Esta ley tiene como objetivo dar cabida al principal acuerdo logrado entre el Gobierno nacional y el Comité del Paro Cívico, durante el paro que se llevó a cabo en Buenaventura, entre mayo y junio del 2017. En este sentido, la ley crea un Fondo especial que garantiza recursos para ejecutar un plan de desarrollo a diez años, para mitigar las brechas de pobreza en el principal puerto sobre el Pacífico.