Los migrantes venezolanos hijos de nacionales colombianos ya podrán registrarse sin la necesidad de apostillar sus documentos en Venezuela. Así lo dictaminó la Corte Constitucional, al señalar que las actuaciones desplegadas por la Registraduría Nacional, en el caso de los ciudadanos del vecino país que podían adquirir la nacionalidad colombiana, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, personalidad jurídica y nacionalidad.

Por medio de la sentencia T-402 de 2023, el alto tribunal protegió los derechos fundamentales a la nacionalidad, personalidad jurídica y debido proceso de 10 usuarios y usuarias que fueron acompañados y asesorados legalmente por la Clínica Jurídica de Movilidad Humana Transfronteriza del Consultorio Jurídico de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Esta sentencia analizó los obstáculos que se han presentado para la inscripción extemporánea del nacimiento de personas con nacionalidad venezolana que buscan el reconocimiento como nacionales colombianos, debido a que son hijos de padre o madre colombianos, quienes no pueden apostillar sus documentos por la crisis en país vecino.

Para la mayoría de los migrantes en Colombia el solicitar la apostilla de sus documentos de forma presencial en Venezuela no es viable debido al costo del trámite. Sumado a esto, muchos de ellos alegan que la página web habilitada por el Gobierno de Venezuela para el procedimiento presenta muchas fallas técnicas que imposibilitan el proceso, indicó Nicolás Barón González, coordinador de la Clínica Jurídica de Movilidad Humana Transfronteriza del Consultorio de la Universidad del Rosario.

Aunque el Decreto 1069 de 2015 establece la posibilidad de acreditar el nacimiento mediante la declaración juramentada de dos testigos, la Registraduría Nacional del Estado Civil no permitió el reconocimiento de su nacionalidad colombiana, explicó.

Cabe recordar que en 2022 la Corte Constitucional profirió la sentencia T-393, en la cual ordenó que los solicitantes de la inscripción del registro civil de nacimiento pueden optar, de manera excepcional, por la declaración de dos testigos que hayan tenido noticia directa y fidedigna del hecho cuando la exigencia del requisito de apostilla sobre el registro civil se convierta en una carga “desproporcionada, irrazonable e injustificada” para el solicitante.

Adicionalmente, los usuarios y usuarias de Consultorio Jurídico -así como la mayoría de migrantes en Colombia-, no contaban con los recursos económicos para solicitar la apostilla de sus documentos de forma presencial en Venezuela. 

Por último, aunque el Gobierno de Venezuela habilitó una página web para gestionar dichos trámites, se ha evidenciado que esta no funciona y presenta múltiples fallas técnicas que imposibilitan realizar dicho trámite de apostilla.

La Corte fue precisa en señalar que, en términos generales, la alternativa de probar el nacimiento mediante la declaración de dos testigos es aplicable tanto a las personas nacidas en Colombia como a las personas que sean hijos de padre o madre colombianos nacidos en el exterior, afirmó el coordinador de la Clínica Jurídica de Movilidad Humana Transfronteriza del Consultorio Jurídico de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Esta información, así como otros contenidos institucionales, están disponibles en las redes sociales de la Universidad del Rosario: X, Facebook, Instagram y TikTok: @urosario. Linkedin: Universidad del Rosario.

En este encuentro se dialogó de los desafíos que tiene la zona Caribe en materia de pobreza y desigualdad. Experto de diferentes tanto del sector público como privado realizaron un análisis sobre la creciente desigualdad económica y social con los indicadores más altos en pobreza en el último año. 

Este tipo de encuentros cobra cada vez más relevancia para reflexionar y encontrar ideas innovadoras que puedan ser implementadas a nivel local, regional y nacional, y discutir estrategias efectivas para combatir estos desafíos. Así como también es un espacio para dialogar sobre políticas públicas que ayuden a disminuir las brechas sociales y económicas del país. 

Desde la perspectiva académica este espacio permite el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de proyectos conjuntos en el futuro, enfocados en la construcción de un mejor país
 

Esta investigación, realizada por la Fundación Anáas, PROESA de la Universidad ICESI, la Universidad del Rosario y la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, es la medición independiente de comercio ilícito más actualizada en Colombia.

Su principal resultado es que el contrabando de cigarrillos en Colombia en 2023 es de 16.6 %. Este porcentaje es menos de la mitad de lo estimado por la industria tabacalera, con un 34 %, lo que demuestra que el contrabando es una problemática global, latente en Colombia, pero moderada, que se debe combatir con mayores controles a nivel global y con la implementación del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito ratificado por el país.

Desde 2017, Colombia no contaba con una investigación representativa y sin conflicto de interés acerca del contrabando de cigarrillos. Por esta razón, y con el propósito de continuar trabajando para darle fin a la epidemia del tabaquismo en el país, la Fundación Anáas junto con el Centro de Estudios en Protección social y Economía de la Salud de la Universidad ICESI - PROESA, la Universidad del Rosario y la Universidad Adolfo Ibáñez - UAI de Chile, a través de Tabaconomía, hub de evidencia económica sobre impuestos al tabaco en América Latina, realizaron el estudio ‘Recolección de cajetillas de cigarrillos desechadas para medir prevalencia de contrabando a partir del Monitoreo de las Características de Cajetillas de Cigarrillos en Colombia (M3C-COL)’.

“Este estudio aporta, tanto a las autoridades fiscales como sanitarias, evidencia actualizada que permitirá focalizar mejor las acciones de control de contrabando, motivar el compromiso para que se adopten medidas eficaces como la adopción del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de cigarrillos y otros productos de tabaco. Y, por otro lado, le da herramientas al Ministerio de Salud y Protección Social, y al comité de etiquetado y empaquetado de cajetillas, para monitorear qué tanto se está cumpliendo con la regulación existente y qué brechas tenemos de la regulación actual que deben ser atendidas y fortalecidas”, asegura Blanca Llorente, directora de investigación de la Fundación Anáas.

“Es importante contar con estudios que construyan evidencia científica y que sean rigurosos sobre los problemas que tenemos en nuestro país. La independencia de los estudios es importante porque, como lo ha establecido la OMS, la industria tabacalera no puede tener ninguna injerencia en el diseño de políticas públicas y en los estudios que sustentan ese diseño, lo cual garantiza que los resultados no estén sesgados. Este estudio, en particular, es un muy buen adelanto para poder avanzar en las medidas para el control de tabaco en Colombia”, aseguró Norman Maldonado, director de PROESA.

Las tendencias del contrabando y las tácticas de la industria

El contrabando de cigarrillos ha sido utilizado globalmente por la industria tabacalera como una excusa para frenar la medida que ha demostrado ser la más costo-efectiva para el control del tabaco a nivel mundial: el aumento de impuestos a estos productos, caso que en el país continúa registrando uno de los niveles más bajos de la región.

“Los estudios a nivel global muestran que el contrabando es mucho menor al que dicen las tabacaleras. En general, la diferencia está entre un 30 y un 60 %. Ese es el tamaño de la exageración del problema del comercio ilícito. Que existe, no hay que negarlo, hay que abordarlo con las herramientas correspondientes de fiscalización y colaboración internacional”, afirma Guillermo Paraje, líder de Tabaconomía, hub regional a nivel Latinoamérica de evidencia económica sobre impuestos al tabaco, de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile.

“Esta problemática es una cortina de humo de la industria para desviar la atención del hecho de que, por causa del cigarrillo, al año mueren 34 mil colombianos y le cuesta 17 billones de pesos a la economía del país, lo que equivale a cerca del 1,8 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional”, asegura Blanca Llorente.

Principales hallazgos sobre este estudio de contrabando en Colombia

Con una muestra de 4.557 cajetillas, de 10 unidades, recolectadas en superficies como andenes, parques y contenedores de basura, se identificaron diversas características como marca, diseño, lugar de origen reportado, advertencias sanitarias, entre otros, y también las cajetillas que no cumplen con la definición de producto legal.

Así fue como los investigadores determinaron el porcentaje de cajetillas ilícitas, frente al total de las cajetillas recolectadas. En detalle, Bogotá registró 6.64 % de cajetillas de contrabando, Medellín 21.54 %, Cali 14.36 %, Cartagena 43.23 % y Cúcuta 73.62 %.
Frente a lo anterior, es evidente que Cúcuta tiene un problema de contrabando, pero como apenas aporta el 2.7 % de fumadores en el país, su contribución al comercio ilícito es menor en comparación con Bogotá, que representa el 64.9 % del total de los fumadores. Lo mismo sucede con Medellín, que tiene 17.7 % fumadores; Cali, el 11.4 %, y Cartagena, 3.3 %. Esto significa que los mayores pesos en el contrabando están en Bogotá, Medellín y Cali, respectivamente.

Otros hallazgos

Esta nueva investigación encontró en todas las ciudades otra problemática que va en aumento: se trata de los nuevos productos de consumo de tabaco, como los cigarrillos con saborizantes, los cuales, cada vez más están teniendo mayor presencia en el mercado y que han sido creados para cautivar potenciales clientes como niños, niñas, jóvenes y adolescentes, quienes son más vulnerables a la publicidad de la industria.
Frente a este panorama, “es necesario la modificación del aspecto de los empaques para reducir su atractivo, regular contenidos, prohibir saborizantes y cigarrillos con cápsula, y ojalá adoptar etiquetado plano que despoje de toda característica de la marca a las cajetillas”, sostiene Blanca Llorente.

Metodología del estudio

La metodología utilizada para este estudio fue un muestreo aleatorio basado en ubicación geográfica y variables socioeconómicas. “Una de las ventajas de esta metodología es que es relativamente fácil de implementar. Como ocurre en este caso, fue buscar las cajetillas en las calles, en las basuras, lo que nos da una imagen rápida de lo que está pasando en términos de los cigarrillos, de las cajetillas y de las marcas que se usan y de la penetración del contrabando en las diferentes zonas del país”, Paul Rodríguez, profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario.

Un elemento innovador de la medición fue el uso de herramientas de participación, utilizando el marco de acción de ‘ciudadanía científica’, que buscó informar, empoderar y lograr la participación de las comunidades en el proceso de investigación. En este caso, se contó con el apoyo de voluntarios de las universidades del Rosario, Antioquia, los Scouts de Colombia, la Cámara Junior Internacional y la Red Nacional de Jóvenes Ambiente.
“Para el desarrollo de este estudio no se requirieron conseguir grupos especializados de entrevistadores, sino que se realizó con voluntarios que se capacitaron. Esto permite que, si el país estuviera dispuesto a invertir en esta clase de mediciones, podría a muy bajo costo tener una medición periódica de lo que está pasando con el contrabando de cigarrillos”, concluye Paul Rodríguez.

Aumento de los impuestos al tabaco, una medida costo efectiva para los países

Desde la adopción en 2008 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, Colombia ha avanzado en el camino para frenar los impactos del tabaquismo con medidas multisectoriales, basadas en evidencia científica, que han reversado el aumento del consumo. En un hecho histórico en el país, después de 30 años de tener un impuesto bajo, en 2016, se triplicó la tarifa.

“Cuando se aumentan los impuestos al tabaco no solo se incrementan los precios de los productos ilícitos, sino que también de los ilícitos. Y, finalmente, se reduce el consumo a nivel general. Esto es lo que las investigaciones independientes demuestran a nivel global. Los impuestos al tabaco son herramientas de salud pública que corrigen hábitos no saludables y se deben implementar para reducir muertes y la carga de enfermedades que generan”, afirma Guillermo Paraje de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile.

En Colombia, por eso no se baja la guardia. Organizaciones civiles, científicas y congresistas han estado apoyando el Proyecto de Ley 274/2022 que promueve la implementación de triplicar el impuesto al tabaco y crear un nuevo tributo para los cigarrillos electrónicos o vapeadores. Aunque en el primer semestre de 2023 se aprobó en primer debate en comisión II de la Cámara de Representantes, el Proyecto de Ley aún está a la espera del segundo debate en plenaria de Cámara.

Los cálculos que presentan estos organismos son que, si se triplica el impuesto al tabaco, se reducirá su consumo, en especial entre los jóvenes y población económicamente vulnerable. Y, por otro lado, generará recaudos, de alrededor de 1 billón de pesos al año. El aumento del impuesto entre 2016 y 2018 contribuyó en gran parte a la reducción del 16% en el consumo de cigarrillos en Colombia durante este periodo.

“El Banco es una de las organizaciones con mejor percepción de la opinión pública en Colombia, pero a su vez, es una organización fuertemente criticada en muchas coyunturas, como la que hemos tenido en los últimos dos años, en las que se han tenido que adoptar decisiones dolorosas que generan costos importantes en el corto plazo, buscando mantener la estabilidad en el mediano y largo plazo”, indicó Villar.

En el evento, Villar destacó la independencia del ente monetario para manejar las finanzas de la nación. “Al Banco se le otorgó una autonomía que le permite actuar con una perspectiva del tiempo mucho más amplia que la que tienen los gobiernos de turno e incluso la opinión pública”, dijo el gerente.

Nuestro rector Alejandro Cheyne, afirmó que “hoy reconocemos al Banco de la República como una institución clave de nuestro bienestar. Gracias a su manejo serio, técnico y responsable, el emisor ha construido un capital de confianza que nos ha permitido sortear muchos de los retos que, en otros países, han derivado en crisis económicas”.

En la ceremonia se les rindió un homenaje a los ex gerentes del Banco de la República Hugo Palacios, Juan José Echavarría, José Darío Uribe, y Miguel Urrutia Montoya, así como a Leonardo Villar, actual gerente general, en reconocimiento a su labor al frente del emisor.

Juan José Echavarría, ex gerente general del Banco de la República, afirmó que el panorama económico de este año no fue positivo. “La situación está complicada. Hay buenas noticias como la caída del dólar, lo que quiere decir que hay más confianza en Colombia, pero la inflación está alta y la economía está creciendo muy poco”.

Sin embargo, Echavarría destacó que las perspectivas económicas para el próximo año pintan un poco mejor, pero nada del otro mundo. “Hasta que el Banco no se sienta cómodo con una inflación baja cercana al 3 %, que es la meta, vamos a tener tiempos difíciles”, agregó.