El recientemente aprobado Plan “Paz Colombia” está llamado a convertirse en un nuevo capítulo de la alianza ya histórica y supone, además, retomar una vieja idea que había surgido durante la administración de Andrés Pastrana a finales de los noventa. En ese momento, y ante las perspectivas de los diálogos de paz de ese gobierno con la guerrilla, se pensaba en la necesidad de contar con un compromiso expreso de la comunidad internacional por involucrarse en el escenario de post-acuerdos entre uno a varios actores armados y el Estado colombiano.

En ese espíritu, el presidente conservador llamaba el establecimiento de un ¨Plan Marshall para Colombia¨ para concretar ese apoyo externo, no sólo con la participación de Washington, sino de otras naciones entre ellas, algunas europeas y Japón, uno de los más comprometidos en cooperación para el desarrollo en el mundo. No obstante, la negociación de las primeras versiones de Plan en el congreso de Estados Unidos, terminó alejándolo del ánimo inicial y convirtiéndolo en un apoyo para el fortalecimiento del Estado, cuya dimensión más visible fue lo militar y policial. Por eso, entre otros, se habló de un Plan Colombia como uno de guerra, y generó polémicas y protestas entre los vecinos del país, como Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela. Esos gobiernos veían en ese plan, una riesgosa posibilidad de exacerbación del conflicto colombiano, con efectos nefastos sobre sus fronteras. La literatura crítica a propósito de la militarización del conflicto colombiano fue bastante abundante para la época. A pesar de todas las resistencias, el Plan Colombia sirvió para modernizar a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, en un salto estratégico cuyos efectos aún son visibles. Valga anotar eso sí, que urge un balance desapasionado sobre esa iniciativa, porque sus costos son inocultables.

Para Estados Unidos, el éxito del Plan significaba réditos en al menos tres sentidos. En primer lugar, en la idea de que el narcotráfico debía combatirse atacando la oferta en las naciones de la zona andina, lo que había sido fuertemente rebatido en Bolivia, por la forma como se había implementado el Plan Dignidad en el gobierno de Hugo Banzer, y la represión que dicho plan había entrañado contra los campesinos cocaleros. El eventual éxito del Plan Colombia, podía convertirse en un argumento para seguir enfocando la guerra contra las drogas en el fortalecimiento de los Estados que habían sido víctimas o cooptados por el narcotráfico. Colombia era un caso perfecto para ese propósito.

En segundo lugar, y en medio de la constelación de gobiernos de izquierda a comienzos del milenio, Estados Unidos podría argumentar que el Plan Colombia habría servido para combatir militarmente a la insurgencia, desmontando la idea de que la guerrilla era invencible en el plano militar, y de que sólo era posible acabar con el conflicto dirigiendo acciones sobre las causas sociales que lo habían provocado. Finalmente, y en ese mismo entorno en que la izquierda aparecía renovada en el poder por los triunfos en la mayoría de países, el Plan Colombia permitió que Washington contara con un aliado en Suramérica, mientras en el continente el progresismo heterogéneo hacía carrera.

Las circunstancias ahora son otras, pues no sólo Colombia se alista para el fin del conflicto o al menos para la terminación de la violencia política, sino porque la postura frente al narcotráfico está cambiando, y la izquierda pasa por otro momento a escala regional.

Esta vez, la ayuda económica que ha anunciado el gobierno de Barack Obama y que superaría los 400 millones de dólares (siempre y cuando el congreso apruebe) deberá tomar en consideración la imposibilidad de seguir defendiendo una postura prohibicionista, cuando parece haber un conjunto representativo de países que abogan por flexibilizar el enfoque. Esto no debe suponer una legalización automática, pero al menos entender la necesidad de que prevalezca la proporcionalidad a la hora de aplicar las penas.

Este nuevo ambiente internacional, tendrá un debate fundamental en la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas en abril de este año, que puede abrir el camino para una serie de cambios inéditos, a la hora de abordar el fenómeno de las drogas.  Habría que sumar, además, la presión que ejercen sobre el gobierno Obama, los Estados de ese país que han optado por la legalización como en los casos de Colorado y Washington. Un hecho que llama la atención no es sólo la tensión constante entre algunos de esos Estados y el gobierno federal a este propósito, sino que en la mayoría de casos esta flexibilización ha provenido desde abajo esto es a través de consultas populares. Esto implica que no sólo está cambiando la noción del problema en el plano gubernamental, en los Estados de la federación, sino en la propia ciudadanía que tiene cada vez más dudas, acerca de la efectividad del prohibicionismo.
Regionalmente, el clima político también dista de aquel de finales de los 90 y comienzos del milenio, pues esta vez la izquierda no atraviesa su mejor momento. La prolongada crisis política en Brasil, la llegada de Mauricio Macri al poder en Argentina, el bloqueo político entre Asamblea y gobierno Maduro en Venezuela, y las elecciones en Perú, hacen presagiar un bloque a la izquierda menos consolidado, en el que Estados Unidos puede de nuevo entrar y ganar terreno.    

Por consiguiente, este Plan Paz Colombia es llamativo y responde no sólo al reto del postconflicto en Colombia, sino a una serie de desafíos que EEUU deberá enfrentar en la región, en el corto y mediano plazo. Aunque todavía América Latina, no sea un tema tan debatido en las campañas a las elecciones presidenciales, una vez conocidos los candidatos del Partido Demócrata y Republicano, seguramente el tema saldrá a relucir. Así, cuando se hable del Paz Colombia, posiblemente se reviva el debate sobre la efectividad de esta lucha contra las drogas y las nuevas formas de influencia en la región.