Una transformación profunda y paulatina ocurre en Colombia. Hasta hace al menos un lustro, las personas –naturales o jurídicas– solían verse forzadas a realizar transacciones o movimientos monetarios a partir de la intermediación de entidades bancarias convencionales, lo cual suponía de forma intrínseca la existencia de lógicas excluyentes para los sectores de la sociedad que no estaban vinculados a dichas instituciones. Ese escenario ha venido cambiando drásticamente con la irrupción acelerada de herramientas digita- la apuesta por tecnologías financieras al alcance de todos ‘Fintech’ en Colombia: les que permiten un mayor acceso a diversos servicios financieros.
A este conjunto de herramientas se le conoce como tecnologías financieras o fintech (financial technology, por su composición en inglés), un concepto que alude al desarrollo de modelos de negocio que tienen como soporte el uso de plataformas electrónicas o digitales, las cuales reconfiguran productos y servicios financieros tradicionales. Los elementos esenciales que redundan en el panorama disruptivo de dicha industria son la innovación, la tecnología y la transformación.
En Colombia se han clasificado nueve segmentos de tal ecosistema: pagos digitales; crédito digital; financiamiento colaborativo (crowdfunding); tecnologías de regulación (regtech); finanzas empresariales y e-factoring; seguros (insurtech); trading y mercado de valores; blockchain y criptoactivos, y dinero electrónico (e-money) y neobancos.
De acuerdo con el informe Finnovista Fintech Colombia 2023, durante el primer cuatrimestre de este 2023 se reportó la existencia de 369 empresas fintech en el país, mientras que en 2019 se registraron 180 y en 2022 se alcanzó la cifra de 341. Ello representa una tasa de crecimiento anual compuesta de startups del 19,7 por ciento en los últimos cinco años. Con ello el ecosistema fintech nacional se con- solida como el tercero más próspero de Latinoamérica, sólo por detrás de Brasil y México.
Pese a la diversidad de tecnologías y servicios que confluyen en el entorno fintech colombiano siguen existiendo inquietudes sobre el marco regulatorio a partir del cual estas empresas pueden efectuar sus actividades financieras en el país. Un imaginario que tiene cierta aceptación dentro del pensamiento colectivo sugiere que dichas compañías funcionan sin normativa clara y vigilancia adecuada.
Con la premisa de que dicho paradigma es erróneo se forjó la obra El desarrollo jurídico de fintech, escrita por Erick Rincón Cárdenas, abogado de la Universidad del Rosario y profesor asociado de la Facultad de Jurisprudencia de esta institución educativa. Fue publicada en dos volúmenes por la editorial Tirant lo Blanch. El autor se propone resquebrajar tal supuesto a partir de un ejercicio explicativo de cada segmento, de sus contextos regulatorios, de la identificación de buenas prácticas y del análisis de derecho comparado frente a la legislación de otros Estados.
“El libro aporta elementos para desmentir un mito urbano: que las fintech se encuentran desreguladas en Colombia y que no hay normas aplicables en sus actividades. Es todo lo contrario, pues cada uno de los segmentos consta de un marco normativo que permite el desarrollo pleno de la industria”, explica el autor, quien además fue presidente de Colombia Fintech (2018-2021), asociación en la cual están agremiadas la mayoría de las empresas de dicho sector.
Según Rincón Cárdenas, el marco regula- torio tiene una singularidad en Colombia. A diferencia de México o Ecuador, que cuentan con una ley fintech, que abarca el desarrollo normativo de todos los segmentos, en el con- texto nacional se ha creado un ecosistema en el que cada sector cuenta con sus propias reglas de juego.
“El modelo de una ley general fintech se queda en ambigüedades que pueden llegar a ser complicadas desde el punto de vista operacional. Nuestro desarrollo jurídico debe ser diferente. Creo que el marco regulatorio para cada uno de los segmentos de la industria es una decisión acertada”, complementa.
Por esa misma vía, Sergio García Ferreira, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Fintech e Innovación Financiera de la OBS Business School (España), considera que no es necesaria una ley fintech en Colombia ya que puede ser contraproducente para la industria en tanto que debe haber un debate en el Congreso, el cual puede no contar con los elementos especializados y técnicos.
Con estas perspectivas, el último lustro ha sido un punto de inflexión en términos de avances y habilitantes normativos que robustecen el ecosistema en el país. Aun así, dentro del análisis jurídico de las regulaciones quedan vacíos por abordar y oportunidades de mejora para seguir expandiendo el universo del sector fintech nacional.
Erick Rincón Cárdenas, abogado de la Universidad del Rosario y profesor asociado de la Facultad de Jurisprudencia. Autor de El desarrollo jurídico de Fintech (2023, Tirant lo Blanch).
Hitos del desarrollo jurídico de fintech en Colombia
Aunque las primeras normas fintech en el país se gestaron hace más de una década, la regulación para la actividad de los segmentos se profundizó entre 2019 y 2021. El punto de giro fue la realización del documento Conpes 4005 de 2020, con el cual se formuló la política pública de inclusión y educación económica y financiera. A partir de allí las tecnologías relaciona- das cobraron más relevancia a nivel estatal en procura de incentivar procesos de innovación y lograr que una mayor cantidad de personas y empresas tengan acceso a productos y servicios financieros.
A lo largo de su obra, Rincón Cárdenas identifica cuáles son algunos de los fundamentos jurídicos que han permitido el avance normativo de los segmentos, aunque advierte que el desarrollo regulatorio –que supone la permanente aparición de nuevas tecnologías digitales – requiere de actualización constante. Las fintech configuran un universo heterogéneo, y en Colombia se han fortalecido unos sectores más que otros.
Los segmentos más maduros del universo fintech colombiano son los créditos y los pagos digitales, que con un 27,9 por ciento y un 19,8 por ciento, respectivamente, constituyen casi la mitad de todo el ecosistema nacional y se hallan apalancados por un marco regulatorio sólido. Los primeros tienen como instrumentos de mayor relevancia las pasarelas de pago, las billeteras electrónicas y los pagos entre pares. Los segundos se concentran, no en captar dinero del público, sino en obtener recursos privados y prestarlos a través de plataformas tecnológicas. Su apuesta es democratizar el acceso a los créditos. En la actualidad hay aproximadamente 90 compañías especializadas en esta actividad.
El resto de los sectores permanece en pleno desarrollo. Es así como los financiamientos colaborativos, –que son fondos comunes para proyectos de inversión– han propendido por zanjar la tensión que mantienen las empresas de este sector con la captación ilegal, a partir de la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. El regtech, el e-factoring y el insurtech también cuentan con un marco regulatorio concreto que permite su implementación par- tiendo de la regulación de sus actividades.
Los segmentos que completan el ecosistema fintech son el trading (portafolios de inversión en el mercado de valores, con montos pequeños, mediante el uso de aplicaciones móviles) y los neobancos, instituciones que ejecutan las mismas actividades de la banca tradicional, pero que prescinden de una sucursal física, por lo cual efectúan operaciones de captación y colocación a través de medios electrónicos.
El caso de los criptoactivos continúa en discusión en todo el mundo. Colombia se ubica entre las 10 primeras naciones que más mue- ven estos activos digitales en el planeta (bitcóin cuenta con 37 cajeros distribuidos en ocho ciu- dades). Alrededor del debate, Rincón Cárdenas comenta que existen Estados como El Salvador donde el bitcóin ha sido catalogado como divisa, mientras que en otros como China la circulación de criptomonedas está prohibida.
A escala local, Colombia ha establecido conceptos de entidades estatales (Banco de la República, Superintendencia de Sociedades y Superintendencia Financiera), en las cuales, si bien no se impide su uso, se determina que no son instrumentos financieros y no constituyen una moneda de curso legal, por lo que no tienen poder liberatorio frente a obligaciones en el país. Esto se traduce en que nadie está forzado a recibir criptomonedas como medio de pago.
“Necesitamos que haya normas que permitan regular la relación de depósito y retiro en entidades financieras vigiladas y los operadores de activos digitales. El mercado se encuentra pendiente de la aprobación de una reglamentación para estas operaciones”, indica Rincón Cárdenas. Entretanto, García Ferreira sostiene que “en 2014 Colombia no entendía lo que eran los criptoactivos. Ahora comprendemos cómo funciona el mercado, pero hace falta discutir y actualizar la carta circular que limita la regulación de este segmento”.
Colombia ha sido escenario de brechas históricas en cuanto acceso al sistema financiero.
Se estima que el 70 por ciento de la población se halla infra o subbancarizada. Esto quiere decir que un grupo mayoritario de sectores en el país se encuentra excluido para realizar movimientos bancarios o tiene limitaciones en sus servicios financieros, como, por ejemplo, al solicitar un crédito.
apuesta de las fintech es romper estas barreras y fortalecer procesos de innovación que profundicen la inclusión financiera. De acuerdo con el informe Fintech en América Latina y el Caribe: un ecosistema consolidado para la recuperación, publicado en 2022 por Finnovista y el Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia lidera la proporción de tecnologías financieras enfocadas en la inclusión, con un 41,6 por ciento de startups y un 45,8 por ciento de población con acceso a cuentas bancarias.
La pandemia de la covid-19 aceleró las dinámicas de inclusión de los colombianos a servicios tecnológicos y financieros, dado que el distanciamiento social condujo a la necesidad de la digitalización de los movimientos de dinero. El segmento de pagos fue la puerta de acceso de una buena parte de las poblaciones y comunidades a las fintech, con el valor agregado de que estas han permitido operaciones más eficaces y con mayor rapidez que las herramientas convencionales.
Fue así como en 2020, según el Departamento Nacional de Planeación y la Banca de las Oportunidades, cerca de 800.000 adultos se beneficiaron del subsidio gubernamental de Ingreso Solidario a través de transferencias digitales y activaron cuentas o productos de tecnologías financieras.
Rincón Cárdenas reflexiona que, en principio, la banca tradicional atisbó en la irrupción de las fintech una amenaza que afectaría sus propios mercados. Pronto el sistema financiero convencional entendería que su articulación con estos nuevos modelos de negocio fortalecería su capacidad para atraer a poblaciones que antes fueron desatendidas. Aun así, las brechas de inclusión financiera constituyen todavía un desafío.
“Las fintech no son enemigas de la banca”, expresa Rincón Cárdenas, y enseguida agrega que dos de las nuevas tecnologías más importantes de Colombia son Daviplata y Nequi, que superan los 15 millones de usuarios y van de la mano con entidades financieras tradicionales. “El tema fundamental es superar las barreras de acceso. La mayoría de las fintech, y este es un tema estructural, llega a los perímetros urbanos de Colombia. El 65 por ciento están incorporadas en Bogotá, mientras que un 25 por ciento se sitúa en Medellín. El porcentaje restante, en otras regiones. Hay que luchar porque lleguen a los sectores que más las necesitan”.
Los expertos consideran que un marco regulatorio adecuado es el camino más claro hacia la inclusión financiera en Colombia; además, el acceso de la mayor cantidad posible de la población al sistema financiero contribuye no sólo al crecimiento y la dinamización de la economía, sino que también es un arma eficaz contra la informalidad y algunas prácticas ilegales. De igual manera lo refiere García Ferreira al indicar cómo los créditos digitales se convierten en una alter- nativa para la lucha contra los ‘gota a gota’ o préstamos exprés.
Hay otros desafíos implícitos para lograr una mayor inclusión financiera. Por ejemplo, las entidades reguladoras deben encontrar el equilibrio entre la seguridad jurídica y operacional y los procesos de innovación y tecnología. “Es necesario que exista una regulación diferencial para las fintech frente a la del sistema financiero convencional, una que proteja los intereses del consumidor y los datos personales, pero sin que tenga las mismas condiciones normativas del sistema financiero”, argumenta Rincón Cárdenas.
El objetivo es lograr que la inclusión financiera sea masificada y que los usuarios reciban productos y servicios personalizados de acuerdo con sus necesidades. En ese marco los expertos enfatizan en que una de las mayores apuestas del sector fintech nacional es disminuir el uso de efectivo, ya que su circulación estimula la evasión de impuestos y otras malas prácticas relacionadas con fines ilícitos.
“Uno de los flagelos que tiene la sociedad colombiana es que seguimos utilizando mu- cho efectivo. Uno prefiere pagar una suma alta de dinero en físico que hacerlo por me- dios electrónicos porque se va a ahorrar el 4x1.000. Hay que superar algunas asimetrías tributarias y normativas. Hay que mejorar el esquema de pagos. Es algo que tiene clarísimo el Banco de la República en el sistema de pagos inmediatos”, concluye el autor.
La industria fintech colombiana apunta a fortalecer iniciativas de inclusión financiera con la certeza de que ese camino conducirá, de forma paulatina, a que dichas tecnologías estén al alcance de todos, lo que derivaría en crecimiento económico. Por lo tanto, mientras exista una normatividad que tienda a profundizarse para facilitar los procesos de innovación en el núcleo del ecosistema habrá mayores oportunidades de mejora y competencia. En palabras de Rincón Cárdenas, “las fintech son el futuro del sistema financiero”.
