Desde algunos sectores políticos en Colombia se ha insistido en la idea de que los actos del Estado colombiano en el conflicto armado fueron suficientes legítimos. ¿Pero qué quieren decir con eso? Uno podría responder esta cuestión atendiendo a lo que insistentemente dicen: dado que el Estado colombiano es (nominalmente) democrático y sometido al imperio de la ley, sus actuaciones son legítimas. ¿Pero es esta una aproximación suficiente a la cuestión de la legitimidad? Todos intuimos que la democracia hace a los Estados legítimos, y aunque hay algo de cierto allí, un análisis filosófico quizás nos muestre que la cuestión es más complicada. Antes de lanzarnos al análisis de si el Estado colombiano es legítimo o no, debemos ver qué es la legitimidad política.

Tal vez la mejor manera de acercarse al problema de la legitimidad sea por medio de un problema muy cercano, es decir, el de la autoridad. Esa palabra se usa incorrectamente hoy en día. Por autoridad se entiende el uso de la fuerza legítima para imponer el orden. Por eso la derecha llama constantemente a reprimir las protestas por medio de una falsa autoridad. Pero la autoridad es algo mucho menos burdo. Los romanos tienen la palabra auctoritas para designarla. Con ella se referían al irresistible poder que el consejo y las palabras de unos hombres tienen sobre otros. El senador romano no podía coaccionar, por ejemplo, a nadie. Su autoridad significaba que sus palabras tenían un peso que no podía desoírse ni desobedecerse, puesto que se confiaba en su sabiduría.
 

Arthur Schopenhauer- Dominio público

Una autoridad real, por tanto, no encuentra una resistencia radical a sus consejos y órdenes. Quien sea obedecido a pesar de que no cuente con ninguna capacidad coercitiva tiene autoridad. Ningún Estado, sin embargo, puede funcionar solo por medio de la autoridad. Por eso los romanos introdujeron dos conceptos complementarios: la potestad y el imperium, que incluyen el poder de coerción. Pero, al mismo tiempo, ningún Estado legítimo puede prescindir completamente de la autoridad. Uno podría decir que la marca distintiva de la legitimidad es la autoridad. Los Estados ilegítimos pueden hacer uso del poder coercitivo, pero ningún Estado ilegítimo sería obedecido por su autoridad, puesto que no cuenta con ninguna. El que sea ilegítimo quiere decir que sus palabras no tienen ningún peso. Los Estados Fascistas, vg,

Un buen ejemplo de autoridad lo encontramos en la vida de Arthur Schopenhauer. El filósofo alemán se había comprometido con su padre a seguir una carrera comercial. Cuando este murió, en vez de dedicarse a la filosofía, como era su deseo, Schopenhauer siguió insistiendo en lo que su padre quería. Con toda seguridad, este último no pudo coercionar de ninguna manera al filósofo. Su autoridad era tan grande que no podía simplemente desoírse incluso después de haber muerto. De la misma manera, para los romanos la autoridad de los antepasados ​​atravesaba las décadas y los siglos. Quienes nos precedieron sentarseon un ejemplo autoritativo, es decir, al que no deberíamos resistirnos y que no deberíamos desoír. Las personas de hace siglos no pueden coercionarnos de ninguna manera. Para los romanos, no obstante, era preciso ser fiel a su legado. Eso es autoridad. Kojéve había sintetizado esta idea en su libro La noción de autoridad cuando decía que “autoridad es la posibilidad que un agente tiene de actuar sobre otros sin que estos reaccionen contra él, a pesar de ser capaz de hacerlo”. Los romanos, en efecto, eran capaces de reaccionar contra el pasado. Si no lo hacían era porque éste tenía autoridad sobre ellos. Lo mismo sucede en el caso de Schopenhauer y su padre.

Un Estado legítimo es aquel que cuenta con un grado de autoridad razonable (ni el Estado más legítimo tiene autoridad absoluta). Se hace obedecer aunque no siempre amenace con la coerción, e incluso si no cuenta con un aparato coercitivo muy grande. La Iglesia cuenta con autoridad entre millones de fieles, aunque no pueda enviarlos a la cárcel, ni ponerles multas, ni amenazarlos con castigos físicos. Su aparato coercitivo se reduce a condenas espirituales que, aunque efectivos entre sus creyentes, son mucho más modestos en términos de poder que las de un Estado cualquiera. De ahí que Stalin preguntara cínicamente ganar divisiones tenía el Papa. Ninguno, es verdad, pero el Papa tenía autoridad porque es visto entre los creyentes como legítimos.
 

En el Ágora - Dominio público

Nos va quedando claro que la marca de la legitimidad es la autoridad. Reconocemos como legítimo, en otras palabras, a quien logra que lo obedezcamos aunque no ejerza la fuerza sobre nosotros y aunque lo podamos desobedecer impunemente. Mi padre tiene autoridad sobre mí porque sus palabras pesan mucho sobre mi voluntad, aunque él no tenga ningún poder coercitivo sobre mí. Aquí nos enfrentamos a un problema. Hay quien puede decir que la humanidad entera puede reconocer a un hombre como una autoridad política legítima sin que ese reconocimiento sea válido. Los norcoreanos pueden tal vez reconocer la autoridad del tirano que los gobierna y, por tanto, creer que su poder es legítimo. Sin embargo, puede que no lo sea. Para Platón, por ejemplo, toda autoridad que no está fundada en la justicia es ilegítima, incluso cuando es obedecida.

El razonamiento anterior es el que ha llevado a los demócratas a pensar que solo la autoridad democrática es legítima, pues solo ella se basa en la justicia. Eso bien puede ser cierto, pero ignoramos esta cuestión por el momento. Por lo pronto conformémonos con lo siguiente: una autoridad reconocida como tal (sea correcta o incorrectamente) es tautológicamente una autoridad legítima para quienes la reconozcan. Volvamos al principio. ¿Es el Estado colombiano percibido como legítimo por los ciudadanos? ¿Su autoridad es razonablemente reconocida? Uno podría llegar a decir que el Estado mismo no reconoce a veces su propia autoridad, pues desobedece todos los días sus propias reglas. Sea cual sea la respuesta, la cuestión de si el Estado colombiano es legítimo solo puede pensarse si al menos entendemos en parte qué es la legitimidad política.