El pueblo mapuche o araucano es una de las comunidades indigenas más importantes de América del Sur. Su presencia en el sur de Chile y Argentina ha provocado a lo largo de los siglos una lucha entre la soberanía estatal que defienden Chile y Argentina, y la defensa por la autodeterminación de los pueblos y el territorio ancestral por parte del pueblo mapuche.

Esto ha generado que estos Estados se enfrenten a varias problemáticas transfronterizas y socioeconómicas, que han dificultado las relaciones entre ellos y la población aborigen.

En la actualidad se calcula que hay más de un millón y medio de indígenas mapuche, de los cuales 1’508.600 habitan en territorio chileno (Instituto Nacional de Estadísticas, 2012) y 205.009 en territorio argentino (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012). Las regiones de los dos países donde habitan la mayor parte de los araucanos son en las Regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos en Chile y las Provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut en Argentina . Precisamente, en estas regiones transfronterizas es donde hoy en día se presentan mayores dificultades y tensiones entre los gobiernos de Argentina y Chile y las organizaciones que lideran la resistencia indígena. El presente texto pretende analizar las condiciones migratorias de la población mapuche y los retos que esto genera para Chile y Argentina. De esta manera, este artículo se dividirá en tres partes: la primera expondrá un contexto histórico del pueblo mapuche en Chile y Argentina; la segunda división estudiará las condiciones de la migración transfronteriza; por último, la tercera parte se centrará en la migración interna de mapuches.

El ‘Flandes’ indiano

Durante la conquista y colonización española al sur de América, en la región central y sur de Chile se encontraron con un conglomerado de comunidades aborigen, denominados los araucanos o mapuches, los cuales se resistieron insistentemente a la colonización. Ese periodo de resistencia se llamó la Guerra de Arauco, en la cual se perpetuaron batallas y negociaciones durante tres siglos (1536-1810). Aunque los españoles cesaron su avance ante la resistencia perseverante de los mapuches y en las ultimas décadas de la Colonia española se mantuvo una “coexistencia” con la comunidad indígena, expresada en tratados como el Pacto de Quillín de 1641, el cual daba una relativa cesión de territorio a estas comunidades en la zona entre los ríos Bio-Bio y Toltén. Después de la independencia de Chile y Argentina a inicios del siglo XIX, la relación con la comunidad indígena fue inicialmente de no agresión, buscando mantener un statu quo. Sin embargo, la amenaza percibida por ambos estados tras el intento de Orélie Antoine de Tounens de proclamar el Reino de Araucanía y la Patagonia en 1860, bajo protectorado francés, impulsó a las repúblicas sudamericanas a realizar avanzadas militares de pacificación, dominación y colonización de estos territorios.

En Chile, el territorio ocupado por los mapuches dividía el territorio chileno en dos, lo cual hacia complicada la presencia estatal en todas las regiones chilenas y, además, dificultaba la conexión entre el norte y el sur. Mientras que, en Argentina, el principal interés al poblar los territorios del sur era la seguridad territorial y geoestratégica que esto generaba junto con el acceso a recursos existentes en el sur de Argentina y la posibilidad de conceder tierras a nacionales y extranjeros para poblar el país (Bethell, 1991). Ambas campañas, sustentaron iniciativas de migración transoceánica como una política de estado de control del territorio y de consolidación de una perspectiva de progreso en el país.

De esta manera, tanto Chile como Argentina siguieron una política de intervención y colonización de este territorio. En Chile, esta política fue denominada “La pacificación de la Araucanía”, el proceso de colonización inició a principios de 1860 y finalizó en la década de 1880, tras la Guerra del Pacifico. Dicha colonización se dio por medio de incursiones militares y de colonizaciones de poblaciones europeas en las que se realizaron distintas acciones violentas como la destrucción de sus hogares y territorios, robo de sus propiedades, animales y cultivos; tratos violentos a mujeres y niños, detenciones, asesinatos, etc. Esta masacre violenta dirigida al pueblo indígena fue justificada por los políticos chilenos con el discurso de llevar la “civilización” a los pueblos barbaros que habitaban la Araucanía (Crow, 2012, págs. 27-33).

En Argentina, la ocupación de este territorio tomó como nombre la “Campaña del Desierto”, la cual se fundamentaba en la narrativa nacional argentina que identificaba a los indígenas de la Patagonia (en su mayoría) como extranjeros, provenientes de Chile que ocuparon el territorio argentino ilegítimamente. Por ello, la colonización de este territorio se veía como una campaña militar para ir a poblar el desierto que estaba siendo invadido por extranjeros (Lenton, 1998, págs. 283 - 287). Los primeros intentos de colonización del desierto se dieron durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas (1829-1852) entre 1831 y 1833, y continuaron durante varias décadas hasta 1884 en el gobierno de Julio Argentino Roca (1880 -1886) donde se dio la rendición de la resistencia de poblaciones de comechingones, tehuelches y la desaparición de otras poblaciones patagones como los selk’nam, tras incursiones militares violentas (Bethell, 1991).

Tras lograr la colonización del territorio por parte de Chile y Argentina, se les entregó a los indígenas una pequeña cantidad de tierras donde podían habitar, y las demás tierras empezaron a ser pobladas por colonos nacionales y extranjeros -especialmente europeos- con el objetivo de asegurar la soberanía estatal de esos territorios (Bengoa, 1999, págs. 65 - 67).

En la primera mitad del siglo XX, el surgimiento de movimientos sociales como el obrero influenciaron el activismo indígena en los dos países. Los mapuches buscaban, por medio de varios grupos y organizaciones, lograr recuperar sus tierras y conservar las tradiciones culturales de su pueblo ancestral. Dentro de las actividades que realizaban estos grupos se encontraban la celebración de festividades nativas y a la vez, de activismo político por medio de la creación del Congreso Araucano y la Federación Araucana (Crow, 2012). Sin embargo, su llamado a la recuperación de sus terrenos ancestrales no fue escuchado en las instancias políticas de Chile y Argentina. Por ello, los indígenas mapuches empezaron a utilizar otras formas de resistencia y protesta en los años 60, ocupando a la fuerza las tierras que en el pasado se les habían arrebatado.

De esta manera, en Chile durante la Presidencia de Salvador Allende (1970 – 1973), se empieza a impulsar una reforma agraria, en la que los lideres mapuches vieron una oportunidad para reivindicar sus derechos sobre la tierra. No obstante, el régimen los dejó fuera de la Reforma Agraria, y por ello, se empiezan a formar los grupos mapuche revolucionarios y extremistas, en algunos casos aliados a las guerrillas de izquierda que surgían en esa época en el continente.

En la dictadura militar chilena al mando de Augusto Pinochet (1973 -1990), se pretendió arreglar el conflicto étnico bajo un modelo económico neoliberal. Pinochet implementó una política dirigida a la población mapuche en 1978 que consistía en entregar esas tierras como propiedad privada a los indígenas de manera particular, con una cláusula que especificaba que no se podían vender en el transcurso de veinte años, de esta manera se protegían de los intereses de terceros privados. Dicha política fue tomada como una amenaza por los araucanos, quienes desde ese momento formaron un nuevo movimiento indígena autónomo de otras organizaciones y que tiene como base la cuestión étnica y se desliga de los partidos políticos. Bajo esta premisa están fundamentados los movimientos mapuches actuales, generando una diferencia entre el mapuche, chileno y el argentino (Bengoa, 1999).

Por su parte en Argentina, se mantuvo el discurso de separación entre los indígenas nativos argentinos y los mapuches, que serían considerados como los indígenas chilenos extranjeros. En la dictadura de la Junta Militar (1976-1983), también se pueden contar unos cientos de personas de origen mapuche que fueron asesinados y/o desaparecidos por su participación de movimientos sociales. Tras la dictadura y en la transición a la democracia, la población mapuche empezó a apoyarse en la emergencia de organizaciones de derechos humanos para también fortalecer los movimientos indígenas araucanos basados en la autonomía y el respeto a la diferencia, los cuales iniciaron presiones políticas que dieron como fruto el reconocimiento de derechos como pueblo originario en la Reforma a la Constitución de 1994 (Kropff, 2005). Aún tras este reconocimiento de sus derechos en la Constitución, en Argentina se generan debates políticos y sociales en torno a la ciudadanía argentina (Lenton, 1998).

Además de lo anterior, en los últimos años la situación se ha tensionado aún más a causa de la presencia de empresas privadas en los territorios que los mapuches consideran como propios (tanto empresas forestales en Chile como industrias de ropa como Benetton en Argentina), por lo cual distintas organizaciones indígenas se han resistido a ello y han utilizado diversos métodos de resistencia no violentos, pero también en algunas ocasiones han utilizado la violencia contra las empresas privadas y/o las fuerzas gubernamentales. En Chile se han perpetuado 794 ataques entre 2014 y 2017 (Grunewald, 2017). No obstante, ha habido visos de radicalización de la resistencia de la población mapuche en ambas poblaciones que, a su vez, ha incidido en la respuesta violenta de las autoridades de ambos países. Casos como la desaparición de Santiago Maldonado, la muerte de Rafael Nahuel, entre otros, han tensionado más la relación complicada entre organizaciones de resistencia mapuche y el gobierno argentino (Holguin, 2017).

Como permite reflejar el contexto histórico de la población mapuche en Chile y Argentina, la relación entre los mapuches y los estados involucrados ha sido conflictiva a lo largo de los años. Lo cual ha puesto dentro de la agenda nacional y bilateral la cuestión indígena, que afecta directamente la situación transfronteriza y migratoria entre estos dos países.

El dominio de los Andes infranqueables

Antes de iniciar el análisis sobre las condiciones existentes en la migración transfronteriza de los mapuches es debido aclarar que, si bien la migración de esta población compete a dos estados, la comunidad indígena involucrada no se entiende bajo el paradigma de estado- nación y de fronteras territoriales establecidas. Por lo cual, la migración existente entre Chile y Argentina en el territorio donde se encuentran los araucanos se da bajo la premisa de que son un mismo pueblo étnico que tiene lazos de lado y lado de las fronteras establecidas bilateralmente. Esto conlleva a un cierto nivel de complejidad para los estados involucrados a la hora de tener control sobre el flujo de migrantes y el tránsito de bienes, especialmente porque esta comunidad indígena generalmente hace el paso fronterizo por caminos rurales por la Cordillera de los Andes y no por los pasos legales establecidos.

Una de las principales razones por las que los mapuches se movilizan de un lado de la frontera a otro, es como se había mencionado, el arraigo cultural que tiene el pueblo con el territorio donde habitan y los lazos sociales que existen entre la comunidad indígena, por lo cual este tipo de migración puede ser vista como natural y propia del pueblo originario. La migración de este tipo se caracteriza por ser temporal, de desplazamiento constante, de personas que se trasladan de Chile a Argentina como parte de sus labores habituales.

Sin embargo, con el paso de las décadas se han ido sumando más razones de suma importancia que caracterizan la migración en esta región. En primer lugar, desde la década de los años 60 y 70 ha tomado mayor importancia el tipo de migración económica y laboral. Esto a raíz de que la población mapuche se vio forzada a buscar medios de supervivencia alternativos a los tradicionales -tala de árboles y agricultura-, debido a que las pocas tierras que tenían empezaron a perder fertilidad, se dio un corte excesivo de árboles y la comunidad no poseía los medios tecnológicos y técnicos para el cultivo de alimentos. Por ello, desde ese momento los habitantes de esta región empezaron a buscar empleos que les permitieran vivir; una de las opciones era pasar por la frontera chileno-argentina para trabajar en labores de agricultura, tala de árboles construcción y servicios domésticos para privados y hacendados.

De esta manera, la inmigración y emigración de mapuches por la frontera aumentó, muchos mapuches chilenos empezaron a trabajar en las provincias fronterizas argentinas y viceversa. Algunos de estos migrantes se trasladaban al otro lado de la frontera por un periodo de tiempo (meses o años), pero volvían por periodos cortos a sus lugares de origen por los lazos familiares que tenían, denominando este tipo de migración como semipermanente o estacionaria; mientras que otros migrantes mapuches se establecieron con sus familias en el otro país, siendo esta una migración permanente (Gundermann, González, & De Ruyt, 2009).

En la actualidad, este estilo de migración no solo se da entre regiones fronterizas, sino que buscando mejores oportunidades económicas muchos mapuches migran a las principales ciudades chilenas y argentinas, incluyendo Santiago de Chile y Buenos Aires. Los países involucrados no tienen control sobre estos flujos migratorios, ni se han tomado las medidas necesarias para contrarrestar los motivos que han obligado a esta comunidad aborigen a dejar su territorio ni tampoco para ofrecer las mejores condiciones para recibir en las ciudades a los migrantes de esta población vulnerable. Otro factor importante que se desliga del poco control de la frontera y de las rutas usadas por los mapuches, es el transito transnacional ilegal por dichas rutas alternas. Esto conlleva a otra problemática que los gobiernos de Chile y Argentina deben afrontar entorno a la seguridad nacional y geoestratégica.

Debido a la relación tensa con la población mapuche, que ha provocado que algunos grupos indígenas busquen enfrentarse al estado tanto por medios violentos como no violentos, resultar ser la región de la Patagonia una frontera porosa que facilita el paso no solo de personas sino también de comercio ilegal como el contrabando y el narcotráfico que son usadas por los grupos radicalizados mapuche de cada lado de la frontera (Niebieskikwiat, 2017). Aunque los dos países han intentado realizar diversos convenios y llevar a cabo distintas acciones transfronterizas, se hace complicado tener un completo control de la frontera debido a que generalmente estos grupos se movilizan por regiones de difícil acceso y de condiciones intransitables bien conocidos por ellos, pero donde la presencia estatal aun no llega.

De esta manera, Chile y Argentina se enfrentan a dos retos muy importantes, en primer lugar, lograr idear políticas bilaterales suficientes que les permita tener mayor control de los migrantes indígenas y, en segundo lugar, impedir el paso de contrabando y narcotráfico que ponga en riesgo la seguridad geoestratégica de la región. No obstante, al ser una región con alto riesgo de conflictividad esto debe hacerse sin exacerbar y tensionar aún más las relaciones con la comunidad mapuche.

Las Migraciones internas en Chile y Argentina

La situación de los mapuches actualmente está relacionada con una problemática socioeconómica, no solo en los territorios ancestralmente mapuches sino también dada por la migración interna de los mapuches a las ciudades principales de Chile y Argentina. Las condiciones difíciles de supervivencia y pobreza en la que se encuentran los mapuches en la zona rural los ha forzado a continuar desplazándose a otros lugares en búsqueda de una mejor calidad de vida para ellos y sus familias en el sur de esta región.

En la década de 1960 y 1970 los mapuches no solo empezaron a migrar de Chile a Argentina, o viceversa, sino que también muchos decidieron migrar a las ciudades en búsqueda de mejores oportunidades laborales. En Chile, según el Censo del año 2002 el 60% de la población mapuche vivía en zonas urbanas, como es posible observar en el mapa su concentración es alta en la capital del país y en Valparaíso especialmente (Sepúlveda & Zúñiga, 2015).

En Argentina, según el Censo de 2010 más de 36.000 mapuches vivían en la provincia de Buenos Aires y en la capital; y alrededor de 6.000 se encontraban en la provincia de Mendoza (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012). No obstante, esto ha acarreado condiciones sociales precarias para los mapuches, especialmente por la discriminación que sufren tanto en Argentina como en Chile.

Esto se ve reflejada en las condiciones en las que llegan a las ciudades y en los trabajos que obtienen, generalmente relacionados con el sector primario o secundario de la economía, como por ejemplo obreros o trabajadores agrícolas. Y cuando se encuentran en el tercer sector económico, se hace referencia a las mujeres mapuche que asumen labores de servicio doméstico y personales (Gissi, 2010). De esta manera, tanto argentinos como chilenos no integran a la sociedad a los pobladores mapuches, haciendo una distinción de estos como inmigrantes, separados de la nacionalidad chilena o argentina.

Así, esta situación ha aumentado el descontento social mapuche y se han fortalecido las organizaciones de emergencia indígena, en contra de los gobiernos y a favor de la defensa de sus derechos y su territorio. Por un lado, surge un movimiento social liderado por indígenas originarios de la Patagonia argentina y la Araucanía chilena que defienden principalmente su territorio ancestral y el mantenimiento de su cultura y costumbres. Por otro lado, empiezan a crearse movimientos sociales en las ciudades, que buscan mejorar las condiciones de vida de los mapuches tanto en cuanto a mejores oportunidades económicas como en la integración social y no discriminación por sus orígenes aborígenes. Con la unión de estos dos tipos de organizaciones indígenas, se fortalece la resistencia y la protesta mapuche y, por lo tanto, hay una incidencia evidente en la zona transfronteriza, donde se concentran las mayores tensiones y que puede ser el escenario propicio para un mayor enfrentamiento entre las partes involucradas.

Conclusiones

Los gobiernos de Chile y Argentina requieren de la implementación de un plan político bilateral que logre enfrentar los grandes retos transfronterizos y socioeconómicos existentes con la comunidad indígena. La cooperación bilateral debe ser central a la hora de tomar medidas para contrarrestar los pasos ilegales de contrabando y narcotráfico, que les permita acceder a información conjunta y metodologías semejantes. No obstante, este tipo de medidas no son suficientes para contrarrestar el problema de raíz. También se hace necesaria una política socioeconómica conjunta que tenga como centro el mejoramiento de las condiciones de vida de los indígenas y el reconocimiento de sus tradiciones. Esto significa que se debe reducir la pobreza existente en esta población, ofrecer mejores condiciones agrícolas para que sea posible el retorno de cultivos y demás formas de subsistencia en los territorios mapuche y brindar apoyo para que se mantengan las tradiciones culturales de esta comunidad. Unido a ello, se debe tener en cuenta la población indígena que ha migrado a las grandes ciudades, favoreciendo mejores oportunidades laborales y de calidad de vida conjunto con la implementación de una pedagogía que permita disminuir los prejuicios y la discriminación dada a este grupo poblacional. Entendiendo la importancia del reconocimiento del otro es posible lograr una convivencia pacífica y beneficiosa tanto para los mapuches como para los Estados de Chile y Argentina.
 

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