Ver Sentencia C- 255/14 aquí

Las normas demandadas modifican la “Ley de Justicia y Paz” (Ley 975 de 2005), y son demandadas por considerar vulneran el derecho a la igualdad, al acceso a la justicia y el derecho de las víctimas a tener una reparación integral al generar una diferenciación injustificada en los tipos de reparaciones que reciben las víctimas, eliminando aspectos esenciales como la reparación integral, como la reparación judicial; restringiendo el monto de reparación de las víctimas, excluyendo la vocación reparadora de los bienes de los desmovilizados, entre otros.
 
El GAP intervino en esta API, pidiendo que se declarara la inconstitucionalidad de los artículos que cambian el procedimiento judicial y lo reemplazan por una reparación administrativa, lo que desconoce obligaciones contraídas por el Estado colombiano de reparar violaciones de derechos humanos. Además, la eliminación de la instancia judicial, establece una identidad de trato, desconociendo que las víctimas que buscan una reparación administrativa, lo hacen por causas diferentes a las que buscan una reparación judicial.
 
En esta sentencia la Corte decidió que existía cosa juzgada respecto de una apartado de la demanda, pues estos asuntos ya había sido revisados por la Corte en la sentencia C-180 l de 2013, en donde los declaró parcialmente inexequibles. Por otra parte, la Corte se declaró inhibida para decidir de fondo frente a otros artículos, por considerar que no se aportaron todas las pruebas necesarias.