En este informe hacemos una evaluación a la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS). Para ello, presentamos los resultados de la encuesta aplicada a usuarios del PNIS en el año 2019 y 2021. A partir de las percepciones de los usuarios, de la información recolectada en salidas de campo y en entrevistas realizadas por el equipo del Observatorio de Tierras a líderes de distintos territorios, planteamos en el reporte el sistemático incumplimiento a los compromisos del Acuerdo Final de Paz respecto de la sustitución voluntaria y concertada. Resaltamos seis planteamientos que dan cuentan de este escenario de incumplimientos: 1.) El PNIS no ha sido la estrategia priorizada para enfrentar los cultivos ilícitos según los compromisos del Acuerdo; 2.) Los incumplimientos han reducido sustancialmente los ingresos de las familias inscritas; 3.) El programa ha generado prácticas excluyentes con el retiro injustificado de las familias inscritas al PNIS y la falta de cobertura; 4.) La sustitución ha puesto en riesgo a los líderes sociales; 5.) Los retrasos en la Reforma Rural Integral afectan negativamente la implementación del PNIS y 6.) El PNIS es un programa desfinanciado.

De la mano de este reporte creamos un especial web titulado “Erradicamos la coca, ¿y ahora qué?” La sustitución desde las voces de los usuarios del PNIS en Tumaco donde retratamos 4 historias de usuarios que se inscribieron al PNIS desde las voces de los mismos.

Este reporte es la culminación de la investigación realizada por el Observatorio de Tierras sobre el papel de los jueces de restitución de tierras en la implementación de políticas públicas. El reporte se enfoca en la etapa de posfallo por ser la etapa donde se materializa la restitución de tierras, que no solo pretende devolver la tierra que ha sido abandonada forzosamente o despojada, sino que busca una reparación integral y transformadora para las víctimas. Las órdenes judiciales con aspiraciones colectivas, o Macro-órdenes, como les hemos llamado, se vuelven un punto central de la discusión. Es también en la etapa de postfallo que se presentan los mayores retos para la restitución y que la articulación entre las distintas entidades administrativas y judiciales se convierte en el factor determinante de su éxito o fracaso.

Para este reporte analizamos 385 sentencias de restitución emitidas desde 2015 hasta 2020 de los juzgados de restitución de tierras de los departamentos de Cundinamarca, Meta, Tolima, Nariño y la ciudad de Cali. Realizamos entrevistas a 10 jueces de las jurisdicciones de Pasto, Ibagué, Villavicencio, Cúcuta, Cali, Bogotá y Paz de Ariporo y a 7 funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras, pertenecientes a las Direcciones Territoriales de Nariño, Tolima, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cundinamarca y Meta

El informe tiene como objetivo central identificar las afectaciones que el programa de aspersiones aéreas con glifosato (PECIG) ha ocasiones sobre aspectos y dimensiones básicas de la democracia colombiana. En estos términos, el informe resalta la manera cómo el diseño institucional del programa, donde las tomas de decisiones han estado centralizadas y concentradas en el poder ejecutivo y en la policía nacional afecta sustancialmente las siguientes dimensiones y aspectos democráticos. Primero, transgrede el derechos a la participación ciudadana, en esta política se excluyen importantes sectores de la población civil. Comunidades étnicas y campesinas no participan ni intervienen de manera decisiva en las orientaciones del programa. Segundo, el programa de aspersiones es una política que excluye a las autoridades locales. Alcaldes y gobernados no cuentan con voz ni voto en el direccionamiento del programa. Tercero, es una política que afecta la democracia porque está asociada con fenómenos violentos, particularmente con incrementos en las cifras de desplazamiento forzado y homicidios. Por último, es una política que agrede la democracia porque incumple los compromisos del Acuerdo Final de Paz relacionados con la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS).

En este reporte presentamos una propuesta metodológica para el análisis del papel de los jueces dentro de la política pública de restitución de tierras mediante la sistematización de sentencias de los jueces de restitución. El reporte presenta una base de datos de más de trescientas sentencias tomadas de los jueces de restitución de Cundinamarca, Nariño, Meta y Tolima y también la descripciones de los patrones hallados en las sentencias en relación con los artículos de la Ley 1448.
Abajo podrá consultar no solo el reporte sino también la base de datos que construimos con las sistematización de las sentencias

En este reporte analizamos los municipios de Buenos Aires, Santander de Quilichao y Suárez en el Cauca, y Jamundí en el Valle del Cauca, desde sus configuraciones regionales. Retomamos la ficción teórica del Alto Cauca para agruparlos y comprender que el extractivismo agroexportador, el extractivismo minero-energético, el narcotráfico, los cultivos de uso ilícito, la presencia histórica de actores armados y la victimización sistemática de los pobladores de estos cuatro municipios son procesos que no se pueden pensar por separado ni son independientes. Desde nuestra perspectiva, estos procesos hacen parte de un proyecto neoliberal nacional en el que existen políticas culturales de reconocimiento de identidades (étnicas en el caso de esta región) que se enmarcan en un modelo de desarrollo económico y político de carácter extractivo y en el que lo legal e ilegal se entrecruzan continuamente con consecuencias tan graves como el desplazamiento masivo de las poblaciones rurales y su desterritorialización.

Este informe tiene como propósito mostrar los principales hallazgos obtenidos de la encuesta aplicada a usuarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) en los municipios de Tumaco y Puerto Asís. En este sentido, la encuesta se enfocó en dos aspectos fundamentales: primero, caracterizar las condiciones socioeconómicas de la población relacionada con los cultivos de uso ilícito; segundo, indagar sobre el estado de implementación del PNIS, sus alcances y dificultades. En el informe resaltamos dos resultados claves: por un lado, mostramos que la economía cocalera ha permitido a los campesinos acceso a educación, vivienda y tierras. Sin embargo, este avance social es contrarrestado por las condiciones de violencia e inseguridad que trae consigo la participación en los cultivos de uso ilícito. Por otro lado, encontramos que, si bien hay una percepción favorable sobre las instituciones y agencias encargadas de su implementación, el PNIS ha tenido graves fallas relacionadas con el retraso en la llegada de los recursos prometidos a los usuarios y la falta de acceso a información relevante sobre el programa.

En este reporte presentamos una propuesta metodológica para investigar las políticas públicas que asignan los derechos de propiedad en Colombia, específicamente, el rol de los jueces en dichas políticas. Para ello, partimos de una discusión teórica sobre lo que significa la metodología sociojurídica y la descripción de algunas herramientas de recolección de información que nos han permitido abordar los diseños institucionales de las políticas agrarias, las funciones de los jueces en ellas y su práctica judicial. Con este reporte pretendemos hacer una contribución metodológica al campo de los estudios agrarios, así como a las metodologías de investigación en ciencias sociales.

Este reporte analiza cómo, para seguir las recomendaciones del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, los gobiernos colombianos diseñaron e implementaron dos programas nacionales de formalización de la propiedad rural entre 1991 y 2014. Para ello, nos concentramos en el análisis de los diseños institucionales de estos programas, complementandolo con 143 entrevistas a tomadores de decisión, funcionarios, ejecutores del programa y usuarios. Encontramos una serie de fallas en el diseño institucional de estos programas dentro de los que sobresalen: la falta de claridad en sus metas y objetivos y la falta de articulación institucional en los mismos, entre otras. De igual manera, las entrevistas con usuarios de estos programas nos muestran que el la titulación de tierras es importante para ellos como señal de reconocimiento estatal. No obstante, estas mismas personas reconocen que la formalización no mejora su calidad de vida. Por último, encontramos que, debido a los costos de registro de las transacciones de la propiedad (sea por compra o herencia), los efectos de la formalización de estas políticas difícilmente se podrán mantener.

Este reporte es un intento por evidenciar la magnitud del despojo en el departamento del Magdalena, los actores involucrados y los mecanismos con que se hicieron a la tierra. A través de una revisión de expedientes judiciales (sentencias o declaraciones), versiones libres de los paramilitares, prensa nacional y regional, trabajo en terreno y entrevistas a funcionarios, el reporte muestra cómo la tierra obtenida por medio de acciones violentas terminó en manos de paramilitares, ganaderos, testaferros, amigos de alcaldes y políticos locales. La investigación plantea que el despojo en este departamento no tuvo lugar en un vacío social o institucional, sino que se realizó con un amplio protagonismo de grandes ganaderos, políticos y funcionarios del Incora/Incoder, entre otros, que conformaron, apoyaron y promovieron a los paramilitares y que participaron de manera directa e indirecta en dicho proceso de despojo y su posterior legalización.

Este reporte es un intento por indagar a profundidad sobre el desarrollo de la política de restitución de tierras .. Para ello, el equipo de investigación del Observatorio realizó un sondeo entre campesinos restituidos, en el que se preguntó por el cumplimiento de los objetivos de restitución material y jurídica. Encontramos que, si bien el proceso de restitución sigue siendo lento frente a la magnitud del despojo y el abandono, el proceso mismo ha tenido impactos positivos para la población beneficiada. La mayoría de los encuestados respondió haber vuelto a hacer uso de los predios restituidos y una mayoría de los que no lo habían hecho (83%) respondieron esperar volver a usarlo.

En este reporte hacemos un balance de los primeros cinco años de implementación de la Ley de restitución de tierras. Para ello realizamos una revisión de más de 1200 sentencias de restitución de tierras, hicimos un seguimiento de las iniciativas legislativas que afectan de alguna manera el proceso de restitución y revisamos los informes que han producido las diversas agencias del estado sobre la política. Concluimos que los jueces y magistrados de restitución de tierras son una figura clave en el logro de la paz y en la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado, por lo que es necesario fortalecer las capacidades de las instituciones asociadas al cumplimiento de las órdenes de los jueces y magistrados de restitución de tierras. De igual manera, es necesario pensar en alternativas a la restitución de tierras que se concentren en la reparación y que tengan en cuenta las complejidades que el retorno tiene para la vida de las familias víctimas del conflicto.

Este reporte intenta presentar una perspectiva de relativo largo plazo acerca del asesinato a líderes rurales. Con base en el desarrollo de tres modelos estadísticos usados para explicar el fenómeno, llegamos a las siguientes grandes conclusiones. En primer lugar, no ha estado cediendo, ni tampoco va a desaparecer solo; se necesitan políticas públicas para combatirlo. En segundo lugar, está relativamente concentrado territorialmente, y ha afectado duramente a las juntas de acción comunal. En tercer lugar, está asociado a las siguientes variables a nivel municipal: presencia de grupos herederos del paramilitarismo, desigualdad en la tenencia de la tierra y Necesidades Básicas Insatisfechas, así como con economías políticas legales e ilegales y un conjunto de variables relacionadas con herencias del conflicto armado como lo son el acumulado de secuestros y masacres. Finalmente, y muy importante, el fenómeno SÍ es sistemático, tanto semántica como jurídica y estadísticamente.

En este reporte hacemos una primera evaluación del estado actual e impactos del proceso de restitución de tierras en los Montes de María. Sobre el total de sentencias de restitución de tierras proferidas a la fecha para la región, individualizamos 234 casos y sobre esa población elegimos de forma aleatoria una muestra de 18 casos, 5 para ser indagados mediante entrevistas semiestructuradas. Encontramos que todas las personas entrevistadas afirmaron haber obtenido la restitución material de sus propiedades, lo que es claramente positivo. Sin embargo, el proceso postfallo presenta grandes interrogantes. Si bien el proceso viene acompañado de la entrega de proyectos productivos, no resulta clara la forma en que éstos están siendo implementados ni si estos permiten la sostenibilidad de la restitución.

Este reporte constituye un primer intento por hacer una encuesta a nivel nacional en Colombia en la que se pregunta a los ciudadanos sobre su conocimiento y percepción de los problemas agrarios en el país. Para ello seleccionamos una muestra de 1.736 personas que viven en la zona rural y en la urbana de distintos municipios del país. Encontramos que hay un apoyo ampliamente mayoritario de la opinión pública hacia políticas redistributivas y de reparación en el campo colombiano, que en muchas ocasiones salta por encima de la fractura izquierda/derecha.

En este reporte presentamos la primera encuesta realizada a desposeídos, es decir, a los desplazados que perdieron un predio, y, particularmente, la primera que se hace entre desposeídos cuyos predios se encuentran en zonas microfocalizadas, o en otras palabras, que hacen parte del proceso de restitución. A través de un Respondent Driven Sampling (Muestreo Orientado por el Encuestado), encuestamos a redes de desposeídos de dos regiones: Bogotá y la Costa Atlántica con el fin de caracterizar a esta población en materia de sus condiciones socioeconómicas, sus percepciones con respecto a la política de restitución y su conocimiento frente a sus derechos como reclamantes.

Este reporte pretende hacer un análisis jurídico de las herramientas que la Ley 1448 de 2011 pone a disposición de los jueces para tomar las decisiones en el proceso de restitución; y pretende identificar de qué manera los jueces aplican las disposiciones consagradas en este instrumento. Esto, con el fin de analizar de qué modo fallan los jueces de restitución de tierras, es decir, cuáles son los criterios de decisión que dan origen a las sentencias de restitución de tierras. Para ello, analizamos las sentencias de restitución proferidas por los jueces y magistrados especializados en esta materia entre el 17 de octubre de 2012 (primera sentencia de restitución) y el 31 de diciembre de 2013.

Este reporte propone realizar un análisis del diseño de la restitución de tierras y de las dificultades que enfrenta el Estado para cumplir con los objetivos planteados en la Ley 1448 y otros instrumentos. Con base en la aplicación de la teoría de las colas o de filas de espera probabilísticas, este documento muestra que la restitución, tal como está diseñada, no sólo está lejos de cumplir sus propósitos, sino que no los puede materializar. Teniendo en cuenta que la restitución es, básicamente, una sucesión de reclamaciones que son atendidas una por una por un conjunto de agencias del Estado, encontramos que la tasa de llegada de estas reclamaciones es mucho mayor que la de atención, por lo que la fila crece sin cesar en los diez años para los que está prevista la política pública.