El presente texto pretende analizar la relación entre los factores de terrorismo paramilitarismo y despojo de tierras. En ese orden de ideas, en primera instancia se propone un análisis del concepto terrorismo, acto seguido se lleva a cabo un breve recorrido por la historia del fenómeno paramilitar. 

Resumen:

De igual manera, se hace una breve revisión histórica sobre el fenómeno del despojo en Colombia. El objetivo de este artículo es poner en consideración la categoría de terrorismo para aproximarse al paramilitarismo en su accionar con respecto al despojo de tierras y servir de abrebocas para la discusión del uso de este concepto y de la aceptación (o negación) del mismo por parte de las víctimas para referirse al actor paramilitar. 
 
 
El término terrorismo entró al espectro político con la fuerza que tiene hoy en día, después del ataque a las torres gemelas el once de septiembre del 2001. Las definiciones del terrorismo son diversas, pero más allá de su uso académico, el término en la actualidad se utiliza para despojar de todo sentido político el accionar violento de ciertas organizaciones. En el caso colombiano, durante el doble período presidencial de Álvaro Uribe, fue posible observar la utilización de los medios de comunicación para ahondar la brecha entre un ellos y un nosotros, en el que el ejército fue ensalzado bajo el epíteto, “los héroes de la patria”. La otra cara de la moneda de este proceso fue el reiterativo uso de la expresión “terroristas” para referirse a las FARC-EP y al ELN, los grupos insurgentes contra los que combatía el gobierno del momento.

A pesar de que el término ha sido ampliamente utilizado para caracterizar a los grupos insurgente del país, este texto pretende analizar la posibilidad de utilizar dicho epíteto con el fin de aproximarse a otro actor del conflicto colombiano, los grupos paramilitares. Para esto será importante hacer un recorrido a través de las definiciones del término “terrorismo” y también de algunos aspectos del paramilitarismo en Colombia.

El término terrorismo data del siglo XVIII y fue utilizado en Francia, en medio del proceso revolucionario  encabezado por Robespierre, con el fin de hacer una propaganda contra los revolucionarios y hace referencia al uso calculado de la violencia contra la población civil para lograr un objetivo político o religioso[1] (David, 2006). Dentro de las definiciones más contemporáneas está la del historiador Walter Laqueur quien sostiene que “el terrorismo es el asesinato sistemático, la mutilación criminal y amenaza del inocente creando miedo e intimidación para ganar un acto político o táctico ventajoso, normalmente para influir a un público” (Laqueur, 2003, pág. 42). Otra definición que puede ser de ayuda para el presente texto es la del profesor de ciencias sociales James Poland quien sostiene que “el terrorismo es el uso ilegal o amenaza de violencia contra personas y/o propiedad. Normalmente se piensa que coerce a un gobierno, individuo o grupo, o lo hace modificar su conducta política” (Poland, 2004, pág. 64).

Como ya fue mencionado, en Colombia el término ha sido utilizado principalmente por sectores de la derecha de la sociedad, especialmente por los más afines al pensamiento del senador Álvaro Uribe, expresidente del país, para referirse a los grupos insurgentes del país. Fue precisamente el discurso de enfrentar a la guerrilla el que le permitió hacerse con la presidencia ya que se valió del profundo descontento que tenía la población colombiana frente a las guerrillas debido al fracaso de las negociaciones de San Vicente del Caguán. De esta forma frases como “Si somos un estorbo por nuestra determinación de derrotar el terrorismo, que seamos un estorbo” o “Nosotros estamos comprometidos hasta los tuétanos con la derrota total de terrorismo.” de Uribe hacían cada vez más eco en la opinión pública y se dejaba de lado el auge paramilitar de finales de la década de 1990 y de principios de la década del 2000.

El paramilitarismo en Colombia es un fenómeno casi tan viejo como el de las guerrillas comunistas. Este fenómeno tiene tres causas, la primera de estas es la debilidad del estado colombiano para imponer unas normas de comportamiento a las élites colombianas para la resolución del conflicto social, en segundo lugar se encuentra la política contrainsurgente que adoptó el país a mediados del siglo XX, por último hay que referirse a los desmanes de las guerrillas hacia ciertos sectores de la sociedad civil (Reyes, 1991). Así mismo, el fenómeno se sustenta sobre tres pilares: ganaderos y terratenientes, narcotraficantes y fuerzas armadas (Rivas & Rey, 2008).

Para poder explicar mejor de qué se tratan las anteriores afirmaciones hay que hacer una revisión de la historia del paramilitarismo en Colombia. Los paramilitares son “grupos que ejercen un tipo de violencia de corte conservador cuyo fin era mantener un orden sociopolítico establecido” (Reyes, 1991, pág. 43), su surgimiento está estrechamente relacionado con dos medidas gubernamentales, el decreto 3398 de 1964 y la ley 48 de 1968,  ya que estas dos normas sentaron la base legal que permitió la organización de grupos civiles armados (Rivas & Rey, 2008).

En coincidencia con la segunda ola guerrillera en Latinoamérica[2], es decir, a  finales de la década de 1970 y comienzos de la década de 1980, aparecieron varios grupos armados irregulares como reacción al fortalecimiento de las guerrillas en Colombia. Así pues, en 1982 en Medellín se realiza la primera reunión de comerciantes y ganaderos de Puerto Boyacá, con 250 integrantes y colaboración de las Fuerzas Armadas, en la que se gestionó una organización con el fin de defender sus predios y sus bienes de la guerrilla, la organización que quedó como resultado fue ACDEGAM, Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Reyes, 1991).

A esta zona confluyó la migración boyacense de la zona esmeraldera y la colonización antioqueña. Así pues, durante varios años las FARC llevaron a cabo varias extorsiones y secuestros a los grandes y medianos propietarios de la zona. Así pues, desde la asociación mencionada en el párrafo anterior se empezaron a financiar escuadrones de la muerte con una inversión inicial de 200 millones de pesos por contribuyente (Reyes, 1991). Desde Puerto Boyacá, se empezó a expandir el fenómeno a Puerto Berrio  en donde con la ayuda de la XIV Brigada del ejército se expandió además hacia otras poblaciones como Yacopí, Puerto Nare, Cimitarra, Puerto Salgar y La Dorada.

Sin embargo, los ganaderos y comerciantes no fueron los únicos que organizaron grupos de seguridad privada, también los narcotraficantes que vieron sus intereses afectados por la expansión del control territorial de las guerrillas. Así pues, mientras las fuerzas armadas, cada vez más ideologizadas por la doctrina de seguridad nacional se enfrentaban a la guerrilla identificada como el enemigo interno, hacía alianzas con los narcotraficantes con quienes tenían un enemigo en común (Reyes, 1991). Según Reyes, esta alianza se dio gracias a que las fuerzas armadas veían en la guerrilla una amenaza para el orden social que defendían y para el acenso social que permiten las estructuras de las fuerzas armadas, por otro lado los narcotraficantes no amenazaban directamente a la existencia de estas estructuras y tenían el capital necesario para poderse enfrentar a la guerrilla de formas ilegales que el estado y sus fuerzas no se podían permitir utilizar.

De este modo, el aparato paramilitar se empezó a expandir a zonas como Córdoba y el Urabá  donde los hermanos Castaño, con ayuda de los paramilitares del Magdalena medio construyeron su propio ejército privado. Fue después de la muerte de Fidel Castaño, que su hermano Carlos empezó el proceso de unificación de aparatos paramilitares en el período 1995-2000 (Rivas & Rey, 2008). Es precisamente en la zona de Córdoba, Sucre y Urabá, donde el presente análisis quiere enfatizar algunos aspectos de la acción paramilitar.

El despojo de tierras en Colombia “suele conseguirse a través de la violencia física sobre la poblaciones rurales, lo que generalmente produce el desplazamiento forzado y el abandono del territorio el cual queda a merced del actor armado” (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2009, pág. 36) y es un fenómeno en el que confluyen acciones de violencia directa y acciones y estructuras legales e institucionales (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2010).  Este fenómeno cuyas raíces son difíciles de rastrear tiene una especial relación con los procesos de colonización de tierras adelantadas por los campesinos especialmente con los procesos ocurridos a principios y mediados del siglo XX.

El fenómeno de los conflictos por la tierra entre terratenientes y campesinos encuentra a principios del siglo XX algunas expresiones incipientes en la zona del Tequendama. En esta zona, los grandes terratenientes dispusieron las zonas periféricas de sus haciendas para la explotación de los jornaleros, sin embargo debido a la pequeña producción, estos se vieron en la necesidad de expandir la frontera agrícola hacia las zonas de bosques. En el momento en el que estas tierras empezaron a ser productivas, se llevó a cabo un artificio legal que prohibía la explotación en estas zonas que ahora se había convertido en zonas “de reserva” (Sánchez, 2008) por lo que a los campesinos de estas zonas se les prohibió la ocupación de estas tierras y mediante la cual los propietarios de las haciendas Calandaima, Buenavista, Java y Florencia contrarrestaron la acción de los campesinos mediante la imposición de multas y encarcelamiento.

Durante los gobiernos militares de Gustavo Rojas Pinilla y posteriormente de la junta militar, el Instituto de Colonización e Inmigración cuyo objetivo era el incremento de la producción agrícola, se dedicó a la consecución de terrenos para colonización, especialmente dedicada a militares activos y retirados (Sánchez, 2008) . Dentro de esta gestión se consiguieron terrenos que estaban previamente ocupados y en los que había alegatos de personas sobre la propiedad de fragmentos de los predios, es el caso de varios terrenos en el municipio de Saboyá en Boyacá (Sánchez, 2008, pág. 104). Por otra parte en esta época se produce el fenómeno que Sánchez denomina transformación progresiva de la estructura agraria, en el cual se produjo un gran crecimiento  y consolidación de la empresa capitalista agraria, gracias a la expropiación a “sangre y fuego” mediante el uso de bandas criminales, usualmente “pájaros” ya que este proceso fue muy agresivo especialmente en el Valle del Cauca (2008).

Los actores y beneficiarios del despojo son diversos en su naturaleza y también encuentran motivaciones heterogéneas, de esta forma es importante anotar que no sólo los grupos paramilitares han sido los protagonistas del despojo en Colombia, a este actor les siguen las guerrillas y los actores históricos como hacendados y grandes ganaderos (2010). Usualmente los intereses que existen tras la apropiación de tierra son: incursiones en zonas estratégicas del actor del conflicto enemigo, la búsqueda de control poblacional y económico, la afectación de corredores estratégicos del enemigo, la organización de rutas para el transporte de armas, drogas y/o contrabando, la expulsión del enemigo y de la población civil que se supone tenga afinidad ideológica con el mismo y el establecimiento de retaguardias militares (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2010).

Para empezar hay que mencionar que en el caso de los paramilitares es muy común encontrar la formalización y apropiación de la tierra con fines económicos. Para poder hacer efectiva la utilización de amenazas era importante sembrar el miedo en la población, por lo que mecanismos como la quema de viviendas y enseres, asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas y masacres se convirtieron en las herramientas utilizadas por las estructuras paramilitares para extender su fama a lo largo de las zonas en donde hacían presencia (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2010).

 Así pues, dicha apropiación de las tierras puede ocurrir de diversas maneras. En ocasiones se hacía una amenaza para desplazar a la víctima y una vez desalojado el terreno procedía a ser ocupado por los miembros de diversas estructuras paramilitares. En el caso de los indígenas que vivían en tierras sin titular, se les amenazaba de muerte y después de que abandonaban el predio, los jefes paramilitares se comunicaban con funcionarios públicos con los que tenían nexos y se hacía le legalización del predio (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2010). Otro mecanismo utilizado para coaccionar a las personas de entregar sus tierras, era la amenaza o el asesinato de un tercero cercano a la víctima, generalmente un familiar, con el fin de que la persona hiciera un traspaso legal de la propiedad como se puede ver en el siguiente ejemplo.
 
 
[…] en el Cerrito, incluso hay algunos desplazados, y digamos, mataban al suegro, por ejemplo, que era el propietario pero ahí estaban los hijos, uno aquí a este lado el otro por allá; pero si te matan al suegro, ya tu sabes que están es buscando la finca, entonces, el suegro murió por un despojo pero los otros sencillamente se van […] (Hombre adulto/despojo y abandono de tierras/violencia/Montería/Córdoba/marzo de
2009). (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2010, pág. 116)

En otros casos los paramilitares hicieron usos de instituciones creadas por el gobierno para realizar despojos de tierras. Este es el caso de la organización FUNPAZCOR (fundación para la paz de Córdoba) que fue creada con el fin de otorgar tierras a las personas desmovilizadas en el proceso de paz con el EPL, pero que terminó sirviendo para adjudicar tierras a paramilitares y familias de paramilitares. Luego de su fundación en 1989, hacía el año 1995 esta fundación empezó a ser fachada para la legalización de terrenos despojados, ya que era la fundación que se encargaba de comprar tierras a muy bajo precio, el cual se debía a las amenazas llevadas a cabo por los paramilitares que operaban en córdoba, especialmente por la “casa Castaño”.

Existen además algunos casos de despojos fallidos como el llevado a cabo por agentes mixtos del ejército y de sujetos de civil (presuntos paramilitares) en el municipio de Cimitarra a finales de la década de 1970. En este caso, se llevó a cabo un desplazamiento de unos campesinos, a través de intimidaciones por parte del ejército y de civiles armados, quienes usaron varios métodos dentro de los que se encuentran abrir fuego de manera indiscriminada contra el caserío ubicado en la vereda “La Corcovada” y arrojar una granada en el mismo lugar dejando un saldo de 9 heridos. Todo finalizó cuando un grupo de 9 campesinos fueron conducidos a un lugar desolado en Santander (Grupo de Memoria Histórica, 2011).

“Como la negra María del Carmen, 14 mujeres deambulan con sus hijos por todos los rincones del Carare, anhelando tener noticias de sus esposos, quienes fueron conducidos por vía aérea (helicóptero) a cualquier lugar de Santander. Oficiales, suboficiales y soldados del batallón García Róvira han reiterado su desconocimiento por el paradero de estos campesinos, mientras que la legión de desposeídas sigue vagando sin rumbo por Cimitarra a la espera que una amiga les guíe al encuentro final de la paz…” (Vanguardia Liberal, 1961)

Sin embargo,  los campesinos consiguieron retornar a su lugar de origen

Teniendo en cuenta lo desarrollado hasta este momento valdría la pena pensar en la necesidad de clasificar a los paramilitares como un actor terrorista. El despojo de tierras y el paramilitarismo nunca  han sido tenidos en cuenta por las listas internacionales del terrorismo. Es muy probable que esto se deba a disposiciones políticas que no lo permiten, sin embargo, hay que poner en consideración que un primer paso para que esto cambie puede ser que la academia empieza a conceptualizar a estos actores y estas prácticas dentro del terrorismo.

Según la revisión conceptual hecha en la primera parte del texto es posible notar la correspondencia entre las acciones de los paramilitares, las formas de realizar el despojo y las definiciones del terrorismo. En todos los casos de despojo y de acción paramilitar hay actos de violencia sistemática contra la población civil, en algunos de estos casos esta violencia se utiliza con fines tácticos (especialmente en el despojo de tierras) en otros casos, en la mayoría del accionar paramilitar, esta violencia es utilizada con el fin de coaccionar a la población para reconfigurar su afinidad ideológica.

Dicha definición no sólo haría justicia con un plano meramente conceptual, por el contrario también haría justicia de las víctimas, ya que es importante reconocer la diferencia entre el accionar de un victimario terrorista a un victimario que simplemente pertenece a una banda de criminales. Este epíteto con el que se ha llamado al fenómeno paramilitar en los últimos años desconoce, por un lado su procedencia histórica y por otro lado el corpus de su accionar.

Bibliografía

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2010). La tierra en disputa. Bogotá D.C. : Ediciones Semana.
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. (2009). El despojo de tierra y territorios: Aproximación conceptual . Bogotá: Kimpres Ltda.
David, A. (2006). The terror: The Mercyless War for Freedom in Revolutionary France. Nueva York: Farrar.
Grupo de Memoria Histórica. (2011). El orden desarmado: la resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare. CNRR-Grupo de Memoria Histórica .
Laqueur, W. (2003). Una historia del terrorismo. Madrid: Paidós.
Poland, J. (2004). Understanding Terrorism: Groups, Strategies and responses. Nueva York: Pretince Hall.
Reyes, A. (1991). Paramilitarimo en Colombia: Contexto, aliados y consecuencias. Análisis político, 40-48.
Rivas, P., & Rey, P. (2008). Las autodefensas y el paramilitarismo en Colombia (1964-2003). CONfines, 43-53.
Sánchez, G. (2008). Guerra y política en la sociedad colombiana. Bogotá: Taurus.
Vanguardia Liberal. (septiembre de 1961). Vanguardia Liberal.

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[1] Este término fue acuñado debido al gran número de ejecuciones que ocurrieron

[2] Esta ola estuvo impulsada por el triunfo del proceso revolucionario que adelantaba el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua.