- El director de nuestro pregrado en Criminología e Investigación Criminal propone otorgar el derecho al voto a las personas privadas de la libertad que han sido condenadas y reconocerlas como actores políticos para reivindicar su dignidad como seres humanos.
- El experto en criminología propone 5 estrategias para la humanización de la política criminal en el país.
- Según el INPEC, al 16 de septiembre de 2024 el hacinamiento en los establecimientos de reclusión del orden nacional era del 26,4 %.
La fiesta de la Virgen de la Merced o de las Mercedes, patrona de los reclusos, que se conmemora este 24 de septiembre, invita a reflexionar sobre la situación de las personas privadas de la libertad en Colombia.
Samuel Escobar, director de nuestro pregrado en Criminología e Investigación Criminal, recuerda que el país ha vivido y aún vive un estado de cosas inconstitucional en las cárceles y centros de reclusión, que día a día materializa violaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
“Normalmente cuando se piensa en este asunto lo primero que pasa por la mente es el hacinamiento carcelario, es decir, que existe una mayor población privada de la libertad que cupos al interior de los establecimientos carcelarios o centros de reclusión. Esto conlleva graves problemas de salud y sanidad al interior de las cárceles, además que genera oportunidades para que se cometan distintos tipos de atropellos y actividades delictivas”, dijo el experto.
De acuerdo con los tableros estadísticos del INPEC, al 16 de septiembre de 2024 el hacinamiento en los establecimientos de reclusión del orden nacional era del 26,4 %. “Dicho de otro modo, hay capacidad para 81.964 personas y se tiene una sobrepoblación de 21.661 reclusos, para un total de 103.625 personas privadas de la libertad”, explicó.
Sin embargo, el meollo del asunto no está en el hacinamiento carcelario, según Escobar, ya que este es apenas un síntoma de un problema mayor, puesto que en diferentes oportunidades distintos gobiernos han apuntado a la construcción de cárceles para aumentar los cupos.
“La historia se repite una y otra vez. Aumentan los cupos y por un momento parece reducirse el hacinamiento, pero vuelven a llenarse las cárceles en un país que no entiende cómo ocurre esto, de la mano con los altos índices de impunidad que denuncian las organizaciones internacionales”, resaltó el director del pregrado en Criminología e Investigación Criminal.
Para Escobar, el epicentro del problema se encuentra en la política criminal del estado, la cual, tal como señaló la Corte Constitucional en el año 2015, “ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad”.
“Todos estos epítetos caben para la política criminal colombiana. El estado de manera sistemática ha ignorado las reiteradas evidencias empíricas producidas por la criminología nacional y extranjera sobre la inocuidad de los aumentos de penas para disuadir del comportamiento criminal, así como sobre la insuficiencia de la cárcel para resocializar a las personas privadas de la libertad y su correlativa proclividad para fomentar el comportamiento criminal”, explicó nuestro académico.
¿Por qué persistir en una estrategia que desde mucho tiempo atrás se ha demostrado incapaz para abordar adecuadamente el fenómeno de la criminalidad? Para Escobar, “la criminología ha postulado distintas explicaciones sobre cómo la cárcel sí funciona, pero para fines distintos a los declarados. Por ejemplo, para controlar a ciertos sectores de la población. Después de todo, es innegable que, a lo largo de la historia, el castigo ha sido y aún es empleado como una herramienta de exclusión. Adicionalmente, el crimen toca fibras demasiado sensibles dentro de la sociedad y mueve al electorado. Casi siempre, las decisiones privilegian cálculos electorales sobre análisis sosegados en torno a sus implicaciones político-criminales”.
“No estoy abogando por la abolición general de las prisiones. Los crímenes merecen ser sancionados proporcionalmente y los más graves deben implicar la privación de la libertad. El problema es que Colombia ha intentado resolverlo y gobernarlo todo mediante el derecho penal y la cárcel”, comentó el académico
Recomendaciones para humanización de la política criminal
Indistintamente del Gobierno y Congreso de turno, el director de nuestro pregrado en Criminología e Investigación Criminal propone 5 estrategias para la humanización de la política criminal:
- Incrementar el uso de estrategias de prevención que no se limiten a la reducción de oportunidades y también ataquen las causas del delito.
- Despenalizar ciertos delitos que impiden a la Fiscalía General de la Nación priorizar casos y que congestionan al sistema judicial. Esto de la mano con un fortalecimiento del principio de oportunidad.
- Aumentar el protagonismo de la justicia restaurativa que verdaderamente involucre a la persona infractora y a la persona afectada como forma de resolver los conflictos sin recurrir a la sanción penal.
- Fortalecer las actividades encaminadas a la resocialización para aquellas personas que sí sean privadas de la libertad.
- Sistematizar los esfuerzos para que la población pospenada pueda efectivamente reincorporarse a la sociedad.
Para Escobar, hay un último ítem que también debe abordarse, así resulte polémico. “Me refiero a otorgar el derecho al voto a las personas privadas de la libertad que han sido condenadas. Si votaran quizás sus derechos no serían tan fácilmente ignorados, quizás más congresistas y gobernantes estarían interesados en escuchar sus reclamos. Si realmente pretendemos reivindicar su dignidad como seres humanos, debemos reconocerlos como actores políticos”.
