a donde deben apuntar las políticas públicas. En ellos es en los que se deben focalizar esas ayudas, sobre todo en un contexto de pandemia. Y, en segundo lugar, que tenemos un espacio de desregularización altísimo en el que la ley laboral no interviene, pero sí lo hacen las leyes del mercado, lo cual deteriora las condiciones de trabajo decente”, agrega Jaramillo.
Ese menoscabo en las condiciones de trabajo es en últimas lo que ha evidenciado la investigación de Rupturas21 y que lleva a sus autores a hacer un llamado para que se diseñen nuevas políticas públicas. Señalan que el deterioro no es solo en Colombia y en la región, es en todo el planeta. Además, no es nuevo, se viene presentando desde hace varias décadas con el agravante de que los gobiernos le hacen frente con medidas relacionadas con un mundo laboral que ya no existe.
El profesor Eslava, coordinador general de Rupturas21 y de la investigación Informalidad en tiempos de COVID-19, lo explica de esta forma: “Los mecanismos que se han usado tradicionalmente para asegurar las condiciones laborales y el bienestar social en general han venido desapareciendo en todo el planeta. ¿Cuáles son estos mecanismos? La capacidad de los países de ofrecer empleo estable y a largo plazo, para así asegurar los ingresos y la consolidación de una clase media, ha sido normalmente a través de las actividades del sector industrial y manufacturero. Esta posibilidad es cada vez más remota, debido a la reestructuración de la economía global de acuerdo con parámetros asociados al neoliberalismo, a la concentración de la actividad industrial global en Asia y a la oferta cada vez menor de puestos de trabajo por el rápido proceso de automatización de los procesos productivos. Por estas razones debemos generar hoy nuevos marcos para entender y apoyar estos procesos económicos y de bienestar que suceden dentro de ese gran paquete que identificamos como ‘la economía informal’”.
Con esas claridades, los investigadores acordaron comprender a los trabajadores informales como aquellos que no se encuentran afiliados a los sistemas de salud y de pensiones, y que por lo tanto carecen de protección social estable. Estos criterios, que abarcan a la mayor cantidad de trabajadores en Colombia, atienden a los principios de “Trabajo Decente” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De esa manera, si se asume que los hogares de Colombia están compuestos por 3,2 personas aproximadamente, un total de 21 millones de personas (43 por ciento de la población) subsisten gracias a la economía informal. Se trata de una población con precariedades que pueden empeorar, ya que la informalidad tiene relación con el nivel de pobreza (medida en términos de ingresos) y este, a su vez, con la menor capacidad de respuesta para afrontar crisis. “Múltiples organizaciones internacionales han confirmado que hemos perdido los últimos 10 años de progreso en la eliminación de la pobreza monetaria”, explica Eslava. “Esto es gravísimo porque ya antes de la pandemia, en términos de ingresos, estábamos mal. Uno de los cálculos que hicimos en nuestro proyecto nos permitió concluir que, si tomamos los trabajadores informales en Colombia, más o menos el 76,6 por ciento tiene ingresos menores de diez dólares por día. Diez dólares es la base que han utilizado organismos internacionales como el Banco Mundial para determinar cuánto es necesario para vivir una vida digna en el siglo XXI. Y si vamos al nivel de pobreza extrema, que es 1,90 dólares por día, el 16 por ciento de los trabajadores informales gana menos de eso. Estamos hablando así de un sector de grupo poblacional muy grande, en su mayoría muy pobre o en camino de ser extremadamente pobre. Este es uno de los retos más difíciles que hoy tiene Colombia. Un reto compartido por muchos países en la misma situación”.
