Divulgación Científica

No todo se ha hecho mal en el manejo de la inmigración venezolana. La investigación coordinada por María Teresa Palacios describe una serie de buenas prácticas realizadas en diversos países latinoamericanos, para que saquemos lo mejor de cada experiencia y podamos ofrecer una integración basada en los derechos humanos.

El 10 de marzo de 2022 el presidente de los Estados Unidos Joe Biden recibió en la Casa Blanca al presidente Iván Duque. En el discurso de bienvenida, el norteamericano agradeció el liderazgo del colombiano en temas claves para la región, como la lucha contra la pandemia, la promoción de la seguridad sanitaria y, en especial, por recibir refugiados de Venezuela y estar “trabajando por una forma ordenada, segura y humana de abordar los niveles sin precedentes de migración”.

No podemos saberlo con certeza, pero la razón para esta felicitación quizás estaba en la publicación del Gobierno nacional, 10 días antes de esta reunión, del decreto 216 de 2021con el cual se aprobó el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos (ETPV), un mecanismo jurídico con el  que se propone generar información sobre los migrantes, crear un registro completo de ellos, mediante identificación biométrica, y ofrecerles amparo ante las leyes del país. El ETPV brinda a los venezolanos una documentación y acceso a derechos, algo básico para tener la oportunidad de integrarse al país, para los próximos 10 años. Según los reportes de Migración Colombia, su aplicación ha logrado reducir la irregularidad de esta población de migrantes en un 70 por ciento entre 2021 y 2022.

“La respuesta de Colombia ha sido un modelo en cuanto al desarrollo del sistema del estatus de protección temporal, algo que ha brindado la posibilidad de que las personas puedan salir de la situación irregular”, declaraba Simone Schwartz Delgado, representante adjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), durante la presentación del informe El Reto de la integración. Desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026, un evento organizado por los autores del informe, el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer (KAS), el pasado 24 de noviembre.

Como pocas veces pasa, el Gobierno decidió, entonces, que la forma más correcta y humana posible de gestionar el alto número de migrantes que estaban entrando al país era ofrecer opciones para que ellos puedan planear una vida al interior de nuestras fronteras. Y lo hizo, como muchos otros países de la región, sin haber experimentado antes un flujo migratorio de tal escala, para lo que tuvo que contar, registrar, emitir visados y comenzar el proceso de asilo de todos los migrantes. Otros países como Argentina y Perú establecieron mecanismos de regulación de la población migrante, pero no era tan amplia ni tampoco afectaba a tantos migrantes.

El informe del Observatorio de Venezuela indica que desde 2016 hasta agosto de 2022 han salido de su país 6’805.209 venezolanos, el 72 por ciento de ellos corresponde a población económicamente activa. Colombia es el país que más ha recibido: alrededor de 2,475 millones (el 72,44 por ciento, entre 2018 y 2019); le siguen Perú (1,286 millones), Ecuador (508.935), Chile (448.000) y Estados Unidos (394.000). A esto hay que añadir el grave problema que tiene el país con los desplazados. Datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha)registran que 70.267 personas en Colombia han sido víctimas de desplazamiento forzado entre enero y octubre de 2022, un 6 por ciento más que en el mismo periodo de 2021.

Acciones como las del Gobierno nacional hacen falta, no solo por la complejísima gestión de tan alto número de migrantes, sino porque el respeto de los derechos humanos debe estar en el centro de las decisiones políticas. Por esta razón, las investigadoras María Teresa Palacios Sanabria, directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Beatriz Londoño Toro, profesora emérita de la Universidad del Rosario, y la abogada Nathalia Hurtado Díaz decidieron enfocarse no solo en lo negativo del abordaje migratorio, sino también en lo positivo. Su interés fue conocer y describir las cosas buenas que se habían realizado, a nivel local, regional y nacional en los principales países receptores de la diáspora venezolana en Suramérica.

“En 2015, cuando comenzó la ola de emigración, y en 2018, cuando se dio el mayor flujo debido al cierre de las fronteras, Colombia no tenía experiencia en el manejo de la inmigración, ni tampoco tenía los recursos jurídicos ni la estructura institucional para su gestión”, explica Palacios. “Aún existe una debilidad normativa frente a la accesibilidad de derechos, no solo de venezolanos, sino de todos los extranjeros en el país; la deuda con todos es histórica. Sin embargo, tanto a nivel local como regional y nacional hubo respuestas e iniciativas que sirvieron para adelantar una gestión efectiva y humana de esos flujos migratorios”.

Los resultados de esta investigación se compendiaron en el estudio Experiencias frente a la migración: buenas prácticas locales en ciudades sudamericanas, publicado en 2021 en la revista Derecho PUCP, de la Universidad Católica de Perú. Aquí compartiremos los detalles de la investigación y por qué es tan importante aplicar sus conclusiones para lograr la colaboración de los países en el manejo de la migración.

Este aspecto es la base del Pacto Mundial de la Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM), un documento firmado en diciembre 2018 por todos los Estados miembros de la ONU (excepto los Estados Unidos). El pacto, no vinculante, se estructura en torno a 23 grandes objetivos, y las buenas prácticas de este trabajo responden a varias de las necesidades planteadas por estos objetivos.

La base del estudio

“Llegamos a esta investigación sobre las buenas prácticas ante la ausencia de la normativa y de las barreras que las personas, en los trabajos de campo que realizamos, manifestaban frente al acceso a sus derechos”, expresa la profesora, quien agrega que “cada ciudad comenzó a hacer lo que podía para manejar esa coyuntura y fue ahí donde descubrimos esos procedimientos deseables o buenas prácticas. ”La base de esta investigación surgió de otros dos proyectos coordinados por Palacios. “El primero de ellos mostraba que durante la gestión de la migración existían respuestas muy heterogéneas de las entidades territoriales frente a la migración”, señala. “Esto obedecía a que en el eje nacional no había una ley que unificara la respuesta, solo existía la ley 1465 de 2011, que provee solo unas disposiciones alusivas a los colombianos residentes en el exterior y un complemento a la Ley de Retorno para facilitar la inmigración de colombianos al territorio nacional. No se habla de los derechos de los migrantes. El primer proyecto, titulado Diagnóstico regional de la migración en Colombia con enfoque en derechos humanos: 2014-2018, en el que colaboraron 24 universidades y 43 investigadores, caracterizaron la población inmigrante en cinco regiones del país (Antioquia, Centro, Costa Caribe, Eje Cafetero y Nororiente) desde una perspectiva de Derechos Humanos, esto es, buscando detectar los desafíos que deben enfrentar los migrantes para que se les reconozcan, efectivamente, los derechos que cualquier otra persona tiene: al trabajo, a la salud, a la educación y al acceso a la justicia. Entre otros resultados encontraron muchas debilidades desde lo constitucional y lo normativo en el país, lo que impedía que se pudiera desplegar cualquier iniciativa de integración con éxito. Acto seguido Palacios y su equipo analizaron el rol de la mujer migrante proveniente de Venezuela en el proyecto Feminización de migración venezolana en Colombia: análisis regional con enfoque de derechos humanos 2014-2018. Los resultados muestran que las mujeres migrantes se encuentran en un riesgo mayor de sufrir violaciones a sus derechos, que existe una mayor vulnerabilidad al ser mujer: las desigualdades imperantes en sus propios países, desigualdades afianzadas por el sistema patriarcal, continúan y se magnifican gracias a su nueva condición de migrantes, lo que hace que sean más vulnerables a peligros como la trata y el tráfico de personas, la explotación laboral y la violación de sus derechos.

Hacia la integración de los migrantes

Últimas medidas tomadas por el gobierno colombiano para la gestión de los migrantes venezolanos: Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), en marcha desde marzo 2021.
- Permiso por Protección Temporal (PPT) para la convalidación de títulos de estudio
- Visa R Venezolanos para migrantes con al menos 5 años con ETPV, disponible en digital a partir de junio 2023
- Reconocimiento del PPT por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para la obtención del Registro Único Tributario (RUT)

 

Aquí se habla no solo de mujeres venezolanas, sino también de colombianas que retornan al país. Este regreso es un fenómeno reciente en los procesos migratorios en el continente. La Organización Internacional para la Migración (OIM) manifiesta que lo usual es que los migrantes se desplacen hacia los países con mayores niveles de desarrollo, pero el flujo se invierte cuando hay crisis económicas en los países de acogida o, como vimos hace poco, por las barreras impuestas por los países para contener la pandemia de la covid-19. Esto complica todavía más la situación de las mujeres migrantes.

En estos dos proyectos las investigadoras encontraron que, tanto a nivel regional en el interior de Colombia, como a nivel nacional, en conjunto con los demás países, las instituciones de cada lugar ejercieron y plantearon soluciones positivas, efectivas y con gran impacto a corto, mediano y largo plazo en la población migrante y en la de acogida.

El camino recorrido con esas dos investigaciones las preparó para estudiar el tema de las buenas prácticas (BP). Pero fue el intercambio con investigadores extranjeros, durante un trabajo de análisis de la inmigración venezolana en varios países de la región, el que les permitió conocer, por ejemplo, desarrollos legislativos más maduros, pero que al mismo tiempo implementaban medidas más restrictivas, como fue el caso de Perú y Ecuador: mientras que estos países frenaban el ingreso pidiendo requisitos estrictos, Colombia no exigía nada.

Para el estudio analizaron las políticas migratorias de Argentina, Perú, Ecuador y Colombia, entre 2014 y 2018, buscando encontrar las líneas de acción que procuraban una mejoría de los derechos de los migrantes. Se escogieron esos países porque son los receptores de la mayoría de migrantes venezolanos y, además, aquellos donde el Estado y la sociedad han implementado acciones para asegurar estos derechos.

Además, cada país tiene su propia experiencia y tradición en la gestión de la migración, y esto es algo importante que ayuda a definir si una medida tendrá o no éxito. Argentina, por ejemplo, ha recibido migrantes desde el siglo XIX y cuenta con marcos normativos desarrollados. En la actualidad el 4,9 por ciento de su población es de origen extranjero, y en Buenos Aires es del 12,8 por ciento. Según datos de 2019 de la OIM, el 70 por ciento de los migrantes que ha recibido esta ciudad provienen de Venezuela y el país acoge alrededor de 145 mil venezolanos en sus tierras. Cabe destacar que Argentina ha liderado la adopción del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP), un plan coordinado por la Plataforma de Coordinación Interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela (R4V), formada por más de 200 organizaciones, para la atención del migrante en 17 países de América Latina.

Mientras tanto, en Colombia los flujos migratorios han sido mucho menores y en el momento de la gran diáspora venezolana el país se encontraba sin un claro soporte constitucional, sin normativas que permitan hacer cumplir las pocas leyes existentes y sin estructuras para atender la enorme cantidad de migrantes.

Además, el poco contacto con el migrante hace que las manifestaciones de racismo, desigualdad en el trato, abuso y maltrato hacia ellos sea mucho mayor que en otros países con mayor experiencia en el trato con el extranjero. Tradicionalmente, Colombia ha sido un país donde la tasa de emigración suele ser más elevada que la de inmigración. En el caso de Venezuela, nuestros vecinos han tenido un largo historial en la gestión e inclusión del migrante colombiano.

Las buenas prácticas (BP)

Las buenas prácticas las definen las investigadoras en su estudio como el “desarrollo de acciones coordinadas con enfoque en derechos humanos, adelantadas por autoridades estatales, organizaciones internacionales o la sociedad civil, y que son susceptibles de ser replicadas, adaptables, que pueden documentarse y que buscan facilitar o promover el acceso a los derechos de los extranjeros”.

En 2017 la ONU declaró que las BP pueden ser desplegadas a nivel interno de cada país, pero que siempre deben estar en concordancia con las obligaciones contraídas en los tratados internacionales de derechos humanos.

Por lo tanto, las investigadoras estudiaron las acciones según dos aspectos: el primero fue ver quién hacía qué, pues en ausencia de una normativa clara tanto el Estado como la sociedad civil puede realizar acciones. El Estado, las que ya se encuentran en normas jurídicas del país, las “Buenas Prácticas Normativas”, y también otras que, aunque no estén dentro de la normativa jurídica, pueden ser acciones de urgencia o temporales que produzcan, entre otras, “propuestas de trabajo coordinado o nuevas formas de atender a la población migrante, que se combinan con el fortalecimiento de servicios sociales en comunidades de acogida”, plantea el estudio. A estas se les denota como “Buenas Prácticas Administrativas”.

El propósito de estas es que permitan que todos los componentes de la sociedad, a nivel local, regional e internacional, colaboren para garantizar los derechos de los migrantes. Así que analizaron las acciones que el Estado había desplegado y las que habían sido puestas en marcha por la sociedad civil, los organismos internacionales (como Acnur, OIM, OIT y la iglesia). Un ejemplo claro se dio en Lima (Perú), donde el Servicio Jesuita de Refugiados ha creado hasta el momento cuatro Centros de Apoyo para Refugiados (Caremi).

El segundo aspecto fue ver a qué nivel impactaba dicha acción y en qué momento se brindaba este apoyo. En este contexto, los tipos de BP se clasificaron así:

1. BP en ayuda de emergencia: es el primer contacto con la población migrante, cuando se busca “satisfacer las necesidades inmediatas de las personas migrantes y garantizar su supervivencia”. Se trata de acciones como entrega de alimentos, agua, kits de higiene, vacunación y lugares temporales de refugio. Con su aplicación se pretende disminuir la vulnerabilidad de estas personas en los riesgosos viajes a su destino final. Por ejemplo, la Cruz Roja ecuatoriana activó, en diversas provincias, 15 puntos de atención y brindó 7.794 atenciones en primeros auxilios médicos y odontológicos a junio de 2019.

2. BP en ayuda humanitaria: es complementaria a la de emergencia y se presta apoyo en la alimentación, el vestuario, el alojamiento y la escucha del migrante. Son medidas temporales, pues se supone que el siguiente paso sería ofrecer respuestas más sólidas que otorguen, por ejemplo, un permiso de residencia o de trabajo, procesos de reunificación familiar o cualquiera que permita una proyección vital a estas personas.

3. BP pedagógicas: muchos de los migrantes desconocen el marco de derechos que los asiste y las rutas que deben seguir para conseguir el apoyo institucional. Aquí se crean guías de atención y esquemas de información claros y seguros, de rutas de atención y vías de contacto, del uso de diferentes canales de comunicación y la disposición de puntos de información en la ruta de migración de estas personas, que disponga de un enfoque que atienda la diversidad y la diferencia. Esto responde a las necesidades planteadas en el Objetivo 3 del PMM(“proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración”). En Argentina, la capital impulsó el programa Buenos Aires Convive, con el fin de “reflexionar sobre las prácticas de convivencia que se dan en distintos ámbitos de la ciudad, desde una perspectiva multicultural, garantizando igualdad de trato y respeto”.

4. BP de acciones de acogida: estas tienen el objetivo de garantizar los derechos humanos, y abordar la recepción digna en las fronteras, respetuosa de los derechos de las personas y con enfoque diferencial para dar atención prioritaria a mujeres gestantes, niños y niñas que vayan sin acompañantes (muchos padres suelen morir en el proceso), adultos mayores, quienes requieran atención especial, discapacitados, refugiados y retornados. La facilidad con la que se planteen esos accesos a la información dependerá en alto grado del lenguaje utilizado para comunicar la información. En este punto son esenciales las fuerzas del orden, los funcionarios públicos y las autoridades competentes para atender oportuna y adecuadamente a los grupos más vulnerables.

5. BP para la integración social con garantía de derechos: es el punto más importante y en el que está inmerso Colombia en este momento. Si la administración de Santos se encargó de desplegar la acción humanitaria, la de Duque asumió el registro de los migrantes, ahora la de Petro deberá atender la inclusión en la sociedad, la integración. Para conseguir esta inclusión social a plenitud es clave el apoyo a las acciones educativas que ayuden a luchar contras los procesos discriminatorios y xenófobos. También se debe enfatizar en identificar los perfiles ocupacionales, permitir y fomentar el acceso al trabajo (quizás a través de cooperativas y acciones de emprendimiento) como lo promulga el Objetivo 6 del PMM. Un ejemplo de estas son los diálogos entre inmigrantes y población local promovidos por la Secretaría de Fronteras de la Gobernación del Norte de Santander, una acción que hizo parte del programa “Conectando Caminos por los Derechos”, en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid

Derechos Humanos, siempre al centro del debate

Cada país enfrenta su propia realidad. La inmigración es un problema internacional como se declara en el Pacto Mundial. En 2020 se logró la cifra de 281 millones de migrantes, un 3,6 por ciento de la población mundial y solo actuando en conjunto los países podrán atender las necesidades de los migrantes y aprovechar el impacto positivo que estos flujos producen.

La profesora Palacios comenta que “en Colombia tenemos, además, el desplazamiento interno, otra modalidad de la movilización humana, la cual aún no hemos resuelto en términos de asistencia humanitaria, ni de retorno ni de estabilización socioeconómica de las personas desplazadas por el conflicto armado. A pesar de la Ley de Víctimas, de la Ley de Desplazados y de todas las demás leyes y sentencias de la Corte Constitucional; pese a disponer de todo el aparato, con todo ello, no hemos logrado resolver este problema tan terrible”.

La experta continúa con una reflexión contundente: “Cuando los venezolanos comenzaron a salir de su país en grandes cantidades no estábamos preparados para recibirlos a pesar de que se nos había alertado sobre el problema y de que esos flujos ya existían, aunque no en esa magnitud. Entonces, el Estado tuvo que emprender acciones bajo esta coyuntura, y en ese contexto estas tuvieron una característica común: fueron pensadas para el corto plazo, como si la inmigración fuera a durar poco tiempo. Y esto no pasó ni con la pandemia, pues, aunque mucha gente se devolvió a sus países, luego de la apertura económica en septiembre de 2020, volvieron a salir –lo que se conoce como remigración, y en muchos casos traían consigo a su familia”.

Las medidas con impacto a mediano y largo plazo comenzaron a tomarse más adelante, en 2021, como por ejemplo el ETPV y la definición, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria (PIM) del Estado colombiano. Es un gran avance, “pero por ahora el tema de los derechos sigue resolviéndose a través del juez constitucional. Es la tutela la que va diciéndole al ciudadano dónde está el derecho, pues, aunque los derechos permanecen indelebles en la Constitución nacional, no hay una normativa clara y fácil que les diga a los funcionarios públicos a qué tienen derecho los migrantes”, acota la experta.

La pandemia supuso un alto en las acciones que se estaban realizando. Las medidas restrictivas, el aislamiento obligatorio y el paro de la actividad económica provocaron un efecto rebote en el flujo de migrantes. De Venezuela salían menos personas y muchos volvieron a sus hogares mientras pasaba lo peor. El informe indica que, según la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento de OIM, el flujo de ciudadanos venezolanos disminuyó durante marzo y abril de 2022 en comparación con los mismos meses de 2021, lo que muestra una aparente desaceleración de la corriente migratoria. Por ello, el informe advierte que las condiciones de dichos migrantes están lejos de ser estables y sólidas, que la vulnerabilidad de las personas continúa existiendo.

Mientras tanto, cada país tomó sus medidas. Colombia cerró los pasos fronterizos fluviales y terrestres con Venezuela en marzo de 2020. Perú cerró también sus fronteras, y buscó la forma de dar cobertura sanitaria a todos los que se encontraban en el país, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. Ecuador puso en marcha el Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19 Ecuador, que privilegiaba las medidas que atendían a la población vulnerable al interior del país. Y Argentina también cerró fronteras y prorrogó los vencimientos “de residencias temporales, transitorias y precarias”, así como también suspendió los plazos de la vigencia de las residencias otorgadas.

 

Desafíos propuestos por el informe

El informe “El Reto de la Integración: Desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026” fue realizado por el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer (KAS), y coordinado por el profesor Ronal F. Rodríguez. Además de dar un panorama de la cuestión migratoria, el informe ofrece 12 desafíos y 57 recomendaciones para la gestión e integración de los migrantes, escrito por las investigadoras del Observatorio Francesca Ramos Pismataro (directora) y María Clara Robayo León, junto con el periodista Txomin Las Heras Leizaola. Estos son los desafíos:

1 Fortalecer la institucionalidad y la gestión migratoria desde un enfoque de integración.

2 Continuar la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV).

3 Reforzar y ampliar las políticas públicas con enfoque de género.

4 Establecer una política integral para colombianos retornados.

5 Fortalecer el sistema de protección para refugiados.

6 Robustecer la atención en salud a la población migrante.

7 Garantizar el acceso, permanencia y promoción de niños, niñas y adolescentes migrantes al sistema educativo.

8 Priorizar la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes.

9 Alcanzar la integración socioeconómica y productiva de los migrantes.

10 Fortalecer los territorios y la gobernanza local de la migración.

11 Abordar la xenofobia y la seguridad ciudadana desde un enfoque de derechos y no de discriminación.

12 Fortalecer el tema migratorio en la agenda de la política exterior colombiana.

 

Respuestas disímiles fueron también las que se dieron para el control de la migración en estos países. “Solo se hicieron a mediana y pequeña escala”, explica la profesora. “El gobierno de Iván Duque, con Carlos Holmes a la cabeza, pretendía que el Grupo de Lima (una instancia multilateral destinada a la solución pacífica de la crisis venezolana) funcionara, que se generara algo así como una ‘gobernanza regional’ de la cuestión migratoria. Pero no llegó a ser nada más que una orden diplomática; no hubo un impacto en términos de medidas conjuntas”, puntualiza.

El reto que tienen Colombia y todos los demás países de la región es permitir la integración de los migrantes en el tejido social del país. La representante de la Acnur, Schwartz Delgado, declaró hace poco en el evento del Observatorio Venezuela que “hasta el momento hay aproximadamente 1,5 millones de personas que han recibido la protección temporal, por lo que es necesario seguir avanzando, hacerlas visibles y permitir que puedan aportar a la comunidad de acogida”.

Durante la presentación del informe El reto de la integración. Desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026, el representante de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, Stefan Reith, declaró que “Colombia ha tomado una decisión muy generosa con el estatuto de protección tempo-ral. Ahora hay que lograr el reconocimiento local, que el público, las empresas y la sociedad conozcan lo conozcan y que sepan que las personas beneficiadas con él pueden trabajar e integrarse”. Ese es el gran reto de la administración Petro.

El funcionario señaló, además, que es necesario hacer una coordinación de las políticas regionales con las del Estado central, de tal manera que haya un mejor flujo de información entre las comunicades de migrantes, y así abrirles las puertas a las oportunidades de educación, empleo y acceso a la salud.

Lo que busca el trabajo de estas investigadoras es aportar una base para que haya un mínimo intercambio que permita generar una política pública estandarizada a nivel internacional. “No tiene que ser igual, pero en términos de derecho y de acceso a esta política, es necesario identificarlas y recogerlas para mejorar todas las políticas públicas. Lo siguiente es que las prácticas se pudieran compartir para generar procesos más humanizados en materia migratoria”, dice Palacios.

En lo que sí tenemos que ir todos de la mano es en considerar la migración como una necesidad humanitaria. En otras partes del mundo, donde los procesos migratorios son más antiguos y afianzados, se fomenta la migración como la base de un servicio o una oportunidad aprovechable. Alemania, por ejemplo, creó la Ley de Inmigración de Trabajadores Calificados, a principios de 2020 para cubrir sus necesidades en los campos en los cuales tiene déficit de profesionales, técnicos o tecnólogos. En otra escala de valores, y como otra muestra del hecho, desde hace unos años hemos podido constatar la vinculación de migrantes a los proyectos de construcción de las infraestructuras para el desarrollo del mundial de fútbol en Catar 2022.

“A pesar de la Ley de Víctimas, de la Ley de Desplazados y de todas las demás leyes y sentencias de la Corte Constitucional; pese a disponer de todo el aparato, con todo ello, no hemos logrado resolver este problema tan terrible”, explica María Teresa Palacios, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la URosario.

“Es importante que podamos tener una caracterización amplia de los migrantes para identificar aquellos perfiles que puedan ayudar al país en ciertas actividades; eso es válido y lícito y nos ayudaría a crear políticas buenas. Pero esa es solo una manera de entender la migración como una oportunidad. Creo que no debería ser este el objetivo único del Estado; no podemos ver a los migrantes desde un pun-to de vista meramente utilitario. Por eso es necesario poner sus derechos en el centro de las decisiones que se tomen”, concluye la profesora Palacios.