La ley establece la canasta básica de cultura en Colombia, garantizando el acceso a ofertas culturales y promoviendo la sostenibilidad de los actores culturales mediante el consumo local. Incluye estrategias para la formación de públicos, la divulgación cultural y el acceso en zonas remotas, así como un bono cultural para jóvenes y adultos mayores.

Esta ley reconoce y regula la figura de la familia de crianza, proporcionando un marco legal para la protección y el bienestar de los niños y adolescentes que, por diversas razones, no pueden ser cuidados por sus padres biológicos. La ley busca asegurar que estos menores reciban el cuidado, la educación y el apoyo emocional necesarios para su desarrollo integral en un entorno familiar adecuado.

Establece las pautas de la Política Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Producción de la Industria Farmacéutica para la Autonomía Sanitaria de Colombia, promoviendo y fortaleciendo la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la producción farmacéutica, asegurando la disponibilidad de medicamentos y otros productos sanitarios de calidad, seguridad y eficacia, fabricados y comercializados en Colombia

La Ley 2386 del 19 de julio de 2024 establece la Política Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Producción de la Industria Farmacéutica para la Autonomía Sanitaria de Colombia. Su objetivo es promover y fortalecer la investigación y producción farmacéutica, garantizando la disponibilidad de medicamentos y productos sanitarios de calidad, seguridad y eficacia en el país.

La Ley 2385 del 19 de julio de 2024, originada en el Senado como proyecto 309/23 y en la Cámara como proyecto 219/23, prohíbe en todo el territorio nacional el desarrollo de corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, así como los procedimientos utilizados en estos espectáculos. Esta ley busca aportar a una transformación cultural, eliminando prácticas que socavan la integridad de formas de vida no humana y promoviendo el respeto y la protección de los animales.

La Ley 2384 del 19 de julio de 2024 modifica la Ley 1861 de 2017 para incentivar los derechos y deberes del servicio militar obligatorio. Busca mejorar las condiciones y beneficios de los conscriptos, y establece nuevas disposiciones para fortalecer el reclutamiento y la movilización de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

La Ley 2383 del 19 de julio de 2024 promueve la educación socioemocional en instituciones educativas de preescolar, primaria, básica y media en Colombia, estableciendo un marco integral para desarrollar competencias cognitivas, sociales y emocionales, e involucrando a estudiantes, docentes y padres de familia en su implementación.

La Ley 2382 del 16 de julio de 2024, originada en el Senado como proyecto 284/24 y en la Cámara como proyecto 405/24, amplía las autorizaciones conferidas al Gobierno Nacional para celebrar operaciones de crédito público externo e interno y operaciones asimiladas, permitiendo al gobierno aumentar el cupo de endeudamiento en 17,607 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, y ajustar la determinación temporal para utilizar estas autorizaciones de manera más eficiente.

La Ley 2381 del 16 de julio de 2024 establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez en Colombia, garantizando protección contra las contingencias de la vejez, invalidez y muerte mediante un sistema de pilares que incluye un pilar contributivo obligatorio para quienes ganan hasta 2.3 SMMLV y un pilar solidario para quienes no cumplen con los requisitos para una pensión contributiva, financiado por el presupuesto nacional y aportes individuales; además, se reconoce una pensión integral combinada, se permite la reducción de semanas de cotización por hijos y se ofrece la posibilidad de una pensión anticipada con 1000 semanas de cotización hasta 2036.

La Ley 2380 del 15 de julio de 2024 promueve la donación de alimentos, refuerza la seguridad alimentaria y contribuye al objetivo de "Hambre Cero" en Colombia. Fomenta la entrega de alimentos a bancos sin ánimo de lucro, incluyendo aquellos gestionados por iglesias. La ley también garantiza una distribución eficiente de los alimentos donados a poblaciones vulnerables y establece incentivos fiscales para las empresas que participen en la donación. Además, facilita la creación y fortalecimiento de bancos de alimentos en todo el país.