Esta ley busca cumplir con el imperativo de adecuar el ordenamiento jurídico colombiano a la Convención Americana de Derechos Humanos y al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos que establecen la doble instancia como una garantía judicial. De esta forma, se benefician los congresistas que solo tenían una instancia en los procesos de pérdida de investidura.