Se establece una regulación para el monopolio rentístico sobre los licores destilados, como facultad exclusiva del Estado de explotar la producción e introducción de dichos licores, así como para organizar, regular, fiscalizar y vigilar tal producción e introducción, con el fin de reservar para los departamentos una fuente de recursos económicos derivados de esas actividades, siempre protegiendo el interés público y social.