Esta ley busca incorporar a la legislación colombiana el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente al Tratado Antártico, también conocido como Protocolo Ambiental del Tratado Antártico, o Protocolo de Madrid. Éste es un protocolo complementario del Tratado Antártico, por lo que forma parte del Sistema del Tratado Antártico. Este protocolo procura una amplia protección del medio ambiente de la Antártida, y de los ecosistemas dependientes o asociados.

Esta ley busca insertar el texto del AFC al Acuerdo de Marrakech mediante el cual se crea la OMC. En atención a esto, acoge formalmente el texto del AFC, vinculándolo al texto de del Protocolo, a fin de que los Estados aceptantes de este último puedan manifestar su voluntad en hacer jurídicamente vinculante el Acuerdo de Facilitación a nivel internacional en la forma de un anexo al tratado institucional de la OMC.

Esta ley busca definir con agilidad la situación jurídica de 125.000 niñas, niños y adolescentes que están bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Esta ley pretende que la Estampilla Pro Universidad de La Guajira autorizada por la Ley 71 de 1986, posteriormente ampliada por la Ley 374 de 1997 y luego por la Ley 1423 de 2010, se autorice hasta por la suma de doscientos mil millones de pesos ($200.000.000.000.00).

Esta ley crea y pone en marcha el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), con el cual se busca cambiar el modelo de prestación de asistencia técnica por un sistema integral que acompañará al productor desde la siembra hasta la venta de sus cosechas.

Esta ley se crea con el objetivo de reconocer al municipio de Santa Cruz de Mompox, Bolívar, como Distrito Especial Turístico, Cultural e Histórico de Colombia, en virtud de lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 8 de la Ley 1617 de 2013.

Esta ley tiene por objeto restablecer la enseñanza obligatoria de la Historia de Colombia en la educación básica y media como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales.

Esta ley decreta el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal 2018, “Ajuste exitoso, repunte en marcha”, cuyo valor será de $235,6 billones. El presupuesto de inversión 2018, representa un nivel equivalente al 4,1% del PIB de la Nación.

Esta ley tiene como objetivo dar cabida al principal acuerdo logrado entre el Gobierno nacional y el Comité del Paro Cívico, durante el paro que se llevó a cabo en Buenaventura, entre mayo y junio del 2017. En este sentido, la ley crea un Fondo especial que garantiza recursos para ejecutar un plan de desarrollo a diez años, para mitigar las brechas de pobreza en el principal puerto sobre el Pacífico.

Ley que determina cual va a hacer el regimen de remuneracion prestacional y social de los miembros de las asambleas departamentales asi como la organizacion de estas mismas y sus seciones.