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El decreto legislativo que se estudió daba la posibilidad de obtener la devolución y compensación de saldos a favor en materia de impuestos, a las personas que no sean catalogadas como contribuyentes de alto riesgo en materia tributaria. La intervención del GAP se dio en el marco del proceso de revisión automática de constitucionalidad del decreto mencionado.
 
En su intervención, el GAP argumentó que debería declararse la constitucionalidad condicionada del decreto, entendiendo que la norma es constitucional, siempre y cuando se entienda que se establecen con claridad los criterios definitivos para calificar el “alto riesgo” y que se cumpla con el debido proceso y la igualdad. En la misma línea, se enfatizó en la importancia de que la noción de “contribuyente de alto riesgo” sea la misma para todas las personas y que no varíe de una seccional de la DIAN a otra, para que no se vulnere el derecho a la igualdad.
 
En sus consideraciones, la Corte se pronunció declarando la constitucionalidad del Decreto 535 de 2020. Por un lado, la Corte acreditó el cumplimiento de los requisitos formales de los decretos legislativos. Por otro lado, entendió que la calificación de “alto riesgo, plasmada en el Decreto 535 de 2020 no es ambigua, puesto que también se encuentra consagrada en el Estatuto Tributario y otras normas ordinarias.