El origen de las ventas informales como fenómeno social data del siglo XX es producto de la migración de familias en la búsqueda de mejores oportunidades y de alejarse del conflicto armado.

Estas ventas aumentan como resultado del debilitamiento de la economía mundial, los Tratados de Libre Comercio y la globalización, que han ocasionado entre otras, crisis en el campo, en la industria, provocando precariedad laboral y un aumento del desempleo y la informalidad.
 
De acuerdo con La Organización Internacional de Trabajo “alrededor de 2000 millones de trabajadores en todo el mundo están empleados de manera informal, lo que representa el 61 por ciento de la fuerza de trabajo mundial.” ¹ Esto se explica debido a las desigualdades, la exclusión y la incapacidad económica de los gobiernos de generar empleo formal en sectores productivos y a las crisis económicas de los países.
 
En Colombia los indicadores sociales se han deteriorado, según el Dane² la tasa de desempleo en marzo del año 2021 en ciudades y áreas metropolitanas fue del 16,8%, mostrando un aumento de 3,4% comparado con marzo de 2020 que fue del 13,4%. En el caso de las mujeres, las jóvenes desocupadas de 14 a 28 años de edad corresponden al 42,8 %, mientras que en el caso de los hombres fue el 43% de los desocupados. Sumado a las desastrosas cifras de desempleo, está la informalidad, pues en Colombia 6 de cada 10 mujeres se encuentra en la informalidad y la cifra en Bogotá y el país no ha disminuido.
 
Bajo esa perspectiva, surge la economía popular, en el marco de un trabajo desprotegido por parte de los Estados, incapaces de estructurar los mecanismos necesarios para dar trabajo a toda la población en edad productiva, a lo cual se suma el crecimiento demográfico, como factor que incide en esa falta de capacidad, además de la mala distribución de las riquezas. “No he recibido ninguna ayuda del gobierno, hay facturas que pagar y una hija que mantener” aseguró María, vendedora informal de los Outlet de las Américas.

Vendedor ambulante de mangos - De Inakiherrasti CC BY-SA 3.0 commons.wikimedia.org

A pesar de las restricciones por la cuarentena obligatoria para prevenir el contagio del Coronavirus y ante la falta de ayuda estatal, este es el contexto que ha obligado a más de 120.000 familias a recurrir a las calles para poder subsistir.
 
Adicional a ello, el gobierno nacional a nombre de la “privatización del espacio público” ha implementado una campaña nacional denominada “Construir Ciudades Amables”, materializada jurídicamente en el documento CONPES 3718 de 2012. En términos de desarrollo urbano, esta política propone una visión de ciudad excluyente, que no  reconoce la realidad social y económica de Colombia, donde el principal objetivo es la mercantilización bajo el eufemismo de la democratización del espacio público.
 
Es así, como aquellas personas que no tienen el capital para pagar su “derecho al uso del espacio público” se ven segregadas y desplazadas económicamente dentro de su propia ciudad a las periferias.
 
La prohibición de poder estar en el espacio público sin haber ofrecido alternativas económicas iguales o mejores viola claramente el derecho al trabajo, el mínimo vital y otros derechos fundamentales reconocidos en las sentencias de la Corte Constitucional.
 
Siguiendo la política de las ciudades amables, se expidió el Decreto 552 de 2018 que establece el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público. Este Decreto plantea la privatización del espacio público a costa de la erradicación de los vendedores y vendedoras informales en Bogotá como lo expresa en sus fines, mientras las asociaciones público-privadas pueden hacer negocios en el espacio público, los vendedores y vendedoras populares o de ocupación u oficio son víctimas de la persecución, estigmatización, bolillo, comparendo y desalojo a pesar de la pandemia. 

Vendedores ambulantes siglo XVIII - De ProtoplasmaKid CC BY-SA 4.0 commons.wikimedia.org

Se pretende transformar la ciudad con un POT lleno de negociados urbanos y excluyente con los humildes, desplazando a las personas de escasos recursos a la periferia de la ciudad, violando el derecho al trabajo de las y los vendedores populares para garantizar mejores espacios a la especulación inmobiliaria. En vez de proponer alternativas socio económicas viables para las personas que por la situación actual del país deben recurrir al trabajo informal, estas son duramente reprimidas y perseguidas.

1 OIT(2020).”PERSPECTIVAS SOCIALES Y DEL EMPLEO EN EL
MUNDO:TENDENCIAS aquí aquí
2 Tomado de : aquí aquí
aquí