Como el sociólogo Armando Durán está convencido de que depredar un ecosistema es una sentencia de muerte, desde la Universidad del Rosario lidera un proyecto para darles voz a quienes luchan contracorriente por devolver la vida a su cauce: los guardianes del río Atrato.

Algunos lo han hecho por arañar supervivencia, otros por enriquecerse sin piedad y unos más por controlar territorios. Aunque el peso de sus motivaciones y responsabilidades está en distinto nivel, sus acciones han dejado una dolorosa estela de destrucción de la naturaleza que, en este caso, acoge a una de las zonas más biodiversas del planeta: el Chocó Biogeográfico, que se extiende desde Ecuador hasta Panamá.

Hasta hace unas cuatro décadas, el Pacífico colombiano era una zona relativamente virgen frente al interés económico, social y político, pero hoy el panorama es muy distinto ante la comprensión, graneada y aún incompleta y fragmentada, de las potencialidades del litoral como sitio de despensa y aprovechamiento de sus ecosistemas de selva húmeda, además de corredor geográfico estratégico. El modelo económico extractivista ha dominado en la región, que ha sido gobernada con políticas trazadas desde el centro del país que no han acogido en buena medida la voz y el conocimiento de las comunidades que la habitan.

El ícono natural de ese proceso es el río Atrato, que recorre 750 kilómetros y pasa por 12 municipios de Chocó y tres de Antioquia. Es el más caudaloso de Colombia y el tercero con mejores condiciones de navegabilidad después del Magdalena y el Cauca. En su cuenca, de 40.000 km², confluyen 15 ríos y 300 quebradas, y es fuente del área más biodiversa de Suramérica después del Amazonas.

Esto ha hecho que esta zona sea muy atractiva para distintos tipos de actividades, desde las tradicionales, como la pesca, la agricultura, la caza, la silvicultura, la ganadería y la minería artesanal hasta las más modernas y tecnificadas, como la minería de gran escala, el narcotráfico y la confrontación armada.

Infortunadamente, en ese proceso ha habido una degradación medioambiental rampante que ha agudizado problemas sociales, económicos, culturales, de salud y seguridad para sus pobladores. No en vano, en 2016 la Corte Constitucional profirió una sentencia en la que se reconoce al río Atrato, su cuenca y afluentes, como entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración, a cargo del Estado y las comunidades étnicas.

Ante este panorama, la Universidad del Rosario decidió emprender una investigación para identificar y proponer oportunidades, conflictos y desafíos que enfrentan las comunidades que se nutren del río Atrato, a través de la exploración de las historias de vida de sus guardianes. El proyecto está liderado por el doctor en sociología Armando Durán, e involucra a estudiantes de la Universidad del Rosario en los campos de desarrollo urbano, ciencia política, relaciones internacionales, economía y jurisprudencia, y a jóvenes líderes en Chocó. Aquí, los detalles del estudio en ciernes.

-¿En qué consiste el proyecto que usted lidera?
Se trata de explorar las vidas de los guardianes del río Atrato y desarrollar sus biografías para resolver cinco preguntas fundamentales: 1. ¿Qué conflictos y obstáculos centrales podrían restringir su trabajo? 2. ¿Qué tipo de oportunidades tienen para contribuir a la conservación, restauración y uso responsable de la cuenca del Atrato? 3. ¿De qué manera su labor puede mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales? 4. ¿A qué retos primordiales en el corto y mediano plazo se enfrentan para materializar su mandato en la región? 5. ¿Qué visiones de desarrollo alternativas al extractivismo pueden sugerir según su experiencia y conocimiento para el municipio Río Quito? Nuestro objetivo fundamental es visibilizar qué pueden hacer los guardianes del río, en calidad de padrinos del río sujeto de derechos, y cómo nosotros como academia podemos ayudar a que el río se pueda restaurar, sobre todo en los lugares donde se conjugan problemas.

-¿Por qué las biografías permitirán responder esas inquietudes?
Tradicionalmente el desarrollo se ha construido de arriba hacia abajo, es decir, desde Bogotá hacia la periferia. Desde la capital unos expertos trazan las políticas de desarrollo para las regiones; esa ha sido la constante, con algunas modificaciones. Nuestro objetivo es vincular y conjugar los conocimientos ancestrales y culturales que tienen estos pueblos y que de alguna manera les ha permitido sobrevivir en medio de procesos difíciles, con conocimientos científicos construidos desde la academia. Queremos construir un tejido común. La biografía muestra las subjetividades de una persona pero también su relación con el entorno y con los otros. Y en la construcción de historias pensamos identificar esas oportunidades, conflictos y desafíos que tiene este grupo colegiado de guardianes para desempeñar su labor. Vamos a acompañar este trabajo con algunas cartografías sociales, la revisión sistemática de los trabajos que se han realizado en la zona en los últimos años y la realización de un foro de discusión.
 
-¿Cuántas biografías construirán y cuánto durará el proyecto?
La investigación está proyectada a 18 meses y vamos a desarrollar las historias de vida de 14 guardianes —siete son hombres y siete mujeres—, quienes, aunque trabajaban como padrinos y madrinas del río Atrato, no estaban reconocidos como tal. Tras la sentencia, recibieron ese reconocimiento por parte del Estado, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con Bernardino Mosquera, uno de los guardianes y líder de Paimadó, diseñamos el proyecto junto con otros actores locales de los consejos comunitarios, que son la figura administrativa y jurídica que permite que los territorios titulados por parte del Estado sean administrados por los afrocolombianos. Y desde agosto de este año estamos trabajando con otras organizaciones clave vinculadas con los guardianes, entre ellas, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó. Queremos, sobre la marcha, ir integrando a otras entidades vinculadas al río, desde su nacimiento hasta su desembocadura.

Armando Durán,
profesor de la Facultad de
Estudios Internacionales,
Políticos y Urbanos,
Universidad del Rosario.

 
-¿Desde que empezó a estudiar el Chocó, qué ha comprendido de esa zona del país?
He tenido tres aprendizajes. El primero es darme cuenta de la calidad organizativa que tienen los pueblos afro, mestizos e indígenas en el norte del litoral Pacífico. Hay una base social organizada con historia, y por eso se evidencia un mayor relevo generacional de este rol fundamental; allí, los jóvenes son muy activos. El segundo es que los procesos organizativos han escalado hasta formar un vínculo muy fuerte con el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISC), que no solo articula diferentes iniciativas productivas en el Chocó sino que sirve de núcleo entre las diversas comunidades y el Gobierno nacional para materializar las negociaciones conducentes al cumplimiento de la sentencia. Y el tercero tiene que ver con esa potencialidad que tiene el río Atrato como medio de comunicación, sustento, ocio y diversión para miles de personas, que en últimas son actividades indispensables para que el ser humano tenga bienestar y calidad de vida.
 
-¿Qué refleja esta sentencia?
Que en las últimas décadas se exacerbó el proceso de extracción del Pacífico colombiano, específicamente en el norte, y eso es un problema muy serio. En las décadas de 1970 y 1980 esta región del país era catalogada como un espacio de paz; no en vano su nombre, metáfora de un territorio tranquilo. Pero a partir de 1990, cuando se desencadenan diversos fenómenos de guerra y confrontación entre actores armados, ese imaginario se resquebraja rápidamente y se convierte en su opuesto: la representación del conflicto armado del país.
 
-¿Dónde se hace más evidente ese ímpetu extractivista y sus efectos?
En la parte media del río hay un problema muy serio de minería, sobre todo ilegal. El río Quito, por ejemplo, que es un afluente importante, hoy está en unas condiciones muy complicadas y muestra claramente hasta dónde puede llegar el ser humano en la destrucción de un ecosistema. Si eso no cambia podemos perder un río que es vital para el Pacífico colombiano. Paimadó (como se denomina la cabecera del municipio Rio Quito) representa lo que no podemos hacer en Colombia: acabar un río y desaparecer, es decir no responder, ni institucional ni comunitariamente.
 
-Además de haber nombrado formalmente a los guardianes del río Atrato, ¿qué otras acciones concretas se han generado a partir de la sentencia?
Esa es una labor que la investigación va a detallar un poco, pues indagaremos por las estrategias que ellos han desplegado en el territorio. Ellos han venido trabajando con algunas instituciones gubernamentales que están demandadas en la sentencia para que atiendan el cumplimiento de los derechos de las poblaciones. Lo que veo más avanzado es un plan estratégico de acciones que desarrolló el Ministerio de Medio Ambiente para mitigar el impacto en ecosistemas estratégicos. También abordaremos el tema de la seguridad y el conflicto armado en la zona, que es crucial en la implementación de las acciones.
 
-¿Cuál es el valor agregado de este proyecto frente a otras iniciativas que han surgido para detectar capacidades, oportunidades y proyectos productivos?
Más que la innovación de la investigación lo que pretendemos es contribuir a comprender un poco más la complejidad de los problemas del Pacífico colombiano, que son estructurales y cuya resolución necesita de visiones de largo plazo y varias generaciones involucradas. Este proyecto va a aportar un granito de arena en la reivindicación de las culturas locales y al desarrollo endógeno, es decir, a modelos productivos arraigados al territorio y determinados por las comunidades mismas.