Presentamos un amicus curie ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Benito Tide Vs. República Dominicana, relacionado con las políticas de deportación y expulsión manejadas por República Dominicana. En la que sostuvimos que la política migratoria de República Dominicana y su expulsión masiva era discriminatoria y atentaba contra otros derechos humanos, como la nacionalidad y la integridad personal.

Los hechos del caso están relacionados con las expulsiones colectivas hechas por República dominicana a un grupo de personas de origen haitiano, aun cuando algunas de ellas eran dominicanas, por haber nacido en territorio dominicano. En República Dominicana hay un alto flujo de migrantes haitianos quienes comúnmente se encontraban en situación de pobreza, sufren tratos o discriminatorios y tienen dificultades para acceder a documentos personales de identificación. En ese contexto, autoridades dominicanas a grupos de ascendencia haitiana y los llevaron a  la frontera para expulsarlos. En muchos casos, a través de procesos irregulares y arbitrarios.
 
En el amicus curie, documento presentado por un tercero ajeno a un proceso en casos de trascendencia jurídica para aportarle al juez opiniones o argumentos jurídicos, el GAP en conjunto con la Fundación Probono sostuvo que las actuaciones del Estado dominicano son una política de discriminación, al establecer tratos diferenciados, con base en criterios como el origen nacional, racial y étnico de las personas. Que en el marco de dicha política el Estado le negaba a las personas de ascendencia haitiana su derecho a la personalidad jurídica y nacionalidad, contaba con procedimientos poco adecuados y sin garantías para la deportación, desconocía en estas el debido proceso y realizaba actos crueles, inhumanos y degradantes.
 
En su sentencia, la Corte encontró que el patrón sistemático del Estado de expulsiones, mediante actos colectivos de haitianos y personas de ascendencia haitiana, obedecía a una concepción discriminatoria, que vulnera a además las garantías judiciales, la protección a la familia y el derecho a la integridad personal.