Cada 8 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que invita a reconocer las luchas históricas por la igualdad y a renovar el compromiso con la garantía efectiva de los derechos de las mujeres y las niñas.
Este año, Naciones Unidas propone el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas”, un llamado a derribar las barreras que aún impiden que esos derechos se cumplan plenamente. La iniciativa pone el foco en un desafío que aún persiste. Aunque se han logrado avances importantes, ningún país ha cerrado completamente las brechas legales entre hombres y mujeres. A nivel global, las mujeres cuentan con solo el 64 % de los derechos jurídicos que tienen los hombres, y en ámbitos fundamentales de la vida, como el trabajo, la seguridad económica, la propiedad o la familia, las normas jurídicas siguen reproduciendo desigualdades.
En este contexto, el debate sobre los derechos de las mujeres está estrechamente ligado al funcionamiento de los sistemas de justicia y a la forma en que las instituciones interpretan y aplican la ley. Allí, la academia tiene un papel decisivo. Las universidades no solo forman profesionales, también producen conocimiento, analizan las desigualdades estructurales y contribuyen a transformar las realidades sociales.
Como lo señala la vicerrectora académica de la Universidad del Rosario, Rocío Araújo Oñate, el papel del conocimiento jurídico y académico es fundamental para fortalecer instituciones más equitativas:
“La equidad de género no es solo un ideal, es una condición esencial para una democracia plena y una sociedad más justa”.
Desde esta mirada, destaca cómo la presencia de las mujeres en los espacios de decisión, incluidos los tribunales y las altas cortes, ha contribuido a ampliar las perspectivas desde las cuales se interpreta y aplica la justicia, enriqueciendo el debate jurídico y promoviendo decisiones más sensibles a las realidades sociales.
Investigar para comprender y transformar las desigualdades
La investigación académica cumple un papel clave en la comprensión de las desigualdades que afectan la vida de las mujeres. En ese sentido, la profesora Ángela María Pinzón, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, plantea que:
“Las universidades tienen la responsabilidad de producir conocimiento crítico que permita comprender y transformar las desigualdades estructurales que afectan la vida de las mujeres”.
Desde su perspectiva, la generación de evidencia científica permite visibilizar cómo factores sociales, económicos, culturales y ambientales influyen en su salud, oportunidades y condiciones de vida, aportando insumos fundamentales para el diseño de políticas públicas basadas en derechos.
La profesora Catalina Latorre, también de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, resalta que la investigación con enfoque de género permite identificar inequidades que muchas veces permanecen invisibles en los análisis tradicionales.
“El enfoque diferencial permite evidenciar las inequidades y visibilizar, desde la investigación, la vulneración de derechos que enfrentan las mujeres”.
Desde la Facultad de Jurisprudencia, la profesora María Teresa Palacios coincide en este diagnóstico. Según ella, investigar sobre igualdad de género “no es solamente un ejercicio académico, sino una forma de visibilizar estructuras históricas de discriminación que muchas veces permanecen naturalizadas”. La universidad, agrega, es un espacio privilegiado para articular investigación, docencia y extensión: “Desde allí se pueden generar análisis rigurosos, proponer marcos conceptuales y aportar evidencia que contribuya a mejorar políticas públicas, decisiones judiciales y prácticas institucionales”.
Una justicia que reconozca la diversidad
El acceso a la justicia para las mujeres no es una realidad uniforme. Las barreras que enfrenta una mujer indígena en un territorio apartado son distintas a las de una mujer con discapacidad en una ciudad, o a las de una mujer trans que busca protección institucional. Comprender esas diferencias es, precisamente, uno de los desafíos más importantes que enfrenta hoy la producción de conocimiento.
La profesora Ángela Santamaría, coordinadora del programa UR Intercultural, afirma que la investigación universitaria debe reconocer la diversidad de experiencias que atraviesan a las mujeres y abrir espacios para pensar las desigualdades desde perspectivas interseccionales.
“Durante mucho tiempo se habló de ‘las mujeres’ como si se tratara de un grupo homogéneo, cuando en realidad las desigualdades se entrecruzan con múltiples factores que producen experiencias muy distintas”.
Para la profesora Palacios, el enfoque interseccional es indispensable para comprender la complejidad de las desigualdades: “Hay determinantes como la clase social, la pertenencia a una etnia, el territorio o la edad que influyen en las formas de discriminación que viven las mujeres”.
Reconocer esa complejidad es el primer paso para construir respuestas. Por eso, desde el Centro de Estudios Interseccionales, la Universidad del Rosario promueve reflexiones sobre diversidad, inclusión y múltiples formas de conocimiento, visibilizando las experiencias de mujeres indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rom, así como de mujeres con discapacidad y de diversas identidades sexo-genéricas.
Estas iniciativas buscan ampliar los diálogos interculturales sobre justicia y derechos, y fortalecer la relación entre la universidad, los territorios y las comunidades.
Formar profesionales con perspectiva de derechos
Junto con la investigación, la formación de nuevas generaciones de profesionales también es un eje central para avanzar hacia sociedades más equitativas. La manera en que se enseñan disciplinas como el derecho, la medicina o las ciencias sociales tiene consecuencias directas en la forma en que los futuros profesionales comprenden y enfrentan las desigualdades.
La profesora Palacios lo explica así: “La forma en la que se enseña el derecho, en la que se analizan los casos y se comprenden los contextos estructurales, influye de manera directa en cómo actúan quienes integran el sistema de justicia en el futuro”.
Si las transformaciones comienzan en las aulas, sostiene, es posible avanzar hacia instituciones más sensibles a las desigualdades y más comprometidas con la equidad.
En esa misma línea, la profesora Latorre subraya la necesidad de garantizar condiciones equitativas dentro del propio sistema académico: “La universidad como escenario de generación de conocimiento debe garantizar las rutas y reconocimientos para la autoría y oportunidades de investigadora principal en igualdad de condiciones, independiente del género”.
Al mismo tiempo, resalta la importancia de fortalecer el liderazgo de las nuevas generaciones de estudiantes e investigadoras.
Conocimiento que dialogue con la sociedad
Además de investigar y formar, es clave que el conocimiento circule, dialogue con la sociedad y contribuya a transformar las condiciones que reproducen desigualdades. Las académicas coinciden en que uno de los retos más urgentes es reducir la distancia entre la producción académica y la toma de decisiones públicas.
“El conocimiento que se produce en las universidades debe dialogar de manera estrecha con políticas públicas, con el sistema judicial y con las organizaciones sociales”, señala la profesora Palacios.
La profesora Santamaría complementa esta idea: “El conocimiento tiene que circular, dialogar con los territorios, con los movimientos sociales y con las instituciones públicas, para contribuir realmente a transformar las condiciones que reproducen desigualdades”.
Conocimiento para ampliar derechos
El camino recorrido en materia de igualdad de género es resultado de décadas de luchas colectivas. Así lo recuerda la profesora Palacios, quien advierte que junto a los logros alcanzados persisten “muchas y profundas desigualdades que requieren atención y compromiso”.
Entre los retos más urgentes en los que coinciden las investigadoras se encuentran la necesidad de fortalecer los enfoques interseccionales en la investigación, reducir la distancia entre el conocimiento académico y la toma de decisiones públicas, y garantizar condiciones equitativas para la participación de las mujeres en la producción científica.
La Universidad del Rosario asume ese desafío desde sus tres misiones fundamentales: investigar las barreras estructurales que limitan el acceso de las mujeres a la justicia y a sus derechos; formar profesionales con perspectiva de género y sensibilidad frente a las desigualdades; y tender puentes hacia la sociedad a través de proyectos de investigación aplicada, clínicas jurídicas, observatorios, alianzas con organizaciones y espacios de diálogo que buscan que el conocimiento sea, ante todo, una herramienta para ampliar derechos.
