Hacer transferencias mediante dispositivos electrónicos, solicitar créditos e incluso invertir en proyectos de financiamiento colaborativo se han convertido en prácticas digitales comunes y suponen una disrupción tecnológica. Sin embargo, ¿existe un marco jurídico que regule la actividad de las empresas que ofrecen estos servicios? Claves para comprender el desarrollo normativo del ecosistema fintech nacional.