Ver sentencia C-217/2020 aquí

El decreto legislativo que se estudió en el proceso crea una ayuda económica para aquellas personas desmovilizadas, que por varias razones ya no pueden ser beneficiarias de las ayudas ordinarias otorgadas por la Agencia Nacional para la Reincorporación y Normalización (ARN).
 
En su intervención, el GAP argumentó que debería declararse constitucional. Afirmando que al ser un grupo de especial protección, la población desmovilizada debe gozar de especial atención por parte del Estado. Lo que ante la vulnerabilidad económica a la que se enfrentan los desmovilizados, hace necesario materializar el principio de solidaridad.
 
En sus consideraciones, la Corte se pronunció declarando la constitucionalidad del Decreto 570 de 2020. Se consideró que el beneficio creado no hacía parte de las ayudas ordinarias que otorga la ARN en el marco del proceso de reintegración, sino que se trata de una ayuda verdaderamente excepcional. También resaltó la Corte, la importancia de la ayuda teniendo en cuenta las dificultades económicas que aquejan a los desmovilizados en proceso de reintegración pero que no pueden acceder a las ayudas ordinarias.